mientrastanto.e Num. 65 del 01-2009

Esta es una nota de urgencia. De rabia e impotencia. Para constatar, una vez más, que Israel tiene total impunidad para practicar cualquier barbaridad sobre el pueblo palestino. Muchos de quienes callaron el exterminio de los campos nazis podían alegar que no se habían enterado, que el holocausto ocurría en espacios cerrados, fuera del ojo público. Y que estaban sometidos a un régimen dictatorial que impedía la disensión abierta. Pero el genocidio, la limpieza étnica que practica Israel, su ocupación sistemática de nuevos territorios, la expulsión y expropiación de tierras y derechos, y el uso masivo y despiadado de su fuerza militar viene ocurriendo delante de todo el mundo. Convirtiéndose ahora en la noticia de portada de las fiestas navideñas. Muestra no sólo la crueldad y la impudicia de los políticos israelíes (la que explica tan bien el pequeño-gran film israelí “Los limoneros”), sino el cinismo de quienes les apoyan. Sabemos que los hombres de Bush han sido tan genocidas como sus aliados. Pero que Obama esté aún de vacaciones (y con una futura secretaría de Estado netamente aliada del lobby pro israelí) no augura cambios significativos. Por no citar a nuestro “progresista” Ministro de Exteriores, que mientras con la boca pequeña condenaba la dureza israelí en voz clara acusaba a Hamas de haber roto la tregua.

Muchas de las actuaciones de Hamas son sin duda incomprensibles, como el disparo de cohetes a territorio israelí, injustificables moralmente e inútiles en el plano militar. Pero una actitud que ha estado precedida, una vez más, por una agresión continua israelí durante la tregua. Si uno repasa las hemerotecas del mes de noviembre pasado, lo que encuentra son dos cosas: bombardeos “selectivos” de Israel causando muertos en Gaza y bloqueo sistemático de los accesos a la llegada de ayuda humanitaria. Como puede aprender cualquiera que haya visitado o leído sobre los campos de exterminio, el hambre y las privaciones mataban tanto o más que los crematorios. Nadie en los meses finales de la tregua denunció los bombardeos ni los bloqueos de Israel. Poner a ambos contendientes en la misma balanza es una muestra del servilismo de nuestro Gobierno hacia el Imperio decadente y una garantía de que seguiremos sin hacer nada para cambiar las cosas. Oponerse a los EEUU e Israel es sin duda necesario pero de difícil impacto. Exigir la responsabilidad a nuestro ministro debería ser un ejercicio básico de ética democrática.

Hay que buscar las raíces de la actual crisis de la universidad en España en la política de los gobiernos de Felipe González, que dieron el gran salto de la universidad elitista y burocrática que había sobrevivido al régimen franquista a una universidad de masas pero también burocrática.

La universidad del franquismo era burocrática en el sentido de que el profesorado superior estaba integrado por funcionarios que lo eran de por vida, los cuales gobernaban las facultades y las universidades y adoptaban a sus sucesores entre los profesores más parecidos a ellos mismos —mediante oposiciones que formalmente eran muy difíciles pero que se resolvían mediante relaciones de amiguismo y clientelismo entre los caciques de las diferentes especialidades académicas—. En aquella universidad había gran número de mediocridades ocupando las cátedras como consecuencia del exilio intelectual tras la guerra civil.

Y la universidad era elitista porque sólo los hijos de familias de la burguesía media-alta tenían acceso a ella, aunque la demanda social de instrucción empezó a minar este muro de acceso a las profesiones tituladas cualificadas a principios de los años setenta del siglo XX.

Junto al personal “docente” antes mencionado había una gran cantidad de profesores no funcionarios, de categorías inferiores, profesores muy mal pagados, que desempeñaban la mayoría de las tareas docentes dado el absentismo real de los catedráticos, muchos de ellos dedicados a actividades privadas o políticas y en la mayoría de los casos no profesionalizados en la educación superior.

Una parte de los profesores no funcionarios estaba hecha a imagen y semejanza de sus patrones catedráticos, de cuya designación dependían. Otra parte pequeña pero muy significativa de ellos apoyó al movimiento estudiantil democrático y antifranquista, sufrió la represión del régimen, y elaboró propuestas serias de democratización de la universidad que iban en las direcciones siguientes:

La mejor expresión de estas aspiraciones se halla en el Manifiesto por una universidad democrática, de 1966, aprobado por el efímero Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, el SDEUB, que desbordó la legalidad franquista.

El movimiento de los profesores no numerarios, la mano de obra barata del franquismo, fue sin embargo débil en muchas universidades y poco abarcante en otras, lo que explica su fragilidad posterior.

El gobierno de Felipe González amplió efectivamente el acceso a la educación superior, duplicando en brevísimo plazo el número de estudiantes universitarios y superándolo después. Sin embargo mantuvo el principio burocrático en el gobierno de las universidades, cuyas consecuencias en seguida se verán.

También el Partido Comunista de Carrillo contribuyó ciegamente a pacificar la universidad. Desde la transición oficializó considerarla como un bien público que no se debía desestabilizar. Fueron pues las políticas “de la izquierda” de aquellos años las que contribuyeron a desmovilizar la universidad.

Fueron creadas nuevas universidades públicas, aumentando el escaso número de las que el franquismo instituyó en los últimos cinco años de su existencia, y se abrió la puerta a la creación de universidades privadas.

Pero durante los años ochenta y noventa las universidades públicas fueron simplemente aularios, insuficientes por demás: los estudiantes atestaban unas aulas en las que a menudo no había asientos para todos. Faltaba de todo: libros, bibliotecas y personal de biblioteca, espacios para el estudio, personal administrativo, servicios y medios. Algunos servicios internos —fotocopias, librerías, restaurantes y bares— fueron privatizados. Las universidades públicas empezaron a diferenciarse de los centros privados de enseñanza superior, muchísimo más caros, que atendían exclusivamente a estudiantes procedentes de las clases altas, donde en un ambiente “más selecto” se establecían relaciones útiles para las futuras élites dirigentes empresariales, administrativas y políticas del país.

