Actividades
Conferencia “El ‘principio de no punición’ a las víctimas de trata. Al tiempo, una reflexión sobre la respuesta penal ante situaciones de pobreza y vulnerabilidad”
La profesora Margarita Martínez Escamilla, Investigadora Principal de IUSMIGRANTE, intervino el 21 de septiembre de 2022, en el Seminario de profesores, Universidad de Chile, Santiago de Chile.
Seminario temático sobre “Salud Mental y Prisión”
El Prof. Xabier Etxebarria Zarrabeitia, como miembro del Proyecto I+D+i Iusmigrante, organizó en colaboración con la European Prison Litigation Network, el seminario temático sobre “Salud Mental y Prisión”. Este seminario se enmarcó en el encuentro de trabajo sobre el proyecto “IMPACT OF EUROPEAN INTERVENTION ON STRUCTURAL PROBLEMS IN PRISONS”.
Mesa debate: "Entre sueños y engaños. La esclavitud de la trata"
La profesora Margarita Martínez Escamilla, Investigadora Principal de IUSMIGRANTE, intervino el día 16 de junio en la mesa debate "Entre sueños y engaños. La esclavitud de la trata".
La sesión tuvo lugar en la Sala de Protocolo Nouvel del Museo Nacional Reina Sofía y contó con la participación de Helena Maleno (Periodista e Investigadora miembro del colectivo "Caminando Fronteras"), y las profesoras Tania García Sedano (Universidad Carlos III de Madrid) e Inmaculada Antolínez (Universidad de Cádiz). Patricia Fernández Vicens, abogada en la Fundación "La Merced Migraciones", fue la moderadora del debate.
I Seminario de Justicia Climática y Derecho Penal
La profesora Ascensión García Ruiz, miembro del equipo de investigación de Iusmigrante, participó como ponente invitada el día 19 de mayo de 2022 en el I Seminario de Justicia Climática y Derecho Penal con una conferencia titulada "Blue Criminology: de la Green Criminology a la criminalidad medioambiental en el entorno marino y oceánico". En ella, abordó la problemática de los delitos criminalizados así como los daños legalmente perpetrados en el entorno oceánico desde una perspectiva global jurídica y criminológica.
La sesión se celebró en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, organizada por el GIR Diversitas del Área de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, y fue dirigida por Nieves Sanz Mulas, Catedrática de Derecho Penal de la USAL e investigadora responsable del GIR Diversitas. En el evento también participaron Teresa Fajardo del Castillo (Universidad de Granada), Adán Nieto Martín (Universidad de Castilla La Mancha) y Nuria Matellanes Rodríguez (Universidad de Salamanca).
Webinar "Cambio climático y Criminología: nuevos retos en seguridad ante la emergencia climática"
Acceso en el siguiente ENLACE
Seminario Iusmigrante: «Samba Martine y los CIE: nueve años después»
El pasado viernes 18 de diciembre de 2020 tuvo lugar una nueva sesión del Seminario Permanente Iusmigrante titulada «Samba Martine y los CIE: nueve años después». En esta ocasión, el motivo de encuentro fue rendir homenaje a Samba Martine en el aniversario de su fallecimiento, repasar las claves jurídicas del litigio que tras su muerte desde Iusmigrante, junto con otras entidades y personas, impulsamos, así como el papel de los CIE en la actual política migratoria y de derechos humanos. Para ello, contamos con la intervención de Margarita Martínez Escamilla (Catedrática de Derecho Penal, Universidad Complutense), Pablo Adrián Sainz (Integrante de la Red Solidaria de Acogida), Iván Lendrino (Coordinador del Programa CIE del Servicio Jesuíta de Atención al Migrante), Ramiro García de Dios (Magistrado, antiguo Juez de control del CIE de Madrid) y Juan Diego Botto (Actor y dramaturgo). La sesión fue moderada por Esther Ferrero (Periodista y Directora de Efecto Doppler, Radio 3).
El seminario comenzó recordando quién era Samba Martine de la mano de Pablo Adrián Sainz: una persona migrante que llegó a Melilla en agosto de 2011. Allí fue llevada al CETI y en el hospital comarcal de la ciudad le fue detectado el virus de la inmunodeficiencia humana. Tras tres meses, Samba Martine fue derivada desde Melilla al CIE de Aluche en Madrid, donde permaneció 39 días. Durante ese periodo solicitó asistencia médica en numerosas ocasiones, aunque solo hubo intérprete en una de ellas. En todas estas ocasiones tan sólo se le prescribieron paliativos para mitigar los síntomas, pero no se le hicieron pruebas diagnósticas para averiguar la causa de mal estado de salud. Solo fue derivada al Hospital 12 de octubre pocas horas antes de su muerte el 19 de diciembre de 2011, cuando su estado era de extrema gravedad. El historial médico que tenía en Melilla y donde constaba su precario estado de salud, se perdió, supuestamente fue entregado a la policía que la custodiaba durante el traslado del CETI al CIE.
