Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional

23 jul 2013 - 17:17 CET

“El Real Decreto Ley 16/2012 es una medida regresiva y discriminatoria” afirmó Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional, en su ponencia Derecho a la salud en el encuentro “¿Crisis económica =Crisis de Derechos Humanos?” del programa de los Cursos de Verano Complutense. Recordó también que el derecho a la salud está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y en otros tratados internacionales. Según la legislación española vigente estos tratados son jurídicamente vinculantes,  pero el Rela Decreto Ley 16/2012 de reforma sanitaria, que limita la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular,  “no cumple con lo firmado por España en estos pactos internacionales” denunció Jovtis, que  desmintió los mitos sobre sanidad e inmigración,   alimentados en ocasiones por el propio Gobierno, para justificar este tipo de reformas y citó como ejemplo que “la reforma supondrá un ahorro en costes sanitarios por prestar menos servicios; pero lo que ocurrirá es que se colapsarán las urgencias y por tanto aumentarán los costes de estas”.

La reforma especifica los casos en los que la asistencia será gratuita para los inmigrantes en situación irregular, pero no la forma de pago del resto de servicios; esto  ha provocado que cada Comunidad Autónoma  aplique la medida de manera diferente. Mientras que algunas comunidades declaraban públicamente que no iban a negar la atención sanitaria a nadie, otras ampliaban las prestaciones y servicios gratuitos, y otras no realizaban ninguna normativa adicional.

Ignacio Jovtis,  ha dirigido el estudio El laberinto de la exclusión sanitaria: vulneraciones del derecho a la salud en las Islas Baleares. El  investigador explicó que se eligió  esta comunidad porque  “tenía un mayor número de denuncias, aplicaron la reforma antes de su entrada en vigor (así las consecuencias eran más visibles) y además, contamos con el apoyo y las informaciones de un fuerte movimiento sanitario de resistencia. Tras realizar varias visitas a la comunidad, la aplicación de la reforma se había realizado de manera desordenada,  hacíamos  la misma pregunta en todos los centros y en cada uno recibíamos una respuesta distinta,  además en ocasiones, no se daba la asistencia de urgencias garantizada en el texto de la reforma. En conclusión,  era un caos administrativo; las Comunidades Autónomas improvisaban según iban surgiendo los problemas”.

A las irregularidades legislativas, el desorden administrativo y las diferentes aplicaciones en cada Comunidad Autónoma, se unen los testimonios personales de los afectados, algunos de ellos con enfermedades crónicas no pueden permitirse realizar un seguimiento de su estado de salud por no tener recursos económicos suficientes para pagarlos. Ignacio Jovtis destacó que Amnistía Internacional ha puesto al gobierno balear en conocimiento de estos casos puntuales, pero la organización cree necesarias reformas estructurales que garanticen el derecho de salud de todos los ciudadanos.

Ignacio Jovtis junto a Cecilia Denis Míguez durante su intervención en el curso.