1.  INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

 

1.1. Ámbito estatal

a)    Aprobada solo una iniciativa legislativa popular de las 33 tramitadas por las Cortes Generales durante la legislatura en curso

Desde el 3 de diciembre de 2019, fecha en la que comenzó la XIV Legislatura, se han registrado en el Congreso un número muy considerable de proposiciones de ley que tienen su origen en una iniciativa popular, 33 para ser exactos. Sólo se aprobó, con modificaciones, una iniciativa legislativa popular. Se trata de la Proposición de Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. Una ley con la que se logran varios hitos. Es la primera que, íntegramente, tiene su origen en este instituto de democracia semidirecta. Y también es la primera en Europa que otorga personalidad jurídica a un espacio natural.

Siguiendo con el resto de iniciativas, un gran número, 14 en total, fueron inadmitidas en términos absolutos, sin iniciarse el proceso de recogida de firmas ya que tenían por objeto materias excluidas por los arts. 87.3 CE y 166 CE a este tipo de proposiciones de ley. Tres de ellas fueron retiradas por sus promotores antes de que concluyera el plazo de recogida de firmas. Caducaron 9 iniciativas legislativas populares. 8 por no haber conseguido el número de firmas necesarias en el plazo previsto (9 meses) y, en cuatro de ellas, además tras la prórroga de 3 meses por fuerza mayor. La novena caducó por un motivo muy distinto que creemos que merece que nos detengamos un poco más en ella. Se trata de la Proposición de Ley para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Policías del Estado español promovida por la plataforma JUSAPOL. Esta iniciativa fue tomada en consideración durante la XIII legislatura, con 318 votos favorables. Pero, al retomarse los trabajos parlamentarios en la presente legislatura, se retrotrajo al trámite de solicitud de criterio sobre su tramitación al Gobierno que, esta vez, se manifestó en contra por motivos presupuestarios, provocando la caducidad de la proposición de ley.

Las seis restantes siguen tramitándose, habiendo superado tres de ellas el trámite de la toma en consideración. Están siendo estudiadas por las Comisiones correspondientes con un ritmo más bien pausado. Son las Proposiciones de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos (Comisión de Sanidad y Consumo); de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas (Comisión de Sanidad y Consumo) y, finalmente, proveniente de anteriores legislaturas, la proposición de ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social (Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Veremos en el próximo número si alguna de ellas logra ser aprobada.

b)  El Mar Menor es sujeto de derechos y no solo objeto de protección del derecho tras la aprobación de la ILP para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca

El 21 de septiembre el Senado votó la aprobación final de la actual Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, cuyo origen está en una iniciativa legislativa popular impulsada por la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia Teresa Vicente Giménez y apoyada por 640.000 firmas. Un texto jurídico que supone un cambio radical en la concepción teórica que sustenta la protección brindada por el Derecho al medio ambiente. Si hasta ahora la técnica de protección seguía la visión antropocéntrica vigente desde el racionalismo moderno, es decir, se protegen los ecosistemas naturales para preservar su utilidad para las generaciones presentes y futuras, con esta ley cambia el paradigma. Pues mediante la técnica de la personalidad jurídica, un espacio natural, la laguna salada del Mar Menor deja de ser mero objeto de protección del Derecho para convertirse en sujeto de derechos y tener voluntad propia. Algo que es completamente novedoso en Europa, pero de lo que ya existen antecedentes en Derecho Comparado, por ejemplo, en Nueva Zelanda (Leyes Te Urewera de 2014 y Te Awa Tupua de 2017), en Australia (Ley de Protección del río Yarra) o en Colombia, donde la Corte Constitucional otorgó personalidad jurídica al Rio Atrato.

