Avances en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado


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 29/09/2015, 15:17 h

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   NOVEDADES NORMATIVAS

 14/09/2015, 20:07 h

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DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

 

            Coincidiendo con el final de su legislatura, el Gobierno ha aprovechado parte del periodo vacacional para aprobar tres normas –algunas de ellas llevaban tiempo en barbecho, como es el caso de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, Ley 29/2015- que inciden significativamente en nuestra disciplina, el Derecho internacional privado, en sus tres vertientes o sectores normativos: la competencia judicial internacional –y normas de aplicación-, el Derecho aplicable y el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras. En esta entrada vamos a referir y analizar exclusivamente algunas de las aportaciones que la Ley Orgánica 7/2015 ha introducido en nuestro sistema de fuente interna en el sector de competencia judicial internacional, dejando para posteriores entradas el análisis del resto de normas de reforma del sistema español de Derecho internacional privado.

 

            En lo que respecta a la competencia judicial internacional la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que entrará en vigor el 1 octubre de 2015 (Disposición Final 10ª), reforma el sistema autónomo de competencia judicial internacional español.  La revisión que esta norma realiza de las normas de competencia judicial internacional resulta cuestionable o, cuanto menos, muy mejorable. La reforma de nuestro sistema se ha plasmado en los nuevos artículos 21 a 22 nonies de la LOPJ –versión revisada-. Si bien ciertas lagunas del anterior artículo 22 LOPJ se han suplido, y desde esta perspectiva la reforma supone un avance, algunas de las aportaciones realizadas son discutibles. Vamos a referir de forma puntual alguna de esas contribuciones más significativas de la reforma.

 

            Entre las novedades más destacadas se incluyen la regulación de aspectos no reglamentados en el texto anterior, como es la cuestión de la pluralidad de demandados (art. 22 ter. 3). Esta aportación tiene significativa importancia en tanto que resulta aplicable incluso para supuestos incluidos dentro del ámbito material del Reglamento Bruselas I bis respecto de los codemandados domiciliados en terceros Estados no miembros. Otra novedad que viene a suplir otra laguna preexistente es la reglamentación de la eficacia de la derogatorio fori para los tribunales españoles resultante de un acuerdo de elección de foro a favor de un tribunal extranjero (art. 22 ter. 4). La incidencia práctica de la regulación de esta cuestión es relativa, toda vez que resulta relevante únicamente en la medida en que tal eficacia no esté ya referida por un instrumento de la UE o un convenio internacional, de aplicación preeminente respecto del sistema de fuente interna. Se recoge también una suerte de forum necessitatis por el  cual los tribunales españoles no podrán abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España y los tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia (art. 22 octies, nº 3 2º párrafo); de esta manera se integra expresamente en el esquema de fueros una norma de competencia que de facto los tribunales españoles venían aplicando a través del recurso al artículo 24 de la Constitución Española.

 

       También es posible señalar la introducción de ciertas mejoras en algunos fueros especiales en materias específicas. Este es el caso de los supuestos de declaración de ausencia o fallecimiento, donde se completa el criterio del último domicilio del desaparecido en territorio español con el de la nacionalidad española con carácter alternativo (art. 22 quáter letra a); o en el ámbito de las obligaciones contractuales, donde se ha suprimido el no poco problemático criterio atributivo de competencia lugar de celebración del contrato (art. 22 quinquies letra a).

 