En suma: el acceso a la universidad se popularizó, pero sufrió las consecuencias de una “igualación por abajo”, de una relajación generalizada en las exigencias de los aprendizajes.

Respecto del profesorado el gobierno de Felipe González recurrió a una solución drástica: convirtió en funcionarios prácticamente a todos los profesores que no lo eran, acabando con el proyecto de relación contractual generalizada propuesta por el profesorado activamente antifranquista en la etapa anterior.

Al hacerlo el gobierno Psoe trató de satisfacer una necesidad política distinta de la educativa: buscaba obtener la alianza del más amplio sector de intelectuales con influencia social, el de los docentes universitarios, para su proyecto de entonces, consistente en establecer una política económica neoliberal e ingresar en la Otan, y desvincular a los intelectuales de las clases trabajadoras.

La burocratización general de los docentes se hizo sin criterios selectivos: de una parte fueron creadas “comisiones de idoneidad” que convirtieron en “profesores titulares” a cuantos lo solicitaron —los pocos rechazados por falta de cualificación suficiente obtuvieron también la idoneidad por la vía de los recursos administrativos—. De otra, los concursos de acceso futuros a cátedras y titularidades universitarias se simplificaron notablemente, se redujo el número de miembros de los tribunales o comisiones que habían de decidirlos (de siete miembros a cinco, con lo que resultaba fácil conseguir mayorías de sólo tres votos), y se entregó la designación de dos de estas personas a la decisión de los propios departamentos universitarios afectados. Los verdaderos méritos docentes e investigadores empezaron a perder importancia.

La endogamia profesoral de la universidad burocrática quedó así mantenida y reforzada. En el futuro no habría casi nunca verdadera concurrencia científica para desempeñar plazas universitarias, sino que bastaría conseguir el apoyo de tres juzgadores antes de los ejercicios de acceso a plazas docentes.

Las cordadas académicas de la universidad burocrática se multiplicaron. Aparecieron nuevos caciques, con influencia en el ámbito local o estatal en diversas disciplinas. La decisión sobre el valor de la investigación y de la docencia de muchos profesores quedó en sus manos. La filiación política empezó a contar por debajo de la mesa: para incluir y para excluir. Las actividades de administración universitaria fueron computadas como méritos para el acceso a plazas docentes.

En estas condiciones muchos profesores titulares valiosos empezaron a desistir del proyecto de convertirse en catedráticos, pues no aceptaban pasar bajo las horcas caudinas de adulación, sumisión y tráfico de favores impuestas por los caciques correspondientes. Otros, en cambio, advirtieron que cargar con funciones de vicedecanos, vicerrectores o jefes de estudios les aseguraba la promoción a puestos docentes superiores que no habrían conseguido de otro modo.

Esta nueva endogamia facilitó que determinadas disciplinas quedaran en manos de una única escuela de pensamiento. El caso más destacable es el de los llamados minessotos, gentes que pasaron por ciertas universidades norteamericanas para publicitar la “economía de libre mercado”, que apoyándose unos a otros han conseguido marginar casi todo pensamiento crítico en el área de los estudios económicos, con la notable consecuencia de que pocos economistas de menos de cuarenta años disponen de instrumentos analíticos para afrontar en serio la crisis económica actual, quedándose en su superficie financiera.

La universidad conservó un rasgo capital de la administración burocrática: para el mantenimiento general del statu quo no se despide a nadie. Profesores o administrativos incompetentes o absentistas permanecen en sus plazas pese a que su comportamiento es conocido. La vigilancia sobre el cumplimiento de los deberes docentes y administrativos es nula a pesar de la simulación de control en forma de encuestas a los estudiantes, etc. Una parte muy importante de los profesores y administrativos de la universidad trabaja concienzuda y honestamente, e incluso más horas que las estipuladas normativamente. Pero otra parte de ellos no. La relajación laboral que se da en la universidad jamás sería aceptada en una empresa.

Por último, pero no menos grave, las actividades de lo que se había llamado “extensión universitaria”, esto es, la proyección de la universidad sobre la sociedad en general, fueron modificadas radicalmente: fueron creados Consejos Sociales de las universidades, en los que hay representación académica, política, empresarial y sindical, que supervisan los proyectos académicos. Los poderes autonómicos locales pesan fuertemente sobre estos Consejos. Pero los Consejos Sociales no han tenido nunca la función de patrocinio o patronazgo que tienen en algunos sistemas de otros países: no aportan nada a la universidad: ni becas, ni recursos financieros, ni propuestas racionales de futuro.

Eso sí: los Consejos Sociales imponen dos exigencias a las universidades: que afluyan a las empresas innovaciones para la actividad productiva (pero en un tejido productivo de pequeñas y medianas empresas, o con la hipertrofia del ladrillo y del turismo, eso es imposible, con lo que la universidad a lo sumo puede aportar patentes médicas y farmacéuticas y acaso ciertas ingenierías; que las empresas financien aquí a las universidades no pasa de ser un sueño); pero también y sobre todo imponen a las universidades que traten de autofinanciarse, esto es, que conviertan en servicios todas las actividades universitarias para que puedan ser vendidas como créditos.

Además los Consejos Sociales exigen contención del gasto, reducción de los servicios que prestan los centros de enseñanza superior y que se limiten los derechos de sus trabajadores. Los Consejos Sociales son los inductores de las políticas “de empresa” en las universidades.

Los estudiantes que se inscribieron en masa en este nuevo modelo de universidad fueron poniendo en evidencia progresivamente el deterioro de las enseñanzas medias. Acudían a los centros universitarios con preparación previa cada vez más baja.

Ello sólo en parte fue debido a que los nuevos grupos sociales que accedían a la universidad carecían de la dotación cultural familiar de las clases altas y medias-altas. También se debe a que los defectos de “igualación por abajo” se dan en la enseñanza media. Sin embargo sus causas últimas son sobre todo las tremendas desigualdades sociales, las grandes diferencias de nivel en la estratificación social.

