La hipótesis central de nuestro artículo gira en torno al papel asumido por el modelo de desarrollo local implantado en España desde la década de los 80 en el proceso de creación de empresas, y en concreto en el proceso de creación de empresas de Economía Social. Plantea la reflexión sobre cómo en sus inicios el modelo, apostaba encarecidamente por el fomento y la constitución de cooperativas como política activa de empleo, y en cómo en la actualidad, ha abandonado esta línea de actuación en favor de otras formas jurídicas. Para ello, partiremos del análisis de los datos oficiales existentes sobre la evolución de los dos modelos en la Comunitat Valenciana, poniendo de manifiesto la tendencia a la baja sufrida en la promoción de constitución de entidades de Economía Social y por el contrario el continuo crecimiento de Agencias Locales de Empleo y Desarrollo. Finalmente concluiremos el artículo proponiendo una serie de factores, que a nuestro entender han sido los determinantes de este proceso.
El presente trabajo pretende aportar información del grado de internacionalización de las cooperativas agrarias españolas, de los mercados y canales que están utilizando en la apertura de mercados exteriores. Se analiza además un caso real de empresa, la Sociedad Cooperativa Andaluza del Valle de los Pedroches (COVAP) que se está convirtiendo en un referente de empresa que ha sido capaz de llevar sus productos a más de 23 países entre los que se encuentran mercados tan exigentes como es Estados Unidos.
La voluntad de contribuir al logro de un proyecto común, la fidelidad a los objetivos colectivos y el propósito de cumplir los compromisos adquiridos deberían ser las motivaciones básicas del socio de una cooperativa. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, algunos cooperativistas no aportan a la empresa colectiva las cuantías comprometidas, perjudicando así los intereses de la entidad y del resto de los socios. A pesar de que estos comportamientos suponen una infracción del deber básico de participar en las actividades de la cooperativa, resulta difícil sancionar a los infractores y, todavía más, reparar los perjuicios económicos que ocasionan. Por ello, planteamos aquí la exploración de una vía complementaria a la vía sancionadora prevista en nuestras leyes para combatir los incumplimientos del deber de participar en la actividad típica de la cooperativa, que se conoce como “actividad cooperativizada”.
Esta investigación analiza la percepción de las empresas de participación o de economía social de la ciudad de Madrid, en concreto de las sociedades cooperativas de trabajo asociado y de sociedades laborales, sean anónimas o limitadas, sobre diferentes aspectos relativos a la denominada Responsabilidad Social Corporativa. El trabajo realizado se basa en la obtención de las valoraciones de los responsables de las sociedades objeto de estudio, a través de un cuestionario dirigido a una muestra de estas empresas, el cual ha sido complementado con reuniones de trabajo y entrevistas personales. En el mismo se ha podido constatar que existe cierta preocupación y concienciación sobre la responsabilidad de las empresas con la sociedad y su entorno, sobre todo por parte de los socios trabajadores de estas empresas. Por otro lado, también se ha detectado que es necesario fomentar la asunción de los criterios socialmente responsables por parte de las empresas, potenciar el desarrollo de memorias de sostenibilidad y una mayor implicación de todos los colectivos vinculados con las empresas no sólo los socios trabajadores sino también los socios que sólo aportan capital, los trabajadores no socios, las administraciones y los proveedores, entre otros; puesto que aún existe cierta distancia en comparación con las actuaciones que llevan a cabo empresas de mayor dimensión.
Las sociedades cooperativas en España, al igual que en otros países, vienen gozando de unos beneficios tributarios en virtud de la decidida protección que el legislador les ha querido conferir. La normativa actualmente vigente en España es la Ley de Régimen Fiscal de Cooperativas (LRFC), que establece diferentes niveles de beneficios en función del grado de protección que otorga a la cooperativa. En el caso de las cooperativas agrarias se establecen ciertos requisitos para alcanzar el mayor grado de protección, entre los que se encuentra que la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a los bienes de naturaleza rústica, dentro del ámbito geográfico de actuación de la sociedad, no exceda de 39.065,79 €.
En el presente trabajo se analiza si la no actualización de ese límite desde la promulgación de la LRFC en 1990 puede suponer un problema para el cumplimiento del mismo por parte de las cooperativas agrarias para seguir gozando de la especial protección.
En este sentido se pondrá de manifiesto cómo los valores catastrales (que determinan la base imponible del IBI de los inmuebles de naturaleza rústica) se han venido actualizando anualmente, con el consiguiente incremento de los mismos y por tanto se hace necesaria la reforma del límite fijado en la LRFC.
PARTICIPACIóN CIUDADANA, DESARROLLO E INTERVENCIóN COMUNITARIA, CAPITAL SOCIAL, CALIDAD DEMOCRáTICA, CAMBIO SOCIAL.
Claves ECONLIT:
A140 - SOCIOLOGY OF ECONOMICSL300 - I380 - WELFARE AND POVERTY: GOVERNMENT PROGRAMS; PROVISION AND EFFECTS OF WELFARE PROGRAMS NONPROFIT ORGANIZATIONS AND PUBLIC ENTERPRISE: GENERAL
El artículo presenta un análisis y evaluación de las contribuciones y oportunidades de las entidades de economía social como motores del cambio social en el ámbito local. La incorporación de la economía social en los órganos de participación institucionalizada en materia de bienestar social permitiría profundizar en los procesos democratizadores y de calidad de las políticas sociales públicas locales. A su vez, se presenta una sistematización, desde la práctica y los estudios empíricos realizados, de las tendencias observadas en la oferta de las políticas de participación en el ámbito municipal en el área de bienestar social y las dimensiones que permiten realizar un análisis e implementación de prácticas participativas orientadas a intensificar la calidad democrática en el ámbito local incorporando activamente la economía social.
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