En segundo lugar, Margarita Martínez Escamilla puso de manifiesto el significado de resarcimiento que ha supuesto el reconocimiento por el Estado de su responsabilidad patrimonial por la muerte de Samba Martine. Un resarcimiento no solo indemnizatorio para la familia de Samba Martine, sino sobre todo un reconocimiento moral ante la dejación del Estado sobre una persona que tenía privada de libertad. Su muerte no fue un mero accidente. La Administración ha reconocido que hubo un mal funcionamiento y ausencia de coordinación entre el CETI de Melilla y el CIE de Aluche, especialmente por la ausencia de un protocolo para la derivación de informes médicos. Protocolo inexistente a día de hoy. También reconoce la deficiente atención médica prestada por la empresa SERMEDES, con la que se había contratado la atención médica en los CIE.
La profesora Martínez Escamilla también explicó que antes de este reconocimiento del Estado hubo un procedimiento penal que terminó con la absolución del único médico que se sentó en el banquillo. Otro médico y otra enfermera procesados por la muerte, no fueron finalmente juzgados por encontrarse huidos de la justicia y en paradero desconocido. Pese a la absolución, la larga instrucción de ocho años permitió que en la sentencia se pusieran de manifiesto las circunstancias en que murió Samba Martine, las deficiencias en la coordinación entre el CETI y el CIE y en la prestación de la asistencia médica. Sobre esta base, el Consejo de Estado emitió un dictamen favorable a la asunción de responsabilidad patrimonial, lo que precipitó su asunción por el Estado. Por último, se quejó de la dificultad para llevar a los tribunales las lesiones de derechos que se producen en el interior de los CIE y lamentó la nula implicación del Ministerio Fiscal en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de Samba Martine.
En tercer lugar, el magistrado Ramiro García de Dios centró una buena parte de su intervención en cuestionar la existencia de los CIE. Su experiencia como Juez de control del CIE de Aluche le lleva a considerar que se trata de centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial. Además, como explicó en el turno de preguntas, la creación en 2009 de la figura de los Jueces de control no cuenta con los medios jurídicos necesarios ni con la colaboración policial adecuada para cumplir satisfactoriamente su función. A veces es visto como «intruso» en el sistema policial que rige los CIE.
En cuarto lugar, Iván Lendrino, Director de Pueblos Unidas, entidad que ha acompañado a la familia de Samba durante estos años y Coordinador del Programa CIE del Servicio Jesuita a Migrantes, ofreció los datos que se conocen del estado actual de los CIE tras su reapertura en las últimas semanas. Este destacó la desigualdad de regímenes entre centros y la falta de protocolos para evitar contagios de COVID. De hecho, actualmente consta un brote en el CIE de Barcelona. Asimismo, recordó que recientemente se han practicado repatriaciones de nacionales de Argelia sin notificación previa y que sigue habiendo menores de edad en los CIE.
Por último, Juan Diego Botto, que en 2012 estrenó la obra de teatro «Un trozo invisible de este mundo», relató cómo llegó hasta la historia de Samba Martine, de la mano de Pablo Adrián Sainz y otras entidades. Con un emotivo recuerdo, explicó la dureza del último adiós a Samba Martine en el cementerio sur de Madrid. El dolor de la madre, el sufrimiento de una hija. Juan Diego ve necesario contar estas historias personales para demostrar que detrás del conocimiento estadístico hay realidades con las que de otro modo no empatizaríamos. Es conociendo estas realidades como se avanza.
Tras estas intervenciones se abrió un vivo turno de preguntas sobre cuestiones jurídicas y de orientación pro futuro en la dignificación de la política migratoria y de derechos humanos. Agradecemos a todos los asistentes y a los intervinientes su participación.
El seminario se encuentra disponible en: YouTube
Texto: Francisco de la Fuente
6/02/2020. Seminario permanente IUSMIGRANTE: «TARAJAL: CLAVES JURÍDICAS»
El pasado jueves 6 de febrero de 2020, en el Aula Polivalente de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, organizada por el Proyecto Iusmigrante en el marco del Memorial por las víctimas del Tarajal. El acto titulado «Tarajal: Claves jurídicas» fue presentado por la profesora Margarita Martínez Escamilla y en esta ocasión, contamos con la intervención de Patricia Fernández Vicens, Letrada de la acusación popular ejercida por Coordinadora de Barrios, y José Miguel Sánchez Tomás, profesor de Derecho penal de la Universidad Rey Juan Carlos.