Por otra parte los estudiantes se despolitizaron rápidamente. Prácticamente las únicas experiencias de verdadera politización universitaria tuvieron que ver con hechos externos a la enseñanza: el ingreso de España en la Otan, la campaña del 0’7 % de ayuda a los países pobres, la primera guerra del Golfo y la guerra de Iraq. En cambio, los estudiantes dejaron de asumir masivamente la función crítica del funcionamiento de la actividad universitaria que les había caracterizado en la etapa anterior. Soportaban individualmente cambios desacertados en los planes de estudios y a profesores insuficientemente preparados. Su objetivo personal pasó a ser predominantemente, más que aprender, aprobar.

El profesorado, al igual que los estudiantes, desatendió la función crítica del funcionamiento de las universidades.

La universidad así conformada fue incapaz de hacer frente al reto de su renovación.

Uno de los aspectos más destacables de esta renovación tendría que estar determinado por los Planes de Estudios y por el Sistema de Titulaciones.

Los Planes de Estudio de los diferentes grados universitarios son establecidos por especialistas, esto es, por los propios profesores universitarios en sus organismos de representación o de consulta. Pero la racionalidad de los Planes de Estudio no se puede conseguir porque toda discusión sobre planes de estudio de una licenciatura queda planteada como una batalla entre Departamentos por mantener y ampliar sus “espacios de poder”.

Dicho de otro modo: lo que importa al profesorado en esas discusiones no es la racionalidad de un aprendizaje actualizado y graduado, sino el número de materias que cada unidad docente se puede atribuir, ya que ello condiciona el número de docentes de la unidad, las posibilidades de promoción profesional de éstos y la capacidad de influencia de la propia unidad. Por eso los planes de estudios que resultan de cada ocasión de adaptación suelen ampliar las materias de las cordadas burocráticas fuertes y reducir o eliminar las de las débiles.

Por este camino las unidades docentes menos pretenciosas, que suelen ser las de Humanidades o saberes sociales básicos, van siendo excluidas de los planes de estudio o ven reducido su papel en ellos. Con el beneplácito de los consejos sociales, pues estos saberes no aportan directamente nada a las empresas. No importa así que los aspectos metodológicos e históricos de todas las licenciaturas universitarias queden disminuidos u ostracitados de las universidades españolas. Ello ocurre sobre todo cuando las instituciones políticas no sirven para señalar una orientación correcta y concreta a las universidades, y en cambio la orientación política la determinan el empresariado —siempre con manifiestos intereses a corto plazo—, los colegios profesionales y sobre todo el gremialismo corporativo de la propia institución universitaria.

En cuanto a las titulaciones, los problemas que se han planteado, hablando siempre en términos históricos, pre-boloñeses, son dos: qué titulaciones tiene cada universidad, pues algunas titulaciones carecen de demanda para que las programen todas las universidades; y qué grados inferiores —las diplomaturas— se establecen. Para una eficaz resolución del primer problema las inercias burocráticas son siempre un obstáculo. Y todas las universidades quieren crecer en titulaciones.

En cuanto a las diplomaturas, se trata de titulaciones que reproducen en la enseñanza superior los problemas que ya se dan en la enseñanza media. En ésta parece que cada actividad profesional ha de ser realizada con un título para ella. Ahora aparecen diplomaturas de toda especie. En la enseñanza universitaria las diplomaturas acotarán actividades profesionales para las que en la mayoría de los casos no se precisa, en la práctica, enseñanza superior ninguna, y existen sobre todo para que el profesorado pueda justificar horas de actividad y las universidades puedan vender más titulaciones. Por el otro lado, el de la demanda, es manifiesto que muchos estudiantes prefieren titulaciones “breves”, o “rápidas”, que les habiliten para empezar a trabajar.

En suma: no se forma a la gente, sino que se la “capacita”; no se educa, sino que “se invierte en recursos humanos”. Las personas ocupan para el pensamiento neoliberal el lugar que cualquier otro medio de producción. Ése es el trasfondo de la política universitaria de hoy y se pretende que lo sea aún más mañana.

La administración universitaria es hoy, fundamentalmente, el refugio de profesores cansados de enseñar o de investigar, si alguna vez lo hicieron. Y también una cuerda por la que pueden trepar los arribistas.

En el pasado lejano, republicano, las autoridades universitarias tuvieron la consideración de dignidades académicas. Hoy son contados los profesores e investigadores competentes que aceptan asumir esa desaparecida dignidad: sólo ha quedado la autoridad. Una relación eficiente entre rectorado, facultades, departamentos, unidades docentes y estudiantes ha sido sustituida por rutinas burocráticas que deforman la realidad de las prácticas de enseñanza que se dan en las universidades cuando no las obstaculizan.

Porque la administración universitaria ha pasado paulatinamente a manos de los profesionales que en su día fueron “idoneizados” o convertidos en funcionarios por tríos de patronos simpatizantes en las oposiciones o concursos. A ellos se les añaden gerentes profesionales que durante algún tiempo quedan al margen de los sueldos ofrecidos por las empresas, más suculentos que los públicos, al igual que “expertos” informáticos que se hallan en la misma situación. El resultado del calamitoso estado de la alta dirección de las universidades es la acumulación de tareas tanto en los centros efectivamente administrativos, que tienen más trabajo que nunca a pesar de la informatización, y en el propio profesorado, que ha de dedicar una parte importante de su tiempo a tareas burocráticas de las que estaba descargado incluso en la burocrática universidad del régimen político anterior.

