3 nov 2025 - 11:28 CET

Economistas de CGT-UCM acaban de analizar los datos del presupuesto de la Comunidad de Madrid (CAM) y de los gastos de personal de la UCM para demostrar nuevamente lo que ya sabíamos: que la asfixia que sufrimos no es nuestra culpa (como si el personal de la UCM hubiésemos vivido “por encima de nuestras posibilidades”) sino por un ataque político frontal contra la Pública. Las conclusiones políticas son claras: mientras no se revierta la asfixia, no podemos podemos detener el conflicto.

En el proyecto de presupuestos que la semana pasada publicó la Comunidad de Madrid se consigna una transferencia nominativa a la Universidad Complutense de 404,2 millones de euros, un incremento de 28,7 millones (7,6% más) con respecto a los presupuestos del año pasado. Se trata de una cifra que no revierte la infrafinanciación de la UCM, pues desde 2019 hasta 2025 la transferencia nominativa ha registrado una caída acumulada del 1,8% si tenemos en cuenta la inflación. Dicho de otro modo, la financiación pública a la UCM es menor que hace 5 años, consolidándose un año más esta asfixia presupuestaria.

Además, con respecto a los presupuestos del año pasado, ha desaparecido la partida destinada a “compensación por la reducción de tasas universitarias”, dotada con 40 millones de euros para todas las universidades públicas de la CAM. En caso de que esta partida se haya integrado en las transferencias nominativas, la financiación a la UCM sería incluso menor de la que indican.

Esta transferencia nominativa de la CAM a la UCM representa en torno a dos tercios de los ingresos de la UCM en los últimos presupuestos de la universidad. Por tanto, este recorte de la financiación del Gobierno de la CAM en el último lustro, junto al proceso de infrafinanciación que se arrastra desde la crisis de 2008, es el causante del déficit crónico de la UCM.

A pesar de que desde las portavocías del Gobierno de la CAM y desde algunos medios se ha situado el problema del déficit de la UCM en un hipotético aumento de los gastos de personal, desde 2019 esta partida presupuestaria ha caído en términos reales en un 3,4%. Sin embargo, en este período la plantilla se ha incrementado, especialmente de personal docente e investigador con contratos temporales, lo que refleja la intensificación de la precariedad contractual y salarial de la plantilla de la UCM durante los últimos años. Es conveniente insistir que el grueso del déficit económico de la UCM es resultado de la caída de los ingresos de la UCM, que se han desplomado un 22,4% en términos reales desde 2019. 

La transferencia nominativa de la CAM a la UCM no llega siquiera a cubrir los gastos de personal de la universidad registrados en sus últimos presupuestos. Por tanto, la CAM intensifica la política de recortes que ya hemos estado experimentando la comunidad universitaria de la UCM durante este último año. De hecho, a pesar de que prevén un incremento en el volumen de alumnado, para formular sus presupuestos estiman una reducción del personal docente e investigador y una congelación de las plantillas de PTGAS, lo que evidencia cuál es la línea directriz de estos presupuestos.

El Plan Económico Financiero (PEF) que el rectorado de la universidad está pactando con la CAM a cambio del préstamo y a espaldas de la comunidad universitaria, aún no se ha aprobado en Consejo de Gobierno, pero anuncia un duro plan de ajuste presupuestario hasta octubre de 2028, centrado prioritariamente en recortar los gastos de personal. A falta de conocer los detalles, se evidencia cómo el rectorado actúa como correa de transmisión de la CAM; en contra de los intereses de la comunidad universitaria (profesorado, investigadoras, PTGAS, alumnado, etc.). Tras meses en los que Goyache y su equipo rectoral han jugado a dos bandas, llevando con secretismo una negociación cuyo resultado nos afecta a decenas de miles de trabajadoras y estudiantes, finalmente se ha revelado su complicidad con este brutal ataque a la universidad pública.