En concreto, se reconocen al Mar Menor y a los acuíferos que vierten sus aguas en él los derechos a existir y evolucionar naturalmente, así como a la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración, a cargo de los gobiernos y los habitantes ribereños. Lo cual, se traduce en la posibilidad de que cualquier persona natural o jurídica pueda personarse ante los tribunales para exigir reparar los daños y buscar los responsables. Por otro lado, corresponderá definir la voluntad de la laguna salada a tres Comisiones. La primera de ellas integrada por representantes de la Administración y de la ciudadanía (tres a propuesta del Estado, tres a propuesta de la Región de Murcia y siete particulares que, por el momento, serán los promotores de la iniciativa). La segunda ejercerá las funciones de seguimiento y estará conformada por miembros de los municipios ribereños o de la cuenca cuyo cargo se renovará cada ciclo electoral y la última, de carácter científico, estará formada por expertos de prestigio, nombrados a propuesta de propondrán las universidades de Murcia y Alicante, junto a otras entidades vinculadas al medioambiente como el Instituto Español de Oceanografía, la Sociedad Ibérica de Ecología y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Aunque lo cierto es que el Derecho ya reconocía instrumentos que podían otorgar similar protección: el reconocimiento de la acción popular en materia medioambiental ya permite la personación de cualquier persona ante los tribunales sin necesidad de demostrar un interés directo o la creación de Zonas de Especial Conservación, parques naturales o regionales llevan aparejados también sistemas de protección y seguimiento. No obstante, seguramente esta nueva técnica de protección ha venido para quedarse. En este sentido, Podemos acaba de registrar una proposición de ley en el Congreso para otorgar personalidad jurídica al Parque Nacional de Doñana. 

c)  La iniciativa legislativa popular para la regularización de los extranjeros consigue más de 700.000 firmas y logra ser tramitada en el Congreso de los Diputados al segundo intento

Varios colectivos liderados por personas migrantes integradas en la Plataforma Esenciales y apoyados por entidades de muy diverso signo (el Colectivo de Prostitutas de Sevilla, ayuntamientos, ONG, entidades religiosas, entre otros muchos) han conseguido avalar con más de 700.000 firmas la Proposición de Ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España, tras superar todos los obstáculos que conllevan este tipo de iniciativas legislativas. El primero de ellos era el de su admisión. Pues, ya en noviembre de 2021, había sido rechaza por la Mesa del Congreso la admisión a trámite de otra proposición que perseguía el mismo objetivo que ésta por afectar a materia de ley orgánica.

Tras recibir asesoramiento jurídico, la nueva propuesta está conformada por un único artículo que modifica la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, disposición que no tiene naturaleza de ley orgánica. La modificación consiste en fijar un plazo de seis meses para regular mediante Real Decreto un nuevo procedimiento de regularización para los extranjeros que se encuentren en España antes del 1 de noviembre de 2021.

Tras la defensa de un miembro del texto presentado por un miembro de la Plataforma en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, deberá ser debatida y votada por el Pleno del Congreso para decidir si continúa con su tramitación o la rechaza a limine.

 

1.2. Ámbito autonómico

a)    Aprobada la primera ley derivada de la iniciativa legislativa popular en Baleares

Por primera vez en la Historia de la democracia de la comunidad autónoma, el Parlament de les Illes Balears ha aprobado una ley que tiene su origen en una iniciativa legislativa popular. Se trata de la Proposición de ley para el Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras, impulsada por el grupo ecologista GOB (Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) y que aspira a ser una herramienta de control de las políticas públicas, estableciendo la obligación de evaluar en qué medida las decisiones políticas que se adoptan hoy pueden condicionar a las futuras generaciones. Para ello, las administraciones públicas deberán incorporar un informe de impacto a partir de los objetivos de bienestar intergeneracional que se establecen en la propia ley y que han sido redactados de acuerdo con los principios de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, adoptados en junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas. También se establece una Comisión que funcionará como un órgano consultivo independiente en los procedimientos de elaboración normativa y de evaluación de la planificación y actuación de las administraciones públicas de las Illes Balears.

La iniciativa obtuvo el respaldo de más de 12.000 firmas de ciudadanos baleares y, ya en sede parlamentaria, de los grupos progresistas de la asamblea balear (Partido Socialista de las Islas Baleares, Més per Mallorca y Menorca per Menorca.

b)  Dificultades en la participación de los miembros de la comisión promotora de ILP en les Corts Valencianes

La X Legislatura que acaba de terminar (2019-2023) ha sido bastante prolífica en lo que se refiere a la presentación de Proposiciones de ley de origen popular en la Comunidad Valenciana. De las seis iniciativas legislativas populares que se han registrado, tres de ellas han logrado superar la barrera de las 10.000 firmas exigidas por la Ley 10/2017, de 10 de mayo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular en esta comunidad autónoma (en adelante, LOILPCV).