Ha aparecido en las universidades una falsa “meritocracia de papel”, constituida por ciertos profesores dedicados a obtener certificación documental hasta de la más nimia de sus actividades, a aprovechar cada posibilidad de financiación de intercambio internacional publicitada en los Diarios Oficiales —con independencia de su oportunidad o relevancia—, a practicar sistemáticamente el toma y daca con otros como ellos, a rellenar minuciosamente todos y cada uno de los impresos burocráticos con los que algún día se evaluará formalmente la actividad investigadora, a figurar regularmente en los medios de masas y a adular a las autoridades académicas y políticas. En realidad no hacen nada fecundo o relevante, pero lo aparentan, en detrimento del profesorado responsable.

Hay que aludir especialmente a los sistemas adoptados en tiempos recientes para que el profesorado obtenga el reconocimiento de su actividad investigadora. Hay todo un sistema de evaluaciones y acreditaciones que premian al más pillo y perjudican al investigador honesto. Se valora “publicar”, aunque no se examina qué sino dónde. Ciertas revistas establecidas por el cacicado académico están muy valoradas; otras, alternativas, ni cuentan. Se evalúa el número de veces que un nombre aparece citado en el conjunto de publicaciones del mundo mundial, lo que fomenta las trampas (circulan por internet numerosos relatos al respecto; yo me limitaré a contar lo que le ocurrió a un profesor amigo. Conoce en el bar de su facultad a una chica que resulta ser una profesora. Tras unas frases amistosas, la chica le dice: “Oye, podríamos citarnos”. Él se sorprende, nunca ha conseguido un ligue tan rápido, pero ella le aclara: “Sí, hombre: tú me citas a mí y yo te cito a ti, y así los dos acumulamos méritos”). La moral universitaria se viene abajo.

Ahora para todo se precisa y se precisará una evaluación, que es el nombre, en la neolengua neoliberal, de la selección. Los evaluadores son los programadores y los seleccionadores de personal reales, efectivos a la larga. La policía del pensamiento. Verdaderamente, la mano invisible del mercado planeando sobre la docencia y la investigación. Y una nueva losa burocrática cargada sobre la universidad.

A unas universidades abrumadas por todos estos problemas y otros que no cuento se les impone ahora cargar con el “proceso de Bolonia”, de “armonizar” la enseñanza superior europea en las condiciones señaladas por la ideología neoliberal y las políticas económicas neoliberales.

NOTA: Publicamos aquí la primera parte de este trabajo, que aparece impreso completo en el número de enero de la revista El Viejo Topo. La segunda parte será publicada en el próximo número de mientrastanto.e.

La primera pregunta que se suscita a propósito de la transformación que están experimentando las universidades europeas es ¿cuál es el objetivo que se persigue con la homogeneización de las titulaciones y de la contabilidad de los créditos? ¿Por qué se está llevando a cabo una operación tan compleja y costosa como reformar todo el sistema universitario europeo para adaptarlo al modelo anglosajón (algo así como si países que llevan más de un siglo rigiéndose por el sistema métrico decimal, ahora fueran obligados a contar en pies y millas)?

La respuesta que dan los documentos oficiales del proceso de Bolonia y las autoridades académicas a esta pregunta es que la finalidad del proceso es favorecer la movilidad de los estudiantes. De lo que se trata es que un graduado español pueda hacer un master en Alemania o ejercer como médico en Hungría (o Ucrania) sin problemas de convalidación.

Sin embargo, esa respuesta resulta difícil de creer. No es verosímil que ese sea el objetivo de un plan tan ambicioso.

En primer lugar, ese objetivo se puede conseguir por medio de mecanismos mucho más sencillos, como, por ejemplo, un sistema de convalidaciones automáticas para realizar los masters. De hecho, el programa erasmus ha funcionado sin necesidad de esa homogeneización.

En segundo lugar, no existe una demanda social que justifique esa complejísima y costosísima reforma. No se ven miles de universitarios españoles desesperados porque no pueden ir a hacer sus masters a Alemania.

Y en tercer lugar, y sobre todo, hay que recordar que todo proceso de homogeneización o armonización a nivel europeo ha llevado siempre consigo una “sorpresa”. Como los huevos de pascua: las armonizaciones han sido siempre una especie de caballo de Troya para introducir a escondidas otras cosas.

Así, por ejemplo, la creación de una moneda única, el euro, llevaba escondida la sorpresa de la constitucionalización a nivel europeo de la política económica neoliberal, es decir, un banco central europeo irresponsable, limitaciones del déficit y del nivel de endeudamiento de los estados miembros, restricción del gasto público…

En virtud de esos antecedentes, la pregunta correcta que hay que plantear es ¿Cuál es la sorpresa que esconde el proceso de Bolonia? ¿Qué es lo que nos quieren “colar” con la creación del rimbombante Espacio Europeo de Educación Superior?

Mi hipótesis personal es que el proceso de Bolonia pretende crear unas condiciones de homogeneidad para que todas las universidades europeas puedan competir entre sí y para que puedan ser evaluados sus resultados docentes e investigadores con criterios comunes y cuantificados. El resultado de esa competencia arrojará un ranking. Las 12 o 15 universidades que consigan estar en la cúspide acapararán la mayor parte de los recursos materiales y humanos: “ficharán” a los mejores profesores, seleccionarán a los mejores estudiantes, tendrán financiación pública y privada para sus investigaciones, sus títulos serán los que más valdrán en el mercado laboral.

En cuanto a las universidades “perdedoras”, las que queden más abajo en el ranking ofrecerán unos títulos que no tendrán valor alguno en el mercado. Tendrán que cerrar y dedicarse a otra cosa. Y entre ambos extremos habrá un montón de universidades medianas peleando encarnizadamente entre sí por los recursos que no vayan a parar a las de elite. Ante esa perspectiva, los dirigentes de la Universidad de Barcelona han actuado hasta ahora con el presuntuoso convencimiento de que la UB va a ser de las que ganen. Como si fuera la selección española en la Eurocopa.

Frente al diseño de un ranking con un puñado de universidades de elite, resulta mucho más democrático e igualitario un sistema de universidades públicas con un perfil relativamente homogéneo. Eso facilita un acceso más equitativo a la educación superior, que es uno de los activos más importantes que tiene la Universidad española actual: ser una de las más accesibles de Europa.

