| Español | English |
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
CAPÍTULO I Disposiciones generales
Artículo 1. Integración de la actividad preventiva
Artículo 2. Acción de la empresa en materia de prevención de riesgos
CAPÍTULO II Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva
Sección 1ª Evaluación de los riesgos
Artículo 4. Contenido general de la evaluación
Sección 2ª Planificación de la actividad preventiva
Artículo 8. Necesidad de la planificación
CAPÍTULO III Organización de recursos para las actividades preventivas
Artículo 11. Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva
Artículo 12. Designación de trabajadores
Artículo 13. Capacidad y medios de los trabajadores designados
Artículo 14. Servicio de prevención propio
Artículo 15. Organización y medios de los servicios de prevención propios
Artículo 16. Servicios de prevención ajenos
Artículo 19. Funciones de las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención
Artículo 20. Concierto de la actividad preventiva
Artículo 21. Servicios de prevención mancomunados
CAPITULO IV Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas
Artículo 23. Solicitud de acreditación
Artículo 24. Autoridad competente
Artículo 25. Aprobación provisional
Artículo 27. Mantenimiento de las condiciones de acreditación
CAPÍTULO V Auditorías
Artículo 29. Ámbito de aplicación
Artículo 30. Concepto y objetivos
CAPÍTULO VI Funciones y niveles de cualificación
Artículo 34. Clasificación de las funciones
Artículo 35. Funciones de nivel básico
Artículo 36. Funciones de nivel intermedio
Artículo 37. Funciones de nivel superior
CAPÍTULO VII Colaboración de los servicios de prevención con el Sistema Nacional de Salud
Artículo 38. Colaboración con el Sistema Nacional de Salud
Artículo 39. Información Sanitaria
Disposición adicional primera: Carácter básico
Disposición adicional segunda: Integración de los servicios de prevención
Disposición adicional tercera: Mantenimiento de la actividad preventiva
Disposición adicional cuarta: Aplicación a las Administraciones Públicas
Disposición adicional quinta: Convalidación de funciones
Disposición adicional sexta: Reconocimientos médicos previos al embarque de los trabajadores del mar
Disposición adicional séptima: Negociación colectiva
Disposición adicional octava: Criterios de acreditación y autorización
Disposición adicional novena: Disposiciones supletorias en materia de procedimientos administrativos
Disposición transitoria primera: Constitución de servicio de prevención propio
Disposición transitoria tercera: Acreditación de la formación
Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa
Disposición final primera. Habilitación reglamentaria
Disposición final segunda. Entrada en vigor
La Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, ha venido a dar un nuevo enfoque, ya anunciado en su preámbulo, a la
prevención de los riesgos laborales, que en la nueva concepción legal no se
limita a un conjunto de deberes de obligado cumplimiento empresarial o a la
subsanación de situaciones de riesgo ya manifestadas, sino que se integra en el
conjunto de actividades y decisiones de la empresa, de las que forma parte desde
el comienzo mismo del proyecto empresarial.
La nueva óptica de la prevención
se articula así en torno a la planificación de la misma a partir de la
evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo, y la consiguiente
adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos
detectados.
La necesidad de que tales fases o aspectos reciban un tratamiento
específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el artículo 6
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a tenor de cuyo apartado 1, letras
d) y e), el Gobierno procederá a la regulación, a través de la correspondiente
norma reglamentaria, de los procedimientos de evaluación de los riesgos para la
salud de los trabajadores y de las modalidades de organización, funcionamiento y
control de los Servicios de Prevención, así como de las capacidades y aptitudes
que han de reunir dichos Servicios y los trabajadores designados para
desarrollar la actividad preventiva, exigencia esta última ya contenida en la Directiva 89/391/CEE.
Al cumplimiento del mandato legal
responde el presente Real Decreto, en el que son objeto de tratamiento aquellos
aspectos que hacen posible la prevención de los riesgos laborales, desde su
nueva perspectiva, como actividad integrada en el conjunto de actuaciones de la
empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, a partir de una
planificación que incluya la técnica, la organización y las condiciones de
trabajo, presidido todo ello por los mismos principios de eficacia, coordinación
y participación que informan la Ley.
Se aborda, por ello, en primer término
la evaluación de los riesgos, como punto de partida que puede conducir a la
planificación de la actividad preventiva que sea necesaria, a través de alguna
de las modalidades de organización que, siguiendo al artículo
31 de la Ley, se regulan en la presente disposición, en función del tamaño
de la empresa y de los riesgos o de la peligrosidad de las actividades
desarrolladas en la misma.
La idoneidad de la actividad preventiva que, como
resultado de la evaluación, haya de adoptar el empresario, queda garantizada a
través del doble mecanismo que en la presente disposición se regula: de una
parte, la acreditación por la Autoridad laboral de los Servicios de Prevención
externos, como forma de garantizar la adecuación de sus medios a las actividades
que vayan a desarrollar y, de otra, la auditoría o evaluación externa del
sistema de prevención, cuando esta actividad es asumida por el empresario con
sus propios medios.
En relación con las capacidades o aptitudes necesarias
para el desarrollo de la actividad preventiva, la presente disposición parte de
la necesaria adecuación entre la formación requerida y las funciones a
desarrollar, estableciendo la formación mínima necesaria para el desempeño de
las funciones propias de la actividad preventiva, que se agrupan en tres
niveles: básico, intermedio y superior, en el último de los cuales se incluyen
las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad
en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. La
inexistencia actual de titulaciones académicas o profesionales correspondientes
a los niveles formativos mencionados, salvo en lo relativo a la especialidad de
medicina del trabajo, aparece prevista en el presente Real Decreto, que
contempla la posibilidad transitoria de acreditación alternativa de la formación
exigida, hasta tanto se determinen las titulaciones correspondientes por las
autoridades competentes en materia educativa.
En su virtud, a propuesta del
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, oída la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, consultadas las organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales más representativas, previa aprobación del Ministro de
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de enero de
1997
D I S P O N G O:
CAPÍTULO I Disposiciones generales
La prevención de riesgos laborales, como actuación a
desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en el conjunto de sus
actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización
del trabajo y en las condiciones en que éste se preste, como en la línea
jerárquica de la empresa, incluidos todos los niveles de la misma.
La
integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa
implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación
de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u
ordenen y en todas las decisiones que adopten.
Los trabajadores tendrán derecho a participar, en los
términos previstos en el capítulo V de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el diseño, la adopción y el
cumplimiento de las medidas preventivas.
Dicha participación incluye la
consulta acerca de la evaluación de los riesgos y de la consiguiente
planificación y organización de la actividad preventiva, en su caso, así como
el acceso a la documentación correspondiente, en los términos señalados en los
artículos
33 y 36 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales
El establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la empresa supone la implantación de un plan de prevención de riesgos que incluya la estructura organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción.
La puesta en práctica de toda acción preventiva requiere, en primer término, el conocimiento de las condiciones de cada uno de los puestos de trabajo, para identificar y evitar los riesgos y evaluar los que no puedan evitarse.
A partir de los resultados de la evaluación de los riesgos, el empresario planificará la actividad preventiva cuya necesidad ponga aquélla, en su caso, de manifiesto.
La actividad preventiva del empresario se desarrollará a través de alguna de las modalidades previstas en el Capítulo III de este Real Decreto.
CAPÍTULO II Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva
Sección 1ª Evaluación de los riesgos
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido
a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse,
obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones
de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben
adoptarse.
Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción
de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las
situaciones en que sea necesario:
Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a los trabajadores.
Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo.
La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido
evitarse deberá extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa
en que concurran dichos riesgos.
Para ello, se tendrán en cuenta:
Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan definidas en el apartado 7º del artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones.
A partir de dicha evaluación inicial, deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:
La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
el cambio en las condiciones de trabajo.
la incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
La evaluación de los riesgos se realizará mediante la intervención de personal competente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI de esta norma.
A partir de la información obtenida sobre la organización,
características y complejidad del trabajo, sobre las materias primas y los
equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los
trabajadores, se procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a
la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a
continuación el riesgo existente en función de criterios objetivos de
valoración, según los conocimientos técnicos existentes, o consensuados con
los trabajadores, de manera que se pueda llegar a una conclusión sobre la
necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo.
A los efectos
previstos en el párrafo anterior se tendrá en cuenta la información recibida
de los trabajadores sobre los aspectos señalados.
