Con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la asociación Amnistía Internacional Madrid organiza una serie de eventos en relación con la campaña #LetsTalkAboutYes #HablemosdelSí.

25 nov 2020 - 15:11 CET

Lara Huwyler, redactora Servicios Inforamativos

25N/ Entrevista a Elena Gómez de Amnistía Internacional/

Elena Gómez, Portavoz y Coordinadora del equipo de relaciones internacionales de Amnistía
Internacional Madrid, nos cuenta en la entrevista que se emitirá en directo a las 18:00 horas el
coloquio “Ya es hora de que me creas” (https://www.facebook.com/AmnistiaInternacionalMadrid/
live/). En este, participarán expertas tales como Begoña López Anguita, titular del juzgado de
violencia contra la mujer nº5 de Madrid; Marta Fernández Ulloa, policía municipal de Madrid de la
Unidad de Atención y Protección de Mujeres, Menores y Ancianos; y Marina Ronchas Martínez,
presidenta de la comisión de violencia contra mujeres, menores y ancianos del Hospital El
Escorial, junto con Marta Málaga, coordinadora del equipo de mujeres y niñas de Amnistía
Internacional Madrid y Carmen cuesta, activista de Amnistía Internacional del Grupo local de
Villalba.

Let’s talk about yes
La iniciativa #LetsTalkAboutYes #HablemosdelSí es, tal y como nos explica Elena, una manera de
reivindicar que “el consentimiento sea el centro de cualquier relación sexual; sin ese
consentimiento, es violación”.
La portavoz de Amnistía Internacional comenta que, el problema a la hora de comprender el
consentimiento, es que no se entiende por los prejuicios de género, por pensar que la mujer existe
para complacer a los demás. Se considera que nuestro consentimiento es menos válido que el
consentimiento de los hombres. Es una cuestión estructural-social, de manera que es muy difícil
de arrancar al estar arraigado en la socialización de todas y todos.
Al preguntar por una solución a largo plazo, Elena asegura que desde Amnistía Internacional se
lleva pidiendo de hace tiempo que se inserten asignaturas de Derechos Humanos en las escuelas
formando, además, a profesores y profesoras en esta materia. Para ella, es algo esencial “en todo
el curriculum, desde la infancia hasta las carreras universitarias”.
Sin embargo, es necesario, primero, llevar a cabo una serie de modificaciones que Elena desglosa
en cuatro puntos de acción básicos:
1. La concienciación de la población y las autoridades en las instituciones públicas. Concienciar
sobre esa centralidad del consentimiento en cualquier tipo de relación y dejar claro que, en caso
de no existir ese consentimiento, no se está hablando de una relación sexual, sino de violencia
sexual. Además, haciendo hincapié en la campaña, el consentimiento debe darse con un “sí”
explícito, de esta manera, no habría lugar alguno a la libre interpretación de la persona agresora
cuando se dice “estoy cansada” o “estoy borracha”. Si no tienes el sí, no es una relación
consentida.
2. Hacer un cambio en las legislaciones. Desde Amnistía Internacional, se centran en la petición
de una reforma del código penal ya que, actualmente, este consentimiento no es una parte central
en los delitos a la hora de considerar la existencia de una violación.
A la legislación le falta una reforma que recoja como tipo penal, es decir, un delito, la falta de
consentimiento libre e informado: un sí. Todo lo que no implique esto, debe ser considerado
violencia sexual.
3. Más reformas acerca del acceso a los recursos. Además de la atención y eliminación de
estereotipos. Elena cuenta cómo tras dos años desde la salida del informe de Amnistía
Internacional "Ya es hora de que me creas", donde se denuncia la falta de visibilidad y de recursos
a la hora de tratar la violencia sexual, el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid crea un centro
de crisis que atiende de manera integral a las mujeres víctimas de violencia sexual las 24 horas
del día. Es importante ofrecer a la víctima un centro especializado con médicos, psicólogos y
