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El desarrollo económico, dentro de un orden

22 jul 2019 - 16:44 CET

Ángel Aranda / Fotos: Nacho Calonge

El presidente del Tribunal Constitucional (TC) Juan José González Rivas, ha sido el encargado de inaugurar hoy el curso Justicia y desarrollo económico, dirigido por el presidente de sala del Tribunal Supremo Ángel Calderón Cerezo, destacando la importancia de la regulación económica y otros  factores fundamentales como la seguridad, la estabilidad o la certeza jurídica. González Rivas apuntó el artículo 9 de la Constitución española como uno de los garantes de estos pilares esenciales del ordenamiento jurídico, porque en él se establece “la sujeción de todos los poderes públicos al texto constitucional”.

En esta misma línea el presidente del TC destacó el artículo 19 de la Constitución española, donde se habla de la libertad de elección de residencia y de circulación por todo el territorio nacional, así como el artículo 31 del mismo texto en el que se establece la regulación de las figuras impositivas. De este último, González Rivas indicó que el constituyente español “fue muy consciente” de los principios de justicia tributaria, y que tuvo unos conceptos “de capacidad económica y progresividad impositiva para buscar la justa distribución de la renta”, dijo.

El magistrado habló también sobre la evolución histórica del concepto de Constitución y desarrollo económico, como aspectos puntuales del Estado social y democrático. Así, se refirió al Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848, donde ya “se generaba la aplicación de un criterio de planificación en el ámbito de la ordenación económica”.

Además, el actual presidente del Tribunal Constitucional señaló que fue a partir de la República de Weimar en Alemania, en 1919, cuando por primera vez se introduce la incidencia de aspectos económicos y sociales en los textos constitucionales.

En el caso de España, la preocupación por la regulación económica en una Constitución no se reflejó hasta 1931 tras la proclamación de la II República, ya que a partir de ese momento “vemos cómo los derechos sociales y económicos fluyen en la configuración del sistema político y social”, apuntó el magistrado. 

Asimismo González Rivas explicó que posteriormente y antes de la aprobación del actual texto constitucional, hubo importantes constitucionalistas que se dedicaron al análisis del desarrollo económico como el profesor García Pelayo, quien en 1950 “dedicó un número monográfico” en la revista de divulgación pública a la Constitución económica.

Justicia civil

Por su parte, el presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Francisco Marín Castán, afirmó que la influencia de la Justicia civil en el sistema económico es continua a diferencia de otras ramas del Derecho, porque se encuentra presente en muchos momentos de nuestra vida diaria.

Para argumentarlo, Marín Castán explicó que si bien es cierto que todos tenemos que lidiar algunas veces con la Administración, al pagar anualmente el impuesto sobre la renta, el IBI o una simple multa de tráfico, “el contacto con el Derecho administrativo no es permanente”. Y de igual forma ocurre con la relación que mantienen los ciudadanos con el Derecho laboral o el penal, a los que se acude en cuestiones muy puntuales de la vida cotidiana, mientras que el contacto con el Derecho civil “se realiza continuamente”, subrayó el juez.

No obstante el magistrado admitió que el Derecho privado solo llega a los tribunales cuando hay conflicto, como cuando se interpone una demanda por responsabilidad civil tras una intervención quirúrgica fallida; no se paga el precio de una compra-venta o lo comprado no sirve. Por ello, Marín Castán compartió una de sus máximas con los asistentes al curso, afirmando que “el Código Civil es en gran medida la Constitución del día a día”, porque a su juicio se trata de aquello por lo que se rige la ciudadanía en su vida diaria “compartido como normal, que sigue cumpliéndose cualquiera que sea el partido político que nos gobierne e incluso en situaciones catastróficas como puede ser una guerra”, dijo.

En este sentido, el magistrado apuntó que se comprenderá que “la Justicia civil tenga una influencia directa con el sistema económico”, y que esta influencia exige una dotación de medios y recursos para que la Justicia sea efectiva, así como que calcule las exigencias generales sobre este sistema “y al mismo tiempo detecte las deficiencias de los ciudadanos para alertar sobre la necesidad de modificarla”.

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