El procedimiento de evaluación
utilizado deberá proporcionar confianza sobre su resultado. En caso de
duda deberán adoptarse las medidas preventivas más favorables, desde el punto
de vista de la prevención.
La evaluación incluirá la realización de las
mediciones, análisis o ensayos que se consideren necesarios, salvo que se
trate de operaciones, actividades o procesos en los que la directa apreciación
profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad de
recurrir a aquéllos, siempre que se cumpla lo dispuesto en el párrafo
anterior.
En cualquier caso, si existiera normativa específica de
aplicación, el procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las condiciones
concretas establecidas en la misma.
Cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos y la normativa no indique o concrete los métodos que deben emplearse, o cuando los criterios de evaluación contemplados en dicha normativa deban ser interpretados o precisados a la luz de otros criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios recogidos en:
Normas UNE.
Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como de Instituciones competentes de las Comunidades Autónomas.
Normas internacionales.
En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio en la materia u otros métodos o criterios profesionales descritos documentalmente que cumplan lo establecido en el primer párrafo del apartado 2 de este artículo y proporcionen un nivel de confianza equivalente.
La evaluación inicial a que se refiere el artículo
4 deberá revisarse cuando así lo establezca una disposición
específica.
En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a
aquellos puestos de trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la
salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los controles
periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las
actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. Para ello se
tendrán en cuenta los resultados de:
la investigación sobre las causas de los daños para la salud que se hayan producido.
las actividades para la reducción de los riesgos a que se hace referencia en el apartado 1.a) del artículo 3.
las actividades para el control de los riesgos a que se hace referencia en el apartado 1.b) del artículo 3.
el análisis de la situación epidemiológica según los datos aportados por el sistema de información sanitaria u otras fuentes disponibles.
Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, deberá revisarse igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el transcurso del tiempo de los elementos que integran el proceso productivo.
En la documentación a que hace referencia la letra a) del apartado 1 del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales deberán reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar alguna medida preventiva, los siguientes datos:
La identificación del puesto de trabajo.
El riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores afectados.
El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3.
La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, en los casos en que sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5.
Sección 2ª Planificación de la actividad preventiva
Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto
situaciones de riesgo, el empresario planificará la actividad preventiva que
proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a
un orden de prioridades en función de su magnitud y número de trabajadores
expuestos a los mismos.
En la planificación de esta actividad preventiva se
tendrá en cuenta la existencia, en su caso, de disposiciones legales relativas a
riesgos específicos, así como los principios de acción preventiva señalados en
el artículo
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La planificación de la actividad preventiva incluirá, en todo caso, los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos.
Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la actividad preventiva las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud previstas en los artículos 20 y 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la información y la formación de los trabajadores en materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos.
La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado, estableciendo las fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores expuestos a los mismos, así como su seguimiento y control periódico. En el caso de que el período en que se desarrolle la actividad preventiva sea superior a un año, deberá establecerse un programa anual de actividades
CAPÍTULO III Derechos y obligaciones
La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:
Asumiendo personalmente tal actividad.
Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
Constituyendo un servicio de prevención propio.
Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
En los términos previstos en el Capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por servicio de prevención propio el conjunto de medios humanos y materiales de la empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención, y por servicio de prevención ajeno el prestado por una entidad especializada que concierte con la empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente.
Los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario, entendiendo como tal la conjunción coordinada de dos o más disciplinas técnicas o científicas en materia de prevención de riesgos laborales.
El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias:
Que se trate de empresa de menos de seis trabajadores.
Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el Anexo I.
Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo.
Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI.
La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades preventivas no asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades de organización preventiva previstas en este capítulo.
El empresario designará a uno o varios trabajadores para
ocuparse de la actividad preventiva en la empresa.
Las actividades
preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno
o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más
servicios de prevención propios o ajenos.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el empresario:
Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 11.
Haya recurrido a un servicio de prevención propio.
Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno.
Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados deberán tener la capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI.
El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones.
El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores.
Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I.
Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la Autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa, salvo que se opte por el concierto con una entidad especializada ajena a la empresa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta disposición.
Teniendo en cuenta las circunstancias existentes, la resolución de la Autoridad laboral fijará un plazo, no superior a un año, para que, en el caso de que se optase por un servicio de prevención propio, la empresa lo constituya en dicho plazo. Hasta la fecha señalada en la resolución, las actividades preventivas en la empresa deberán ser concertadas con una entidad especializada ajena a la empresa, salvo de aquéllas que vayan siendo asumidas progresivamente por la empresa mediante la designación de trabajadores, hasta su plena integración en el servicio de prevención que se constituya.
El servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo.
Los servicios de prevención propios deberán contar con las
instalaciones y los medios humanos y materiales necesarios para la realización
de las actividades preventivas que vayan a desarrollar en la empresa.
El
servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las
especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo
34 de la presente disposición, desarrolladas por expertos con la
capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo establecido
en el Capítulo
VI. Dichos expertos actuarán de forma coordinada, en particular en
relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de
trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos, los planes de
prevención y los planes de formación de los trabajadores. Asimismo habrá de
contar con el personal necesario que tenga la capacitación requerida para
desarrollar las funciones de los niveles básico e intermedio previstas en el
citado Capítulo
VI.
Sin perjuicio de la necesaria coordinación indicada en el párrafo
anterior, la actividad sanitaria, que en su caso exista, contará para el
desarrollo de su función dentro del servicio de prevención con la estructura y
medios adecuados a su naturaleza específica y la confidencialidad de los datos
médicos personales, debiendo cumplir los requisitos establecidos en la
normativa sanitaria de aplicación. Dicha actividad sanitaria incluirá las
funciones específicas recogidas en el apartado 3 del artículo 37 de la
presente disposición, las actividades atribuidas por la Ley General de
Sanidad, así como aquellas otras que en materia de prevención de riesgos
laborales le correspondan en función de su especialización.
Las actividades
de los integrantes del servicio de prevención se coordinarán con arreglo a
protocolos u otros medios existentes que establezcan los objetivos, los
procedimientos y las competencias en cada caso.
Cuando el ámbito de actuación del servicio de prevención se extienda a más de un centro de trabajo, deberá tenerse en cuenta la situación de los diversos centros en relación con la ubicación del servicio, a fin de asegurar la adecuación de los medios de dicho servicio a los riesgos existentes.
Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de prevención propio deberán ser concertadas con uno o más servicios de prevención ajenos.
La empresa deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las Autoridades laborales y sanitarias competentes la memoria y programación anual del servicio de prevención a que se refiere la letra d) del apartado 2 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, que colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la actividad de prevención y no concurran las circunstancias que determinan la obligación de constituir un servicio de prevención propio.
Que en el supuesto a que se refiere la letra c) del artículo 14 no se haya optado por la constitución de un servicio de prevención propio.
Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 y en el apartado 4 del artículo 15 de la presente disposición.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los representantes de los trabajadores deberán ser consultados por el empresario con carácter previo a la adopción de la decisión de concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de prevención ajenos.
Podrán actuar como servicios de prevención las entidades especializadas que reúnan los siguientes requisitos:
Disponer de la organización, instalaciones, personal y equipo necesarios para el desempeño de su actividad.
Constituir una garantía que cubra su eventual responsabilidad.
No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como servicio de prevención, que puedan afectar a su independencia e influir en el resultado de sus actividades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.
Obtener la aprobación de la Administración sanitaria, en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.
Ser objeto de acreditación por la Administración laboral.
Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán contar con las instalaciones y los recursos materiales y humanos que les permitan desarrollar adecuadamente la actividad preventiva que hubieren concertado, teniendo en cuenta el tipo, extensión y frecuencia de los servicios preventivos que han de prestar y la ubicación de los centros de trabajo en los que dicha prestación ha de desarrollarse.
En todo caso, dichas entidades deberán disponer, como mínimo, de los medios siguientes:
Personal que cuente con la
cualificación necesaria para el desempeño de las funciones de nivel
superior, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo
VI, en número no inferior a un experto por cada una de las
especialidades o disciplinas preventivas de Medicina del Trabajo, Seguridad
en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología aplicada.
Asimismo deberán contar con el personal necesario que tenga la capacitación
requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico e intermedio
previstas en el Capítulo
VI, en función de las características de las empresas cubiertas por el
servicio.
