13 feb 2026 - 10:09 CET

12 de febrero 2026

El pasado 9 de febrero, el Comité de Empresa del PDI laboral se reunió con el Rector de la UCM, quien estuvo acompañado por el VR de Ordenación Académica y Profesorado. El objetivo de la reunión fue expresar la preocupación del Comité por la situación económica de la UCM y cómo esto puede afectar al plan de actuaciones en profesorado. 

En cuanto a la situación económica, el Rectorado ha elaborado un Plan Económico-Financiero (PEF) 2025–2028 que se debatió en la reunión. A la vista de este documento, el Comité de Empresa quiere manifestar públicamente su profunda preocupación y rechazo al enfoque adoptado por el equipo rectoral. El propio Rectorado reconoce en el PEF que el origen principal del déficit de la UCM es la infrafinanciación estructural por parte de la Comunidad de Madrid, derivada de no cubrir adecuadamente los incrementos salariales y el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, lejos de exigir una financiación pública suficiente y estable, el Rectorado asume sin cuestionamiento el déficit estructural como un déficit provocado por el crecimiento vegetativo del coste de la plantilla de PDI (sexenios, quinquenios, trienios) y traslada un ajuste de 33’18 millones de euros directamente a la plantilla, a la actividad académica e investigadora y, en definitiva, a toda la comunidad universitaria.

El PEF también contempla algunas medidas para el incremento de ingresos, como el aumento del precio por alquileres de espacios de la Universidad a entidades externas a la UCM e incrementos en las retenciones de los contratos artículo 60 LOSU, de las titulaciones propias y de las cátedras extraordinarias.  

Resulta especialmente grave que este marco de recortes ya se esté aplicando en la práctica —a través de restricciones en contrataciones, reducción de las exenciones docentes, limitación de sustituciones, recortes de derechos laborales (como la reducción salarial realizada en la nómina de los investigadores predoctorales) y contención del gasto en centros— sin que el PEF haya sido aprobado formalmente (se presenta en el Consejo de Gobierno del 17 de febrero) y sin un debate real con la representación sindical ni con la comunidad universitaria. Se está implementando de facto un plan de ajuste que condiciona el futuro de la universidad pública sin transparencia ni negociación efectiva.

Esta situación es aún más indignante si se tiene en cuenta la coyuntura actual: la Comunidad de Madrid es el territorio más rico de España y uno de los que más crece en la Unión Europea. En este contexto de expansión económica, no existe justificación alguna para imponer recortes a la UCM ni para deteriorar las condiciones laborales de su personal. Pese a ello, el Rectorado no solo acepta este escenario de restricción presupuestaria, sino que lo legitima y lo gestiona internamente contra su propia comunidad universitaria.

Además, el PEF deja abierta la posibilidad a otros escenarios que plantean que la financiación por parte de la CM pueda ser menor que la prevista, sin que se pueda descartar que se siga recurriendo al mecanismo del préstamo, profundizando así una dinámica de endeudamiento que hipoteca el futuro de la UCM en lugar de resolver el problema de fondo: la falta de una financiación pública suficiente y estable por parte de la Comunidad de Madrid.

Sobre el Plan de Actuaciones en Profesorado 2026, se informó que el proceso de estabilización de todos los PAD que acaban contrato se mantiene; que se está estudiando un mecanismo para que el paso de PPL a TU no consuma plazas de la oferta pública de empleo; y que, aunque no se plantean una reducción de plantilla, sí que quieren realizar una reorganización docente, reestructurando grupos y cerrando asignaturas optativas con pocos estudiantes. A pesar de esto, están llegando noticias preocupantes sobre el cierre de algunas titulaciones. 

Asimismo, el Comité de Empresa considera necesario informar a toda la plantilla de la UCM de una situación especialmente preocupante: la subida salarial del 2,5% aprobada para 2025, que ya se está aplicando en otras administraciones públicas, no será efectiva en la universidad hasta finales de año. Esta demora responde tanto a la falta de transferencia de los fondos por parte de la Comunidad de Madrid como a la incapacidad de la propia UCM para gestionarla sin retrasos. Sus efectos no solo perjudican al personal en activo, al no reflejarse a tiempo en nóminas y cotizaciones, sino también a quienes puedan jubilarse en 2025 o 2026 o acceder a situaciones de incapacidad, al incidir directamente en el cálculo de sus prestaciones. Por ello, el Comité entiende que esta situación debe ser conocida por toda la plantilla y constituye un motivo más para rechazar nuevos ajustes y exigir soluciones inmediatas

En definitiva, nos encontramos en un momento crucial para la universidad pública. Las políticas de infrafinanciación y ajuste están debilitando —cuando no directamente atacando— su carácter público, su calidad y su función social. La posición de la comunidad universitaria es clara: defender y garantizar una universidad pública y de calidad para todas y todos. En este contexto, el rector tiene una elección política y ética fundamental: situarse del lado de la comunidad universitaria o alinearse con las políticas de recorte que ponen en riesgo la enseñanza pública universitaria.

Por todo ello, el Comité de Empresa exige al Rectorado que no nos arrastre al callejón sin salida de asumir los recortes, que defienda activamente ante la Comunidad de Madrid un modelo que garantice una financiación digna para todas las universidades públicas, y que paralice la aplicación de medidas de ajuste que deterioran las condiciones de trabajo, la calidad docente y el carácter público de nuestra universidad.

Comité de Empresa de la Universidad Complutense de Madrid