En primer lugar, tanto en la presentación como en la ponencia de Patricia Fernández se recordaron los hechos que acontecieron el 6 de febrero de 2014, hace seis años, en la playa del Tarajal situada en la frontera entre Marruecos y la ciudad de Ceuta. En un primer lugar, las diligencias previas del procedimiento 123/2014 del Juzgado de Instrucción nº6 de Ceuta son iniciadas como consecuencia del fallecimiento de 14 personas y la devolución en caliente de otras 23, tras el intento por parte de la Guardia Civil de repeler su entrada en territorio español.
Según la Letrada de la acusación popular, durante esta primera fase de instrucción las dificultades para acceder a información sobre los hechos fueron francamente notables. Algunos de los obstáculos que se sucedieron durante la investigación son entendidos como una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, como ocurre por ejemplo con las deficiencias en las autopsias practicadas. Así mismo, los familiares de las víctimas intentaron personarse como acusación particular y así lo manifiestan públicamente en varias ocasiones, sin embargo, esta posibilidad es denegada, lo que determinará el archivo de la causa en aplicación de la Doctrina Botín por la ausencia de acusación fiscal y particular, aunque en el Auto de sobreseimiento se reconozca la existencia de indicios de delito. Este último auto de sobreseimiento al tiempo de la mesa redonda se encontraba recurrido por las acusaciones populares. En definitiva, la dificultad de esclarecer los hechos hace imposible el cumplimiento de los derechos humanos.
En segundo lugar, José Miguel Sánchez Tomás señaló la conveniencia de aplicar en este caso la Doctrina Atutxa en lugar de la Doctrina Botín como consecuencia de la existencia de indicios de delitos considerados supraindividuales, lo que determinaría que la presencia de acusación popular pudiera dar lugar a la apertura del juicio oral. Desde el prisma del Derecho regional e internacional de los derechos humanos, las decisiones judiciales de sobreseimiento en el caso Tarajal han de ser consideradas contrarias al artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de tal modo que mediante el Control de convencionalidad la interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe ser desplazada por el precepto mencionado que proclama el derecho a la vida. Esto ocurre como consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la medida en que considera que la vertiente procesal del derecho a la vida determina que los Estados no puedan obstaculizar la investigación de delitos contra la vida causados por agentes estatales. En definitiva, por esta razón, considera que debe la Audiencia Provincial de Cádiz revocar el archivo de la causa.
Texto: Mercedes Peláez Santos. Becaria de colaboración del Proyecto Iusmigrante
https://tribuna.ucm.es/43/art4011.php#.XkgyZ3dFyUk
2/07/2019. Seminario permanente IUSMIGRANTE: «Una reflexión sobre la severidad del Derecho de Extranjería en EEUU»
El pasado 2 de julio de 2019 tuvo lugar en la Sala de Juntas del Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal de la UCM una nueva sesión del Seminario Permanente IUSMIGRANTE. En esta ocasión contamos con la profesora Rachel Rosenbloom de la Northeastern University (EEUU) que presentó una ponencia titulada «Una reflexión sobre la severidad del Derecho de Extranjería en EEUU». El seminario fue presentado por la profesora Margarita Martínez Escamilla y moderada por el profesor Pablo González Saquero.
La profesora Rosenbloom partió de la necesidad de ofrecer un nuevo marco analítico en el tratamiento de la inmigración, un marco que amplíe la actual perspectiva centrada en el incremento de la represión. Para ello, comenzó por la contextualización de la teoría de la crinmigración. Explicó que se identifican cinco componentes de la criminalización del Derecho migratorio:
- Expansión de los derechos de los inmigrantes durante la década de 1970 y posterior retroceso durante la década de 1990.
- Cambio de la tolerancia política y legal hacia los inmigrantes irregulares.
- Expansión de los motivos penales de expulsión.
- Interés en involucrar a la policía municipal y estatal en hacer cumplir las leyes de inmigración.
- Aproximación a la inmigración como un problema de seguridad nacional y no de derechos civiles.
Utilizando este marco de crimigración, hasta ahora el tema dominante es el aumento de la severidad: aumento en el número de inmigrantes detenidos al día, aumento en el número de expulsados por año, etc. La crítica de severidad ocupa a la mayor parte de la literatura sobre crimigración. Sin embargo, sería un análisis incompleto. Afirma que el Derecho migratorio también se ha vuelto más generoso, existiendo un proceso donde se pueden encontrar ambos caracteres.