Los expertos en las especialidades mencionadas actuarán de
forma coordinada, en particular en relación con las funciones relativas al
diseño preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y evaluación
de los riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de los
trabajadores.
Las instalaciones e instrumentación necesarias para realizar las pruebas, reconocimientos, mediciones, análisis y evaluaciones habituales en la práctica de las especialidades citadas, así como para el desarrollo de las actividades formativas y divulgativas básicas.
Sin perjuicio de la necesaria coordinación indicada en el apartado 2 de este artículo, la actividad sanitaria contará para el desarrollo de su función dentro del servicio de prevención con la estructura y medios adecuados a su naturaleza específica y la confidencialidad de los datos médicos personales.
La Autoridad laboral, previo informe, en su caso, de la sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario, podrá eximir del cumplimiento de alguna de las condiciones señaladas a los servicios de prevención en el apartado 2 a), a solicitud de los mismos, en función del tipo de empresas al que extiende su ámbito y de los riesgos existentes en las mismas, siempre que quede suficientemente garantizada su actuación interdisciplinar en relación con dichas empresas.
Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.
Cuando el empresario opte por desarrollar la actividad preventiva a través de uno o varios servicios de prevención ajenos a la empresa, deberá concertar por escrito la prestación, debiéndose consignar, como mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de prevención ajeno a la empresa.
Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los centros de trabajo de la misma a los que dicha actividad se contrae.
Aspectos de la actividad preventiva a desarrollar en la empresa, especificando las actuaciones concretas, así como los medios para llevarlas a cabo.
Actividad de vigilancia de la salud de los trabajadores, en su caso.
Duración del concierto.
Condiciones económicas del concierto.
Las entidades especializadas que actúen como servicios de
prevención deberán mantener a disposición de las autoridades laborales y
sanitarias competentes una memoria anual en la que incluirán de forma separada
las empresas o centros de trabajo a los que se ha prestado servicios durante
dicho período, indicando en cada caso la naturaleza de éstos.
Igualmente,
deberán facilitar a las empresas para las que actúen como servicios de
prevención la memoria y la programación anual a las que se refiere el apartado
2 d) del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a fin
de que pueda ser conocida por el Comité de Seguridad y Salud en los términos
previstos en el artículo citado.
Podrán constituirse servicios de prevención mancomunados
entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un
mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede
garantizada la operatividad y eficacia del servicio en los términos previstos
en el apartado
3 del artículo 15 de esta disposición.
Por negociación colectiva o
mediante los acuerdos a que se refiere el artículo
83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, o, en su defecto, por
decisión de las empresas afectadas, podrá acordarse, igualmente, la
constitución de servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas
pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que
desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica
limitada.
En el acuerdo de constitución del servicio mancomunado, que se deberá adoptar previa consulta a los representantes legales de los trabajadores de cada una de las empresas afectadas en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán constar expresamente las condiciones mínimas en que tal servicio de prevención debe desarrollarse.
Dichos servicios, tengan o no personalidad jurídica diferenciada, tendrán la consideración de servicios propios de las empresas que los constituyan y habrán de contar con los medios exigidos para aquéllos, cuyos restantes requisitos les serán, asimismo, de aplicación.
La actividad preventiva de los servicios mancomunados se limitará a las empresas participantes.
El servicio de prevención mancomunado deberá tener a disposición de la Autoridad laboral la información relativa a las empresas que lo constituyen y al grado de participación de las mismas.
La actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como servicios de prevención se desarrollará en las mismas condiciones que las aplicables a los servicios de prevención ajenos, teniendo en cuenta las prescripciones contenidas al respecto en la normativa específica aplicable a dichas Entidades.
CAPÍTULO IV Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas
Las entidades especializadas que pretendan ser acreditadas como servicios de prevención deberán formular solicitud ante la Autoridad laboral competente del lugar en donde radiquen sus instalaciones principales, acompañando a su petición un proyecto en el que se hagan constar los siguientes extremos:
Aspectos de la actividad preventiva que pretende efectuar, especificando los tipos de actividad que tienen capacidad de desarrollar.
Ámbito territorial y de actividad profesional en los que pretende actuar, así como previsión del número de empresas y volumen de trabajadores en los que tiene capacidad para extender su actividad preventiva.
Previsiones de dotación de personal para el desempeño de la actividad preventiva, con indicación de su cualificación profesional y dedicación, así como de las instalaciones y medios instrumentales y de su respectiva ubicación.
Compromiso de suscribir una póliza de seguro que cubra su responsabilidad, por una cuantía mínima de 200 millones de pesetas (1.202.024,21 €), anualmente actualizada en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo, sin que dicha cuantía constituya el límite de la responsabilidad del servicio.
Actividades especializadas que, en su caso, tiene previsto contratar con otras entidades.
Será Autoridad laboral competente para conocer de las solicitudes de acreditación formuladas por las entidades especializadas que pretendan actuar como servicios de prevención el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido el correspondiente traspaso de servicios o, en su defecto, la Dirección Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de la provincia donde radiquen sus instalaciones principales.
La acreditación otorgada tendrá validez para todo el ámbito del Estado, de acuerdo con los criterios de coordinación establecidos por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Recibidos la solicitud y el proyecto señalados en el artículo 23, la Autoridad laboral remitirá copia a la Autoridad sanitaria competente del lugar en el que radiquen las instalaciones principales de la entidad especializada, a los fines previstos en el apartado 5 del artículo 31 de la Ley 31/1995. Dicha Autoridad sanitaria comunicará a la Autoridad laboral su decisión acerca de la aprobación del proyecto en cuanto a los requisitos de carácter sanitario.
Al mismo tiempo, solicitará informe de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas o, en su caso, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como aquellos otros que considere necesarios acerca de los aspectos no contemplados en el apartado anterior.
La Autoridad laboral, a la vista de la decisión de la Autoridad sanitaria y de los informes emitidos, dictará resolución en el plazo de tres meses, contados desde la entrada de la solicitud en el Registro del órgano administrativo competente, autorizando provisionalmente o denegando la solicitud formulada. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.
La resolución prevista en el apartado anterior que autorice provisionalmente tendrá carácter definitivo cuando la entidad especializada, al tiempo de formular la solicitud, acredite la efectiva realización del proyecto, en los términos señalados en el artículo siguiente.
Contra la resolución expresa o presunta de la Autoridad laboral podrá interponerse recurso ordinario en el plazo de un mes ante el órgano superior jerárquico correspondiente.
La eficacia de la resolución estimatoria de la Autoridad
laboral quedará subordinada a la efectiva realización del proyecto por parte
de la entidad solicitante.
A tal fin, dicha entidad deberá comunicar la
realización del proyecto a la Autoridad laboral en el plazo de tres meses,
contados a partir de la fecha de notificación de la resolución estimatoria,
con indicación de los siguientes datos y documentos:
Número de identificación fiscal y código de cuenta de cotización a la Seguridad Social.
Contratos del personal, con indicación de su duración, cualificación profesional y dedicación.
Situación de sus instalaciones, así como de los medios instrumentales.
Póliza de seguro contratada.
Contratos o acuerdos establecidos, en su caso, con otras entidades para la realización de determinados tipos de actividades especializadas.
Transcurrido el plazo de tres meses sin que la entidad haya comunicado a la Autoridad laboral la realización del proyecto, la autorización provisional se entenderá caducada.
Recibida la comunicación relativa a la realización del
proyecto, la Autoridad laboral remitirá copia a la Autoridad sanitaria
competente, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los órganos
técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas y a aquellos otros
que hubieren emitido informe, a efectos de comprobación de la concurrencia de
los requisitos previstos en el proyecto.
Cuando las entidades solicitantes
cuenten con instalaciones o medios ubicados en más de una provincia o
Comunidad Autónoma, la Autoridad laboral competente para resolver recabará los
informes referidos en el párrafo anterior a través de las respectivas
autoridades competentes de dichas provincias o Comunidades Autónomas.
La Autoridad laboral, a la vista de la decisión de la
Autoridad sanitaria y de los informes emitidos, dictará resolución ratificando
o rectificando la autorización provisional en el plazo de tres meses, contados
desde la comunicación relativa a la realización del proyecto. Dicho plazo se
ampliará a seis meses en el supuesto previsto en el párrafo segundo del
apartado anterior.
Transcurridos dichos plazos sin que haya recaído
resolución expresa, se entenderá ratificada la autorización
provisional.
