Resulta objetivo general de esta actividad conocer el marco jurídico actual del Derecho de Extranjería en el ámbito español y europeo y su ejercicio práctico para los profesionales dedicados a estas materias. Especialmente, en el marco de la integración social y laboral de los extranjeros.

Los profesionales del Derecho, en primer lugar, no pueden permanecer ajenos a esos fenómenos migratorios y cambios sociales citados que afectan de una u otra manera a nuestro ordenamiento jurídico por lo que deben tener conocimiento de nuevas normas y modificación de otras en relación con materias tan importantes como el Derecho Administrativo, Contencioso - Administrativo, Civil, Penal, Internacional, Laboral...

El Derecho de Extranjería ha pasado de ser una materia marginal a un campo de necesario conocimiento por parte de los profesionales que deben manejar con soltura toda suerte de Convenios Internacionales de aplicación directa en nuestro ordenamiento a la par que Convenios bilaterales con los países más significativos desde el punto de vista de emisores de inmigración.

En segundo lugar, se requerirá en un futuro no muy lejano la existencia y formación de universitarios con una sensibilidad social determinada que estén dispuestos a comprometerse y a sentirse participes del cambio de una sociedad que viene siendo en principio multicultural y que deberá tender a la interculturalidad.

En tercer lugar, la actual configuración de España como un país atractivo para el turismo residencial y en plena expansión económica, al albur de las ayudas europeas y del compromiso productivo, nos sitúan en el punto de mira de centenares de miles de ciudadanos europeos que han decidido establecer su residencia en este territorio. Bien, por un lado, porque pretenden beneficiarse de la benignidad del clima y poder disfrutar los últimos años de vida en nuestro país, contribuyendo de igual modo a la riqueza nacional mediante el fruto de sus pensiones de vejez y otros medios de subsistencia. O, bien porque entienden que en España se abren ofertas profesionales que les permitirán desempeñar su carrera profesional orientándola en direcciones distintas a las que venían haciendo en sus Estados de origen.

Todo ello nos lleva a creer igualmente urgente y necesario, ante la situación general de indiferencia en la que se encuentra tanto el inmigrante legal o regular como el ilegal o irregular, la creación en el ámbito de las Administraciones Públicas de un Servicio Social de Extranjería que imitase la labor realizada desde el año 1972 por los Servicios de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos (SEREM) y el Servicio de Asistencia a la Tercera Edad (hoy ambos incluidos en el IMSERSO). Estos servicios, que fueron pioneros al final del franquismo y que fueron impulsados por el III Plan de Desarrollo Económico y Social, significaron al igual que MINUSVAL' 74 (primer Congreso sobre la problemática del discapacitado en España) un cambio importante ante problemas concretos que afectaban a millones de familias españolas en riesgo de exclusión social (tres millones y medio de discapacitados y siete millones de componentes de la llamada Tercera Edad).

Por eso, ante la actual situación del fenómeno social de la Extranjería (cerca de 2 millones de ilegales - irregulares y 1.643.011 en condiciones regulares - legales conviven con nosotros) y ante la previsible llegada masiva de inmigrantes a España (se prevén 11 millones de ciudadanos no nacionales para 2.015) sería coherente la creación un Servicio Social de Extranjería a varios niveles: hacen falta Técnicos Nivel A (Licenciados Expertos en Derecho de Extranjería), Técnicos Nivel B (Diplomados en Trabajo Social, Gestión y Administración Pública y Relaciones Laborales, también Expertos en Derecho de Extranjería) y, por último, Técnicos Nivel C (Traductores, Informáticos, etc). Y, por primera vez, esta solución debe ser compartida por los Municipios, las Comunidades Autónomas y la Administración Central que son los que viven directamente la problemática.

Este I Curso de Experto en Derecho de Extranjería intenta ser el comienzo de la resolución del problema, es decir, crear Licenciados y Diplomados con profundos conocimientos de la materia, dispuestos a ejercer profesionalmente o a ponerse al servicio de nuestras Administraciones Públicas