juristas, entre otros.
Hasta el año pasado, en España no existía ninguno. Sin embargo, aun queda mucho por hacer: es
un avance muy importante, pero solo está disponible en el municipio de Madrid. Según la
coordinadora, que haya 1 solo centro para 6 millones de habitantes supone el incumplimiento del
compromiso de creación de otros de crisis para toda la Comunidad de Madrid; esta iniciativa viene
dada según los estándares europeos de 1 centro por cada 200.000 habitantes enmarcado en el
Convenio de Estambul con el cual, Amnistía Internacional, trabaja.
4. La unificación de protocolos. Esto ocurre en Madrid y en toda España. No existe un protocolo
de actuación unificado, es decir, una forma común de actuar cuando una víctima se pone en
contacto con las instituciones. Según cuenta Elena, poniendo un ejemplo de proceso en Madrid
capital, la víctima debe saber, primero, a dónde tiene que ir -la unidad especializada para víctimas
de violencia sexual de la policía nacional- y, segundo, solo puede ir al hospital de La Paz, donde el
médico llama a un forense que puede presentarse, o no.
En el caso de Blanca, una chica que aparece en el informe, el médico tuvo que exigir que viniera
el forense, quien se negaba a asistir a la víctima sin una autorización judicial, ya que es lo que
exige el protocolo de Madrid.
No obstante, no todo son malas noticias, según informaciones que ha recibido Amnistía
Internacional, se está probando un nuevo protocolo de unificación aunque, nuevamente, hay un
problema: no se está implementando. El protocolo existe desde hace 6 meses y no se les ha
permitido acceder al borrador, es por ello que exigen a las autoridades que se ponga ya en
marcha. Si esto ocurriera, habría un gran avance puesto que no se exigiría a las víctima una
denuncia previa, además, el protocolo crea espacios amables en 7 hospitales de referencia para
atender a las víctimas. Ahí la víctima sería atendida por quien quisiera, ya sean forenses, médicos,
policías, ginecólogos de guardia, psicólogos…
Esto nos lleva a hablar de la importancia de la información entre los propios profesionales. En el
informe se muestra que ni siquiera todos los profesionales saben cómo coordinarse o cómo
derivar a la víctima. Además, sería estrictamente necesario que fueran formados en violencia de
género y violencia sexual. Las personas que atienden, dependiendo de su sensibilización,
atenderán mejor o peor a la víctima o no se la creerán. Nuevamente, Elena hace referencia al
caso de Blanca plasmado en el informe, donde se explica que al ponerse en contacto con la
policía, se le hacen preguntas dirigidas a culpabilizarla: ¿qué falda llevaba?, ¿había bebido?, ¿era
de noche?
Existen mejoras, pero no llegan a apenas nada. Por ejemplo, no existen políticas públicas reales
contra la lucha de esta violencia, como en el pacto de 2017 de violencia de género donde,
prácticamente, no hay medidas de violencia sexual.
El problema con los datos
Elena cuenta que no existen datos reales de la prevalencia de la violencia sexual en España. Por
primera vez, este año, tenemos la nueva Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer de 2019
publicada en septiembre. En ella, se pregunta a mujeres y niñas por la percepción de la violencia
de género. El problema reside en que, hasta esta encuesta, no hay otras, no sabemos qué ocurre
porque los únicos datos oficiales son de las mujeres que han denunciado, a lo que ella se
pregunta ¿qué pasa con las que no denuncian?
Actualmente, los datos muestran que el 8’9% de las mujeres de la Comunidad de Madrid ha
sufrido violencia sexual en su vida, es decir, estamos hablando de violencia sexual contra las
mujeres originada por otras personas con las que la mujer no mantiene ni ha mantenido una
relación de pareja a lo largo de toda su vida.
En lo que a la violencia sexual dentro de la pareja respecta, sí se considera violencia de género,