Contra la resolución expresa o presunta de la Autoridad
laboral cabrá la interposición del recurso previsto en el apartado
5 del artículo anterior.
Las entidades especializadas podrán desarrollar su actividad como servicio de prevención una vez obtenida la acreditación mediante la ratificación de la autorización provisional.
Las entidades especializadas deberán mantener las condiciones en que se basó su acreditación como servicios de prevención. Cualquier modificación de las mismas será comunicada a la Autoridad laboral que la concedió.
Las Autoridades laboral y sanitaria podrán verificar, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de las condiciones exigibles para el desarrollo de las actividades del servicio, comunicando a la Autoridad laboral que concedió la acreditación las deficiencias detectadas con motivo de tales verificaciones.
Si como resultado de la comprobaciones efectuadas, bien directamente o a través de las comunicaciones señaladas en el apartado anterior, la Autoridad laboral que concedió la acreditación comprobara el incumplimiento de requisitos que determinaron aquélla, podrá extinguir la acreditación otorgada.
En los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que
hayan recibido los correspondientes traspasos de servicios o, en su defecto,
de la Administración General del Estado, se creará un registro en el que serán
inscritos las entidades especializadas que hayan sido autorizadas como
servicios de prevención, así como las personas o entidades especializadas a
las que se haya concedido autorización para efectuar auditorías o evaluaciones
de los sistemas de prevención de conformidad con lo establecido en el Capítulo
V de esta disposición.
Los órganos a los que se refiere el párrafo
anterior, enviarán a la Dirección General de Trabajo y Migraciones del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo de ocho días hábiles,
copia de todo asiento practicado en sus respectivos registros.
Los
registros de las Administraciones competentes en la materia estarán
intercomunicados para poder disponer de toda la información que contienen.
De efectuarse tratamiento automatizado de datos de salud o de otro tipo de datos personales, deberá hacerse conforme a la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre.
CAPÍTULO V Auditorías
Las auditorías o evaluaciones externas serán obligatorias en los términos establecidos en el presente Capítulo cuando, como consecuencia de la evaluación de los riesgos, las empresas tengan que desarrollar actividades preventivas para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
Las empresas que no hubieran concertado el servicio de
prevención con una entidad especializada deberán someter su sistema de
prevención al control de una auditoría o evaluación externa.
Dicha
auditoría deberá ser repetida cada cinco años, o cuando así lo requiera la
Autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las
Comunidades Autónomas, a la vista de los datos de siniestralidad o de otras
circunstancias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados
de la última auditoría.
A los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas
de hasta 6 trabajadores cuyas actividades no estén incluidas en el Anexo I, en
las que el empresario hubiera asumido personalmente las funciones de
prevención o hubiera designado a uno o más trabajadores para llevarlas a cabo
y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad
de recurrir a una auditoría por el limitado número de trabajadores y la escasa
complejidad de las actividades preventivas, se considerará que han cumplido la
obligación de la auditoría cuando cumplimenten y remitan a la Autoridad
laboral una notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen
necesario recurrir a la misma según modelo establecido en el Anexo II, y
la Autoridad laboral no haya aplicado lo previsto en el apartado 4 de este
artículo.
La Autoridad laboral registrará y ordenará según las actividades
de las empresas sus notificaciones y facilitará una información globalizada
sobre las empresas afectadas a los órganos de participación institucional en
materia de seguridad y salud.
Teniendo en cuenta la notificación prevista en el apartado anterior, la documentación establecida en el artículo 7 y la situación individualizada de la empresa, a la vista de los datos de siniestralidad de la empresa o del sector, de informaciones o de otras circunstancias que pongan de manifiesto la peligrosidad de las actividades desarrolladas o la inadecuación del sistema de prevención, la Autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, podrá requerir la realización de una auditoría a las empresas referidas en el citado apartado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.
La auditoría, como instrumento de gestión que ha de incluir una evaluación sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de prevención, deberá ser realizada de acuerdo con las normas técnicas establecidas o que puedan establecerse y teniendo en cuenta la información recibida de los trabajadores, y tendrá como objetivos:
Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los riesgos, analizar sus resultados y verificarlos, en caso de duda.
Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajusta a lo dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre riesgos específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación.
Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para realizar las actividades preventivas mencionadas en el párrafo anterior y los recursos de que dispone el empresario, propios o concertados, teniendo en cuenta, además, el modo en que están organizados o coordinados, en su caso.
Los resultados de la auditoría deberán quedar reflejados en un informe que la empresa auditada deberá mantener a disposición de la Autoridad laboral competente y de los representantes de los trabajadores.
La auditoría deberá ser realizada por personas físicas o jurídicas que posean, además, un conocimiento suficiente de las materias y aspectos técnicos objeto de la misma y cuenten con los medios adecuados para ello.
Las personas físicas o jurídicas que
realicen la auditoría del sistema de prevención de una empresa no podrán
mantener con la misma vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier
otro tipo, distintas a las propias de su actuación como auditoras, que puedan
afectar a su independencia o influir en el resultado de sus
actividades.
Del mismo modo, tales personas no podrán realizar para la
misma o distinta empresa actividades en calidad de entidad especializada para
actuar como servicio de prevención, ni mantener con estas últimas
vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo distintas de
las que concierte la propia auditora como empresa para desarrollar las
actividades de prevención en el seno de la misma.
Cuando la complejidad de las verificaciones a realizar lo haga necesario, las personas o entidades encargadas de llevar a cabo la auditoría podrán recurrir a otros profesionales que cuenten con los conocimientos, medios e instalaciones necesarios para la realización de aquéllas.
Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención habrán de contar con la autorización de la Autoridad laboral competente del lugar donde radiquen sus instalaciones principales, previa solicitud ante la misma, en la que se harán constar las previsiones señaladas en la letra c) del artículo 23.
La Autoridad laboral, previos los informes que estime
oportunos, dictará resolución autorizando o denegando la solicitud formulada
en el plazo de tres meses, contados desde la entrada de la solicitud en el
Registro del órgano administrativo competente. Transcurrido dicho plazo sin
que haya recaído resolución expresa, la solicitud podrá entenderse
desestimada.
La resolución estimatoria de la Autoridad laboral tendrá
carácter provisional, quedando subordinada su eficacia a la autorización
definitiva, previa acreditación del cumplimiento de las previsiones señaladas
en el apartado 1.
Serán de aplicación a la autorización el procedimiento establecido para la acreditación en el artículo 26 de la presente disposición y el previsto en el artículo 27 en relación con el mantenimiento de las condiciones de autorización y la extinción, en su caso, de las autorizaciones otorgadas.
CAPÍTULO VI Funciones y niveles de cualificación
A efectos de determinación de las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación de los riesgos y el desarrollo de la actividad preventiva, las funciones a realizar se clasifican en los siguientes grupos:
Funciones de nivel básico.
Funciones de nivel intermedio.
Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada.
Las funciones que se recogen en los artículos siguientes serán
las que orienten los distintos proyectos y programas formativos desarrollados
para cada nivel.
Estos proyectos y programas deberán ajustarse a los
criterios generales y a los contenidos formativos mínimos que se establecen para
cada nivel en los Anexos III a
VI.
Integran el nivel básico de la actividad preventiva las funciones siguientes:
Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva.
Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control.
Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de formación.
Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias.
Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto.
Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.
Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso:
Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo IV y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 50 horas, en el caso de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I, o de 30 horas en los demás casos y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en los apartados A y B, respectivamente, del Anexo IV citado, o,
poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes o similares a las que precisan las actividades señaladas en el apartado anterior, o,
acreditar una experiencia no inferior a 2 años en una empresa, institución o Administración Pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las actividades señaladas en el apartado anterior.
En los supuestos contemplados en los párrafos b) y c), los niveles de cualificación preexistentes deberán ser mejorados progresivamente, en el caso de que las actividades preventivas a realizar lo hicieran necesario, mediante una acción formativa de nivel básico en el marco de la formación continua.
La formación mínima prevista en el párrafo a) del apartado anterior se acreditará mediante certificación de formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, emitida por un servicio de prevención o por una entidad pública o privada con capacidad para desarrollar actividades formativas específicas en esta materia.
Las funciones correspondientes al nivel intermedio son las siguientes:
Promover, con carácter general, la prevención en la empresa.
Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel superior.
Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad de recurrir al nivel superior, a la vista de los resultados de la evaluación.
Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas.
Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.
Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.
Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del nivel superior.
Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo V y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 300 horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.