La primera de ellas se presentó en diciembre de 2019. Se trata de la Proposición de ley sobre libertad de elección de lengua, impulsada por la plataforma “Hablamos español. Logró el aval de más de 40.000 firmas en abril de 2022, aunque no cuenta con el criterio favorable del Consell de la Generalitat, que aduce la jurisprudencia constitucional para no reconocer un derecho constitucional a la elección de lengua en el ámbito escolar. Desde esa fecha, todavía no ha sido debatida ni votada por el Pleno.

La segunda es la Proposición de ley para la gratuidad de los productos para el periodo que obtuvo 12.498 firmas de ciudadanos valencianos y, pese a contar con el criterio favorable del Consell desde marzo de 2022, tampoco ha sido tomada en consideración. La última es la Proposición de ley para la para la implantación del enfermero escolar, logró el aval de 14.300 firmas en fecha más reciente, en enero de 2023 y desde entonces se encuentra también estancada en su tramitación como el resto de iniciativas.

El problema que se encuentran los promotores de las tres iniciativas es que la Mesa no les permite la defensa del texto ante el Pleno tal y como establece el art. 16 de la LOILPCV. Ello obedece a que se ha incumplido el plazo legal de seis meses para incorporar las novedades de la Ley de 2017 en el Reglamento Parlamentario.

c)  Rechazo del parlamento gallego a cuatro iniciativas legislativas populares que lograron el aval popular necesario para su tramitación parlamentaria

Las cuatro Proposiciones de ley que durante la presente legislatura han obtenido el apoyo popular necesario para ser tramitadas por el Parlamento de Galicia se han encontrado con el escollo de los votos en contra de la mayoría absoluta del Partido Popular (39 votos) y ninguna de ellas ha superado el debate de la toma en consideración. Son iniciativas de temática muy diversa.

La primera que se presentó es la Proposición de ley para la consolidación extraordinaria de empleo y adquisición de fijeza del personal en fraude al servicio del sector público autonómico gallego. Se registró en febrero de 2021 y tras obtener el apoyo necesario, con el aval de 10.649 firmas válidas, fue rechazada en sesión plenaria del 28 de septiembre de ese mismo año.

En segundo lugar, la Fundación SALMA promovió la Proposición de ley para una ley de salud mental en Galicia, registrando su iniciativa en el mes de mayo de 2021. Tras lograr el apoyo de casi 17.000 firmas válidas, tampoco consiguió su aprobación por el Pleno en la toma en consideración en abril de 2022.

La tercera responde a un problema específico de la gestión de los montes gallegos. Se trata de la Proposición de ley sobre montes vecinales en mano común, registrada en enero de 2022 y que surge como reacción a la intención del Gobierno Gallego de modificar la regulación vigente de los montes vecinales, ampliando el concepto de comunero más allá de los vecinos de la parroquia, y de abrir la puerta a posibles privatizaciones. Consiguió el aval de 11.696 firmas válidas y tampoco fue tomada en consideración el 22 de noviembre pasado.

La última iniciativa legislativa popular que se ha rechazado es la proposición de ley sobre medidas urgentes para recuperar y fortalecer la atención primaria, se presentó en junio de 2022. Es la que mayor apoyo popular ha logrado concitar en la historia de la democracia gallega, con un total de 47.213 firmas. Como el resto, no logró concitar el apoyo de la mayoría parlamentaria del Partido Popular en el debate plenario de la toma en consideración el reciente 9 de mayo.

A fin de cuentas, la iniciativa legislativa popular solo supone la puesta en marcha del procedimiento legislativo por una fracción, de en torno al 0.37%, del censo electoral, para que sea tramitada por el Parlamento que representa al conjunto del pueblo gallego.

 

1.3. Ámbito europeo

a)    Edad mínima para apoyar una iniciativa ciudadana

El art. 2 del Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019, que ha reemplazado al Reglamento (UE) nº 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011, reconoce el derecho a apoyar una iniciativa a los ciudadanos europeos que tengan edad suficiente para poder votar en las elecciones al Parlamento Europeo.  A continuación, abre a los Estados miembros la posibilidad de fijar la edad mínima para poder apoyar una iniciativa en los 16 años, de conformidad con su derecho nacional, de lo que informarán a la Comisión.

