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Magistrados y políticos ahondan en la independencia de la justicia y sus vicisitudes

23 JUL 2018 - 17:44 CET

Javier Picos / Fotos: Nacho Calonge

La politización de la justicia. También su independencia y los riesgos que la acechan. Este es uno de los debates tradicionales de la última semana de los Cursos de Verano. A la primera jornada del curso Justicia y política: nuevos escenarios, dirigido por Ángel Calderón, presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, concurrieron, entre otros, Juan Antonio Xiol, magistrado del Tribunal Constitucional; Rafael Catalá, exministro de Justicia; la fiscal Consuelo Madrigal Martínez-Pereda; e Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y diputado de Ciudadanos.

El poder judicial -para Xiol- “debe preservar” su independencia “de forma absoluta” respecto al poder político. No obstante, el magistrado advirtió de que el primero tiene que ser “permeable” a los valores democráticos y sociales, lo que exige un “esfuerzo” por parte de todos. Además, calificó como “esencial” las críticas de las decisiones judiciales “siempre que no penetren en la intimidad de los jueces” y no  se cometan “excesos” a través de “juicios paralelos”.

Rafael Catalá aportó más reflexiones a un asunto “no resuelto” como el de la independencia de la justicia. A su juicio, los gobiernos de cualquier signo, así como el conjunto de los poderes públicos, están obligados a trabajar en esta línea, aunque “realmente esta independencia sea una realidad constatada”. La dotación de medios adecuados a la carrera fiscal y judicial, la garantía de sustituciones profesionales y las reformas de las leyes resultan claves, de acuerdo con el ex ministro de Justicia, para ese fortalecimiento.

Sobre este último aspecto, Catalá apuntó que, mientras la revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial mejoró las situaciones de jubilación en el campo judicial, la de la Ley de Enjuiciamiento Civil resolvió cuestiones procesales como la contestación escrita a un juicio verbal. También, sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el diputado popular destacó la introducción de la cultura de plazos o la segunda instancia penal en el ordenamiento jurídico.

Nuevas tecnologías

Después de atender a las preguntas de actualidad sobre el nuevo presidente del Partido Popular Pablo Casado, el exministro de Justicia apeló a las 282 nuevas plazas de jueces y magistrados creadas en 2015 y a las 109 nuevas plazas, en 2017. Las nuevas tecnologías fue otro de los temas destacados por Catalá para profundizar en la independencia de la justicia. A pesar de que su uso se halla todavía en pleno “via crucis”, más de ochenta millones de comunicaciones electrónicas judiciales, según sus datos, se producen en nuestro país, así como trescientas mil actividades procesales y documentales, relacionadas con la justicia, se enmarcan en el área telemática en un día en España.

Catalá, en su intervención de la mañana en el curso, también atacó a “los que hablan mal” de la justicia y de lo público sin tener pruebas de sus palabras: “Deberían probar lo que dicen y si no se deberían callar y ser repudiados”.

En este sentido, la fiscal Consuelo Madrigal denunció que muchas personas propugnan la independencia de los jueces pero luego no la practican: “Muchas veces oímos a la gente que dice que cree en la justicia pero cuando resuelve en su contra opinan que ya no confían en ella”. Por eso, Madrigal instó a los medios de comunicación a cultivar “el valor de la independencia intelectual, de la objetividad y de la neutralidad”. También la independencia individual y el fortalecimiento de las instituciones, según Madrigal, daría “garantías” a los fiscales para actuar ajenos a intereses y poderes políticos y mediáticos.

Por último, Ignacio Prendes, diputado de Ciudadanos -un partido que, según él, tiene como objetivo “recuperar la credibilidad de las instituciones”- y vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, solicitó a sus compañeros de debate hablar de la politización de la justicia “no en términos ideológicos” e hizo hincapié en que la percepción ciudadana de esa politización “está ahí”.

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