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La Oficina Española de Patentes y Marcas, un actor dinámico para la economía

18 JUL 2019 - 14:31 CET

Roberto Orellana / Foto: Nacho Calonge

La vocal asesora de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) Silvia Navares recalcó la importancia de la entidad y su papel en el impacto económico de las marcas en la sociedad. “Un 38 % de todos los puestos de trabajo de la UE, 82 millones, puede atribuirse directa o indirectamente a los sectores intensivos en derechos de la propiedad industrial”, expuso la vocal de la Oficina durante el curso Retos de futuro de la propiedad industrial (I): las marcas, regulación e impacto, dirigido por el director de la OEPM José Antonio Gil.

Asimismo, Navares insistió en considerar a la Oficina como un actor determinante que garantiza la seguridad jurídica de las marcas, y, de esta forma, la confianza de los inversores. Junto esta función, la vocal destacó la tarea de difusión: “Una propiedad física, todo el mundo la comprende, pero esto es un bien intangible y no es fácilmente comprensible si no hay una labor didáctica”.

Entre los principales retos, Navares apuntó a la estructuración de la Oficina, fruto de una nueva directiva, y a la adaptación del público que utiliza el sistema de propiedad industrial para acogerse a la realidad europea ya que “los que usan el sistema son el 90 % de las empresas que tienen relevancia para la economía”.

Además, como fruto de esta normativa comunitaria y con perspectiva de implantarse en 2023, la vocal de la OEPM anunció que “con esta directiva vamos a establecer un primer escalón” con el que la Oficina podrá decidir sobre “cuestiones como supuestos de nulidad y de caducidad”. Actualmente, los jueces controlan el valor de los títulos y la legalidad de las actuaciones de la Oficina. Este nuevo procedimiento, según Silvia Navares, permitirá descongestionar la vía judicial para que “ahí solo vayan los asuntos verdaderamente trascendentes y complejos”.

Finalmente, dentro de su papel como actor social, otro de los desafíos de la Oficina, de acuerdo con Navares, es la lucha contra las falsificaciones debido a que el 42 % de la actividad económica total de la UE puede atribuirse a los sectores intensivos en derechos de propiedad industrial: “Hay que concienciar al consumidor de que no es lo mismo una falsificación que un producto auténtico. Se termina perjudicando a él y a la propia economía”.

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