A partir del 1 de mayo de 2023, los ciudadanos belgas de 16 años o más tuvieron la oportunidad de hacerlo. Se les ha reconocido tanto el derecho a apoyar como el de formar parte de un grupo organizador para iniciar una iniciativa ciudadana. Bélgica se suma así a otros 5 países en los que es posible que un ciudadano firme una ICE menor de 18 años: Estos son Austria, Estonia, Alemania, Grecia que sitúa en 17 años la edad mínima requerida (es la edad para el ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento Europeo en este país) y Malta. El Reglamento de la ICE anima desde su considerando 7 a los Estados miembros a posibilitar la participación de la juventud lo que pone de manifiesto una vertiente de pedagogía cívica muy interesante a mi entender.

b)  El TJUE resuelve recursos en relación con la Iniciativa Ciudadana Europea

La propuesta Minority SafePack – Un millón de firmas a favor de la diversidad en Europa tenía por objeto invitar a la Unión Europea a adoptar una serie de medidas para mejorar la protección de las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas, así como reforzar la diversidad cultural y lingüística de la Unión.

La Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 9 de noviembre de 2022 ECLI:EU:T:2022:696 en el asunto T-158/21, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Comisión, confirma la Comunicación de la Comisión por la que se niega a adoptar las medidas solicitadas en la iniciativa ciudadana. La Comisión en su Comunicación consideró que

“las acciones ya emprendidas por la Unión para hacer hincapié en la importancia de las lenguas regionales o minoritarias y promover la diversidad cultural y lingüística bastan para alcanzar los objetivos de dicha iniciativa”.

Contra esta sentencia del TG el comité de ciudadanos ha interpuesto recurso de casación ante el TJ: Recurso de casación interpuesto el 21 de enero de 2023 por Citizens' Committee of the European Citizens' Initiative «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe» contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 9 de noviembre de 2022 en el asunto T-158/21, Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe/Comisión.

 Además, el TJ  desestimó el recurso de casación interpuesto por Rumanía en su sentencia de 20 de enero de 2022 ECLI:EU:C:2022:41  (Rumanía planteó recurso de anulación, desestimado por el TG, contra la decisión de registro de la Comisión).

c)  Iniciativas abiertas actualmente para firma

Como es sabido, los organizadores tienen seis meses para abrir el período de firmas a partir del registro de la iniciativa por la Comisión

• Garantizar la acogida digna de los migrantes en Europa.
• “Cueste lo que cueste” (Whatever it Takes).
• Prestar atención a las dificultades específicas de aprendizaje a nivel de la UE.
• Llamamiento para lograr un entorno sin tabaco y la primera generación europea libre de tabaco de aquí a 2030 registrada por la Comisión en agosto de 2022.
• Proteger el patrimonio rural, la seguridad alimentaria y el abastecimiento de la UE.
• End The Slaughter Age (Acabemos con la era de los sacrificios).
• Iniciativa ciudadana europea en pro de la comida vegana.
• Good Clothes, Fair Pay (Ropa buena, salarios justos).
• Conexión de todas las personas y capitales europeas mediante una red de trenes de alta velocidad.

Se abrirá próximamente la recogida de firmas de la iniciativa registrada por la Comisión el 31 de mayo, titulada: «Aplicación efectiva del concepto de precedente judicial en todos los países de la UE». Dado el interés desde el punto de vista de la creación de un espacio judicial europeo recojo el objetivo de esta ICE:

“Los organizadores de la iniciativa piden a la Comisión que proponga a los Estados miembros que introduzcan un mecanismo a nivel nacional que garantice el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales firmes adoptadas por los tribunales de otros Estados miembros. La iniciativa considera que este mecanismo debe aplicarse, siempre que: a) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido ocasión de interpretar las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión y b) el asunto en cuestión se refiere a cuestiones jurídicas similares o idénticas”.

d)  Verificación en curso, una vez cerrado el periodo de recogida de firmas

• Fur Free Europe (Europa sin pieles)
• Detener el extremismo
• Política de cohesión para la igualdad de las regiones y la preservación de las culturas regionales

e)  Iniciativas a la espera de ser atendida por la Comisión, que deberá pronunciarse en una Comunicación

Si una iniciativa prospera, es decir, consigue el millón de firmas requeridas procedentes de al menos un cuarto de Estados en el número exigido en cada uno de ellos (requisitos que ponen de manifiesto el carácter transnacional de esta herramienta de participación) la Comisión no está obligada a hacer suya la propuesta que los ciudadanos plantean. La iniciativa ciudadana es una “invitación” a la Comisión.