Entre estos elementos «positivos» se encontrarían una serie de medidas que en EEUU se conocen como «formas de alivio discrecional», es decir, un grupo de medidas que permiten al inmigrante adquirir o retener el estatus legal, dependientes en muchas ocasiones de la discreción de la Administración. Así, en 1990 el Congreso creó el estatus especial para jóvenes inmigrantes en caso de que hayan sido abandonados o abusados por sus padres. También se introdujeron disposiciones en materia migratoria en la ley contra la violencia familiar. Asimismo, el Congreso ha creado dos visados especiales: Visado U para víctimas de actos criminales, violencia doméstica, etc., y visado T para, entre otras, víctimas de trata.
Para comprender la situación entiende útil estudiar (i) la literatura de los movimientos feministas, los cuales han podido contribuir al denominado “Estado de bienestar penal”; y (ii) la literatura en criminología. Sostiene que el legislador americano gobierna a través del delito, lo que da lugar a que el crimen se haya convertido en un problema estratégico porque para prevenir el delito se actúa “legítimamente”. También se observa que algunas políticas intervienen a través del delito para lograr otras motivaciones. Y afirma que la justicia penal y las metáforas sobre seguridad se han convertido en el marco dominante.
Por último, aunque entiende que los desarrollos de la época de crinmigración sí construyeron una base para las políticas actuales. Sin embargo, no cree que las políticas actuales sean una aceleración de lo anterior. La Administración de Trump muestra una actitud xenófoba y racista hacia los inmigrantes que no es propia de la crinmigración. Para la crinmigración propia de gobiernos anteriores cabe la duda, los inmigrantes pueden ser buenos o malos en función de su comportamiento y situación, para esta política siempre son rechazables.
Texto: Francisco de la Fuente
21/03/2019. Seminario permanente IUSMIGRANTE: «La víctima de trata como autora de delitos. Problemas aplicativos de la excusa absolutoria del art. 177 bis CP»
El pasado jueves 21 de marzo de 2019, en el marco de la I Semana contra la trata de seres humanos organizada por el Proyecto I+D+i «Movilidad humana: entre los derechos y la criminalización» (DER2016-74865-R), tuvo lugar una nueva sesión del Seminario permanente IUSMIGRANTE titulada «La víctima de trata como autora de delitos. Problemas aplicativos de la excusa absolutoria del art. 177 bis CP». En esta ocasión participaron como ponentes Dña. Natividad Plasencia Domínguez (Fiscal Delegada de Extranjería de Sevilla) y Dña. Elena Arce Jiménez (Jefa del Área de Migraciones e Igualdad de Trato, Defensor del Pueblo), siendo moderadora la investigadora del proyecto y Prof. Dra. Margarita Valle Mariscal de Gante.
En primer lugar, Natividad Plasencia señaló con carácter general que tras la introducción por LO 5/2010 de la excusa absolutoria para delitos cometidos por víctimas de trata, solo deberían quedar excluidos de su ámbito de aplicación aquellos cometidos de forma libre y autónoma. A continuación pasó a describir la práctica con la que se han encontrado en los tribunales durante los últimos años, haciendo hincapié en que se trata de proceso que abarca diferentes actividades de un iter largo y complejo, comenzando por unas captaciones que muchas veces han detectado que procede desde los propios núcleos familiares.
Asimismo, también se abordaron cuestiones procesales. Hay ocasiones en que es a lo largo del proceso penal cuando se identifica que estamos ante una víctima de trata, a lo que recomendó continuar en el procedimiento principal salvo en los casos previstos en el art. 17 LECrim (excesiva complejidad o dar lugar a una dilación). También hay casos en que los indicios de que estamos ante una víctima de trata se han puesto en conocimiento de las autoridades judiciales con posterioridad a la condena, para lo cual se acude al recurso extraordinario de revisión.
Pese a ello, incidió en que un importante número de identificaciones de víctimas de trata se logra extrajudicialmente por la UCRIF, perteneciente al cuerpo de Policía de Nacional. Esto no es vinculante en el proceso penal y se están encontrando casos en que una vez en el proceso la víctima se ve presionada por su entorno para no declarar o decide no participar (es su derecho, no su obligación) y ello conlleva serias dificultades tanto para aplicar la excusa absolutoria como para condenar a los presuntos tratantes. En estos casos, se podría intentar aplicar a la víctima de trata una eximente completa o incompleta.