Las funciones correspondientes al nivel superior son las siguientes:
Las funciones señaladas en el apartado 1 del artículo anterior, con excepción de la indicada en la letra h).
La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija:
La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su área de especialización.
La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone la realización de actividades diferentes, que implican la intervención de distintos especialistas.
La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en los términos señalados en el apartado 3 de este artículo.
Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será preciso contar con una titulación universitaria y poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo VI y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 600 horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.
Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores señaladas en la letra e) del apartado 1., serán desempeñadas por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los párrafos siguientes:
Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un A.T.S./D.U.E de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales:
Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.
Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.
Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos
específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo
a los que esté expuesto el trabajador. El Ministerio de Sanidad y Consumo y
las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades científicas competentes, y
de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad en materia de
participación de los agentes sociales, establecerán la periodicidad y
contenidos específicos de cada caso.
Los exámenes de salud incluirán, en
todo caso, una historia clínico-laboral, en la que además de los datos de
anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios
complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará
constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de
permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las
condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas. Deberá
constar igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de los
anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de
permanencia para cada uno de ellos.
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral a través del Sistema Nacional de Salud.
El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con el resto de los componentes del servicio, a fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.
El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará, especialmente, los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a los menores y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y propondrá las medidas preventivas adecuadas.
El personal sanitario del servicio de prevención que, en su caso, exista en el centro de trabajo deberá proporcionar los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.
CAPÍTULO VII Colaboración con el Sistema Nacional de Salud
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales y artículo 21 de la Ley 14/86, General de Sanidad, el servicio de prevención colaborará con los servicios de atención primaria de salud y de asistencia sanitaria especializada para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades relacionadas con el trabajo, y con las Administraciones Sanitarias competentes en la actividad de salud laboral que se planifique, siendo las unidades responsables de Salud Pública del Área de Salud, que define la Ley General de Sanidad, las competentes para la coordinación entre los servicios de prevención que actúen en ese Área y el sistema sanitario. Esta coordinación será desarrollada por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
El servicio de prevención colaborará en las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria.
El servicio de prevención colaborará con las Autoridades sanitarias para proveer el Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral. El conjunto mínimo de datos de dicho sistema de información será establecido por el Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán desarrollar el citado sistema de información sanitaria.
El personal sanitario del servicio de prevención realizará la vigilancia epidemiológica, efectuando las acciones necesarias para el mantenimiento del Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral en su ámbito de actuación.
De efectuarse tratamiento automatizado de datos de salud o de otro tipo de datos personales, deberá hacerse conforme a la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre.
El presente Reglamento constituye legislación laboral, dictada al amparo del artículo 149.1.7ª de la Constitución.
Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas, el presente Reglamento será de aplicación en los siguientes términos:
los artículos que a continuación se relacionan constituyen normas básicas en el sentido previsto en el artículo 149.1.18ª de la Constitución:
1, apartados 1 y 2, excepto la referencia al Capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
2, apartados 1, 2, 3 y 4, excepto la referencia al Capítulo III.
4, apartados 1, 2 y 3, excepto la referencia al Capítulo VI.
12, apartados 1 y 2, excepto la letra a).
13, apartados 1, excepto la referencia al Capítulo VI, y 2.
15, apartados 1, 2, párrafo primero, 3 y 4.
16, apartado 2.
20, apartado 1.
En el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, las funciones que el Reglamento atribuye a las Autoridades laborales y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán ser atribuidas a órganos diferentes.
De conformidad con lo dispuesto en la letra d) de la disposición derogatoria única de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el personal perteneciente a los servicios médicos de empresa en la fecha de entrada en vigor de dicha Ley se integrará en los servicios de prevención de las correspondientes empresas, cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de que continúen efectuando aquellas funciones que tuvieran atribuidas, distintas de las propias del servicio de prevención.
La aplicación del presente Real Decreto no afectará a la continuación de la actividad sanitaria que se ha venido desarrollando en las empresas al amparo de las normas reguladoras de los servicios médicos de empresa que se derogan y de sus disposiciones de aplicación y desarrollo, aunque dichas empresas no constituyan servicios de prevención.
Tampoco afectará la aplicación del presente Real Decreto al mantenimiento de la actividad preventiva desarrollada por los servicios de seguridad e higiene en el trabajo existentes en las empresas en la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aún cuando no concurran las circunstancias previstas en el artículo 14 del mismo.
En el ámbito de las Administraciones públicas, la
organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades
preventivas y la definición de las funciones y niveles de cualificación del
personal que las lleve a cabo se realizará en los términos que se regulen en
la normativa específica que al efecto se dicte, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo
31, apartado 1 y en la Disposición
adicional tercera de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en la
Disposición adicional primera de este Reglamento, previa consulta con las
organizaciones sindicales más representativas, en los términos señalados en la
Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la
determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.
En
defecto de la citada normativa específica, resultará de aplicación lo
dispuesto en este Reglamento.
No serán de aplicación a las Administraciones públicas las
obligaciones en materia de auditorías contenidas en el Capítulo
V de este Reglamento.
La normativa específica prevista en el apartado
anterior deberá establecer los adecuados instrumentos de control al
efecto.
Las referencias a la negociación colectiva y a los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores contenidas en el presente Reglamento se entenderán referidas, en el caso de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas, a los acuerdos y pactos que se concluyan en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.
Quienes en la fecha de publicación
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vinieran realizando las funciones
señaladas en los artículos
36 y 37 de
esta norma y no cuenten con la formación mínima prevista en dichos preceptos,
podrán continuar desempeñando tales funciones en la empresa o entidad en que la
viniesen desarrollando, siempre que reúnan los requisitos
siguientes:
Contar con una experiencia no
inferior a 3 años a partir de 1985, en la realización de las funciones
señaladas en el artículos
36 de esta norma, en una empresa, institución o en las Administraciones
Públicas. En el caso de las funciones contempladas en el artículo
37 la experiencia requerida será de un año cuando posean titulación
universitaria o de cinco años en caso de carecer de ella.
Acreditar una formación
específica en materia preventiva no inferior a 100 horas, computándose tanto
la formación recibida como la impartida, cursada en algún organismo público o
privado de reconocido prestigio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no
será de aplicación al personal sanitario, que continuará rigiéndose por su
normativa específica.
Quienes en la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vinieran realizando las funciones señaladas en los artículos 36 y 37 de esta norma y no cuenten con la formación mínima prevista en dichos preceptos podrán continuar desempeñando tales funciones en la empresa o entidad en que la viniesen desarrollando, siempre que reúnan los requisitos siguientes:
Contar con una experiencia no inferior a tres años a partir de 1985, en la realización de las funciones señaladas en el artículo 36 de esta norma, en una empresa, institución o en las Administraciones Públicas. En el caso de las funciones contempladas en el artículo 37 la experiencia requerida será de un año cuando posean titulación universitaria o de cinco años en caso de carecer de ella.
Acreditar una formación específica en
materia preventiva no inferior a cien horas, computándose tanto la formación
recibida como la impartida, cursada en algún organismo público o privado de
reconocido prestigio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de
aplicación al personal sanitario, que continuará rigiéndose por su normativa
específica.
Durante el año 1998 los profesionales
que, en aplicación del apartado anterior, vinieran desempeñando las funciones
señaladas en los artículos
36 ó 37de
esta norma en la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, podrán ser acreditados por la autoridad laboral competente del
lugar donde resida el solicitante, expidiéndoles la correspondiente
certificación de formación equivalente que les facultará para el desempeño de
las funciones correspondientes a dicha formación, tras la oportuna
verificación del cumplimiento de los requisitos que se establecen en el
presente apartado.
Asimismo, durante el año 1998 podrán optar a esta
acreditación aquellos profesionales que, en virtud de los conocimientos
adquiridos y de su experiencia profesional anterior a la fecha de publicación
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debidamente acreditados, cuenten
con la cualificación necesaria para el desempeño de las funciones de nivel
intermedio o de nivel superior en alguna de las especialidades de seguridad en
el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada.
En
ambos casos, para poder optar a la acreditación que se solicita será
necesario, como mínimo y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3,
cumplir los siguientes requisitos:
Una experiencia no inferior a tres años a partir de 1985 en la realización de las funciones de nivel intermedio o del nivel superior descritas en los artículos 36 y 37, respectivamente, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, para la acreditación del correspondiente nivel.