Lo que sí que debe hacer una vez la haya recibido, conforme al art. 14 del Reglamento (UE) 2019/788, es publicar un anuncio en el Registro y transmitir la iniciativa al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y a los Parlamentos nacionales; en el plazo de 3 meses se ofrecerá al grupo de organizadores la posibilidad de exponer la iniciativa en una audiencia pública que se celebrará en el Parlamento, tras la cual el Parlamento Europeo evaluará el apoyo político a la misma.

Tras ello, la Comisión procederá al examen de la iniciativa (art. 15), y, en el plazo de seis meses desde la publicación de la iniciativa, “la Comisión recogerá en una comunicación sus conclusiones de carácter jurídico y político sobre ella, las medidas que se propone adoptar, en su caso, y sus razones para la adopción o no de medidas”, mediante la cual se informará a los firmantes sobre la respuesta a la iniciativa; tal comunicación se encuentra regulada en el art. 18 del citado reglamento.

El nuevo Reglamento de la ICE ha reforzado el papel del papel del Parlamento Europeo en relación con las iniciativas ciudadanas europeas. En la resolución de la que supram dábamos noticia se pide reforzar aún más este papel y vincularlo con su labor en relación con la otra herramienta de participación ciudadana que es el derecho de petición.

El Parlamento Europeo le corresponde organizar una audiencia pública en sus locales en el plazo de tres meses desde la presentación de la iniciativa válida, tras la cual evaluará el apoyo político a la iniciativa; en la misma estará representada la Comisión al nivel adecuado, y se dará, además, la oportunidad de asistir al Consejo, a las demás instituciones y órganos consultivos de la Unión, a los Parlamentos nacionales y a la sociedad civil. Todo ello se regula en el art. 14 del Reglamento (UE) 2019/788.

Por otro lado, y con relación a las iniciativas ciudadanas que hayan prosperado, el Parlamento “evaluará las medidas adoptadas por la Comisión a raíz de su comunicación a que se refiere el artículo 15, apartado 2” (art. 16 Reglamento).

Han tenido lugar en el tiempo observado estas audiencias públicas en relación con iniciativas ciudadanas: Stop Finning – Stop the trade (Prohibición del cercenamiento de las aletas de los tiburones - Prohibición del comercio).

Cosméticos sin crueldad - por una Europa sin ensayos con animales “Save Cruelty Free Cosmetics”. Esta iniciativa apoyada por millón y medio de europeos pretende que la UE refuerce su prohibición de experimentar con animales. Los eurodiputados debatieron sobre la experimentación con animales en cosméticos con los impulsores de esta iniciativa ciudadana que tiene como objetivo el de asegurar un mejor bienestar animal y protección ambiental, en una audiencia pública organizada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (las ICE se debaten en las Comisiones pertinente por temática.) Debe reforzarse la relación con la Comisión de Peticiones para definir mejor las estrategias en torno a determinados asuntos que interesan a los ciudadanos.

La última iniciativa atendida -y con esta, de momento, son siete las ICE atendidas- es «¡Salvemos a las abejas y a los agricultores! Hacia una agricultura respetuosa con las abejas para un medio ambiente sano». Cuenta también con un Dictamen del Comité Económico y Social Europeo.

En septiembre de 2022, la Comisión Europea contestó a la petición sobre este asunto planteada por un peticionario español (Petición n.º 1078/2021, presentada por P.O.S., de nacionalidad española, sobre la protección de las abejas y la eliminación gradual de los plaguicidas sintéticos en toda la UE). En la petición dirigida al Parlamento Europeo (Comisión de Peticiones) se solicitaba se instara a la Comisión Europea a legislar en este sentido de “eliminar gradualmente los plaguicidas sintéticos de aquí a 2035 y restaurar la biodiversidad y los ecosistemas naturales en las zonas agrícolas reformando la agricultura para dar prioridad a la agricultura a pequeña escala, diversa y sostenible, y apoyando a los agricultores en la transición”. La Comisión de Peticiones la admite a trámite y pide a la Comisión información (art. 227, apartado 6 del Reglamento interno del Parlamento Europeo). Este documento recoge la información recibida.

