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Los jefes de ETA serán juzgados por primera vez en España por crímenes de lesa humanidad

Los 379 asesinatos de la banda terrorista que quedan sin resolver podrían ser imprescriptibles

10 JUL 2015 - 14:43 CET

Tras la admisión hoy a trámite por parte de la Audiencia Nacional  de la querella presentada hace dos años por Dignidad y Justicia, la Fundación Luis Portero y Antonio Salvá –padre de un guardia civil asesinado en 2009- contra los jefes de la banda terrorista ETA por delitos de lesa humanidad, permitirá, en caso de alcanzar una resolución favorable, que los 379 asesinatos atribuidos a esta organización que aún quedan sin resolver no prescriban nunca. Miguel Rodríguez Arias, abogado de la parte querellante, resaltó la importancia de este auto judicial porque “se trata del primer caso de lesa humanidad que es admitido en España, y además es el primer caso de este tipo que se admite contra los jefes de ETA”.

La querella, que se presentó en agosto de 2013, consta de más de 2.000  páginas y tiene como principal pretensión que los jefes de la banda terrorista respondan por una política de persecución y expulsiones forzadas de entre 60.000 y 200.000 seres humanos del País Vasco y Navarra, así como de la puesta en marcha de una auténtica política de asesinatos. Rodríguez Arias entiende que los jefes de ETA tienen lo que en los juicios de Nuremberg contra los dirigentes nazis se llamaba “responsabilidad por el mando”, porque “quien podía parar todo esto no era tanto la mano fungible sino el jefe que estaba detrás”.

El auto que admite el curso de la querella se refiere solo a los jefes de la banda terrorista desde el año 2004, porque es cuando entran en el Código Penal español los crímenes de lesa humanidad, pero “nosotros – apuntó el abogado- queremos extenderlo a los 45 jefes de ETA que continúan vivos, porque en 1977 España firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo artículo 7.2 determina que las leyes internacionales serán aplicables desde el momento en que se firmen”.

En la actualidad todavía son 379 los asesinatos de ETA que quedan sin resolver, lo que supone el 44 por ciento del total de crímenes perpetrados por la organización terrorista. Para Rodríguez Arias, “lo fundamental de todo esto es que si reconocemos que los crímenes se insertaban en una política de asesinatos, ya no son crímenes aislados, estamos hablando de asesinatos de lesa humanidad y estos son imprescriptibles”. El abogado, que participó en el curso Gritos silenciados. Robo y tráfico de niños en España, señaló que de esta forma se podría hacer justicia con las familias de las víctimas, porque no se puede pasar la página de ETA con cerca de la mitad de los asesinatos de la banda sin resolver. “Las familias de los asesinados tienen derecho a saber la verdad, a saber quién mató a sus seres queridos y tienen derecho a la justicia”, subrayó. 

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