Acreditar una formación específica en materia preventiva no inferior a cien horas, computándose tanto la formación recibida como la impartida, cursada en algún organismo público o privado de reconocido prestigio; y
Contar con una titulación universitaria de primer o segundo ciclo para el caso de que se solicite la acreditación para el nivel superior.
Para expedir la certificación señalada en el apartado anterior, la autoridad laboral competente comprobará si se reúnen los requisitos exigidos para la acreditación que se solicita:
Por medio de la valoración de la documentación acreditativa de la titulación, que en su caso se posea, y de la correspondiente a los programas formativos de aquellos cursos recibidos que, dentro de los límites señalados en el apartado anterior, deberán incluir los contenidos sustanciales de los anexos V o VI de este Real Decreto, según el caso. Esta documentación será presentada por el solicitante, haciendo constar que éste los ha superado con suficiencia en entidades formativas con una solvencia y prestigio reconocidos en su ámbito.
Mediante la valoración y verificación de la experiencia, que deberá ser acorde con las funciones propias de cada nivel y, además, con la especialidad a acreditar en el caso del nivel superior, con inclusión de los cursos impartidos en su caso, acreditada por entidades o empresas donde haya prestado sus servicios; y
A través de la verificación de que se poseen los conocimientos necesarios en los aspectos no suficientemente demostrados en aplicación de lo dispuesto en los párrafos a) y b) anteriores, que completan lo exigido en los anexos V o VI de este Real Decreto, mediante la superación de las pruebas teórico-prácticas necesarias para determinar las capacidades y aptitudes exigidas para el desarrollo de las funciones recogidas en los artículos 36 o 37.
En el sector marítimo-pesquero seguirá en vigor lo establecido, en materia de formación, información, educación y práctica de los reconocimientos médicos previos al embarque, en el R. D. 1414/1981, de 3 de julio, por el que se reestructura el Instituto Social de la Marina.
En la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrán establecerse criterios para la determinación de los medios personales y materiales de los servicios de prevención propios, del número de trabajadores designados, en su caso, por el empresario para llevar a cabo actividades de prevención y del tiempo y los medios de que dispongan para el desempeño de su actividad, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y de su distribución en la misma, así como en materia de planificación de la actividad preventiva y para la formación en materia preventiva de los trabajadores y de los delegados de prevención.
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo conocerá los criterios adoptados por las Administraciones laboral y sanitaria en relación con la acreditación de las entidades especializadas para poder actuar como servicios de prevención y con la autorización de las personas físicas o jurídicas que quieran desarrollar la actividad de auditoría, con el fin de poder informar y formular propuestas dirigidas a una adecuada coordinación entre las Administraciones.
En materia de procedimientos administrativos, en todo lo no previsto expresamente en la presente disposición se estará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a dicha Ley las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones.
Sin perjuicio del mantenimiento de aquellas actividades
preventivas que se estuvieran realizando en la empresa en la fecha de entrada en
vigor de esta disposición, los servicios de prevención propios que deban
constituir las empresas de más de 250 trabajadores y hasta 1000 trabajadores de
conformidad con lo dispuesto en las letras a) y
b) del artículo 14 deberán estar en funcionamiento a más tardar el 1 de
enero de 1999, con excepción de las empresas que realizan alguna de las
actividades incluidas en el Anexo I que
lo harán el 1 de enero de 1998.
Hasta la fecha señalada en el párrafo
anterior, las actividades preventivas en las empresas citadas deberán ser
concertadas con una entidad especializada ajena a la empresa, salvo aquéllas que
vayan siendo asumidas progresivamente por la empresa mediante la designación de
trabajadores, hasta su plena integración en el servicio de prevención que se
constituya.
A las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que al amparo de la autorización contenida en la Disposición transitoria segunda de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desarrollen las funciones correspondientes a los servicios de prevención en relación con sus empresas asociadas, les será de aplicación lo establecido en los artículos 23 a 27 de esta norma en materia de acreditación y requisitos.
En tanto no se determinen por las autoridades competentes en
materia educativa las titulaciones académicas y profesionales correspondientes a
la formación mínima señalada en los artículos
36 y 37 de
esta norma, esta formación podrá ser acreditada sin efectos académicos a través
de la correspondiente certificación expedida por una entidad pública o privada
que tenga capacidad para desarrollar actividades formativas en esta materia y
cuente con autorización de la Autoridad laboral competente.
La certificación
acreditativa de la formación se expedirá previa comprobación de que se ha
cursado un programa con el contenido establecido en los anexos V ó VI de la
presente disposición y se ha superado una prueba de evaluación sobre dicho
programa, o de que se cuenta con una formación equivalente que haya sido
legalmente exigida para el ejercicio de una actividad profesional.
En tanto se desarrolla lo previsto en la Disposición adicional cuarta, Aplicación a las Administraciones públicas, la prevención de riesgos laborales en los hospitales y centros sanitarios públicos seguirá gestionándose con arreglo a los criterios y procedimientos hasta ahora vigentes, de modo que queden garantizadas las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores y las demás actividades de prevención a que se refiere el presente Reglamento. A estos efectos, se coordinarán las actividades de medicina preventiva con las demás funciones relacionadas con la prevención en orden a conseguir una actuación integrada e interdisciplinaria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y específicamente el
Decreto 1036/1959, de 10 de junio, sobre Servicios Médicos de Empresa y la Orden
de 21 de noviembre de 1959 por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios
Médicos de Empresa.
El presente Real Decreto no afecta a la vigencia de las
Disposiciones especiales sobre prevención de riesgos profesionales en las
explotaciones mineras, contenidas en el Capítulo IV del Real Decreto 3255/1983,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto Minero y en sus normas de
desarrollo, así como las del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el Real Decreto
863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus Disposiciones complementarias.
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de lo establecido en el presente Real Decreto.
El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", a excepción del apartado 2 de los artículos 35, 36 y 37 del Capítulo VI que lo harán a los 12 meses.
Dado en Madrid a 17 de enero de 1.997
JUAN CARLOS R.
|
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales |
Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según R.D. 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda categoría, según R.D. 363/1995, de 10 de enero, que aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así como R.D. 1078/1993, de 2 de julio sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y las normas de desarrollo y adaptación al progreso de ambos.
Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación del R.D. 886/1988, de 15 de julio y sus modificaciones, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales.
Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados a agentes biológicos durante el trabajo.
Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en plataformas marinas.
Actividades en inmersión bajo el agua.
Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento.
Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.
Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los mismos.
Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo siliceo.
Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.
D.:...................................................
en
calidad de:....................................
de la
Empresa:..................................
declara que cumple las condiciones
establecidas en el artículo
29 del Reglamento de Servicios de Prevención y en consecuencia aporta junto
a la presente declaración los datos que se especifican a continuación, para su
registro y consideración por la Autoridad laboral competente.
Datos de la Empresa
|
De nueva creación: |
NIF: |
|
Nombre o razón social: |
CIF: |
|
Domicilio social: |
Municipio: |
|
Provincia: Código Postal: |
Teléfono: |
|
Actividad económica: |
Entidad gestora o colaboradora A.T. y E.P.: |
|
Clase de centro de trabajo (taller, oficina, almacén): |
Número de trabajadores: |
|
Realizada la evaluación de riesgos con fecha: |
Superficie construida (m2) |
Datos relativos a la prevención de riesgos
|
Riesgos existentes |
Actividad preventiva procedente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
Las disciplinas preventivas que servirán de soporte técnico
serán al menos las relacionadas con la Medicina del Trabajo, la Seguridad en el
Trabajo, la Higiene Industrial y la Ergonomía y Psicosociología aplicada.
El
marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales abarcará toda la
legislación general; internacional, comunitaria y española, así como la
normativa derivada específica para la aplicación de las técnicas preventivas, y
su concreción y desarrollo en los convenios colectivos.
Los objetivos
formativos consistirán en adquirir los conocimientos técnicos necesarios para el
desarrollo de las funciones de cada nivel.
La Formación ha de ser integradora
de las distintas disciplinas preventivas que doten a los Programas de las
características multidisciplinar e interdisciplinar.
Los Proyectos Formativos
se diseñarán con los criterios y la singularidad de cada promotor, y deberán
establecer los objetivos generales y específicos, los contenidos, la
articulación de las materias, la metodología concreta, las modalidades de
evaluación, las recomendaciones temporales y los soportes y recursos
técnicos.
