11 nov 2025 - 10:38 CET

El informe de auditoría de las últimas cuentas anuales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a cierre de 2024, apuntaban a una importante tensión de liquidez. En particular, el ratio de liquidez a corto plazo, que mide la capacidad de la universidad para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo a partir de los activos corrientes con los que cuenta, era de 0,91. Dicho de otro modo, por cada euro que la universidad debe a corto plazo, tan solo cuenta con 0,91 euros en activos líquidos.

Igualmente, en este informe de auditoría también se registra un Cash Flow negativo, es decir, que la universidad ha consumido más efectivo del que ha generado en el ejercicio. En otras palabras, la universidad ha generado menos efectivo del que ha necesitado, reduciendo la caja, lo que intensifica esa tensión de liquidez.

Todo ello no sería un problema si la universidad contara con una financiación pública suficiente, pues recordemos que el grueso de los ingresos de la UCM depende de las transferencias de la Comunidad de Madrid. Pero la asfixia económica a la que nos está sometiendo el gobierno de la Comunidad de Madrid a la universidad, en connivencia con nuestro rectorado, no solo amenaza la viabilidad de la universidad a medio plazo, sino que pone en cuestión los gastos operativos de su funcionamiento ordinario del día a día.

De hecho, en el propio informe de auditoría se concluye lo siguiente:

La Nominativa no cubre la totalidad del gasto del personal de plantilla. Los incrementos de Nominativa anuales están muy lejos de cubrir las subidas salariales (incremento 2,50%), los trienios (incremento del 3,56%), quinquenios (incremento 5,28%), sexenios (incremento 17,96%), Seguridad Social (incremento 5,65%), las ofertas de Empleo Público o los Planes de Actuaciones del Profesorado, entre otros conceptos.

En lo que va de año, con los datos de ejecución presupuestaria hasta el tercer trimestre de 2025 (incluido), lo que se observa es una brecha que se va acrecentando desde comienzos de año entre las obligaciones de pago reconocidas, principalmente en gastos corrientes y de capital, con respecto a los derechos de cobro reconocidos. Esto no solo implica un importante déficit en la ejecución presupuestaria, sino que añade mayor tensión al riesgo de liquidez, es decir, que el efectivo disponible no alcance para cubrir todos los compromisos.

En definitiva, los datos son claros y muestran una situación de enorme riesgo en la viabilidad de la universidad. Los anuncios de fuertes recortes incluidos en el Plan Económico-Financiero que el rectorado está negociando con la Comunidad de Madrid a espaldas del resto de la comunidad universitaria -y que debe ser aprobado en Consejo de Gobierno este mes de noviembre- son inaceptables. En tanto que la financiación de la universidad, como servicio público, corresponde en buena medida a la Comunidad de Madrid, solo se pueden interpretar estos recortes salvajes como la voluntad clara del gobierno de Ayuso de asfixiar a la universidad pública y someterla a una situación de colapso, para intervenirlos y favorecer así aún más la privatización del sistema universitario madrileño

Por ello, y como han denunciado hoy los 26 decanatos de la Complutense, la asfixia sigue a pesar del anuncio de migajas para los presupuestos de 2026. Por eso, tenemos que pararlo todo en la Huelga del 26 y 27 de noviembre. Porque, si nos atacan así en época de supuesta bonanza, ¿qué no nos harán cuando llegue una crisis?

¡Si no hay respiro para las Universidades Públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian!