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El juez Llarena niega "categóricamente” que la Justicia en España esté politizada

25 JUL 2018 - 20:27 CET

Ángel Aranda / Foto: Nacho Calonge

“Niego categóricamente que haya una Justicia politizada en España”, señaló el magistrado del Tribunal Supremo Pablo LLarena, quien insistió en su postura añadiendo que los jueces “hemos dado pruebas de ello en las numerosas resoluciones que se han dictado en 40 años”. Llarena, que participó en una mesa redonda sobre las asociaciones de jueces y política judicial, dentro del curso Justicia y política: nuevos escenarios, dirigido por Ángel Calderón Cerezo,  acudió también en defensa de las asociaciones profesionales de magistrados negando que funcionen con “concepciones políticas”.

Pablo Llarena dijo comprender que haya una cierta percepción en la sociedad de politización de la Justicia, debido esencialmente al sistema de elección de los magistrados que conforman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), designados por el Parlamento. “El riesgo de politización existe, y la mejor forma de acabar con ese riesgo es que los 12 vocales de procedencia judicial los nombren los jueces”, afirmó el juez.

Asimismo el magistrado del Tribunal Supremo, que se negó a comentar cualquier cuestión relacionada con la instrucción que ha llevado a cabo durante 8 meses sobre la causa contra los promotores del referéndum político no autorizado realizado el pasado mes de octubre en Cataluña, defendió la imparcialidad de todos los jueces y su apego a la responsabilidad. “Si la interpretación de una norma la hicieran solo magistrados de izquierda radical o de derecha radical, desde luego la interpretación de esa norma no sería reconocida por el conjunto de la sociedad” subrayó el juez Llarena, quien además aseguró no haber recibido nunca injerencias de naturaleza política en el ejercicio de su profesión.

Justicia independiente

En esta misma línea se manifestó Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional y uno de los fundadores de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien cargó todavía más las tintas sobre el sistema de elección de los vocales del CGPJ, afirmando que es “un auténtica catástrofe”. A juicio del exmagistrado y actual abogado en ejercicio, quienes eligen a los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial en España no son los parlamentarios, sino “los comités ejecutivos de los partidos políticos”.

Además, Rodríguez Arribas rechazó de plano esa impresión que se tiene desde algunos sectores de la ciudadanía sobre la politización de la Justicia, y enarboló la bandera de la independencia de los jueces y magistrados. “Puedo jurar que nunca tuve presiones políticas, ni siquiera cuando no había democracia en España”, dijo, y aseguró que “nunca las habría tolerado”.

Por su parte, la juez decana de Madrid y miembro de la ejecutiva de la APM, María Jesús del Barco Martínez, apuntó sobre las asociaciones profesionales de los magistrados que desde estos organismos los jueces pueden tener su “oportunidad de opinión”, porque cuando se quitan la toga son también “personas normales con los mismos derechos y libertades” que los demás.

En este sentido, Del Barco se mostró sincera al afirmar que uno de los motivos por los que se constituyen estas asociaciones es porque los jueces “queremos más sueldo”, al  considerar que esta profesión está mal pagada sobre todo en los primeros destinos que se designan a quienes ingresan en la carrera judicial. “Espero que la ministra de Justicia nos convoque en septiembre a la mesa de retribuciones”, señaló la también titular del juzgado de primera instancia número 4 de Madrid, quien reclamó además el regreso de algunos derechos perdidos por este colectivo durante los últimos años, como el aumento del permiso de paternidad que actualmente está fijado en dos semanas o el compromiso de afrontar una carga de trabajo “racional”.

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