Los Programas Formativos, a propuesta de cada promotor, y de
acuerdo con los proyectos y diseño curriculares, establecerán una concreción
temporalizada de objetivos y contenidos, su desarrollo metodológico, las
actividades didácticas y los criterios y parámetros de evaluación de los
objetivos formulados en cada programa.
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
El Trabajo y la Salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia.
Total horas: 10
Riesgos generales y su prevención.
Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad.
Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.
La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
Planes de emergencia y evacuación.
El control de la salud de los trabajadores.
Total horas: 25
Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa.
Total horas: 5
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
Organismo públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Organización del trabajo preventivo: "rutinas" básicas.
Documentación: recogida, elaboración y archivo.
Total horas: 5
Primeros auxilios.
Total horas: 5
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
El Trabajo y la Salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia.
Total horas: 7
Riesgos generales y su prevención.
Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad.
Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.
La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
Planes de emergencia y evacuación.
El control de la salud de los trabajadores.
Total horas: 12
Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa.
Total horas: 5
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
Organismo públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Organización del trabajo preventivo: "rutinas" básicas.
Documentación: recogida, elaboración y archivo.
Total horas: 4
Primeros auxilios.
Total horas: 2
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
El trabajo y la salud: los riesgos profesionales.
Daños derivados del trabajo. Accidentes y enfermedades debidos al trabajo: conceptos, dimensión del problema. Otras patologías derivadas del trabajo.
Condiciones de trabajo, factores de riesgo y técnicas preventivas.
Marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes en esta materia.
Total horas: 20
Metodología de la prevención I: técnicas generales de análisis, evaluación y control de los riesgos.
Riesgos relacionados con las condiciones de
seguridad:
Técnicas de identificación, análisis y evaluación de los
riesgos ligados a:
Máquinas.
Equipos, instalaciones y herramientas.
Lugares y espacios de trabajo.
Manipulación, almacenamiento y transporte.
Electricidad.
Incendios.
Productos químicos.
Residuos tóxicos y peligrosos.
Inspecciones de seguridad y la investigación de accidentes.
Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo:
Agentes físicos.
Ruido.
Vibraciones.
Ambiente térmico.
Radiaciones ionizantes y no ionizantes.
Otros agentes físicos.
Agentes químicos.
Agentes biológicos.
Identificación, análisis y evaluación general: Metodología de actuación. La encuesta higiénica.
Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
Otros riesgos:
Carga de trabajo y fatiga: Ergonomía.
Factores psicosociales y organizativos: Análisis y evaluación general.
Condiciones ambientales: Iluminación. Calidad de aire interior.
Concepción y diseño de los puestos de trabajo.
Total horas 170
Metodología de la prevención II: técnicas especificas de seguimiento y control de los riesgos.
Protección colectiva.
Señalización e información. Envasado y etiquetado de productos químicos.
Normas y procedimientos de trabajo. Mantenimiento preventivo.
Protección individual.
Evaluación y controles de salud de los trabajadores.
Nociones básicas de estadística: índices de siniestralidad.
Total horas: 40
Metodología de la prevención III: promoción de la prevención.
Formación: análisis de necesidades formativas. Técnicas de formación de adultos.
Técnicas de comunicación, motivación y negociación. Campañas preventivas.
Total horas: 20
Organización y gestión de la prevención.
Recursos externos en materia de prevención de riesgos laborales.
Organización de la prevención dentro de la empresa:
Prevención integrada.
Modelos organizativos.
Principios básicos de Gestión de la Prevención:
Objetivos y prioridades.
Asignación de responsabilidades.
Plan de Prevención.
Documentación.
Actuación en caso de emergencia:
Planes de emergencia y evacuación.
Primeros auxilios.
Total horas: 50
Especialización optativa, a elegir entre las siguientes opciones:
Cada una de ellas tendrá una duración mínima de 100 horas.
Realización de un trabajo final o de actividades preventivas en un centro de trabajo acorde con la especialización por la que se haya optado, con una duración mínima equivalente a 150 horas
Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo.
Condiciones de trabajo y salud.
Riesgos.
Daños derivados del trabajo.
Prevención y protección.
Bases estadísticas aplicadas a la prevención.
Total horas: 20
Técnicas de prevención de riesgos laborales.
Concepto y definición de Seguridad: Técnicas de Seguridad.
Accidentes de Trabajo.
Investigación de Accidentes como técnica preventiva
Análisis y evaluación general del riesgo de accidente.
Norma y señalización en seguridad.
Protección colectiva e individual.
Análisis estadístico de accidentes.
Planes de emergencia y autoprotección.
Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: máquinas; equipos, instalaciones y herramientas; lugares y espacios de trabajo; manipulación, almacenamiento y transporte; electricidad; incendios; productos químicos.
Residuos tóxicos y peligrosos.
Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes.
Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
Total horas: 70
Higiene Industrial. Conceptos y objetivos.
Agentes químicos. Toxicología laboral.
Agentes químicos. Evaluación de la exposición.
Agentes químicos. Control de la exposición: principios generales; acciones sobre el foco contaminante; acciones sobre el medio de propagación. Ventilación; acciones sobre el individuo: equipos de protección individual: clasificación.
Normativa legal específica.
Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control: ruido., vibraciones, ambiente térmico, radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes.
Agentes biológicos. Efectos, evaluación y control.
Total horas: 70
Medicina del trabajo.
Conceptos básicos, objetivos y funciones.
Patologías de origen laboral.
Vigilancia de la salud.
Promoción de la salud en la empresa.
Epidemiología laboral e investigación epidemiológica.
Planificación e información sanitaria.
Socorrismo y primeros auxilios.
Total horas: 20
Ergonomía y psicosociología aplicada.
Ergonomía: conceptos y objetivos.
Condiciones ambientales en Ergonomía.
Concepción y diseño del puesto de trabajo.
Carga física de trabajo.
Carga mental de trabajo.
Factores de naturaleza psicosocial.
Estructura de la organización.
Características de la empresa, del puesto e individuales.
Estrés y otros problemas psicosociales.
Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación.
Intervención psicosocial.
Total horas: 40
Otras actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Formación.
Análisis de necesidades formativas.
Planes y programas.
Técnicas educativas.
Seguimiento y evaluación.
Técnicas de comunicación, información y negociación.
La comunicación en prevención, canales y tipos.
Información. Condiciones de eficacia.
Técnicas de negociación.
Total horas: 30
Gestión de la prevención de riesgos laborales.
Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial.
Planificación de la Prevención.
Organización de la Prevención.
Economía de la Prevención.
Aplicación a sectores especiales: Construcción, industrias extractivas, transporte, pesca y agricultura.
Total horas: 40
Técnicas afines.
Seguridad del producto y sistemas de gestión de la calidad.
Gestión medioambiental.
Seguridad industrial y prevención de riesgos patrimoniales.
Seguridad vial.
Total horas: 20
Ámbito jurídico de la prevención.
Nociones de derecho del trabajo.
Sistema español de la seguridad social.
Legislación básica de relaciones laborales.
Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Responsabilidades en materia preventiva.
Organización de la prevención en España.
Total horas: 40
Área de seguridad en el trabajo: deberá acreditarse una formación mínima de 100 horas prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el apartado 2.1. de la parte común.
Área de higiene industrial: deberá acreditarse una formación mínima de 100 horas, prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el apartado 2.2. de la parte común.
Área de ergonomía y psicosociología aplicada: deberá acreditarse una formación mínima de 100 horas, prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el apartado 2.4. de la parte común.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
Artículo primero: modificación disposición final segunda
Artículo segundo: modificación disposición adicional quinta
El Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención, vino a desarrollar los aspectos específicos previstos
en el artículo 6 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a tenor de cuyo apartado 1,
párrafos d) y e), se ha procedido a la regulación de los procedimientos de
evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores y de las modalidades
de organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención, así
como de las capacidades y aptitudes que han de reunir los integrantes de dichos
servicios y los trabajadores designados para desarrollar la actividad
preventiva.
En el citado Real Decreto, la idoneidad de la actividad
preventiva que ha de realizar el empresario, queda garantizada a través del
dobles mecanismo que en dicha disposición se regula: de una parte, la
acreditación por la autoridad laboral de los servicios de prevención externos,
como forma de garantizar la adecuación de sus medios a las actividades que vayan
a desarrollar y, de otra, la auditoría o evaluación externa del sistema de
prevención, cuando esta actividad es asumida por el empresario con sus propios
medios.