       Al margen de las aportaciones particulares referidas anteriormente, la reforma practicada adolece de importantes deficiencias que trataremos de esbozar y que justifican la mayoría de las críticas que la doctrina nacional ya ha formulado contra este texto revisado (entre otros P. A. de Miguel Asensio, “La cuestionable revisión de las normas de competencia judicial internacional (LO 7/2015 de reforma de la LOPJ)”, 23 julio 2015). En primer lugar, y desde una perspectiva general –pues posteriormente haremos referencia puntual a algunas de las deficiencias de la nueva formulación-, se echa en falta cierta coordinación de esta reglamentación con el resto de normas de competencia judicial internacional derivadas de otras fuentes de producción normativa y de aplicación preferente por los tribunales y operadores jurídicos nacionales; esto es, se requiere una mínima coordinación con la normativa comunitaria –e instrumentos internacionales, según corresponda- sobre competencia al margen de la referencia genérica del artículo 21 LOPJ. Esta reclamación no es meramente formalista, pues precisamente el carácter preferente de la legislación de la UE en la materia y el alcance de ésta hace que la mayor parte de estas normas autónomas no se vayan a aplicar en la práctica o solamente de manera residual, como es el caso de los apartados a), b) y d) del artículo 22, así como de los artículos 22 bis 1 y 2, 22 quáter f) y g), y 22 quinquies d). Esta ausencia de coordinación incide negativamente en la tan deseada y necesaria previsibilidad y seguridad jurídica del sistema para los operadores jurídicos. En este sentido, el hecho de que en la reforma practicada se haya tomado como referencia directa la legislación europea en la materia –reproduciendo en ocasiones casi literalmente dicha legislación- no ayuda, sino más bien todo lo contrario; al margen de que pueda resultar en ocasiones poco justificada esta literalidad en una disposición del régimen de fuente interna –como sería el caso de la previsión relativa a la atribución de competencia a los tribunales nacionales en los contratos de arrendamiento de temporada del nuevo artículo 22.a)-. No obstante, resulta llamativo que por el contrario el legislador nacional en otras ocasiones se haya apartado de la tendencia europea obviando criterios de atribución de competencia que resultan más adecuados, como sucede con la formulación del fuero especial en materia de obligaciones extracontractuales.

 

           En segundo lugar, desde el punto de vista de la técnica legislativa elegida la revisión operada contribuye a dotar de mayor complejidad el ya por sí complejo sistema español de Derecho internacional privado: fragmentado y disperso. Esto es resultado, por un lado, de que el texto revisado de la LOPJ cuenta ahora con un mayor número de normas sobre competencia judicial internacional –de ello da cuenta el número de artículos introducido, hasta un artículo 22 nonies- y, por otro, de la ya referida falta de coordinación de esta reforma, no sólo con los instrumentos europeos e internacionales, sino también con la legislación de fuente interna en materia de competencia –lo que se deduce por ejemplo de la manera en que se refiere el texto a la legislación nacional sobre adopción internacional y materia concursal- y la relativa a los otros sectores de Derecho internacional privado.

 

            Al margen de estas apreciaciones generales, cabe  referir algunas deficiencias en ciertos aspectos específicos de la formulación de las nuevas normas de competencia introducidas. En particular, nos centraremos en algunas relativas a los fueros especiales por razón de la materia; si bien, previamente analizando las consecuencias de la nueva reglamentación de la autonomía jurisdiccional de las partes en el sistema de fuente interna para la atribución de competencia a los tribunales españoles.

 

            En lo que se refiere a la prórroga de competencia a los tribunales españoles por elección expresa de las partes –prorrogatio fori- el nuevo texto del artículo 22 bis LOPJ introduce una precisión para que se admita la sumisión que en la anterior versión no estaba prevista: “En aquellas materias en que una norma expresamente lo permita”. Este inciso exige la adopción de posteriores normas adicionales para su aplicación, lo que no resulta práctico ni justificado en relación con la formulación anterior, complicando el trabajo de los operadores jurídicos.  Asimismo, la formulación escogida parece que se ha realizado sin tener en cuenta los instrumentos internacionales de posible aplicación en la materia, tanto europeos -como es el Reglamento Bruselas I bis- como convencionales -pensando en la próxima entrada e vigor del Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro de 30 de junio de 2005-. En cualquier caso, este fuero de competencia del 22 bis LOPJ es de aplicación totalmente residual para fundamentar la competencia de los tribunales españoles, en tanto que en un supuesto de sumisión a la jurisdicción española será siempre de aplicación el Reglamento Bruselas I bis para las acciones incluidas dentro de su ámbito material desde el 10 de enero de 2015.  

