Amenazan con multas a representantes sindicales de la Universidad Complutense por la huelga por Palestina del pasado 15 de octubre de 2025
10 abr 2026 - 13:03 CET
El pasado 15 de octubre de 2025, en el contexto de la ola de movilización contra el genocidio en Palestina, multiples organizaciones sociales apoyaron huelgas en los centros de trabajo: : huelga general a nivel estatal por parte de CGT y paros parciales por parte de UGT y CCOO.
En el caso de la Universidad Complutense, los piquetes informativos se desarrollaron con plena normalidad desde por la mañana, y a las 10:30 nos concentramos en la plaza central de Ciudad Universitaria para ir hacia el Rectorado de la UCM, en el marco de las actividades propias de unos piquetes de huelga dentro de nuestro propio centro de trabajo.
De manera completamente injustificada, la policía nacional bloqueó a los piquetes de la plaza de Ciudad Universitaria, y nos retuvo durante aproximadamente una hora, ya que según la percepción policial existía el riesgo de que hiciésemos algo distinto. En ese tiempo de retención, la policía identificó a los responsables sindicales de CGT-UCM y CCOO-UCM, así como a miembros del equipo jurídico que estuvimos interlocutando con los agentes para poder ejercer nuestros derechos. Finalmente, tras una hora de bloqueo, acordamos una manifestación hacia el Rectorado de la UPM, que se realizó con total normalidad. Hay que destacar que en todo momento hubo un diálogo constante con las fuerzas policiales, con el objetivo de que no hubiese ninguna incidencia en una movilización tan importante.
FOTO: Piquetes en la UCM bloqueados por la Policía en la huelga por Palestina del 15/10/25 (CGT-UCM)
Ahora, más de 5 meses después, la Delegación del Gobierno en Madrid tras una denuncia policial, acaba de notificarnos a 4 de los interlocutores con la policía, tres representantes sindicales de CGT y uno CCOO, propuestas de sanción de 600 euros por una “concentración no convocada”.
¿Cómo se justifica esta represión económica, en el contexto de una huelga general convocada, y con el motivo además del genocidio en Palestina? Hemos conocido recientemente que 4 personas se enfrentan a penas de cárcel por las protestas de la Vuelta ciclista, varias personas han sido multadas en Cantabria, y en el año 2025, las vulneraciones del derecho a la protesta crecieron en al menos un 66%.. Frente a la realidad, el propio Pedro Sánchez dijo el pasado 25 de marzo en el Congreso que “no hubo represión el año pasado durante las protestas en favor del pueblo palestino”. Y solo hasta 2024, la Ley Mordaza realizó al menos 2,5 millones de sanciones y recaudó 1500 millones de euros a las arcas del Estado.
Estas propuestas de multas, al igual que la actuación policial el día de la huelga, no sólo se basan en datos inciertos, sino que vulneran los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical, reunión y autonomía universitaria. Desde CCOO-UCM y CGT-UCM hemos consensuado oponernos y no pagar estas injustificadas amenazas de sanción y anunciamos que recurriremos por vía administrativa y judicial para que se repare este atropello. Además, exigimos:
- Al Delegado de Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, no solo que archive inmediato de los expedientes sancionadores, sino que dé una explicación política inmediata, dirigida tanto a la ciudadanía como a sus superiores, acerca de estas prácticas antisindicales e ilegales.
- Al Rector de la Universidad Complutense de Madrid, que aclare si solicitó la intervención policial contra los piquetes el día de la huelga del 15/10, y que se pronuncie sobre si le parece compatible con la legalidad y con su idea de la autonomía universitaria que se coarte y multe a representantes sindicales de la UCM cuando ejercen su derecho al conflicto colectivo.
- A ambas autoridades, que asuman el papel central del derecho a la huelga, de manifestación y de autonomía universitaria como mecanismo institucional de defensa frente a los ataques a la universidad pública y a la Universidad Complutense, y que se comprometan formalmente a respetar la legalidad y evitar prácticas antisindicales similares en el futuro.
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, en una imagen de archivo. EP.