Para concluir se centro en la STS 214/2017, la cual señala que la víctima de trata tiene una serie de mecanismos de tutela y entre ellos la excusa absolutoria o la posibilidad de regularizar la situación administrativa. Pese a lo que pudiera parecer apriorísticamente, esto no priva de valor la declaración que las víctimas puedan prestar en el proceso penal. No podemos olvidar que se trata de salvaguardar sus derechos humanos, se trata de evitar la victimización secundaria. Por tanto, sería contrario a estos objetivos el que el testimonio de la víctima se invalide y para comprobar su verosimilitud se acude a la corroboración periférica y objetiva.
En segundo lugar, Elena Arce comenzó indicando que dentro de las “P´s” que informan el tratamiento de este fenómeno (prevención, protección, persecución y partenariado), el Defensor del Pueblo se centra en la protección de las víctimas, aludiendo a la reflexión de la Oficina contra el Crimen Organizado de la ONU para recalcar la importancia de esta perspectiva: los Estados a veces utilizan a las víctimas para recabar información contra las organizaciones de crimen organizado, es decir, son instrumento y no fin. El Defensor del Pueblo parte de que el fin es la protección de las víctimas.
A continuación denunció los grandes problemas de identificación que existen en España. Las cifras reales en nuestro país de víctimas de trata alcanzan los cuatro dígitos mientras que las estadísticas oficiales son ridículas quedándose en apenas doscientas personas. De hecho, el Comité de Expertos creado por el Convenio de Varsovia (Consejo de Europa) para la evaluación del grado de cumplimiento por parte de España no es especialmente positivo. Recomendó por ello el análisis del reciente II Informe de Evaluación a España del Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la trata de seres humanos (junio, 2018). Quizás en este sentido uno de los grandes avances tiene que venir porque la identificación de una persona como víctima de trata no dependa de la existencia de evidencias suficientes para el inicio del proceso penal.
En este sentido, las consecuencias de la identificación errónea son muy graves, como la detención inmediata o la deportación. La representante del Defensor del Pueblo concluyó que España no tiene un proceso de identificación compatible con el art. 10 del Convenio de Varsovia. Por último, se centró en los principios que deben ser tenidos en cuenta durante las entrevistas con víctimas de trata, que podemos resumir en: no causar daño, seleccionar adecuadamente el intérprete, autorización constante, escuchar y respetar la evaluación de cada persona acerca de la situación y riesgos de seguridad, evitar traumatizar de nuevo o controlar que la información recopilada se use correctamente ligada a protocolos de actuación de víctimas de trata.
Texto: Francisco de la Fuente
Seminario IUSMIGRANTE: PERSONAS EXTRANJERAS CONDENADAS A PRISIÓN: CUMPLIMIENTO VERSUS EXPULSIÓN
El pasado jueves 7 de febrero de 2019, tuvo lugar en la Sala de Juntas del Departamento de Derecho procesal y Derecho penal de la Universidad Complutense, una nueva edición del Seminario Iusmigrante, con una mesa titulada “Personas extranjeras condenadas a prisión: cumplimiento versus expulsión”, moderada por el profesor José Antonio Tomé García y en la que intervinieron como ponentes el profesor Juan Lacruz López (UNED) y la abogada especialista en Derecho penitenciario y extranjería, Cristina Almeida Herrero.
En primer lugar, el profesor Juan Lacruz presentó una ponencia sobre las formas de expulsión de extranjeros como sustitución de la pena en nuestro ordenamiento penal (art. 89CP), planteando la pregunta: ¿son un cuerpo extraño del Derecho penal? Pregunta que respondió analizando su encaje desde una teoría unitaria de la pena.
Desde la perspectiva de la retribución, tiene muy serios problemas por exceso. La expulsión resulta más gravosa que la pena a la que sustituye (son sustituibles las penas de prisión superiores a 1 año) y se producen problemas de aplicación de la cláusula de salvaguarda del art. 89.4.1ºCP. Por defecto, en algunos casos, la expulsión puede favorecer la delincuencia trasnacional. Desde la perspectiva de la prevención general, criticó que solo se focaliza en un sector de la población, dando lugar a una discriminación por nacionalidad y que cuando la expulsión se ve que como algo positivo por el extranjero, puede tener efectos criminógenos. En cuanto a la prevención especial positiva, es inexistente porque su expulsión no camina hacia la reinserción social reconocida constitucionalmente en el art. 25.2CE. Y desde la perspectiva especial negativa, tendría un efecto (solo aparente) de reducción de la criminalidad dentro de nuestras fronteras.