Creo que merece la pena constatar la confluencia de distintas herramientas de la democracia participativa en el nivel europeo en torno a este asunto de gran sensibilidad medioambiental. Que la ciudadanía tenga acceso a un portal único que aglutine las distintas formas de participar en la vida europea me parece imprescindible. Por otra parte, resulta crucial para potenciar el ejercicio de estos derechos la accesibilidad a la información y la relación de las autoridades europeas, nacionales, autonómicas y locales, medios de comunicación y sistema educativo.

f)    Últimas iniciativas frustradas por no contar con las firmas necesarias requeridas en, al menos, siete Estados

• Green VAT – Un IVA ecológico de la UE con el fin de fomentar productos y servicios sostenibles y respetuosos con el medio ambiente
• Prohibición de la publicidad y el patrocinio de los combustibles fósiles
• Llamamiento a la acción – Protección del medio ambiente en todas las políticas
• «Stop (((5G))) - Stay Connected but Protected» [No a la (((5G))) - Permanezcamos conectados, pero protegidos]
• Devolver el plástico (ReturnthePlastics): una iniciativa ciudadana para crear un sistema de depósito a escala de la UE para reciclar las botellas de plástico
• Garantizar la conformidad de la política comercial común con los Tratados de la UE y con el Derecho internacional
• Puntuación ecológica europea (European EcoScore)
• Derecho a una cura

g)  Iniciativas retiradas por los organizadores antes de finalizar el periodo de firma

Decisión de ejecución (UE) 2022/1512 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2022, sobre la solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «Todos los hogares europeos equipados con una instalación fotovoltaica de 1 kW y aerogeneradores de 0,6 kW utilizando financiación de la UE a través de los municipios únicamente»

 

2.  REFERÉNDUM

 

2.1. Ámbito local

a)    Denegada la autorización a una consulta popular en La Línea de la Concepción para convertirse en Comunidad Autónoma

El pasado 25 de octubre el Consejo de Ministros no ha autorizado al Ayuntamiento de la Línea de la Concepción (Cádiz) la convocatoria de una consulta popular destinada a preguntar a sus vecinos sobre la conveniencia de dirigir al Gobierno de la Nación una petición para la conversión de este municipio gaditano en una nueva Comunidad Autónoma. Esta denegación se asemeja por razón de la materia a otra que se había realizado ya en el año 1998 por el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) para decidir la conversión de este municipio y su entorno comarcal en la novena provincia andaluza y la respuesta ha sido la misma de entonces que la consulta no cumple los requisitos exigidos por el art. 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a saber:

1º. Se trata de un asunto que excede las competencias municipales y que supera claramente los intereses meramente locales, al centrarse en una cuestión nacional de interés constitucional.

2º. Vulnera el derecho de participación política de todos los andaluces, pues la tramitación propuesta no sería la procedente ni el cuerpo electoral convocado el adecuado, al ser precisa la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.   

 

2.2. Ámbito europeo

a)    Referéndums de interés europeo

El 1 de junio de 2022, Dinamarca votó sobre la abolición de la exclusión voluntaria de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, una de las exclusiones del país de la Unión Europea.​

Se produjo un referéndum en Hungría sobre libertad de expresión y homosexualidad: https://es.euronews.com/2022/04/04/fracasa-el-referendum-sobre-la-ley-que-prohibe-hablar-de-homosexualidad-a-los-menores-en-h

 

3.  DERECHO DE PETICIÓN

 

3.1. Ámbito estatal

a)  Información del portal de peticiones del Parlamento Europeo

Cruzada la información de iniciativas de control en el Congreso de los Diputados con peticiones dirigidas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europea quisiera llamar la atención sobre la proposición no de ley relativa a dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones contenidas en el Informe de misión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2022, promoviendo la adopción de todas las medidas necesarias para articular los mecanismos jurídicos necesarios y eficaces para evitar el enaltecimiento público de terroristas, así como para prevenir la humillación de las víctimas (núm. expte. 161/004122), presentada por el Grupo Parlamentario VOX, tramitada y rechazada (BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 452, de 11 de mayo de 2022; desestimada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, BOCG de 23 de febrero de 2023).

