Presentación

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 La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno impone obligaciones en los tres ámbitos a los que se refiere y guía la actividad de las Administraciones públicas en una concreta dirección: servicio al ciudadano informado y no al administrado pasivo.

Las normas de buen gobierno –obligaciones, infracciones y sanciones- entraron en vigor el 11 de diciembre de 2013 y alcanzan a los altos cargos de la Administración General del Estado. Lo referido a la publicidad activa –información activa o  focalizada que no debe ser demandada en cada caso por el ciudadano- y al derecho de acceso singular a la información entra en vigor el 10 de diciembre de 2014, pero los distintos órganos de las Administraciones cuentan con un plazo de dos años, es decir, hasta diciembre de 2016, para adaptarse a las nuevas obligaciones. No obstante lo cual, la UCM prefiere anticipar la puesta en marcha de la información abierta.

La Ley no obliga a las Universidades a establecer un Portal de Transparencia –que solo se impone a la Administración General del Estado-, conformándose con que publiquen la información en su sede electrónica o en su página web. Sin embargo, entendemos que un Portal de Transparencia facilita la consulta de la información y la puesta en práctica de los principios fundamentales de la transparencia: información de calidad presentada de forma clara, estructurada y entendible, de fácil acceso, interoperable y reutilizable. El Portal facilita el ejercicio del derecho a la información al ser el único punto de acceso de toda la información. La opción por no agotar el plazo legal y por elegir el instrumento más acabado para cumplir con las exigencias de transparencia, es la opción por adaptarnos al nuevo marco, ensayándolo y no solo proyectándolo. Es de suponer que, con el tiempo, aumentará la cantidad de información publicada.

 Publicidad activa o información focalizada: el Portal de Transparencia

Las Universidades públicas aparecen en la Ley como sujetos obligados por la regulación de transparencia activa; además, tienen que dar respuesta al derecho de acceso a la información.

La publicidad activa no se satisface con poner en abierto información o datos de forma desordenada, asistemática o difícilmente accesible. Para satisfacer las exigencias de la Ley se requiere publicar periódicamente información actualizada en la sede electrónica o en la página web. Descartamos la utilización de la sede electrónica, dadas las limitaciones técnicas y personales de acceso que tiene. Optamos por la utilización de la página web, pero agrupando toda la información bajo un espacio específico, el Portal de Transparencia. Preferimos esta denominación  y no otras, que nos son ajenas, como “Open data”, “datos abiertos” o similares que, por su generalidad, no indican claramente su contenido o que pueden contener informaciones distintas de las que reclama la Ley.

El Portal tendrá la visibilidad necesaria y un diseño que permita el fácil acceso a los datos, que aparecerán  organizados por áreas (institucional, jurídica, académica, económico-financiera, resultados y personal).

El Portal nace con la aspiración de ser accesible, por obtenerse la información en los más bajos niveles de navegación y ofrecer datos de calidad, de manera interoperable y susceptibles de ser reutilizados (con lo que se tiene en cuenta lo regulado en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de reutilización de información en el Sector Público y, antes por la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo). Lo anterior requerirá la identificación y localización de la información para posibilitar la cita de la fuente y de la fecha de la última actualización.

El Portal será un instrumento vivo y dinámico por tres razones:

1ª) Necesidad de actualizar determinada información

2ª) Conveniencia de mejorar el funcionamiento de la herramienta; solo el uso nos indicará sus carencias y defectos

3ª) Una vez que empiece a actuarse el derecho de acceso individual y a petición de  la información pública, podrán detectarse preguntas que se repitan por distintos solicitantes, lo que nos indicará el interés por el dato solicitado y la conveniencia de ponerlo en abierto, es decir, de focalizarlo en el Portal.

Se advierte que el Portal nace con la vocación de cobijar toda la información que obligatoriamente ha de ponerse en abierto y toda aquella que sea útil o significativa en el ámbito universitario–aunque no de obligada publicidad-.

Entendiendo la transparencia como un ejercicio de rendición de cuentas continuo y voluntario, iniciamos  este Portal desde la idea de que echamos a andar para mejorar por el camino y de que el instrumento que ponemos en abierto es mejorable. Es posible que de entrada no se cumplan plenamente todos los requerimientos; pero partimos de que siendo lo excelente enemigo de lo bueno, cuanto antes empecemos, antes alcanzaremos niveles satisfactorios.

Cierto es que con el Portal no se cumplen todos los requerimientos de la Ley. Queda por recorrer el camino para hacer real el derecho individual de acceso a aquella información que no esté previamente publicada en abierto. Se trata de dar total satisfacción al derecho previsto en el artículo 105 de la Constitución. Naturalmente, ya existen en la UCM procedimientos que permiten acceder a ciertas informaciones, pero no es suficiente. Tampoco se conforma la Ley con el tradicional derecho de acceso a Registros y Archivos. Siguiendo las mínimas indicaciones que da la Ley, tenemos que elaborar la forma de acceso –básicamente, el tipo de solicitud que deberá realizarse y sus menciones mínimas-, desarrollar el procedimiento a seguir -lo que incluye, causas de inadmisión y contenido de la resolución final- y determinar el sistema de gestión de las solicitudes. Lo anterior requerirá formación para los funcionarios responsables, posibilidad de establecer la trazabilidad de las decisiones y mantenimiento de un correcto sistema de Archivos. En este último punto, tenemos que destacar que nuestro Archivo está ya preparado para cumplir los requerimientos de transparencia. Y es que no puede olvidarse que un Archivo desorganizado, propicia la opacidad y puede hacer inoperante cualquier exigencia de transparencia. Un Archivo correctamente gestionado, como el nuestro, es el que es capaz de enseñar y no, de esconder.

Hacer real el derecho de acceso a la información permite dar el paso desde la democracia representativa a   la democracia participativa: cualquiera tiene derecho a saber, aunque no acredite un interés individual legítimo y aunque no motive por qué quiere saber. Basta recordar que en la jurisprudencia más avanzada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos se entiende que el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento incluye el derecho a pedir información controlada por el Estado sin necesidad de acreditar un interés legítimo.

No se nos oculta que todavía existen ciertos recelos a ser transparentes en las Administraciones Públicas; es una cuestión cultural; debemos acabar con la idea de que “estos papeles son míos y no tengo por qué soltarlos” o de que el administrado es un sujeto sometido. Naturalmente, que hay límites al derecho de acceso, pero son solo los que establece la Ley, no los que el aplicador quiera inventar. Así, puede denegarse el acceso cuando se soliciten notas, borradores o informes internos; cuando la petición sea abusiva o repetitiva; por razones de seguridad pública, de prevención o investigación de ilícitos; cuando se trate de datos especialmente protegidos, etc.

La transparencia tiene otras virtudes, además de servir de base a la libertad de expresión: así, favorece el cumplimiento de lo previsto en el artículo 103 de la Constitución “la Administración sirve con objetividad a los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al derecho”; dificulta la corrupción que de ordinario se esconde en la opacidad informativa; ayuda a la interdicción de la arbitrariedad (artículo 9 de la Constitución); permite la participación (artículo 23 de la Constitución) y, en muchos casos, hace posible el derecho a la creación artística, literaria y científica (artículo 20 de la Constitución).

Para terminar esta presentación, solo queda indicar que este  Portal de Transparencia se ha construido e integrado por personal de la UCM, con su trabajo diario, sin recurrir a asesoramiento de expertos externos y sin realizar gasto alguno para su puesta en funcionamiento. El primer agradecimiento es para los que han hecho posible este resultado. 

 

                                                                    Madrid, enero de 2015