Grupo de trabajo: La larga construcción del Bienestar: España desde la Transición democrática hasta hoy

Coordina: Mª José Vicente Vicente, Aurora Galán Carretero (UCLM)

Resumen: Tras la caída del franquismo, España emprendió una transición política y económica marcada por la crisis del petróleo de 1973, que trajo inflación, desempleo y desequilibrios externos. Los Pactos de la Moncloa (1977) sentaron las bases de la estabilización, con control de precios y salarios, liberalización y reformas estructurales. Al mismo tiempo, comenzaron a perfilarse los cimientos del Estado de bienestar, aunque con un peso aún secundario frente a la prioridad macroeconómica. La entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 supuso un punto de inflexión: bajo los gobiernos socialistas se expandió el gasto social, que pasó del 25% del PIB en 1974 al 42,9% en 1996. En ese periodo se consolidaron pilares básicos como la sanidad universal mediante la Ley General de Sanidad (1986), la educación con reformas que ampliaron la escolarización obligatoria y reforzaron la universidad pública, y el sistema de pensiones, que amplió cobertura pese a los primeros signos de tensión demográfica. También se mejoró la protección al desempleo y se modernizaron infraestructuras. Sin embargo, persistieron desigualdades de renta, desempleo estructural y dependencia del sector servicios. Con el Partido Popular en 1996, se acentuaron liberalización, privatización y desregulación, en un contexto de fuerte expansión ligada al euro, la inversión extranjera y la burbuja inmobiliaria. El crecimiento cercano al 4% anual y la creación de millones de empleos ocultaban debilidades: baja productividad, precariedad laboral y falta de adaptación del gasto social a los nuevos desafíos. La inmigración masiva sostuvo la demografía y el mercado laboral, pero planteó retos de integración y cohesión social. La crisis de 2008 supuso un golpe severo: desempleo superior al 25%, caída del PIB y déficit público récord. Las políticas de austeridad afectaron al Estado de bienestar con recortes en sanidad, educación, pensiones y dependencia. El Real Decreto-Ley 16/2012 introdujo copagos y restricciones en la sanidad; las pensiones retrasaron la edad de jubilación y vincularon prestaciones a la sostenibilidad; la educación sufrió alzas de tasas y limitaciones docentes. Estas medidas redujeron la protección social y generaron amplias protestas ciudadanas. Desde 2015, España inició una recuperación sostenida pero frágil, interrumpida por la pandemia de COVID-19. Ésta puso a prueba el sistema sanitario y reveló carencias estructurales en salud pública y cuidados de larga duración. La digitalización acelerada evidenció brechas tecnológicas y educativas. Los fondos europeos Next Generation han orientado la agenda hacia innovación, transición ecológica y digital. Nos basamos en un monográfico que hemos coordinado con profesores de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense y de la Universidad de Castilla-La Mancha que ha sido presentado en el Ministerio de Industria y Turismo con el ministro Hereu. Se estructura en tres bloques temáticos que analizan tanto los logros de los pilares básicos del Estado de bienestar como las debilidades en dependencia, inclusión laboral y cohesión territorial. En conjunto, este grupo de trabajo pretende ofrecer un análisis histórico y prospectivo, combinando economía, sociología y políticas públicas, y subrayando los retos de sostenibilidad, equidad territorial y nuevos derechos sociales para el futuro del Estado de bienestar en España.