En definitiva, concluye que la expulsión por sustitución es (i) una concepción arcaica de la soberanía nacional y de la protección del orden social; (ii) una visión poco efectiva del control de los flujos migratorios; (iii) un injustificable quebranto de la igualdad material; e (iv) innecesario porque contamos con otras figuras como el cumplimiento de la pena en España o en el país de origen. Calificándola como cuerpo no extraño del actual Derecho penal de la seguridad (aparente).
En segundo lugar, la abogada Almeida presentó los problemas prácticos que los abogados penalistas se encuentran en la aplicación de esta figura. Comenzó su intervención recordando la reducción de la población penitenciaria en España y señaló que alguna de sus causas serían la reducción de la población extranjera o el mayor arraigo de la que había llegado -que puede evitar la prisión provisional como medida cautelar-.
Recomendó a los abogados que centren su defensa en las limitaciones a las expulsiones que recoge la propia normativa de la UE a través de la Directiva 2004/38 -art. 27 y 28-; en la existencia de una residencia de larga duración; y en los límites a las expulsiones derivados del CEDH y de la jurisprudencia del TEDH.
Durante el procedimiento penal, y como ya se ha puesto de manifiesto por anteriores ponentes del Seminario, destacó problemas por la escasez de intérpretes o la importancia del tipo de conformidades que se aceptan a efectos de la cancelación de los antecedentes penales -que dificultan el arraigo-.
Otros de los aspectos que se abordó fue la denominada “expulsión híbrida regulada en el art. 57.7 LOEx, otros detalles de la declaración de arraigo y, a este fin, la puesta en marcha de un “protocolo” para evaluar la posibilidad de revocar las sentencias donde no se reconoce el arraigo mediante la solicitud de todos aquellos documentos probatorios del arraigo no tenidos en cuenta durante el proceso.
Para facilitar la labor a todo abogado penalista y de extranjería y siguiendo el espíritu de divulgación del Seminario, el tratamiento de estas y otras cuestiones se ha puesto a su disposición mediante el envío de unos materiales informativos redactados por la ponente, miembro del Proyecto Iusmigrante.
Texto: Francisco de la Fuente
Seminario IUSMIGRANTE: ASILO POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL: DE LA CRIMINALIZACIÓN A LA DESPROTECCIÓN
El pasado martes 18 de diciembre de 2018 se celebró en la Sala de Juntas del Departamento de Derecho Procesal y Derecho penal una nueva sesión del Seminario Iusmigrante. En esta ocasión el tema abordado fue «Asilo por motivos de orientación sexual: de la criminalización a la desprotección». Moderado por José Miguel Sánchez Tomás, intervinieron como ponentes Juan Carlos Arnáiz, Oficial de Protección Adjunto de ACNUR, y Paloma Favieres, Coordinadora estatal del Servicio Jurídico de CEAR.
Juan Carlos Arnáiz centró su intervención en la protección internacional de las personas refugiadas LGTBI. Tras un relato de algunas historias que se encontraron, explicó que el nivel de solicitudes de asilo por razones de género ha aumentado considerablemente a nivel global. Sin embargo, subyacen bastantes problemas tanto en el propio procedimiento como por la situación en que se encuentran en algunos Estados. Así, incluso en países como España es necesaria la formación y sensibilización del personal encargado de la acogida, por ejemplo, en centros como los CETI. Por otro lado, denunció la situación en que quedan atrapados miembros de la comunidad LGTBI en Estados que no atienden su situación de vulnerabilidad o, incluso, donde llegan a estar criminalizados.
Paloma Favieres se centró en la práctica a que se enfrentan los agentes, tanto jurídicos –abogados- como de otra índole, en el apoyo a estas personas. Tras una crítica a la vaguedad e indeterminación de algunos términos recogidos en la Ley de Asilo, que dificulta su trabajo de asistencia letrada, señaló que las principales dificultades que tienen para atender a estas personas se dan en frontera, donde no hay apoyo de asociaciones o academia. Como elementos que necesitan mejora se encuentra la confidencialidad en las entrevistas a los solicitantes de asilo, dado que los lugares en que se realizan destacan por su masificación y se mostró especialmente crítica con la todavía existencia de «test de homosexualidad», hoy introducidos al hilo de la entrevista en lugares de entrada como el aeropuerto Madrid-Bajaras.
Como en otras ocasiones, posteriormente se abrió un intenso debate donde, entre otras temáticos, se abordaron los problemas de los solicitantes de asilo LGTBI procedentes de Marruecos, la situación de los intérpretes en los interrogatorios y la necesidad de apoyo psicosocial en el expediente de asilo.
