13 oct 2022 - 20:03 CET

El ministerio de Hacienda, CCOO y UGT han acordado que las trabajadoras y los trabajadores de la UCM sigamos perdiendo poder adquisitivo, ahora de forma acelerada.

El pacto de rentas que el gobierno más progresista de la historia y su acólita burocracia sindical ofrece al sector público, es un acuerdo que, de facto, nos condena a las empleadas y los empleados públicos a continuar perdiendo poder adquisitivo, no solo este año sino también durante los próximos.

Este tipo de acuerdos se alcanzan en mesas paralelas, fuera de los canales institucionales legalmente establecidos para la negociación colectiva. En la UCM los sindicatos cómplices, como siempre, con la falaz retórica contenida en sus comunicados, nos venden “las bondades” de un pacto para esconder los deficientes números del mismo.

Porque los números son, a todas luces, demoledores. Cuando las previsiones de subida del IPC sólo para el 2022 se acercan al 10%, estos sindicatos autodenominados “de clase” han firmado:

• Para 2022: Un incremento a consolidar del 1,5%, sobre el 2% previamente incorporado a los Presupuestos Generales del Estado 2022 (y, por tanto, ya aplicado con anterioridad a éste nuevo acuerdo).
• Para 2023: Subida fija del 2,5% más dos subidas variables de 0,5% cada una. La primera condicionada a que el IPC de 2022 y 2023 supere el 6%. La segunda condicionada a que el PIB nominal en 2023 llegue al 5,9% (harto improbable a tenor de la última previsión del Banco de España: 1,4%).
• Para 2024: Aumento fijo del 2% más un 0,5% condicionado a que el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%.

En definitiva, en apenas tres años, y siendo muy optimistas, se puede acumular una pérdida de poder adquisitivo en torno a un 10%. Suponiendo siempre que se produzca una reducción progresiva del IPC, algo difícil de prever a tenor de los datos subyacentes. Poco más habría que añadir a un dato tan demoledor si no fuera porque además es un nuevo capítulo de un proceso que empezó ya hace una década. Proceso asumido, aunque parezca una broma de mal gusto, por una burocracia sindical que hace unos días aceptaba este acuerdo argumentando que “amortiguará el impacto de la inflación”. Así, pues, un acuerdo-colchoneta es lo que han suscrito. Más bien parece que les traicionó el subconsciente y que en realidad quisieron decir que este acuerdo “amortiguará la contestación de los y las trabajadoras”. Situación especialmente absurda después de una convocatoria de manifestación del bipartito bisindical (CCOO y UGT) en Madrid para el próximo mes de noviembre, bajo el lema “Salario o Conflicto”.

El contexto en el que debemos situar esta pérdida relativa de salarios directos entre las empleadas y empleados públicos no es sino el del retroceso en las condiciones laborales y salariales de toda la clase trabajadora, y en todas sus formas: Salario indirecto (prestaciones, servicios públicos e infraestructuras), salario diferido (jubilaciones, bajas, prestaciones por desempleo, etc.), o salario directo incorporado periódicamente en nómina.

Todo esto resultaría cómico si no fuera realmente trágico. Son organizaciones que aplauden un pacto que supone una nueva pérdida de nuestro poder adquisitivo, organizaciones sin principios que en un alarde de contorsionismo sindical llaman a una impostada movilización al resto de la clase trabajadora. Esa clase trabajadora a la que, por otro parte, llevan años intentando desmovilizar con su pactada “contención social”.

¿Serán capaces de pedirnos a los trabajadores públicos que salgamos a la calle, el 3 de noviembre, para pedir una subida salarial directa que cubra al menos los incrementos reales del IPC desde 2022? ¿después de vendernos?

Estos mismos sindicatos, en el caso concreto de nuestra Universidad, son los que colaboran estrechamente con la Gerencia en:

• Impedir tu promoción profesional de una forma regulada a través de una modificación global de la RPT, dando el visto bueno a modificaciones parciales que solo favorecen, por motivos espurios, a los que todos sabemos, a los mismo de siempre.
• Hablar de la necesaria regulación de teletrabajo mientras permiten que no se convoque la Mesa sindical desde el 14 de junio para que se negocie definitivamente y que todos los trabajadores tengan acceso de igual manera al mismo .
• Dar el visto bueno tanto en Consejo de Gobierno como en Consejo Social , a las turbias propuestas de un Vicerrector empeñado en firmar concesiones demaniales por 40 años con centros con un reconocido y manifiesto carácter fascista.
• Pactar y permitir que compañeras temporales, en situación de fraude de ley, tengan que afrontar falsos procesos de estabilización, que en algunos casos se van a traducir en ERES encubiertos, cuando la simple transposición de la Directiva de la UE garantizaba la fijeza de forma automática. Tan automática como legal.

Sería imposible en un comunicado hacer relato de tanta injusticia, tanto abuso, tanta corrupción y tanta inmundicia.

En definitiva, esos son los sindicatos que dicen que te representan, esos que en vez de actuar en defensa de los intereses generales de la plantilla sin la obligada e imprescindible consulta a los trabajadores, se limitan a responder al toque de corneta del Rectorado para firmar sumisamente acuerdos opacos, con el único fin de satisfacer exclusivamente sus intereses personales.

La Gerencia les compra y ellos te venden. No tienen escrúpulos, han puesto precio a nuestro futuro.

RADICALES LIBRES: "Dícese de aquellos elementos que pretenden alterar el orden en un organismo inmovilizado"

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