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Marchena: “Hay que evitar la disolución de un partido político”

23 JUL 2019 - 13:11 CET

Javier Picos / Fotos: Nacho Calonge

Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, estimó, en el turno de preguntas de la segunda jornada del curso Justicia y desarrollo económico, que, aunque no exista un “obstáculo” constitucional, “hay que reformar las penas para evitar la disolución de un partido político e ir a una propuesta dogmática que permita compartimentar los focos políticos de una decisión jurídica”. En otras palabras, el juez optó por condenar a los responsables de una formación política ante unos hechos delictivos, antes de deshacer jurídicamente las propias agrupaciones, y apeló a “la singularidad” de los mismos. “¿Alguien se imagina a un partido político administrado por la Audiencia Nacional”, se preguntó.

La reflexión legal surge cuando la ley orgánica 5/2010 introduce, “cogiendo desprevenidos a los juristas”, en el artículo 31 bis la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En una posterior reforma, los partidos políticos también quedaron sometidos a este régimen. Para evitar una sentencia inculpatoria general que lleve a la disolución de las formaciones políticas, Marchena se mostró partidario de llevar a cabo unas “propuestas doctrinales” que estimulen “un debate interno”.

Tras su conferencia, y aclarando que no contestaría a ninguna cuestión de actualidad ni antes ni  después de su intervención en el curso, Manuel Marchena respondió en la sala con un escueto “tengo que guardar silencio” ante la pregunta de un periodista sobre los plazos para conocer la sentencia por el juicio del procés, del que ha sido presidente del tribunal. Admitió “entender, respetar y reconocer el sacrificio de muchos periodistas por estar aquí”, pero el juez no entró a valorar esta cuestión.

Ahondando en el tema central de su ponencia, Marchena definió la persona jurídica como “una ficción, que no tiene corazón” y como “una suma de voluntades individuales”. El hecho de considerar como sujeto de imputación con responsabilidad penal a una persona jurídica es un “ruptura drástica y cuasirevolucionaria”, pero, según él, “tenemos que desideologizarlo porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha venido para quedarse y está ya plenamente consolidada en nuestro sistema”. En su opinión, “ya no vale la actitud de barricada” y tampoco la política de “bloques” entre partidarios y detractores. Además, evidenció como dos actitudes “contrapuestas” como los que consideran que la persona jurídica no puede cometer un delito porque no tiene conciencia ni voluntad y los que opinan que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es “un cuento chino de los consejeros delegados de las grandes empresas que se agazapan ante este ente ficticio” convergen en una misma línea.

El juez Marchena también hizo gala de su humor al afirmar que para él comienza el verano cuando acude al curso que dirige todos los años Ángel Calderón, presidente de Sala del Tribunal Supremo, una sensación parecida a la que “teníamos todos con el antiguo posado de Ana Obregón”.

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