En relación con las capacidades o aptitudes necesarias para el
desarrollo de la actividad preventiva, dicho Real Decreto establece la formación
mínima necesaria para el desempeño de las funciones propias de la actividad
preventiva, que se agrupan en tres niveles: básico, intermedio y superior, en el
último de los cuales se incluyen las especialidades y disciplinas preventivas de
medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y
psicosociología aplicada. Ante la inexistencia actual de titulaciones académicas
o profesionales correspondientes a los niveles formativos mencionados, salvo en
lo relativo a la especialidad de medicina del trabajo, se contempla la
posibilidad transitoria de acreditación alternativa de la formación exigida,
hasta se determinen las titulaciones correspondientes por las autoridades
competentes en materia educativa.
Con el fin de concretar las condiciones
mínimas que han de reunir las personas o entidades para que puedan cumplir
adecuadamente sus funciones, manteniendo un equilibrio entre garantías y medios
mínimos para impulsar su aparición en el mercado de trabajo, se dictó por el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales la Orden de 27 de junio
de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997
en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas
como servicios de prevención ajenos a las empresas , de autorización de las
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de
auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las
entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales.
El tiempo
transcurrido entre la publicación de 31 de enero de 1997 del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la entrada en vigor el 5 de julio de 1997 de la
citada Orden de 27
de junio de 1997, acortó el tiempo disponible para realizar sus proyectos
formativos por las entidades públicas o privadas interesadas en el desarrollo y
certificación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos
laborales, una vez autorizadas por las autoridades laborales competentes,
estando la mayoría de las mismas en período de impartición de la
formación.
Ello ha repercutido en la operatividad real de los servicios de
prevención, tanto los propios constituidos por las empresas, como los ajenos a
desarrollar por entidades especializadas acreditadas, y de las entidades
interesadas en realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de
las empresas, al no poder contar con profesionales que tuvieran certificada la
formación mínima necesaria para poder ejercer las funciones correspondientes a
los niveles medio y superior considerados en los artículos
36 y 37 del
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. En todos los supuestos, se ha podido
comprobar que la aparición ene le mercado de trabajo de profesionales con la
acreditación requerida no cubre de manera apreciable las necesidades existentes
en el momento de cumplirse los citados plazos. No ocurre los mismo con el artículo
35 de la citada disposición dado que el desarrollo de la formación
correspondiente a las funciones de nivel básico no está condicionado a una
previa autorización de a entidad formativa por parte de la autoridad
laboral.
Por otra parte, si bien la disposición
adicional quinta del Real Decreto 39/1997, permite la continuación del
desempeño de las funciones de la actividad preventiva del nivel intermedio y
superior, según el caso, que vinieran desarrollando en su empresa, a aquellos
profesionales que reúnen los requisitos señalados en la misma disposición, pero
siempre que se circunscriban a la actividad de dicha empresa, lo que impediría a
tales profesionales seguir desarrollando las actividades preventivas para las
que tienen capacidad y autorización fuera de tal empresa.
Además, se ha
podido constatar la existencia de profesionales, en los ámbitos de la actividad
pública y privada , con un nivel de conocimientos y experiencia en el ejercicio
de funciones de prevención de riesgos laborales equivalente, adquiridos en el
ejercicio de su profesión y con inclusión de labor docente que, sin embargo,
tienen dificultades en la demostración de esos conocimientos. En relación a este
planteamiento, el presente Real Decreto permite el reconocimiento de tales
profesionales por la autoridad laboral competente mediante la correspondiente
certificación que, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos
exigidos, les habilitará para el ejercicio de las funciones de la actividad
preventiva correspondiente al nivel intermedio y superior, en los términos
señalados en esta disposición.
Todo lo expuesto obliga a modificar los plazos
transitorios establecidos en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y aconseja
que se complete cono lo dispuesto en este Real Decreto sobre el reconocimiento y
acreditación de los profesionales que han venido desarrollando determinadas
funciones de prevención de riesgos laborales.
En su virtud, a propuesta del
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, oída la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, consultadas las organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales más representativas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de abril de
1998,
DISPONGO:
Se modifica la disposición final segunda del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que quedará redactada en los siguientes términos:
<<Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", a excepción del apartado 2 del artículo 35, que lo hará a los doce meses, y de los apartados 2 de los artículos 36 y 37, que lo harán el 31 de diciembre de 1998.>>
Se modifica la disposición adicional quinta del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que quedará redactado en los siguientes términos:
<<Disposición adicional quinta. Convalidación de funciones y certificación de formación equivalente.
Quienes en la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vinieran realizando las funciones señaladas en los artículos 36 y 37 de esta norma y no cuenten con la formación mínima prevista en dichos preceptos podrán continuar desempeñando tales funciones en la empresa o entidad en que la viniesen desarrollando, siempre que reúnan los requisitos siguientes:
Contar con una experiencia no inferior a tres años a partir de 1985, en la realización de las funciones señaladas en el artículo 36 de esta norma, en una empresa, institución o en las Administraciones Públicas. En el caso de las funciones contempladas en el artículo 37 la experiencia requerida será de un año cuando posean titulación universitaria o de cinco años en caso de carecer de ella.
Acreditar una formación específica en materia preventiva no
inferior a cien horas, computándose tanto la formación recibida como la
impartida, cursada en algún organismo público o privado de reconocido
prestigio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación al
personal sanitario, que continuará rigiéndose por su normativa
específica.
Durante el año 1998 los profesionales que, en aplicación del
apartado anterior, vinieran desempeñando las funciones señaladas en los artículos
36 ó 37de
esta norma en la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, podrán ser acreditados por la autoridad laboral competente del
lugar donde resida el solicitante, expidiéndoles la correspondiente
certificación de formación equivalente que les facultará para el desempeño de
las funciones correspondientes a dicha formación, tras la oportuna
verificación del cumplimiento de los requisitos que se establecen en el
presente apartado.
Asimismo, durante el año 1998 podrán optar a esta
acreditación aquellos profesionales que, en virtud de los conocimientos
adquiridos y de su experiencia profesional anterior a la fecha de publicación
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debidamente acreditados, cuenten
con la cualificación necesaria para el desempeño de las funciones de nivel
intermedio o de nivel superior en alguna de las especialidades de seguridad en
el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada.
En
ambos casos, para poder optar a la acreditación que se solicita será
necesario, como mínimo y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3,
cumplir los siguientes requisitos:
Una experiencia no inferior a tres años a partir de 1985 en la realización de las funciones de nivel intermedio o del nivel superior descritas en los artículos 36 y 37, respectivamente, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, para la acreditación del correspondiente nivel.
Acreditar una formación específica en materia preventiva no inferior a cien horas, computándose tanto la formación recibida como la impartida, cursada en algún organismo público o privado de reconocido prestigio; y
Contar con una titulación universitaria de primer o segundo ciclo para el caso de que se solicite la acreditación para el nivel superior.
Para expedir la certificación señalada en el apartado anterior, la autoridad laboral competente comprobará si se reúnen los requisitos exigidos para la acreditación que se solicita:
Por medio de la valoración de la documentación acreditativa de la titulación, que en su caso se posea, y de la correspondiente a los programas formativos de aquellos cursos recibidos que, dentro de los límites señalados en el apartado anterior, deberán incluir los contenidos sustanciales de los anexos V o VI de este Real Decreto, según el caso. Esta documentación será presentada por el solicitante, haciendo constar que éste los ha superado con suficiencia en entidades formativas con una solvencia y prestigio reconocidos en su ámbito.
Mediante la valoración y verificación de la experiencia, que deberá ser acorde con las funciones propias de cada nivel y, además, con la especialidad a acreditar en el caso del nivel superior, con inclusión de los cursos impartidos en su caso, acreditada por entidades o empresas donde haya prestado sus servicios; y
A través de la verificación de que se poseen los conocimientos necesarios en los aspectos no suficientemente demostrados en aplicación de lo dispuesto en los párrafos a) y b) anteriores, que completan lo exigido en los anexos V o VI de este Real Decreto, mediante la superación de las pruebas teórico-prácticas necesarias para determinar las capacidades y aptitudes exigidas para el desarrollo de las funciones recogidas en los artículos 36 o 37.>>
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el <<Boletín Oficial del Estado>>.
Dado en Madrid a 30 de abril de 1998-06-09.
JUAN CARLOS R.
|
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales |
|
| ||
| Ó INSHT | ||