• Esta es una de las principales conclusiones del estudio «Condiciones de vida tras salir del Sistema de Protección en España», realizado por un equipo mixto de profesionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Aldeas Infantiles SOS, cuya investigadora principal es Laura Vallejo-Slocker, profesora de la Facultad de Psicología de la UCM.

 

• La investigación, que analiza datos de las últimas dos décadas y recoge también la voz de jóvenes extutelados, revela que en el 59,1% de los casos se consigue romper la transmisión intergeneracional de la pobreza cuando existen apoyos adecuados.

 

• Las autoras reclaman transformar el modelo de transición a la vida adulta: preparar la salida al menos dos años antes y mantener el acompañamiento hasta los 25 años, en lugar de interrumpirlo al cumplir los 18.

 

• La investigación, que cuantifica esta realidad a escala mundial, se ha llevado por primera vez al Consejo de Europa para inspirar políticas públicas y ha sido reconocida por el Relator Especial de la ONU sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos.

 

Madrid, 29 de septiembre de 2026.- A los 18 años, la mayoría de los jóvenes todavía puede contar con su familia si necesita ayuda para pagar un alquiler, continuar estudiando, encontrar trabajo o simplemente superar un momento difícil. Para quienes han pasado por el Sistema de Protección, cumplir 18 años puede significar exactamente lo contrario: empezar a afrontar solos la vida adulta.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio «Condiciones de vida tras salir del Sistema de Protección en España», llevado a cabo por un equipo mixto de profesionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Aldeas Infantiles SOS, cuya investigadora principal es Laura Vallejo-Slocker, profesora de la Facultad de Psicología de la UCM.

La investigación analiza por primera vez las condiciones de vida de las personas que han salido del Sistema de Protección durante las últimas dos décadas poniendo cifras y voz a una realidad que permanece prácticamente invisible.

El dato más contundente es que el 40,9% de las personas extuteladas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 24,5% de la población general. Es el resultado de una transición hacia la vida adulta que, en muchos casos, comienza demasiado pronto y sin la red familiar y económica con la que sí cuentan otros jóvenes.

«Cumplir 18 años no significa estar preparado para afrontar en solitario una vivienda, un empleo, unos estudios y todas las responsabilidades de la vida adulta. Para estos jóvenes, la salida del Sistema de Protección debería ser el comienzo de un proceso de acompañamiento, no el final del apoyo», señala Laura Vallejo-Slocker.

La diferencia se entiende mejor con otro dato: las personas que salen del Sistema de Protección tienen que emanciparse, de media, 12,4 años antes que el conjunto de la población española. Mientras la edad media de emancipación se situaba en 30,3 años en 2023, estos jóvenes comienzan a enfrentarse a la independencia desde los 18.

Y hacerlo sin una red de seguridad tiene consecuencias. La vivienda, el empleo, los estudios y la estabilidad económica se convierten en problemas que deben resolverse prácticamente al mismo tiempo. La falta de apoyo familiar puede significar no tener a quién recurrir para afrontar un alquiler, un periodo de desempleo, una matrícula universitaria o una emergencia económica.

El estudio revela además que 26.934 personas menores de 26 años que han pasado por acogimiento residencial no están contempladas de manera específica en las estadísticas públicas. Una invisibilidad que dificulta conocer qué ocurre con ellas después de abandonar el sistema y, en consecuencia, diseñar políticas públicas adaptadas a sus necesidades.

«Lo que no se mide corre el riesgo de no existir para las políticas públicas. Necesitamos saber qué ocurre con estos jóvenes después de los 18 años, cómo viven, dónde trabajan, si estudian, si tienen una vivienda estable y qué apoyos necesitan», apunta la investigadora.

Pero el estudio no habla únicamente de dificultades. También demuestra que el acompañamiento puede cambiar las trayectorias vitales. En el 59,1% de los casos analizados se ha conseguido romper la transmisión intergeneracional de la pobreza gracias a los apoyos específicos.

Este dato muestra que haber pasado por el Sistema de Protección no determina el futuro de una persona. Cuando existen recursos adecuados, acompañamiento y oportunidades, es posible alcanzar unas condiciones de vida más estables e integradas.

Por eso, la investigación reclama un cambio en la forma de entender la salida del Sistema de Protección. La preparación debería comenzar, al menos, dos años antes de la salida, con una planificación individualizada que tenga en cuenta la vivienda, la formación, el empleo, la situación económica, las relaciones sociales y el bienestar emocional de cada adolescente.

Y el acompañamiento no debería desaparecer al cumplir los 18 años. El estudio plantea extenderlo, al menos, hasta los 25 años, garantizando de forma homogénea en todo el territorio apoyos para afrontar la emancipación y la vida adulta.

La vivienda ocupa un lugar central. El informe propone medidas como un banco específico de viviendas, avales de las Administraciones Públicas para facilitar el acceso a la primera vivienda y alquileres asequibles para jóvenes extutelados.

También reclama que estos jóvenes puedan continuar estudiando si así lo desean. La necesidad de conseguir ingresos puede obligarles a trabajar en lugar de cursar estudios universitarios o de larga duración, reduciendo sus oportunidades futuras. Por ello, el estudio plantea combinar los programas de inserción laboral con ayudas económicas que permitan acceder a estudios superiores.

Frente a esta realidad, el informe reclama programas integrales de acompañamiento social, económico, emocional y psicológico, así como el fortalecimiento de las redes comunitarias.

La investigación incorpora además algo que considera fundamental: la voz de los propios jóvenes. Sus experiencias muestran qué dificultades encuentran al salir del sistema y qué apoyos consideran necesarios. Por eso, una de las principales recomendaciones es que sean escuchados y participen en las decisiones que afectan a sus vidas.

El reto, por tanto, no es solo proteger durante la infancia. Es garantizar que quienes han necesitado protección puedan construir una vida adulta con las mismas oportunidades que los demás.

 

^{De izda a dcha. Celia García de León (Aldeas Infantiles) y Laura Vallejo-Slocker (Facultad de Psicología UCM)}

 

 

NOTA DE PRENSA (PDF)

 

Vicerrectorado de Comunicación
Avenida de Séneca, 2. 28040 Madrid
Teléfono: 91 394 35 24
gprensa@ucm.es  www.ucm.es