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El robo de niños en España, un drama silenciado

Las víctimas se sienten desamparadas ante la inacción del Gobierno y de la sociedad

9 JUL 2015 - 18:01 CET

“Esto no se resuelve porque no se quiere resolver, hay muchos intereses de por medio, personales o de grupos de presión. Si el Estado no hace nada como hasta ahora y dilata el problema en el tiempo, es cómplice del delito”, denuncia Francisco González de Tena, presidente de la Federación X-24 y director del curso Gritos silenciados. Robo y tráfico de niños en España.

Se respira un ambiente de indignación en el aula donde se reúnen  víctimas, asociaciones y expertos, que ven con cierta frustración la deriva silenciosa que con el tiempo ha ido adquiriendo el drama de los niños robados en España. “Llevamos 8 años trabajando y nos encontramos en un momento crítico importante, al final de una legislatura complicada con enfrentamientos muy serios con el Ministerio de Justicia y el Gobierno en general”, explica González de Tena.

Uno de los problemas a los que deben enfrentarse los damnificados reside en el marco jurídico español, donde no se recoge la tipificación de las víctimas del tráfico de niños robados, por lo que se encuentran sin encaje jurídico debido a la complejidad del caso que engloba varios delitos. La única vía para las víctimas ha sido acudir a la ONU, donde esta clase de sucesos están recogidos y amparados por los protocolos de Derechos Humanos. La ONU dictaminó como crímenes del Franquismo a una parte de los casos y presentó a finales de 2014 dos informes muy duros contra la administración, dándoles un plazo de 90 días para cumplir con las obligaciones internacionales.

“Nos prometieron muchas cosas cuando entraron en el Gobierno y no han cumplido ninguna. Ahora, a tres meses de las elecciones anuncian que designarán a un fiscal general específico para los casos de niños robados. Creer que en tres meses van a hacer lo que no han hecho en 4 años es un brindis al sol”, recrimina González de Tena al Ejecutivo de Rajoy, para añadir que incluso la defensora del Pueblo elaboró un informe que recoge la “inacción contumaz” del Estado en el delito de los niños robados.

El presidente de la Fundación X-24 subraya que la cantidad de información conseguida por las madres víctimas, ha sido gracias a su esfuerzo personal y no al del Estado o la Iglesia, quienes no han facilitado ningún archivo. “Estamos ante un problema de Estado, un drama del conjunto de la sociedad española, no solo de las madres. La realidad es que hay ciudadanos españoles con la identidad cambiada, alterada de forma intencionada, y ello no tiene remedio si el Gobierno no toma cartas serias en el asunto” señala.

Un fenómeno mediático

Para González de Tena los medios  de comunicación han sido de gran utilidad, especialmente cuando en 2008 destaparon los indicios que había y junto al segundo auto del juez Baltasar Garzón, consiguieron demostrar que había algo más que rumores. En esos años el fiscal general de Estado negó en sede parlamentaria esta realidad, “creo que si una figura así niega o no se entera del asunto, hay motivos de sobra para que sea expulsado del cargo inmediatamente”, comenta el director del curso.

Según Pilar Navarro, socióloga y secretaria del curso, el problema de los medios fue que tras “descubrirse el pastel” se centraron únicamente en lo anecdótico, en lo que generaba negocio, por lo que la opinión pública terminó por aburrirse y olvidarse del caso. “El tema es muy fuerte, de una dimensión social que no puede ser tratada de forma superficial”, comenta la socióloga.

¿Por qué se ha dado este fenómeno en España?

“El tráfico de niños robados tiene su razón de ser en España por la marcada herencia del nacionalcatolicismo”, explica González de Tena, quien afirma que todo comenzó en la postguerra, con los miles de niños de madres republicanas entregados a familias de militares o personas acordes con al régimen. Según González de Tena, esta etapa de “castigo ideológico” continuó hasta la llegada de la transición política, ya que los niños eran entregados a familias que pudiesen reproducir los valores franquistas.

Pilar Navarro está convencida de que en la etapa democrática se siguió dando esta dimensión moralista de entregar niños a “familias de bien”, pero también apareció el interés económico que llevó incluso la venta de niños robados a clientes residentes fuera de España. “El robo de niños se convirtió en un negocio donde dejó de importar la procedencia familiar del niño, solo primaba la demanda y el dinero puesto sobre la mesa”, señala Pilar Navarro.

 

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