Pero, llegados a este punto, surge una segunda pregunta: ¿Cuál es la misión de la Universidad en el diseño de la UE? ¿Qué es lo que la UE considera que las universidades deben aportar a la “sociedad”?

La respuesta a esta pregunta debe buscarse en la llamada “Estrategia de Lisboa”, acordada el 2 y 24 de marzo de 2000 en esa ciudad por el Consejo Europeo. En ese documento se estableció el objetivo de que la UE se convirtiera en “la zona económica más competitiva del mundo”. En el contexto de ese plan estratégico, la misión de la Universidad sería contribuir a incrementar la competitividad de las empresas europeas.

¿Cómo se va a conseguir que se cumpla esa misión en relación con la investigación? Es decir, ¿qué mecanismos se van a poner en práctica de cara a que la universidad se “ponga las pilas” para producir y transferir conocimiento rentable a las empresas?

El primero será la selección de las líneas de investigación que financiarán con carácter prioritario los entes públicos: los programas de subvenciones de la UE, de los Estados y de las comunidades darán prioridad (ya la están dando) a los proyectos de investigación que prevean “transferencias de conocimiento” a las empresas.

El segundo será el control que las propias empresas ejercerán sobre la Universidad. Por un lado, las firmas privadas financiarán investigaciones que les resulte muy caro llevar a cabo ellas mismas: si las hace un equipo de la universidad, correrá a cargo de ésta la formación de los investigadores, y la dotación de infraestructuras. Por otro lado, las empresas controlarán la gestión de las universidades. En España, este control se ejerce a través del Consejo Social. Así, el art. único, once de la LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, señala que “Corresponde al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios”. En el caso de la UB, ese Consejo Social que debería ser “el órgano de participación de la sociedad en la universidad” está integrado por 6 miembros que provienen de la empresa frente a un representante de los trabajadores. Hasta quien actúa en nombre de los antiguos alumnos es un destacado empresario.

El tercer mecanismo será la modificación del ethos del investigador universitario, es decir, de la motivación que los profesores universitarios tienen para investigar. Como señala la estrategia de Lisboa, “hay que desarrollar en Europa una verdadera cultura de dinámica empresarial”. Y esa cultura hay que promoverla también en la universidad. Por tanto, hay que incentivar a los investigadores a que se lucren de sus descubrimientos e inventos. Hay que estimularles a que patenten, a que creen empresas con sus equipos de investigación (las llamadas “spin-offs”). Así, seguro que se dedican a cosas útiles y no a investigaciones abstractas o al saber por el saber. Que los fondos que financian esos lucrativos resultados sean públicos es una cuestión que no parece ser preciso tomar en cuenta.

Pero la universidad tiene que contribuir también a la competitividad de las empresas europeas por medio de la docencia. Como señala la estrategia de Lisboa: “Para que las personas que llegan al mercado laboral puedan actuar en la economía del conocimiento, es necesario que su nivel de formación sea suficientemente elevado”.

Para conseguir este objetivo, se ha optado por programar la educación de acuerdo con el sistema de competencias. El término “competencia” se refiere a la capacidad para resolver problemas no de laboratorio, sino prácticos, en un contexto real. El concepto lo inventó Chomsky en los años sesenta para referirse al dominio de una lengua (competencia lingüística). Pues no es lo mismo conocer la gramática inglesa y hacer bien los ejercicios en el cuaderno, que hablar inglés en Londres (tener competencia lingüística). Posteriormente, el término pasó por el terreno de la gestión empresarial, convirtiéndose en un componente de la teoría del “capital humano”. Y finalmente llegó a la pedagogía. En Europa se implantó por primera vez para diseñar la formación de los mecánicos de coches, haciéndoles trabajar desde el principio con motores de verdad.

No está clara la viabilidad práctica de la pedagogía de las competencias en la universidad, pues no tiene mucho sentido que los centros de enseñanza redupliquen las condiciones de la vida real. Pero lo que sí está clara es su filosofía de fondo: entre los paradigmas educativos que dan valor al saber por el saber mismo y los que consideran que el saber sólo tiene valor por su utilidad práctica, la pedagogía de las competencias se encuentra entre estos últimos. Lo único que importa es que los estudiantes obtengan los recursos que puedan movilizar para resolver problemas prácticos. Ese objetivo convertirá la docencia universitaria en una mera formación profesional adaptada a las exigencias del “mercado”.

Los estudiantes que protestan contra “Bolonia” intuyen todas estas cosas. Por eso se movilizan. Y demuestran con ello tener una visión clara de lo que se quiere hacer con la Universidad. Más clara, en cualquier caso, que la de las autoridades académicas que se limitan a implementar ciegamente las reformas.

“No son los camorristas los que persiguen los negocios, son los negocios los que persiguen a los camorristas. La lógica del empresariado criminal, el pensamiento de los boss coincide con el neoliberalismo más radical. Las reglas dictadas, las leyes impuestas, son las de los negocios, el beneficio, la victoria sobre cualquier competidor. El resto es igual a cero. El resto no existe. Estar en situación de decidir sobre la vida o la muerte de todo, de promocionar un producto, de monopolizar un segmento de mercado, de invertir en sectores de vanguardia es un poder que se paga con la cárcel o con la vida. Tener poder durante diez años, durante un año, durante una hora. La duración da igual: vivir, mandar de verdad es lo que cuenta”. (Roberto Saviano “Gomorra”)

Leer el agudo análisis de Saviano sobre la Camorra napolitana es una fuente de conocimientos y analogías para entender una parte de lo que ocurre en el mundo del capitalismo legal. Me ha generado la misma sensación que tuve hace un par de años cuando pasé una tarde de cine contemplando Saló de Pasolini. Mientras que en este duro film uno puede encontrar una premonición del universo concentracionario de Guantánamo, en Saviano uno reconoce comportamientos sociales que van más allá del mero “crimen organizado” del Mezzogiorno italiano. Y es que en la última fase del período neoliberal la frontera entre el negocio legal y el ilegal ha sido cada vez más tenue. La misma difuminación de fronteras que el plano de los derechos políticos ha ocurrido al socaire de la llamada “guerra contra el terrorismo mundial”.