 

       Otra nueva precisión en los denominados fueros especiales por razón de la materia, llama la atención por su inadecuación en una disposición de un régimen de fuente interna. El artículo 22 quáter c), en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio y sus modificaciones, condiciona la competencia de los tribunales nacionales a que no haya otro tribunal extranjero con competencia, mediante la referencia “siempre que ningún otro Tribunal extranjero tenga competencia”. Obviamente esta precisión es consecuencia directa de la influencia en el legislador nacional del instrumento europeo que reglamenta la competencia judicial internacional –así como el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales- en este sector material: el Reglamento Bruselas II bis. En este instrumento tal referencia sí tiene sentido, en la medida que el Reglamento tiene una naturaleza bilateral y debe cumplir una función distributiva de competencia entre las jurisdicciones de los Estados miembros del instrumento en las materias que regula –lo que condiciona su aplicación y funcionamiento-, y en los mismos términos si se recogiera en un tratado o Convenio internacional, no así en una disposición de un sistema de fuente interna de carácter unilateral. Desde esta perspectiva, esta previsión no puede considerarse como acertada, pues abre la posibilidad de potenciales resultados no deseados de incompetencia de la jurisdicción española.

 

       Por su parte, la regla de competencia recogida en el artículo 22 quáter d) en materia de filiación y de relaciones paterno-filiales da muestra de la total desconexión y descoordinación del régimen de fuente interna con la normativa comunitaria e internacional vigente en la materia y de aplicación prioritaria por los tribunales españoles (“En materia de filiación y de relaciones paterno-filiales, protección de menores y de responsabilidad parental, cuando el hijo o menor tenga su residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España o, en todo caso, al menos desde seis meses antes de la presentación de la demanda.”).

 

      En lo que respecta a las obligaciones extracontractuales, si bien la regla de competencia especial contenida en el texto revisado (artículo 22 quinquies letra b)  supone una mejora respecto de la formulación previa, al eliminar la regla del anterior 22.3 LOPJ que exigía que el autor del daño y la víctima tuviera su residencia habitual común en España, manteniendo únicamente como criterio de atribución de competencia el lugar del daño en términos muy similares a la versión previa (“cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español”), la formulación escogida para concretar este criterio puede resultar incompleta. Partiendo de la tradicional influencia de los instrumentos europeos en el legislador nacional a la hora de establecer el régimen de competencia de fuente interna, quizá lo más adecuado hubiera sido continuar con esta práctica y que la redacción del artículo 22 quinquies letra b) coincidiera con la del artículo 7.2 Reglamento Bruselas I bis, en la medida que este precepto supone un avance respecto del 5.3 del Convenio de Bruselas –incluyendo daños presentes y futuros- en el que se inspiraba el anterior 22.3 LOPJ y que se mantiene inexplicablemente en la versión revisada.

 

        Para finalizar, nos detendremos en lo que respecta a determinación de la competencia de los tribunales españoles en materia de contratación con consumidores.  El texto revisado en este aspecto da un giro de 180 grados respecto de la versión anterior al pasar de una reglamentación de la competencia que exigía una conexión razonable entre el litigio y el foro a atribuir competencia con base en una conexión mínima: por el mero hecho de que el consumidor tenga residencia habitual en España aunque el contrato no tenga conexión alguna con este territorio (artículo 22 quinquies letra d). Esta previsión puede no resultar justificada desde el punto de vista del principio de proximidad, lo que resulta más evidente si lo ponemos en relación con un contexto como el virtual, donde se lleva a cabo la mayoría de las contrataciones de consumo actualmente, esto es, en el ámbito del comercio electrónico. El consumidor desde su casa puede contratar bienes y servicios de operadores económicos que actúan en la red y que pueden tener su establecimiento en cualquier parte del mundo y no dirigir su actividad profesional en concreto a España y con esta formulación los tribunales españoles podrían tener competencia para conocer de las eventuales demandas que el consumidor residente en España dirigiera frente al profesional co-contratante, solución ésta que no resulta equilibrada. En cualquier caso, ha de recordarse que con la entrada en vigor del Reglamento Bruselas I bis la aplicación de esta norma queda en nada, toda vez que el ámbito espacial del Reglamento se amplía en materia de contratos de consumo, aplicándose las reglas de competencia aunque el profesional esté domiciliado fuera de la UE para aquellos casos en los que el demandante sea un consumidor europeo (vid. C. I. Cordero Álvarez, “La contratación entre consumidores de la UE y empresas de terceros Estados: evolución del DIPr europeo”, en J.-S. Bergé, S. Francq, M. Gardeñes Santiago (eds.), Boundaries of European Private International Law/Les frontières du droit international privé européen/Las fronteras del derecho internacional privado europeo, Bruylant/Larcier, 2015, pp. 347-365).