Texto: Francisco de la Fuente
Seminario IUSMIGRANTE: «MENORES MIGRANTES en la Frontera Sur», 29/05/2018
El pasado martes 29 de mayo de 2018 se celebró una nueva sesión del Seminario IUSMIGRANTE en la Sala de Juntas del Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. En esta jornada intervinieron el activista y miembro de la asociación PRODEIN Melilla, José Palazón Osma, la abogada del Servicio Jesuita de Atención al Migrante y miembro del proyecto María Vieyra Calderoni y la profesora y directora del OCSPI, Elisa García España.
José Palazón Osma presentó un recorrido sobre la situación que se vive en la ciudad de Melilla y las dificultades a que se enfrentan los menores no acompañados, por la escasa y deficiente protección que las autoridades les proporcionan. Discrecionalidad casi arbitraria y ausencia de oportunidades y perspectivas de futuro para los menores serían las notas que caracterizan su situación en la ciudad autónoma.
María Vieyra explicó los diferentes tipos de migrantes que confluyen en la Frontera Sur, en concreto en su experiencia en Melilla, como lugar de tránsito. También incidió en las difíciles condiciones en que se encuentra y que ofrece el centro de acogida de la Purísima (Melilla), impulsando a que parte de los menores prefieran vivir en la calle e intenten colarse en barcos para llegar a la península. En cuanto a los problemas a que se enfrentan los servicios de apoyo a estos menores, desde una perspectiva jurídica, señaló entre otros: los problemas de identificación y, en concreto, de determinación de la edad en tanto las pruebas radiográficas tienen un margen de error elevado; que no se admite ninguna forma de impugnar el Decreto de la Fiscalía; que la Consejería de la ciudad autónoma de Melilla no facilita documentación como la tarjeta de residencia una vez alcanzan la mayoría de edad; el espacio para la corrupción y los obstáculos prácticos en la relación con la Administración; o la elevada ocupación en los centros de la ciudad que superan el triple de su capacidad.
Elisa García explicó el proyecto que están comenzando en Ceuta tras un acuerdo entre la Universidad de Málaga y la Ciudad Autónoma. Se trata de un programa para prevenir la delincuencia juvenil de los menores que se encuentran en situación de desprotección, desde la perspectiva de la tutela de aquellos y no tanto desde una perspectiva de seguridad ciudadana. Muchos de los factores de riesgo que impulsan la delincuencia confluyen en los menores, ante las difíciles situaciones a que se enfrentan. Para ello, el proyecto se dividirá en tres etapas en las que con varios trabajadores y la ayuda de voluntarios se quiere dar un seguimiento individualizado a sus situaciones y promover las condiciones para su formación e inserción en la sociedad.
Texto: Francisco de la Fuente
Informe CIE 2017: “Subsaharianos en el CIE de Aluche: urge otra mirada, urge otro modelo de acogida”
Margarita Martínez Escamilla, Catedrática de Derecho penal e Investigadora Principal del Proyecto IUSMIGRANTE, participó en la presentación del Informe CIE 2017: “Subsaharianos en el CIE de Aluche: urge otra mirada, urge otro modelo de acogida”, elaborado por Asociación KARIBU.
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Jornada organizada en el Colegio de Abogados de Madrid
El pasado martes 17 de abril de 2018, la sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Madrid, presidida por Carlos Brito Siso, investigador de iusmigrante, organizó una Jornada que centró su atención en la figura de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Contó con la participación de Margarita Martínez Escamilla, investigadora principal de iusmigrante. Asimismo, participaron Santiago Yerga Cobos, Técnico de la Unidad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo, y, Ana Bosch, Abogada de la Unidad de Atención Jurídica y CIE de Pueblos Unidos.
La moderación estuvo a cargo de José Miguel Sánchez Tomás, investigador de iusmigrante.
Info: web ICAM
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Seminario IUSMIGRANTE
El jueves 16 de noviembre de 2017 tuvo lugar una nueva sesión del seminario permanente IUSMIGRANTE que versó sobre «Las devoluciones en caliente tras la STEDH de 3 de octubre de 2017 (as. N.D. y N.T. c. España)». En esta ocasión, los ponentes fueron Patricia Fernández Vicens y José Luís Rodríguez Candela (abogados), quienes conocen de primera mano esta realidad y actualmente se encuentran llevando dos causas contra España ante el TEDH por este tipo de devolución ilegal.
Desde el año 2005, cuando se produjo la crisis migratoria en la frontera sur, se ha convertido en una práctica sistemática las devoluciones «en caliente» de inmigrantes que alcanzan territorio nacional.