La relevancia del caso Madoff no es tanto su novedad, sino el momento en que ha ocurrido. Cuando estaban ya en marcha los planes de ayudas masivas al sistema financiero mundial. Cuando muchos analistas se atrevían a augurar que lo peor de la crisis ya había pasado y en unos pocos meses o trimestres saldríamos del túnel (un buen ejercicio para tiempos presentes: anotar las previsiones que están haciendo los expertos y esperar a ver si se cumplen sus augurios). Cuando la gente se estaba olvidando de la masiva ayuda pública que han recibido unos líderes financieros a los que nadie ha exigido ni responsabilidades penales ni siquiera sustanciales contrapartidas económicas.

El caso Madoff no es particularmente excepcional. Es una variante más de los escándalos financieros que han sido habituales en los últimos años, empezando por la quiebra fraudulenta de las Enron, World Comm y otros escándalos de las grandes empresas de principios de la presente década. O del affaire de las empresas filatélicas Afinsa y Forum Filatélico. (La memoria es corta, en nuestro país este tipo de políticas lo inauguraron hace más de veinte años tipos como Javier de la Rosa o Mario Conde). En ellos se mezclan elementos parecidos: una regulación pública laxa o inexistente, una promesa de elevada rentabilidad y, sobre todo, una imagen pública de éxito que atraía a incautos inversores. Una vez más se pone en evidencia la importancia de la imagen para el funcionamiento del capitalismo moderno.

El poder de los grandes grupos capitalistas se basa, en buena parte, en su imagen de mercado, la fuerza de sus marcas, su prestigio. Una fuerza que descansa en la incapacidad que tenemos la mayoría de los mortales de evaluar correctamente la calidad técnica de los productos, en conocer el valor real de lo que estamos comprando. Es la marca lo que nos garantiza la calidad del producto, lo único que estamos en condiciones de conocer. Algo que también explota la competencia “ilegal” de las marcas de imitación. Cuanto más complejo es el producto, más importancia tiene el aval de la marca, más dificultad del juicio elemental que haría posible la pretendida “soberanía del consumidor” sobre la que se ha construido parte de la hegemonía neoliberal. Una marca que se construye con una generosa inversión en relaciones públicas, en imagen.

Esto que vale para los bienes de producción es particularmente importante en la esfera financiera. Si hay un producto complejo, que escapa al juicio de la mayoría de personas, éste es el de las inversiones financieras. Especialmente después de la liberalización del sector y la proliferación de los mercados de derivados de todo tipo. Desde siempre los mercados financieros han sido espacios para supuestos “expertos”. La figura del asesor de inversiones ha sido habitual entre la gente rica, también ella incapaz de conocer con exactitud las condiciones más adecuadas de inversión financiera. Si algo han puesto en evidencia las sucesivas crisis financieras de las últimas décadas ha sido la incapacidad de un conocimiento efectivo de la situación financiera de las empresas en un mundo con regulaciones laxas, espacios para contabilidades creativas, de redes empresariales diseñadas para escaquear el riesgo y el valor real de los activos, de sistemas de incentivos que favorecían el crecimiento a corto plazo. Y donde los medios de comunicación han colaborado a crear “auras de excelencia” alrededor de determinados personajes. No hay nada que atraiga tanto como los triunfadores, los héroes que, al menos aparentemente, saben “leer” las complejidades de una lógica financiera de la que escapan el resto de mortales. El escándalo Madoff ha mostrado algo que ya hizo evidente el crash del Long Term Credit Bank hace diez años: que los ricos son a menudo tan incautos como los pobres. Simplemente necesitan que el timador utilice un comportamiento elitista con el que envolver su estafa.

Madoff es más que una anécdota. Si se limitara a constituir un timo a inversionistas ricos quizás resultaría hasta una broma. Pero no tenemos certeza que los verdaderos afectados no acaben siendo los fondos de pensiones de miles de asalariados que resultarán empobrecidos por los juegos malabares del financiero corrupto. No es ni la primera ni la última vez que los avatares financieros acaban por empobrecer a pensionistas con pocos recursos. Por ello la regulación del sistema financiero no es una mera cuestión técnica que incumbe a unos pocos especialistas. Es un campo crucial en el que se juegan las condiciones de vida de la mayoría.

Hay tres demandas sociales que este nuevo caso nos deberían impulsar. La primera es el cuestionamiento de la bondad de los sistemas de pensiones basados en el juego financiero. Sus defensores parten de modelos en los que se supone que existe una tasa de beneficio garantizada. Pero la experiencia de los avatares financieros muestra que en realidad nos ofrecen jugarnos las pensiones al póquer, dejando que tahúres sin escrúpulos jueguen por nosotros. Ningún sistema de pensiones está exento de problemas, pero estos son mucho más incontrolables en la operativa de los volátiles mercados financieros. La segunda es la urgente regulación de los mercados financieros, eliminando los mecanismos que han generado la opacidad y pérdida de control que han favorecido los tejemanejes de individuos como el financiero “cazado”. Y la tercera es sin duda una nueva reforma del tratamiento legal de este tipo de delitos, orientado a prevenir su aparición y a restituir a la sociedad de los males que generan. Son exigencias básicas a realizar a cualquier político que se declare de izquierdas o, simplemente honrado.

No es el remake de un viejo film que se estrena estas navidades. Es el grito de guerra lanzado por el Partido Popular (y subliminalmente por casi todos los medios de opinión) ante la posible entrada de Lukoil en el capital de la petrolífera Repsol YPF. Es sin duda una ironía del destino que la historia de una privatización acabe con los temidos capitalistas de oriente controlando la primera empresa industrial-extractora del país. La historia de ambas empresas es en gran parte paralela. Ambas eran públicas y ambas fueron privatizadas al calor de las políticas neoliberales (de hecho Repsol YPF fue el producto de una doble privatización, la española y la argentina). En ambas el proceso de privatización significó un regalo a intereses privados, en manos cercanas al poder político. Si al final Lukoil toma el control de Repsol simplemente se habrá llegado a la consecuencia final del proceso de privatización.