 Clara Isabel Cordero Álvarez
 Profª Dra. Derecho internacional privado
 Dept. Dº internacional público y Dº internacional privado
 Facultad de Derecho
 UCM 



   NOVEDADES JURISPRUDENCIALES DEL TJUE

 14/09/2015, 18:43 h

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

- Competencia judicial internacional: Reglamento de alimentos: accesoriedad de la demanda de alimentos a la acción de responsabilidad parental.

Asunto C-184/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de julio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia), Cooperación judicial en materia civil: obligaciones de alimentos. Aplicación de los artículo 3, letras c) y d) del Reglamento (CE) no 4/2009.  Demanda relativa a una obligación de alimentos a favor de hijos menores de edad, concomitante al procedimiento de separación de los padres, presentada en un Estado miembro distinto de aquel en el que los hijos tienen su residencia habitual.

      En este supuesto en el que hay pendientes dos demandas distintas en dos Estados miembros diferentes: una acción sobre estado de las personas -separación judicial- en Italia y otra relativa a la responsabilidad parental respecto de los hijos en común en Londres, se plantea en relación con las eventuales demandas de alimentos el carácter accesorio de éstas respecto las anteriores acciones a los efectos de determinar entre los tribunales ingleses y los italianos los competentes para conocer y resolver en virtud del artículo 3, letras c) y d). La cuestión controvertida se circunscribe a las acciones de alimentos ejercitadas frente al pogrenitor no custodio respecto de los hijos en común, no así respecto de las eventuales demandas de alimentos entre los excónyuges –quedando fuera de las cuestiones prejudiciales remitidas-.  

 

      En principio, el tenor literal de este precepto en el asunto de referencia parece que permitiría acumularse tales demandas de alimentos tanto a la acción sobre la ruptura del vínculo matrimonial –ante el foro italiano- como a la acción sobre responsabilidad parental -ante los tribunales ingleses-, esto es, que podría considerarse que la demanda relativa a una obligación de alimentos a favor de los menores fuera accesoria tanto a la acción relativa a la responsabilidad parental, en el sentido del artículo 3, letra d), del Reglamento, como a la acción relativa al estado de las personas, en el sentido del artículo 3, letra c), de dicho Reglamento. No obstante, la necesidad de tomar en consideración el interés superior del menor, así como los objetivos perseguidos por dicho artículo y del contexto en el que éste se inscribe, determina que sólo puede considerarse accesoria a la acción en materia de responsabilidad parental. En consecuencia, el Tribunal de Justicia sentencia que cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conoce de una acción de separación o de ruptura del vínculo conyugal entre los padres de un hijo menor de edad y un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro conoce de una acción de responsabilidad parental en relación con ese menor, una demanda relativa a una obligación de alimentos a favor de ese hijo sólo es accesoria a la acción relativa a la responsabilidad parental en el sentido del artículo 3, letra d), del Reglamento 4/2009.

 

      De esta manera, el tribunal de Justicia determina la accesoriedad de la demanda de alimentos en función del acreedor de dicha obligación y la especial protección que a los menores ha de profesarse, mediante la incorporación del criterio interés superior del menor como valor como referente hermenéutico en su jurisprudencia. 

 

Clara Isabel Cordero Álvarez
 Profª Dra. Derecho internacional privado
 Dept. Dº internacional público y Dº internacional privado
 Facultad de Derecho
 UCM