8 SEP 2022 - 12:00 CET

Por Alfredo Arceo Vacas, director del Máster Propio en Comunicación Corporativa y Publicitaria.

Los grupos de interés son una garantía del sistema político en cualquier país del mundo, siempre y cuando su capacidad de influencia tenga un contexto normativo y de transparencia que avale su actividad. Investigadores del sector como Rotondo Ruiz y Rubio Núñez (2017: 318) se atreven a dibujar un perfil del lobbista español, quien tiene por lo general formación en relaciones públicas y cierta experiencia política. La primera de dichas características conduce a que la mayor parte de la actividad se realice a través de profesionales de firmas especializadas o en las consultoras de comunicación que operan en nuestro país. Sin embargo, en el sector aún se observa cierto hermetismo que en nada ayuda a una nueva ola de políticos y profesionales del lobby a instalar y desarrollar medidas regeneradoras (con registros, códigos de conducta, normativas locales y autonómicas, etc.).

De hecho, si ampliamos la mirada al ámbito europeo, ya existen análisis como el de Mamontova, Buryk, Strikha, Vonsovych, Vopayeva y Baranova (2021), que reflejan cómo el propio crecimiento de la actividad de los Asuntos Públicos ha conducido a una regulación cada vez mayor; y que, en los últimos tiempos, la mayor parte de dicha actividad se centra en la última Directiva de Servicios Digitales, y en los impulsos a la recuperación tras la pandemia de la COVID-19. En la última década España, sin embargo, se han producido numerosos intentos, pero ninguno ha salido adelante.

Por ello, creo que debe ser el propio sector de los Asuntos Públicos el que dé un paso al frente para asegurar la utilización de registros obligatorios de actividades de intermediación y aclarar los volúmenes de facturación. A finales de mayo del pasado año, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública anunció un anteproyecto de ley que sacó a consulta pública. Aún seguimos esperando una regulación integral del lobby, con un sistema para registrar los contactos entre lobbistas y decisores públicos, además de poder acceder a las cifras reales de inversión en los diferentes sectores económicos.

Es verdad que Europa va por detrás de Canadá o de Estados Unidos. Muy pocos países obligan al sector público a llevar un registro de información, en los que aparezcan los contactos con grupos de interés que realizan actividades lobbistas. De hecho, solo siete países de la UE tienen leyes o normas que están diseñadas específicamente para regular las acciones de lobbies: Austria, Eslovenia, Francia, Irlanda, Lituania, Polonia y Reino Unido. Estos países se decantan por crear un registro que impone a los lobbistas la obligación de registrarse, así como la de emitir informes periódicos sobre sus actividades.

En España no están claramente establecidos los mecanismos que articulan el acceso de la sociedad civil (ciudadanos, organizaciones, empresas, etc.) a la elaboración de leyes. El Reglamento Interno del Congreso sigue sin recoger reglas para el debate con grupos de interés durante los procesos legislativos, quedando sin más desarrollo los artículos de la Constitución que defienden la promoción de vías de participación. Es importante para proteger nuestro sistema asegurar una mayor transparencia y una normativa específica de los grupos de interés.

* Rotondo Ruiz, M. R. y Rubio Núñez, R. (2017): “Spain”. En Alberto Bitonti y Phill Harris (eds.), Lobbying in Europe: Public Affairs and the Lobbying Industry in 28 EU Countries (pp. 313-324). Londres: Palgrave McMillan.
* Mamontova, E.; Buryk, Z.; Strikha, L.; Vonsovych, S.; Vopayeva,T., y Baranova, O. (2021): “The modern experience of lobbying interests in Europe”. Estudios de economía aplicada, 39(8), 5.