por lo que hay más datos. Aquí, los datos de la violencia sexual aumentan porque existe un
observatorio, el Instituto de la Mujer, que tiene un portal estadístico; además, al considerarse
violencia de género, entra en todas las estadísticas. Sin embargo, los únicos datos son, de nuevo,
de las denuncias. Este problema se agrava en situaciones como mujeres migrantes en situación
administrativa irregular o en mujeres con discapacidad en la que el agresor pueda ser un familiar,
ellas, probablemente, no van a denunciar.
Asimismo, existe otro problema a la hora de poner denuncias, y es que Amnistía Internacional vio
en el informe que, prácticamente, todas las mujeres, consideran el procedimiento judicial
verdaderamente traumático. Algunas abogadas a las que entrevistaron aseguraron que las
víctimas no volverían a abrir un proceso judicial de este tipo, solo por el trauma que este conlleva.
Entonces, ¿cómo podemos actuar?
Llegados a este punto, entendiendo que los datos no van a mostrar los números reales, solo nos
queda preguntarnos qué es lo que hay que hacer para que las cosas cambien. A lo que Elena
responde con dos sencillos pasos: cambiar las conciencias a través de campañas y trabajar en la
incidencia política. Sobre esta última, Amnistía Internacional actúa llevando a cabo investigaciones
que son presentadas a las autoridades creando, seguidamente, un lobby que haga presión. De
esta manera, juntando la sensibilización con la presión social, se consiguen cambios en las
legislaciones. Aquí, Elena nos invita a firmar la petición Por una cultura del consentimiento
¡Hablemos del Sí! La cual cuenta ya con 120.000 firmas aproximadamente.
Amnistía Internacional trabajó mucho para la creación del centro de crisis a nivel autonómico. La
presión que hicieron fue un trabajo arduo para que los nuevos protocolos de apertura de centros
de crisis salieran adelante aunque, como se ha mencionado antes, no se hayan implementado
aún. Y no solo cuenta su trabajo, Elena asegura cómo el trabajo de concienciación de todas las
organizaciones sociales consiguieron que el Ayuntamiento de Madrid crease los puntos violeta
que son puntos informativos y de prevención, como ella dice: “no queremos atender a víctimas,
queremos evitar que haya víctimas”.
Por otra parte, en un plano más general, con respecto a la violencia de género, Elena cuenta que
Amnistía Internacional lleva 15 años trabajando en ello. En la Comunidad de Madrid, sus metas
son las mismas: mejor acceso a la justicia, más recursos y más coordinación.
Tienen mas de 12 informes sobre la situación de la violencia de género en España. Lo último que
han hecho es el informe salido hace un mes, cadenas invisibles, sobre las víctimas de trata en
España. El informe se centra en ver cuáles son los problemas para identificar a esas víctimas
porque, como dice Elena, si ya de por sí no hay datos de violencia sexual, peor es la situación de
la trata.
Sobre los datos que se tienen de las víctimas detectadas, se considera que el 76% son mujeres
(de todos los tipos de trata). Cuando hablamos de explotación sexual, el 99% son mujeres y niñas.
En la investigación, se preguntan ¿por qué no se están detectando a estas víctimas? Estudian do
así, sobre todo, las fronteras o lo que llaman “costas” -en el sur y en Barajas. Se ha podido
observar que el Estado español incumple sus obligaciones de derechos humanos al no tener
recursos para hacer una detección efectiva. El problema es el mismo, hay prejuicios y no hay
formación, sobre todo con las mujeres refugiadas donde, según explica, se agravan estas
condiciones: si ya de por sí el estereotipo dice que una mujer miente, la refugiada, miente más.
De esta manera, y terminando la entrevista, la portavoz nos vuelve a recalcar la importancia del
consentimiento: “Es el momento de que demos el paso todas y todos para acabar con la cultura
de la violación”, que solo un sí, son relaciones sexuales, todo lo demás, es violación.