Por Javier Dávalos González y Xira Ruiz Campillo

5/6/2026

 

Resumen: 

¿Por qué es importante la reunión de Santa Marta? Algunos países de la comunidad internacional se han reunido para impulsar el abandono de los combustibles fósiles. En un contexto de crisis del multilateralismo, la conferencia apostó por un formato más flexible e inclusivo, donde Estados y actores sociales dialogaron en condiciones más simétricas. Lejos de negociar nuevos compromisos, se avanzó en coordinar iniciativas, diseñar hojas de ruta y reforzar el papel de la ciencia. Santa Marta no cierra debates, pero sí abre un nuevo proceso político y social que podría redefinir la gobernanza climática global.

 

La Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, celebrada en Santa Marta, Colombia (24-29 abril 2026) ha representado una brisa fresca para la gobernanza climática internacional. Como comunidad internacional nos enfrentamos a una grave crisis del multilateralismo, donde no solo se cuestionan las instituciones internacionales, sino también la eficacia de sus instrumentos jurídicos para dar respuesta a los complejos problemas que plantea el contexto actual. A este escenario se suma la inestabilidad geopolítica —incluyendo Ucrania, Venezuela e Irán—, que, paradójicamente, pueden presentar una oportunidad para replantear la acción internacional en materia de transición energética. 

Así, la conferencia, con Colombia y Países Bajos como anfitriones, subrayó que reducir la dependencia de los combustibles fósiles es esencial para mantener un planeta habitable, garantizar la seguridad energética y fortalecer la resiliencia económica frente a mercados volátiles. Todo ello, nos parece, debería ser prioridad absoluta de los Estados.

Sin embargo, solo 57 países estuvieron presentes en Santa Marta. No es en absoluto un mal número, en particular si tenemos en cuenta que el tema principal a tratar era cómo abandonar los recursos fósiles, lo que tendrá un impacto colosal en la forma de producción, la movilidad o los modelos de desarrollo. 

Entre los presentes, una veintena de los países más afectados por el cambio climático (pequeños estados insulares y países africanos). A ellos se sumaron otra veintena de países europeos desde Austria y Bélgica hasta España o Suecia) e instituciones europeas, lo que no resulta sorprendente si se considera el papel de la UE como potencia normativa en el ámbito medioambiental. Otros países del norte global presentes fueron Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido. Incluso la Santa Sede participó. 

Entre los países latinoamericanos se encontraban Chile, Colombia, Guatemala o Panamá, todos ellos parte del grupo de negociación AILAC, conocido por defender el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas como un motor (y no una excusa) para la acción climática. Además, de Colombia, co-anfitrión de la conferencia, otros productores que asistieron fueron Angola, Brasil, México, Nigeria, Noruega y Reino Unido. Es una muestra que el cambio hacia una transición más limpia viene ya de los países que mayor impacto podrían tener en su economía por un abandono de los fósiles.

La no presencia de Estados Unidos, China, Rusia y todos los países petroleros del Golfo es obviamente significativa, aunque fue intencional, ya que se buscaba no invitar a posibles obstructores en el comienzo de un proceso de intercambio de ideas, de generación de hechos o fact-finding, característicos de las primeras etapas que pueden llevar, en algún momento, a la firma de un instrumento jurídico que venga a reforzar el régimen climático actualmente. 

De hecho, las COP climáticas se han convertido para muchos en espacios llenos de actores obstruccionistas, donde las decisiones se reducen al mínimo común denominador y donde la voluntad mayoritaria no prevalece sobre las objeciones de los actores menos ambiciosos. Por ello, disponer de un “espacio seguro”, en palabras de la ministra de Clima de los Países Bajos, Stientje Van Veldhoven, supone un soplo de aire fresco para la diplomacia climática, donde no solo se permita a aquellos Estados más ambiciosos avanzar hacia una transición energética más rápida, sino también donde se dé cabida a la sociedad civil, sindicatos, comunidades, academia, sector privado e infancias. 

