9 mar 2026 - 13:22 CET

El pasado martes, 3 de marzo de 2026, Isabel Díaz Ayuso y los rectorados de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (CM) escenificaron la firma de un acuerdo de financiación plurianual hasta 2031. La teatralización se puede resumir en una palabra: estafa. La principal prueba de ello es que, en un nuevo acto de desprecio hacia la comunidad universitaria y sus reivindicaciones, la CRUMA se niega a compartir el texto del acuerdo.

Los rectorados continúan negociando de espaldas a la comunidad educativa, organizada en torno a la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública. Frente al intento de silenciar todo posicionamiento crítico con las políticas en materia educativa del Gobierno de la CM con el gran acto mediático del pasado martes, nos vemos en la obligación de aclarar los aspectos fundamentales de este acuerdo basándonos en las cifras que se han publicado.

Los datos que se han anunciado arrojan un escenario muy diferente al supuesto aumento de la inversión que se ha vendido públicamente. El único hito confirmado hasta el momento es que la comunidad más rica del estado vuelve a mostrar su voluntad política de infrafinanciar la enseñanza universitaria pública, mientras la presidenta del gobierno regional miente al afirmar que quieren garantizar la suficiencia económica. De las pocas cifras generales que tenemos, podemos sacar dos conclusiones muy claras.

La primera es que el esfuerzo presupuestario de la CM se mantendrá para 2031 al mismo nivel que viene siendo la tónica desde hace años: por debajo del 0,5% con respecto al PIB regional, aun basándonos en estimaciones conservadoras. En comparación con los niveles medios de inversión europeos y de la OCDE, es notoriamente insuficiente. Esto contraviene la normativa estatal, que establece como objetivo para 2030 alcanzar el 1% del PIB en financiación para las universidades públicas. Además, este plan plurianual consolida una infrafinanciación estructural insuficiente para el normal funcionamiento de la universidad durante los próximos seis años.

El ejemplo de la Complutense es meridiano. Hace un par de semanas aprobó un Plan Económico Financiero (PEF) para corregir el déficit presupuestario que, debido a la infrafinanciación pública, arroja la universidad. El propio análisis contenido en el PEF deja claro el estancamiento de las transferencias autonómicas frente al aumento de costes salariales, de seguridad social y otras partidas básicas, resultado principalmente del propio crecimiento vegetativo de la plantilla. Pese a ello, el PEF propone una serie de recortes para lograr reducir hasta 2028 el déficit presupuestario que durante los últimos años ha ido agotando el remanente de tesorería de la universidad. A partir de dicho año se considera que podrán empezar a devolver los 34,4 millones de euros del préstamo más los intereses. No obstante, este es el escenario más optimista que plantea el Plan Económico Financiero.

Puesto que el ajuste presupuestario no depende solamente de los recortes que la Complutense lleve a cabo, sino también del dinero que aporte la CM, el equipo de la Vicerrectora de Economía ha elaborado dos escenarios alternativos: uno en el cual se contempla un incremento de la financiación autonómica del 3,5%, en lugar del 5% del escenario más optimista, y otro sin incremento de la financiación. ¿En qué escenario nos sitúan las cifras del acuerdo del pasado 3 de marzo? Según lo anunciado por la CM, la Complutense recibirá 2.914,2 millones de euros de aquí a 2031. Eso supone una transferencia nominativa anual media de 485,7 millones de euros. Lo cual, según los propios análisis del Vicerrectorado de Economía, significa que estamos en el peor escenario contemplado: incluso con los recortes planteados de aquí a 2028, seguiremos teniendo un déficit presupuestario de más de 34 millones de euros. Esa es la cantidad que ha habido que pedir prestada este año para poder hacer frente a gastos corrientes comprometidos como las nóminas. Y aun así se ha anunciado que no se podrá implementar todavía el incremento de las retribuciones para empleados y empleadas públicas de 2026, siendo la UCM, la única que no lo ha pagado. Por no mencionar que los y las contratadas predoctorales aún están esperando el de 2025.

Otro dato que resulta esclarecedor: el gasto de personal a cierre del último ejercicio auditado (2024) fue de 537 millones de euros, lo que contrasta con una nominativa propuesta para los próximos años que ni siquiera alcanza a cubrir este capítulo I de los presupuestos. Es decir, estamos por debajo del umbral mínimo necesario para sacar a la UCM de una situación de déficit, con un riesgo evidente de iliquidez y un horizonte de insolvencia. Tras el intento de maquillar la asfixia de las universidades públicas madrileñas con un estrangulamiento mediático, se esconde una realidad básica: mientras Isabel Díaz Ayuso habla de garantizar la suficiencia económica de las universidades públicas madrileñas, la CM sigue, de cara al año 2031, sin cubrir sus gastos básicos para mantenerse a flote. Esta es la realidad y no el relato mediático.

El caso de la UCM muestra de esta manera lo absurdo de firmar, e incluso celebrar, un acuerdo que mantiene recortes que implican pérdida de personal, deterioro evidente de la investigación y la docencia y unas condiciones laborales discriminatorias. Todo ello en una época, además, de bonanza económica de la CM. El resultado al que nos lleva este escenario que se abre con el plan plurianual de financiación es claro: si no se produce un incremento mucho mayor de la transferencia nominativa no queda otra alternativa que recortar más gastos, pedir (más) prestado o suspender pagos.

No sabemos cómo piensa pagar la UCM la deuda que la CM le está obligando a suscribir con ella misma. Lo que sabemos es que si nuestros rectorados no ejercen como representantes de los intereses de la universidad, y se ponen de lado del poder político que nos ahoga, nosotras seguiremos luchando por una universidad pública de calidad. No nos van a parar con una traición ni nos vamos a dejar engatusar con una estafa. Exigimos una defensa firme de la universidad pública por parte de quienes dicen representarla. Exigimos la suspensión y retirada del PEF y de todo recorte injustificado, derivado de la asfixia económica a la que deliberadamente nos somete el Gobierno de la CM, en connivencia con nuestro rectorado.