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VI Congreso de Instituciones Arbitrales Corporativas (Barcelona 3 octubre 2014)

La ponencia central del Congreso corrió a cargo del Profesor Fernández Rozas, que abordó una de las rémoras que no ha desaparecido por completo de nuestro sistema arbitral cual es la contaminación del arbitraje por las leyes procesales reguladoras de la jurisdicción.

 

El 3 de octubre de 2014 tuvo lugar en el Decanato de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Cataluña el VI Congreso de Instituciones Arbitrales Corporativas organizado por el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) presentado por Luis Suárez, decano de los Registradores de Cataluña. Una jornada que aglutinó a las principales instituciones de arbitraje españolas y a destacados profesionales de alto nivel, para debatir sobre los temas candentes actuales en el arbitraje interno, más concretamente, en el denominado “arbitraje institucional”, aquel gestionado por entidades cuyos fines específicos son la administración de procedimientos arbitrales. El Congreso se ha celebrado con anterioridad en Barcelona, Madrid, Sevilla, Toledo, y Valencia abordará especialmente; el hecho de que la Ciudad Condal haya sido elegida de nuevo como sede se debe a la coincidencia este año con el 25 aniversario de la creación del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Las grandes conclusiones del congreso pueden resumirse como sigue: Santiago Ballester, Director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Catalunya, insistió en que desde la Generalitat se apuesta por el arbitraje como alternativa a los tribunales ordinarios para la resolución de los conflictos. Jesús de Alfonso, presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona, institución con más de 25 años de existencia y con más de 1.800 expedientes de arbitraje gestionados en su haber, realizó una encendida defendido del arbitraje insistiendo en que los tribunales y los poderes públicos no deben interferir en el mundo del arbitraje y particularmente en el proceso arbitral: lo que se denomina en Estados Unidos como “Hands off”. Desde la perspectiva de la judicatura Mª Eugènia Alegret, Magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, centró su intervención en el principio de congruencia en el procedimiento arbitral apuntando que los árbitros pueden tomar decisiones más allá del ámbito específico del conflicto, sin que resulte una incongruencia por exceso o defecto según el caso, con el lógico límite de la posibilidad de defensa; todo ello le confiere, en su opinión, mayor flexibilidad al arbitraje. Gonzalo Stampa, abogado y árbitro, indicó en una sagaz intervención que, aunque la independencia y la imparcialidad deben predicarse de los árbitros, las instituciones también a través de sus reglamentos y transparencia deben ser neutrales. Stampa añadió que en el mundo internacional casi no se producen recusaciones porqué los propios árbitros se abstienen de arbitrar ya que su reputación tiene más importancia que sus honorarios.

En la ponencia central del congreso, José Carlos Fernández Rozas, catedrático de la Universidad Complutense y árbitro, abordó una de las rémoras que no ha desaparecido por completo de nuestro sistema cual es la contaminación, al margen de su imprescindible presencia en lo que atañe a las relaciones entre jueces y árbitros, del arbitraje por las leyes procesales reguladoras de la jurisdicción y, a la vez, puso de relieve que algunos reglamentos elaborados por instituciones arbitrales españoles están peligrosamente influenciados por reglas procesales propias del procedimiento jurisdiccional, en concreto, la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que está reñido con la necesaria flexibilidad del procedimiento arbitral y el protagonismo de la voluntad de las partes en la materia. Un peligro que no se soluciona mecánicamente incorporando soluciones propias del arbitraje comercial internacional. Fernández Rozas destacó que, sin embargo, el panorama está cambiando y que, en particular, en las Universidades y en otras instituciones se empieza a formar en arbitraje, lo que garantizará en un futuro próximo que se evite la apuntada contaminación; también apuntó que hoy en día los jueces españoles son plenamente respetuosos con el arbitraje.

A continuación, el congreso contó con una mesa redonda compuesta por diversas Instituciones Arbitrales Corporativas del conjunto del Estado español para reflexionar sobre cómo generar confianza en el arbitraje. En la misma intervinieron: Carlos Cavero (Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación) apuntando que los tiempos del arbitraje se acomodan mucho mejor a las necesidades del empresario y añadiendo que se puede generar confianza en el arbitraje abaratando costes y transmitiendo el conocimiento del arbitraje desde las Universidades; también aportó por instituciones arbitrales fuerte. Antonio Sánchez–Pedreño (Corte de la Cámara de Comercio de Madrid–CAM) puso de relieve que la cláusula arbitral debe aplicarse adaptándola a cada caso concreto y explicó que el modelo de la CAM es de seguimiento del proceso con comités de designación independientes, supervisando la recusación y los laudos. Manuel Garayo (Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid) insistió en que el arbitraje debe responder a las expectativas y previsiones de las partes; subrayó que el escollo está entre los propios abogados, que a veces ven el arbitraje con cierta reticencia, especialmente entre los asesores internos de las compañías; hizo énfasis en la disponibilidad de los árbitros y que la CIMA favorece la elección por las partes con propuesta de hasta ocho árbitros. Diego Rivero (Tribunal Arbitral de Málaga) consideró que debía reforzarse la arquitectura jurídica de las instituciones arbitrales y defendió que el arbitraje institucional debe estar regulado por el poder público para evitar los “chiringuitos” arbitrales que tanto dañan a la institución; además, aprovechó para criticar que los modelos de constitución de sociedades no incluyan una cláusula tipo de arbitraje. Javier Messía (Corte de Arbitraje y Mediación de Toledo) destacó la importancia de la formación en arbitraje en las Universidades, escuelas de negocio y también por medio de academias para árbitros; también ha pedido que los poderes públicos apuesten de forma clara por el arbitraje institucional y que haya una hoja de ruta del arbitraje institucional para aumentar la certidumbre jurídica. Cerró la mesa redonda Manuel de Lorenzo (Tribunal arbitral de Valencia) afirmando que la desconfianza en el arbitraje surge del desconocimiento del mismo, el cual se debe reforzar con formación profesional en las universidades; Lorenzo pidió también incentivos fiscales para quienes acuden al arbitraje, así como la necesidad de que las instituciones arbitrales puedan proponer reformas legislativas.