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El secretario general de Universidades asegura que la LOSU no se presentará al Parlamento si tiene en contra a la comunidad universitaria

La Universidad Complutense de Madrid es la primera institución educativa en participar en un anteproyecto de ley con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)

1 oct 2021 - 18:28 CET

El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, se ha encargado de presentar la ley en el salón de actos de la Facultad de Odontología el pasado miércoles.

El texto legal pretende avanzar en la búsqueda de un amplio consenso entre la comunidad universitaria y los grupos políticos siempre y cuando la comunidad universitaria no “esté en contra”, según ha recalcado Pingarrón.

Agradecido por su venida, por Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, Pingarrón precisó que “hay que mejorar y depurar” este anteproyecto sobre todo porque causó una cierta conmoción en las universidades y en los medios de comunicación.

Pingarrón empezó su presentación tratando de explicar los principales objetivos del texto legal. Afirmó que quiere defender la autonomía de las universidades, dejándoles una libertad de elección amplia para que mantengan una cierta coherencia.

El carácter feminista de esa ley ha sido apoyado por el secretario general de la Universidad. Declaró que “no tiene que haber ningún tipo de discriminación por ninguna circunstancia” en respuesta a las críticas a este aspecto de la ley.

Entre los objetivos de este anteproyecto se encuentra la idea de conseguir un sistema universitario accesible, equitativo e internacionalizado. Para ello deberán reducirse los precios públicos y aumentar las becas, en función de la situación económica. Además, se eliminará la exigencia de una nota alta para acceder a las becas, pero no el requisito mínimo de un aprobado, con el objetivo de fomentar la internacionalización y suprimir las trabas burocráticas.

Confió en que, si esto no funciona, dejaría “toda la ley en papel mojado”, al tiempo que insistió en el significado social de esta ley. Pingarrón habló de una solución encontrada con Hacienda que garantizaría inicialmente un aumento de la inversión en educación superior. El objetivo sería aprovechar la LOMLOE, que estipula que el Estado y las comunidades autónomas tienen dos años para aumentar el gasto público en educación hasta el 5% del PIB, es decir, 2.200 millones más para el sistema universitario", dijo.

Según Pingarrón, parece haber consenso en que la forma de financiación de las universidades debe ser plurianual y en función de tres ejes: estructural (gastos de personal y mantenimiento), por objetivos (que las comunidades deberán acordar con sus universidades) y por necesidades específicas (patrimonio histórico artístico, campus dispersos, insularidad...).

Destacó la importancia de eliminar la precariedad, con grandes diferencias entre universidades, en el empleo universitario, aunque matizó sus palabras diciendo que “un profesor contratado doctor es fijo, no precario” antes de añadir que “la temporalidad tampoco lo es en sí misma”.

El objetivo es tener un máximo de un 20% de contratos temporales para el personal docente que esta ley pretende alcanzar en 5 años. Mientras que los sindicatos piden que el 70% de los profesores sean funcionarios, la ley sólo prevé un aumento del 55%, es decir, un incremento de 4 puntos.

La ley tendrá como objetivo dar muchas posibilidades a los ayudantes de doctorado para estabilizar su situación en 6 años.

Durante su larga presentación, Perrigón respondió a las principales preguntas de los asistentes al acto, entre los que se encontraban muchos miembros del consejo de administración, decanos y profesores de la UCM, pero también rectores y directores de otras universidades. Reiteró su compromiso con el consenso al afirmar que “no vamos a hacer nada que vaya en contra de una amplia mayoría de la comunidad universitaria”.

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