23 abr 2026 - 10:45 CET

Tras una intensa semana de movilizaciones - el referéndum autoorganizado por la Plataforma por la Universidad Pública, celebrado el 16 de abril, en la Universidad Complutense de Madrid, la concentración ante el Rectorado de la UCM, que ha reunido a trabajadoras y estudiantes el día 17, y la manifestación del 19A de todos los niveles educativos, unidos bajo la consigna “Salvemos la Educación Pública” - la comunidad universitaria ha vuelto a posicionarse con claridad. Ha expresado su rotundo rechazo ante la destrucción de la educación y de la universidad pública y ante el modelo político e ideológico orientado hacia la privatización de la educación y la segregación social, consecuencia de los obstáculos de acceso a la misma, en la Comunidad de Madrid.

Las 50.000 personas que han participado en la manifestación del 19A, entre docentes, familias y estudiantes de todos los niveles educativos de la enseñanza pública, desde Infantil hasta la Universidad, han reclamado a la Comunidad de Madrid que respete el marco constitucional y que ponga fin al desprecio institucional que dirige a diario a la comunidad y al sistema educativo público, castigándolo con una infrafinanciación estructural, con una falta de recursos crónica y con un aumento insostenible de la carga laboral de sus trabajadoras.

CGT-UCM respalda las reivindicaciones y valora muy positivamente los resultados de las movilizaciones masivas. Como ha señalado un reciente artículo, los Rectores madrileños son responsables de la crisis universitaria en la Comunidad de Madrid. En la UCM el Rector y el equipo rectoral son corresponsables y ejecutores materiales del plan económico de asfixia y adelgazamiento de la Universidad Complutense. Denuncia la posición de estos proclive y acrítica respecto de la política del gobierno autonómico y, por tanto, su conflicto de intereses e ineptitud manifiesta en la defensa de la universidad pública y en el desempeño de su cargo. CGT-UCM denuncia, además, con firmeza el desprecio que este Rectorado ha manifestado hacia estudiantes, trabajadoras, Facultades y Departamentos a lo largo del proceso de aprobación e implementación del plan de recorte, aplicado sin consulta ni criterio alguno de coherencia ni de calidad académica, y, por último, la represión ejercida para obstaculizar la celebración de la consulta sobre el PEF - con amenazas y argumentos autoritarios impropios de una institución democrática, en patente vulneración de los derechos fundamentales de reunión, manifestación y crítica de la comunidad universitaria -. La comunidad universitaria ha respondido masivamente pese a las actuaciones represivas y a ella felicitamos.

CGT-UCM exige, por tanto, que este Rectorado, deslegitimado por la comunidad universitaria, asuma de una vez la responsabilidad directa de sus nefastas actuaciones.  Exigimos que se retire de inmediato el Plan Económico y Financiero aprobado y que dé ejecución al mandato político de suspenderlo, encomendado tras la consulta referendaria por las 7.278 personas votantes de la comunidad universitaria (el 95,78% de los votantes) - cifra comparable, en  número de votos, a la que respaldó la elección a este Rector - . 

La falta de criterios y de coherencia en la defensa del servicio público se pone, además, de manifiesto a diario en la gestión de la UCM. Tras la reunión de la mesa sindical celebrada el 20 de abril, desde CGT-UCM destacamos nuestra más profunda insatisfacción e indignación por el método, la forma y el fondo en la toma de decisiones: la ausencia de un diálogo social, las justificaciones a posteriori de decisiones ya adoptadas unilateralmente que afectan a la Oferta de Empleo Público - al dejarse de ofertar 25 plazas R3, estas se sitúan por debajo del umbral mínimo del 15% exigido por la LOSU - y las interpretaciones poco ortodoxas que convierten las obligaciones de la LOSU en normas programáticas y opciones recortables según decisiones políticas particulares - degradar lo público e infligir más precariedad a sus trabajadoras -. No aceptamos los argumentos empleados (“no se puede hacer más”) ni que este plan de devaluación de lo público se presente como inevitable. 

Si esto es lo que se ejecuta en una época de crecimiento económico, ¿qué es de esperar  en un contexto de crisis? La comunidad universitaria seguirá movilizándose en su defensa y luchando con todos los medios a su disposición: como han dicho las plataformas, ¡no habrá paz para quienes ataquen el derecho a la universidad pública!