Los diamantes se han convertido en un
símbolo del amor. Según Amnistía Internacional, a muy pocos consumidores
se les puede garantizar que esta piedra preciosa.
Según el informe publicado por la
organización, sólo el 37% de las empresas consultadas puede garantizar que
sus diamantes han sido obtenidos respetando los derechos humanos. Esto
ocurre dos años después de que el sector del diamante se comprometiera a
crear una regulación que impida el comercio de gemas en zonas de
conflicto.
Angola, Liberia, Sierra Leona o la República
Democrática del Congo son ejemplos de países exportadores de diamantes.
También están entre los países más pobres del mundo. La riqueza de su
suelo se ha convertido en una de las causas de la miseria de su población.
Los millones de dólares que produce el comercio ilícito de diamantes caen
en manos de las guerrillas. Cambian diamantes por armas y eluden así los
embargos impuestos por la comunidad internacional.
Esta fuente de financiación ha ayudado a
prolongar muchos conflictos en estos países. La producción de diamantes no
ha salvado al 90% de la población angoleña de la pobreza. Allí, un
diamante se vende por 20 dólares a una agencia local. Después, la piedra
va cambiando de dueño y su valor crece hasta llegar a manos europeas o
americanas. En la última fase del proceso, el diamante puede costar 2.000
dólares. Al final, las cifras crecen: en un año Liberia llegó a exportar
diamantes por valor de 300 millones de dólares.
El comercio de diamantes exige un círculo de
países que compran, venden o intercambian armas a cambio de gemas
preciosas. Un informe de la ONU sobre las causas de la guerra en Angola
apuntó a comerciantes de diamantes que actuaban en Johannesburgo, Dubái o
Amberes. También se señaló a Bulgaria y Ucrania como exportadores de armas
a países en conflicto. La venta final se centra en Europa. En Amberes,
Bélgica, se comercializan dos tercios de la producción mundial de
diamantes.
La venta de diamantes ilegales se ve
favorecida por mecanismos de control y legislaciones insuficientes. No
hacen saltar las alarmas de los detectores en los aeropuertos y se
convierten fácilmente en dinero en efectivo. Son muchas las organizaciones
internacionales que han exigido medidas que garanticen la legalidad de los
diamantes que llegan a Europa. Que garanticen que han sido obtenidos
respetando los derechos humanos.
Las peticiones de las diferentes
organizaciones, como la que hace estos días Amnistía Internacional, chocan
con otros intereses. La aplicación de leyes más estrictas pondría en
peligro un negocio que mueve al año 50.000 millones de dólares. Aunque se
sepa que el 10% de esa cifra financie conflictos armados, nadie quiere
perder dinero porque se identifiquen los diamantes con la guerra.
Los consumidores de diamantes, por su parte,
deben pedir garantías de la legalidad de gemas en el momento de la compra.
Estas exigencias pueden ayudar a que se aplique de verdad la legislación
internacional al respecto. De ser así, los diamantes serían controlados
desde el momento de su extracción hasta que llegan a su destinatario
final.
Si se consigue la aplicación de unas normas
que garanticen que los diamantes han seguido un camino legal hasta su
venta en los comercios, disminuirá el flujo de dinero que mueven al año
por todo el mundo. Se podrá terminar así con una fuente de financiación de
muchos conflictos. Se habrán terminado los diamantes de la guerra.