Pero esta venta constituye también una nueva etapa en un proceso más amplio de extorsión de lo público y una nueva expresión de la crisis financiera. Lukoil tiene posibilidades de comprar porque Sacyr Vallehermoso tiene necesidad de vender. Una necesidad que es el resultado de una de las empresas que mejor explica el ciclo neoliberal del capitalismo español. Sacyr es una de las seis grandes constructoras del país (las otras son ACS, Acciona, FCC, Ferrovial y OHL). Es la de formación más reciente. Nació en 1986, creada por un grupo de directivos escindidos de Ferrovial. Es por tanto la única que no tiene raíces directas en el periodo franquista aunque siempre se ha considerado que su expansión estuvo relacionada con los buenos contactos que sus directivos mantenían con los gobiernos de Felipe González. Al fin y al cabo el negocio fundamental de las seis grandes es la obra pública y este ha constituido siempre un mercado particular. También como el resto de sus rivales su crecimiento trató de apoyarse en otras patas, fundamentalmente las concesiones de infraestructuras y la gestión de servicios públicos (agua, limpieza, residuos…). En 2003 dio un salto de tamaño al fusionarse con la inmobiliaria Vallehermoso, la antigua inmobiliaria del grupo Hispano Americano. Y en 2006 culminó su expansión con la toma de una participación sustancial en Repsol YPF. Tanto su modelo de diversificación como su expansión son paralelas a la del resto de las seis grandes (y a la de algunas que tratan de emularlas como Isolux, Corsan o Comsa). Se trata tanto de ampliar el peso e influencia económica y social de la empresa, como la de controlar actividades más estables que la obra pública, siempre sujeta a ciclos económicos y políticos y con potencial de crecimiento. La gestión de residuos (a la que llaman pomposamente “Medio ambiente”) y la energía cumplen ambas características. Todas sus actividades se caracterizan además por su estrecha relación con la esfera política, su dependencia del gasto público y las opciones de gran política.

Pero se ha tratado de un crecimiento basado en un endeudamiento. En el apalancamiento financiero, o sea, compra de empresas en base al crédito que se espera devolver con el flujo de ingresos obtenido por las mismas empresas compradas. La misma euforia e irracionalidad que condujo a la banca a conceder cuantiosos créditos hipotecarios a personas con bajos ingresos la aprovecharon las empresas “constructoras” para ampliar su imperio empresarial. Operaciones como la compra de BAA (la gestora de los aeropuertos británicos) por parte de Ferrovial, de Endesa por Acciona, de Unión Fenosa por ACS (y su aspiración a controlar Iberdrola) tienen en esta política crediticia parte importante de su origen. Al final, cuando los intereses han subido (al menos desde el momento en que se tomaron los créditos) y la rentabilidad ha sido menor de la esperada, el endeudamiento es insoportable y no queda otra posibilidad que la venta. Quizás Sacyr ha tenido más problemas porque era la empresa más pequeña, la que realizó operaciones más audaces para situarse al nivel de las compañías históricas, la que tenía un peso mayor de actividad inmobiliaria. Pero también sus rivales atraviesan dificultades parecidas y el anuncio de venta de filiales se generaliza. Un reflejo de la historia reciente del país, del “milagro económico” de un país que pone en venta sus activos más preciados.

Si al final llegan los rusos no podremos achacarlo a una conspiración soviética. Será el resultado de una sucesión de políticas y prácticas irresponsables de nuestros mandamases locales, públicos y privados. El resultado final de las privatizaciones y la expansión crediticia. Y aunque ello ocurra tampoco es evidente que signifique un grave problema para la “independencia energética”. Al fin y al cabo Repsol depende de la compra de petróleo en medio mundo, La verdadera autonomía sólo se conseguiría con un cambio sustancial de política energética, y por ende de modelo económico. De desarrollo de las energías renovables, del ahorro energético y de la racionalidad ecológica de nuestro modelo de producción y consumo.

Se ha celebrado estos días el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los actos de conmemoración provocan una reacción contradictoria. Entre los sentimientos que hacen aflorar los festejos está el de la vergüenza.

Por una parte, la Declaración contiene una aspiración irrenunciable, por otra parte, la realidad cotidiana muestra dramáticamente la distancia existente entre esta Declaración y las condiciones de vida de cientos de millones de personas: hambre, guerra, violaciones, abusos, destrucción del medio ambiente, discriminación, servidumbres, torturas, desamparo, arbitrariedades, persecuciones, pérdida de garantías jurídicas y exclusión. Como decía una mujer magrebí, nos morimos con los derechos puestos, no nos sirven. La gente es torturada, abandonada a su suerte, excluida… pese a la aspiración y aceptación formal por parte de los Estados de la Declaración de los Derechos Humanos. Los Derechos Humanos son una gran aspiración, pero también son al mismo tiempo el recuerdo de una enorme frustración, de una tremenda injusticia.

Si esto fuera todo, se podría decir que con los Derechos Humanos pasa lo mismo que con las grandes ideas como la igualdad o la libertad, nunca se alcanzan suficientemente, son ideas complejas que marcan el rumbo pero que se hallan insuficientemente realizadas. Sin embargo hay algo más: la utilización publicitaria, mentirosa y autocomplaciente del discurso de los Derechos Humanos. Los Derechos Humanos convertidos en marca.

La mejor tradición de los Derechos Humanos, protagonizada por los hombres y las mujeres, así como sus organizaciones, que luchan en serio por hacerlos efectivos, concurre con otra tradición: la de quienes rebajan continuamente las aspiraciones contenidas en la Declaración Universal allanando el camino a la vulneración sistemática de los Derechos Humanos. Los primeros dignifican la aspiración contenida en la Declaración Universal, los segundos la manosean.