Si bien estos actores participan habitualmente en las COP, en Santa Marta han podido dialogar en condiciones de relativa simetría a los Estados. Por ejemplo, en la plenaria de clausura, las voces de trabajadores, comunidades y niños hablaron directamente a los delegados oficiales —intercambiando el turno de palabra con representantes oficiales de gobiernos— y recordando que las relaciones internacionales ya no pueden concebirse como un asunto exclusivo de Estados, sino como un entramado plural de actores con igual dignidad política.

Los participantes insistieron en que la transición justa no es un simple reemplazo tecnológico, sino una transformación económica profunda que debe planificarse con trabajadores y comunidades. Esto implica abordar la diversificación productiva, garantizar acceso confiable a la energía, y asegurar que los beneficios lleguen a los grupos históricamente marginados. En otras palabras, la transición debe ser justa, territorialmente situada y basada en derechos.

Este formato, aunque no exento de limitaciones, permitió que la conferencia avanzara hacia un objetivo previamente definido: construir nuevas formas de cooperación para salir de los combustibles fósiles. A diferencia de la arquitectura de la CMNUCC, donde los incentivos diplomáticos tienden a diluir la ambición, Santa Marta se propuso deliberadamente no negociar nuevos compromisos, sino operacionalizar los ya existentes. 

 

Cinco resultados que inauguran un nuevo ciclo

La conferencia produjo cinco resultados clave que delinean un camino de cooperación internacional más pragmático y menos dependiente de la dinámica multilateral tradicional:

1. El inicio de un nuevo proceso internacional: se anunció una segunda conferencia en 2027, coorganizada por Tuvalu e Irlanda, mostrando al resto de la comunidad internacional que hay voluntad política de avanzar y profundizar en el abandono de los fósiles. 
2. Coordinación entre iniciativas: se creó un grupo de coordinación para evitar duplicidades y articular esfuerzos entre alianzas existentes, conectando este proceso con el Grupo de Activación de la COP30 sobre transición justa. Este esfuerzo por racionalizar los recursos ha sido recurrente en otros regímenes a lo largo de 2025.
3. Complementariedad con la CMNUCC: el informe final será entregado a la Presidencia de la COP30 y será presentado en Bonn y en la Semana del Clima de Nueva York (septiembre 2026).
4. Tres líneas de trabajo concretas: i) hojas de ruta nacionales; ii) dependencias macroeconómicas y arquitectura financiera, con énfasis en deuda, subsidios e incentivos; y, iii) alineación productor–consumidor, orientada a descarbonizar balanzas comerciales y avanzar hacia un sistema de comercio libre de fósiles.
5. La ciencia como ancla: se lanzó el Science Panel for the Global Energy Transition (SPGET), formado por científicos del clima, economía y tecnología y definido por Johan Rockström como un bien común global para todos los países, todos los sectores y todas las regiones. El panel apoyará a los países en el diseño de hojas de ruta alineadas con 1.5°C y en el desmontaje de barreras legales, financieras y políticas.

 

Un punto viraje en la gobernanza transición justa global

Problemas complejos requieren de creatividad, empuje y decisión, y rara vez las decisiones políticas surgen de la nada. La Conferencia de Santa Marta hay que enmarcarla en los esfuerzos que una alianza de 18 países (entre ellos múltiples Estados insulares y Colombia) y de sociedad civil lleva haciendo por firmar un Tratado sobre Combustibles Fósiles desde 2018. A esta iniciativa se han sumado casi 200 gobiernos subnacionales, más de un millón de individuos a título personal y 4.200 instituciones públicas y privadas de todo el mundo, entre las que orgullosamente se encuentra la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UCM. Esto muestra que la movilización desde abajo funciona y que puede ser palanca de grandes cambios. La mayor innovación de Santa Marta ha podido ser, por tanto, iniciar un espacio con amplia participación estatal que ponga las bases del abandono de los fósiles de manera justa y decidida.  