b)  Informe de la misión de información sobre crímenes de ETA

El Informe de la misión de información a Vitoria y Madrid (España) es el que corresponde a la visita realizada por una delegación de eurodiputados de esta comisión entre el 3 y el 5 de noviembre de 2021 a España para investigar los crímenes no resueltos de ETA. La visita respondía a una petición en la que se denunciaba que todavía hay 379 asesinatos sin resolver cometidos por la organización terrorista, y su objetivo fue obtener información de las autoridades españolas competentes, los peticionarios y las víctimas del terrorismo al respecto de la mencionada situación.
Parta terminar mi referencia sucinta a las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo.

c)  Peticiones en torno al deterioro del Parque Natural de Doñana

Por la importancia del asunto en este momento hay que recordar las peticiones en torno al deterioro de la zona Parque Natural de Doñana estudiadas en abril de 2022 por la Comisión de Peticiones. Otras peticiones sobre la inacción o indefensión en su caso ante la ocupación ilegal de inmuebles, tema muy presente en la discusión pública en el final de la legislatura XIV. O en febrero de 2023 la audiencia pública celebrada en torno a la inmersión lingüística en Cataluña o el análisis de otras tantas peticiones de procedencia española sobre los derechos de los pasajeros de avión, los refugiados venezolanos en la UE o el asunto del etiquetado ambiental. Mención especial hago a una petición relativa los derechos de las personas con autismo (la participación de las personas con discapacidad y las asociaciones que les representan son particularmente activas en la defensa de sus derechos. Me interesa particularmente su participación, las entidades en cuestión son agentes imprescindibles en la estrategia de igualdad de derechos de las personas con discapacidad.

 

4.  OTROS INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS

 

4.1. Ámbito autonómico

a)    Proceso participativo previo a la elaboración de un anteproyecto de Ley de Participación por parte de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Cataluña impulsa una ley de participación ciudadana y consideró adecuado desarrollar un proceso participativo previo a la elaboración del anteproyecto.

Los objetivos del proceso participativo, de acuerdo con sus promotores eran: a) contrastar el diagnóstico realizado por la Dirección General de Participación, Procesos Electorales y Calidad Democrática de la Generalitat con la ciudadanía y evaluar que efectivamente, una opción de regulación garantista pero flexible es la más deseable; b) identificar contenidos clave del anteproyecto de ley (principios, garantías, derechos digitales, iniciativa ciudadana, etc.) como elementos necesarios para un modelo de participación ciudadana de calidad; c) identificar elementos innovadores para la regulación que permitan llegar a más ciudadanía y en mejores condiciones.

El proceso participativo se llevó a cabo en paralelo a un proceso de consulta pública previa previsto para la elaboración del anteproyecto y se extendió desde septiembre de 2022, en que se inician las sesiones de información, hasta marzo de 2023, momento en que se presentan los materiales de retorno. Consistió en ocho sesiones deliberativas organizadas en torno a diferentes aspectos de la participación ciudadana que permitían la participación presencial y virtual tanto síncrona como asíncrona.

Para más información se puede consultar en el enlace https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio

 

4.2. Ámbito local

a)    La construcción de los derechos digitales de la ciudadanía: una aproximación desde la participación ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza

La Cátedra de Participación e Innovación Democrática –reconvertida posteriormente en Cátedra de Gobierno Abierto e Innovación Democrática– de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, así como con la Cátedra de Diseño de Servicios para la Ciudadanía de la Universidad de Zaragoza, puso en marcha un espacio en torno a la Carta de Derechos Digitales en la plataforma on line Idea Zaragoza.

La experiencia consistió en llevar a cabo una difusión de los contenidos de la Carta y en generar un debate en torno a ellos, articulado a partir de vídeos (píldoras de dos minutos de duración aproximadamente), en los que distintos especialistas comentaron los apartados que integran la Carta de Derechos Digitales, dinamizaron el debate on line y contestaron a las posibles cuestiones planteadas (de enero a junio de 2022):

https://www.zaragoza.es/sede/portal/formacion-digital/derechos-digitales.