El proceso para lograr una sentencia en este sentido ha sido largo. Pese a que el Defensor del Pueblo ya advertía la ilegalidad de estas prácticas.
Como expusieron los ponentes, la STEDH reconoce que España ha vulnerado el art. 4 del Protocolo IV (prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros) y del art. 13 CEDH, en relación con el anterior derecho a un recurso efectivo contra una expulsión colectiva de extranjeros). El Estado español alegó falta de agotamiento de la vía judicial nacional previa, pero el TEDH entendió que precisamente la forma sumaria en que se practicó la expulsión impidió el acceso al recurso.
Desde la publicación de la sentencia comienza el cómputo del plazo de tres meses por el que el Estado puede recurrir la sentencia ante la Gran Sala del TEDH. La posición del Estado todavía no ha sido definida, pero se advirtió que en caso de elevar recurso ante la Gran Sala los dos procedimientos de que son parte los ponentes podrían, también, ser elevados directamente para un pronunciamiento conjunto o, alternativamente, podrían quedar a la espera de la resolución de aquella.
Reseña: Francisco de la Fuente
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Presentación informe OCSPI
La Profesora Margarita Martínez Escamilla, Catedrática de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid e Investigadora Principal del Proyecto IUSMIGRANTE, participó en la presentación del informe “Razones para el cierre de los CIE: del reformismo a la abolición”.
En el informe colaboraron los Profesores Julián Ríos Martín y José Miguel Sánchez Tomas, Investigadores del I+D+i IUSMIGRANTE.
Se encuentra disponible en: https://ocspi.files.wordpress.com/2017/07/razones-para-el-cierre-de-los-cie-del-reformismo-a-la-abolicion.pdf
Málaga, 04 de julio de 2017.
Margarita Martínez Escamilla: «La inmigración irregular y su criminalización»
Los días 01 y 02 de junio de 2017, se celebró en Lleida, el 32º Congreso: «MIGRACIÓN, REFUGIO, IGUALDAD», organizado por Jueces para la Democracia, el cual contó con la participación de la Investigadora Principal Margarita Martínez Escamilla, Catedrática de Derecho penal, quien presentó la ponencia «La inmigración irregular y su criminalización».
http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2017/06/Programa-32-Congreso-1.pdf
“Razones para el cierre de los CIE: del reformismo a la abolición”
l próximo martes 4 de julio de 2017, se presenta en la Sala de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, el informe “Razones para el cierre de los CIE: del reformismo a la abolición”.
En el acto intervendrá la Profesora Margarita Martínez Escamilla, Catedrática de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid e Investigadora Principal del Proyecto IUSMIGRANTE, quien ha colaborado en la elaboración del referido informe.
Seminario IUSMIGRANTE
El pasado jueves 25 de mayo de 2017, se celebró en la Sala de Junta del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UCM el Seminario permanente IUSMIGRANTE.
Intervinieron como ponentes D. Margarita Martínez Escamilla (Catedrática de D. Penal UCM e investigadora principal del proyecto), María Valle Maestro (Magistrada del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm.2 de Melilla) y José Luís Villena Higueras (Prof. de Educación en la Universidad de Granda –Campus de Melilla-).
En el seminario se presentó el libro “Derechos humanos y justicia universal en la frontera sur” y se analizaron y debatieron, entre otros, los siguientes puntos:
- Estructura y funcionamiento de los puestos fronterizos, vallado y campamentos de migrantes en los alrededores de la Ciudad Autónoma.
- Procedimientos recogidos en la Ley de Extranjería y volumen que supone cada uno actualmente en los Juzgados de Melilla.
- D.A. 10ª de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana por la que se establece la figura de los rechazos en frontera y su aplicación.
Se produjo un enriquecedor debate, entre otros puntos, se discutieron vías judiciales internas e internacionales, para plantear que los actos de la Administración se apartan de nuestro ordenamiento jurídico.
Jornada: “El internamiento de personas extranjeras en el campo de Gibraltar. Especial consideración a los CIE de Algeciras y Tarifa”
El pasado 21 de abril de 2017, se celebró la Jornada: “El internamiento de personas extranjeras en el campo de Gibraltar. Especial consideración a los CIE de Algeciras y Tarifa”, organizada por el Seminario internacional permanente sobre temas penales (Universidad del Cádiz) y el Proyecto I+D+i Iusmigrante (DER2016-74865-R) (AEI/FEDER, UE) (Universidad Complutense de Madrid).
En la jornada se debatió e informó sobre las principales cuestiones del régimen jurídico y de la realidad del internamiento de personas extranjeras y de los Centros de Internamiento.