Más allá de los resultados formales presentados por los anfitriones, Santa Marta dejó entrever un aspecto que suele escapar a los análisis institucionales: la potencia de lo que ocurre fuera del guion, en los encuentros informales y en las articulaciones que no estaban previstas en la agenda oficial. Colectivos de mujeres, campesinos, afrodescendientes e indígenas mostraron que la transición justa no es únicamente un proyecto técnico, sino un proceso civilizatorio que cuestiona el modelo en crisis. En ese sentido, Santa Marta abrió una grieta necesaria y generó un espacio donde se visibilizan alternativas que ya existen y que reclaman reconocimiento político. El reto de las próximas reuniones, a las que en algún momento se sumarán más Estados, será mantener la presencia y el protagonismo de estos grupos en unas negociaciones que, de exitosas, cada vez se volverían más estatocéntricas. 

Este carácter emergente también invita a reflexionar sobre los límites y posibilidades del componente científico del proceso. Aunque el nuevo panel científico aporta claridad sobre las causas estructurales de la dependencia fósil, muchas voces insistieron en la necesidad de una ciencia transdisciplinar, abierta y en permanente aprendizaje, capaz de dialogar con saberes territoriales y con prácticas comunitarias que llevan décadas construyendo resiliencia. La transición energética no puede reducirse a métricas y trayectorias; requiere integrar conocimientos diversos que permitan imaginar futuros más justos. Lo que emergió en Colombia fue una apuesta colectiva por transformaciones estructurales, no solo en el sistema energético, sino también en los modelos económicos, alimentarios y territoriales que sostienen la vida.

 

¿Un Tratado de Combustibles Fósiles?

En paralelo, la conferencia confirmó que el impulso político hacia un Tratado de Combustibles Fósiles está ganando tracción. La iniciativa, que en sus inicios fue ignorada, luego ridiculizada y finalmente resistida, encontró en Santa Marta un punto de inflexión. La presencia de nuevos gobiernos, la adhesión explícita de múltiples sectores sociales y la apertura de espacios para discutir temas como la trampa de la deuda fósil, los riesgos del ISDS (mecanismo de solución de controversias inversor-Estado) o los acuerdos entre productores y consumidores, muestran que el debate ya no gira en torno a si debemos abandonar los combustibles fósiles, sino al cómo hacerlo de manera justa y ordenada.

El proceso que se abre ahora es tanto político como cultural. La conferencia no pretendía producir un tratado ni establecer cronogramas vinculantes, y sus críticos, que esperaban resultados jurídicos inmediatos, pasan por alto su verdadera naturaleza. Santa Marta fue un paso adelante en este proceso, un espacio diplomático diseñado para preparar las condiciones para un futuro acuerdo robusto. La ausencia de grandes productores no debilitó el proceso, más bien evidenció por qué es necesario. Además, debe ponerse en valor la importancia de que estos procesos avancen y se consoliden antes de entrar en la fase de negociación interestatal, normalmente caracterizada por unas dinámicas tóxicas especializadas en retrasar cualquier avance hacia adelante. 

De cara al futuro, los caminos de seguimiento parecen claros: Pasar de una coalición de buenas intenciones a una de los que hacen, aumentar la coalición de países ambiciosos, ampliar los espacios de participación social, profundizar la cooperación técnica y financiera, y mantener viva la conversación sobre un posible instrumento internacional que regule la salida de los combustibles fósiles. 

Santa Marta no resolvió los dilemas de la transición energética, pero sí demostró que es posible construir espacios diplomáticos de coaliciones específicas donde la acción colectiva prevalezca sobre la retórica. Si este proceso logra consolidarse, podría convertirse en un nuevo pilar de gobernanza climática, capaz de diseñar, financiar y ejecutar la transición justa que el planeta necesita. Santa Marta ha abierto una puerta. El desafío ahora es caminar por ella con decisión, cooperación y justicia.