Por otra parte, el 3 de octubre de 2022 el Pleno del Consejo de Ciudad –órgano de participación sectorial del Ayuntamiento de Zaragoza– aprobó la creación en su seno de un Grupo de Trabajo sobre “Derechos Digitales de la Ciudadanía”, bajo la coordinación de la Cátedra de Gobierno Abierto e Innovación Democrática de la Universidad de Zaragoza:

https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/grupos-trabajo/derechos-digitales.

El Grupo celebró cinco sesiones mixtas (presenciales/on line) entre el 16 de noviembre de 2022 y el 15 de marzo de 2023, tres de las cuales con base en una ponencia por parte de una persona especializada, seguida de un posterior debate.

Como resultado final, se elaboró y aprobó un documento con diez conclusiones, que fue enviado a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, así como a otras Administraciones Públicas:

https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/grupos-trabajo/derechos-digitales-conclusion/.

b)  Proceso deliberativo aplicado al diseño de una política local para combatir el racismo inmobiliario en la ciudad de Olot (2021-2013)

Destacamos esta experiencia no tanto por su novedad metodológica como por el contenido de la política pública. Durante los últimos dos años, la ciudad de Olot ha conducido un proceso deliberativo entre los principales actores afectados por una situación de racismo inmobiliario: propietarios, agentes de la propiedad, personas afectadas por la discriminación racial, entidades sociales y vecinales, profesionales de distintos ámbitos de la administración pública, etc. El objetivo de este proceso ha sido proponer medidas al ayuntamiento para, en el marco de sus competencias, abordar la lucha contra la discriminación inmobiliaria; un tema inédito y que, por lo tanto, supone una novedad importante.

Señalar que se trata de un tema que preocupa a muchas entidades locales, que observan como en diversos ámbitos -entre ellos el inmobiliario- aparecen dinámicas discriminatorias que ni son legales ni tolerables social y políticamente. Esta experiencia concreta, por lo tanto, se sitúa en un terreno de creciente interés y que, además, debido a las tensiones que obviamente genera, no resulta fácil de abordar. Existe, en catalán, un informe que relata la experiencia detalladamente, mientras que actualmente se está redactando un artículo sobre el mismo en castellano.

 

4.3. Ámbito europeo

1. Conferencia sobre el futuro de Europa

Seguimiento de las propuestas por las instituciones europeas. Entre las propuestas se encuentra de nuevo la de reconocer iniciativa legislativa general al Parlamento Europeo. P9_TA(2022)0242 Derecho de iniciativa del Parlamento Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2022, sobre el derecho de iniciativa del Parlamento (2020/2132(INI)) (2022/C 493/11).

Hay una llamada especial a los Estados miembros, en sus distintos niveles de gobierno, a los Medios de Comunicación, a los Centros Educativos para que hagan más accesibles estos instrumentos a la ciudadanía para que más conocidos y con ello más utilizados. El Parlamento plantea la necesidad de vincular e interconectar los distintos instrumentos de participación ciudadana a través de los que la ciudadanía hace llegar sus intereses, como las peticiones o las iniciativas ciudadana, con la iniciativa parlamentaria.

 El Parlamento Europeo se pronuncia sobre el derecho de petición, el Defensor del Pueblo Europeo, la iniciativa ciudadana europea en su Resolución del 9 de marzo de 2022, sobre interactuar con los ciudadanos derecho de petición, el Defensor del Pueblo Europeo, la iniciativa ciudadana europea (2020/2275(INI))

 b)  Nuevo portal para participar en la mejora de la legislación europea

La Comisión ha inaugurado un nuevo portal –“Díganos lo que piensa”– para participar en la mejora de la legislación europea a través de consultas públicas (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say). De esta manera, los ciudadanos y las empresas pueden compartir sus puntos de vista sobre las nuevas políticas de la UE y la legislación vigente.

c)  Todos juntos por la democracia

https://together.europarl.europa.eu/es/ - Paneles de ciudadanos: el último ha terminado con 21 recomendaciones para hacer de las oportunidades de aprendizaje en el extranjero una realidad para todos. Los tres próximos previstos: desperdicio de alimentos, los mundos virtuales y la movilidad educativa.