El discurso de los Derechos Humanos ha perdido fuerza en la medida en que crece su utilización hipócrita por parte de aquellos que crean y sostienen las condiciones necesarias para que se vulneren continuadamente los Derechos Humanos. Frente a este uso hay que reclamar la capacidad crítica y propositiva de la Declaración, en el bien entendido de que ésta no ha de cumplir una función complaciente sino transformadora.

El incremento de la xenofobia entre los jóvenes y no tan jóvenes visto como un reflejo de una sociedad crecientemente excluyente plantea un interrogante a la pedagogía de los Derechos Humanos. Frente a la creencia tan extendida y tan poco exigente consistente en creer que la prédica de los valores equivale a su asunción, hay que recordar que los valores, como las ideas centrales, se asumen en la medida en que son dichas-practicadas por una sociedad, de otra forma se convierten en discursos no practicados. No por decir que hay que ser solidarios las personas serán solidarias, no por aderezar todos los platos con pizcas de Derechos Humanos se conseguirá que éstos sean respetados. Es necesario, pero no es suficiente. Los discursos ―y las celebraciones― no se ajustan a los hechos.

La celebración de este 60 aniversario coincide en el tiempo con la publicación de la Directiva de la vergüenza. El pasado 24 de diciembre se publicó en el Diario oficial de la Unión Europea la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Entre otras cosas establece que una persona en situación irregular podrá ser internada ―en un centro de internamiento o en la cárcel― durante 6 meses ampliables a 12 meses (arts. 15.5 y 15.6).

Esta Directiva ha sido llamada con razón la Directiva de la vergüenza. Supone un paso más en la criminalización del inmigrante. Nos aleja aún más de los mejores ideales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Habrá quien sin faltarle razón verá en todo esto una muestra más de la hipocresía de las sociedades occidentales.

Daniele Ganser
Gli eserciti segreti della NATO. Operazione Gladio e terrorismo in Europa occidentale
Fazi Editore, Roma, 2ª ed. 2008, 454 págs (es trad. al italiano de Operation Gladio. NATO’s Secret Stay-Behind Armies and Terrorism in Western Europe, Frank Cass, London, 2005).

El 24 de diciembre de 1990, en las postrimerías de la guerra fría, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución en la que denunciaba la existencia de una red paramilitar clandestina dependiente de la OTAN. Se afirmaba en ella que esa red no estaba sujeta a ningún control democrático, que había interferido gravemente en los asuntos políticos de varios Estados de la Europa occidental y que había pruebas claras de su participación en acciones terroristas. La Resolución recomendaba a los Estados de la UE la creación de comisiones parlamentarias para investigar este oscuro asunto. Respondiendo a este llamamiento y a la presión de la opinión pública, se llevaron a cabo sendas investigaciones parlamentarias y/o periodísticas en varios países europeos que completaron las informaciones obtenidas a partir de diversos procesos judiciales (en especial los celebrados en Italia, donde estalló el escándalo a raíz de unas declaraciones explosivas de Giulio Andreotti y Francesco Cossiga en las que ambos reconocían la existencia de dicha red). El historiador suizo Daniele Ganser, basándose en esa información, ha escrito un libro imprescindible para conocer sin anteojeras ideológicas la reciente historia de Europa. Si los europeos del este padecieron al KGB, a la Stasi y a otras agencias de seguridad similares, los europeos del oeste padecieron (y siguen padeciendo) a la CIA, al MI-6, al CESID y a otros servicios secretos por el estilo, y además a la red Gladio de la OTAN. Su función fue siempre la misma: combatir al comunismo entendido como cualquier corriente ideológica que, en nombre de la igualdad y la fraternidad, supusiese una amenaza para la pervivencia del capitalismo. Eso incluía los planes para una eventual guerra de guerrillas tras una hipotética invasión soviética y la intervención en la vida política interna con el objetivo de impedir el acceso democrático al poder de los partidos comunistas occidentales. Para ello se recurrió a acciones de desinformación y manipulación de la opinión pública como, significativamente, el false flag terrorism o terrorismo de falsa bandera. El terrorismo de falsa bandera es una estrategia de control de las poblaciones tan antigua como los Estados: alguien (inducido o por propia iniciativa) comete un atentado y a continuación los servicios estatales de información le colocan la bandera ―es decir le atribuyen la autoría― que más les conviene para alcanzar unos determinados fines políticos como, por ejemplo, desacreditar a determinados partidos y organizaciones, ganar una elecciones, generar sensación de caos para legitimar políticas de mano dura o bien crear una corriente de opinión favorable a una intervención militar imperialista que, por serlo, es difícil que sea aceptada por la población gobernada. Los autores materiales pueden ser funcionarios a sueldo, confidentes policiales de origen lumpen, ultraderechistas teledirigidos (los preferidos por la OTAN, incluidos antiguos SS), fanáticos islamistas o jóvenes de extrema izquierda borrachos de verborrea sobre las virtudes purificadoras de la “violencia revolucionaria”. Ganser ha reunido información contrastada sobre la actuación de la red Gladio en Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Alemania, Grecia, Turquía, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria (que el país formara parte o no de la OTAN era irrelevante para los cerebros de la operación). En abril de 2009, la OTAN celebrará por todo lo alto el 60 aniversario de su fundación. La traducción a cualquiera de las lenguas peninsulares de este libro riguroso y documentado sería un excelente regalo de cumpleaños.

Fruta Prohibida es un libro que, siguiendo una línea histórico-teorética, arroja nueva luz sobre las relaciones entre Derecho, Estado y Poder. Con una rigurosa visión del pasado, el autor trata de desnaturalizar elementos que se suponían inherentes al ser humano, sobre todo en el campo jurídico. Esto abre la puerta a una nueva manera de acercarnos al mundo del Derecho, lo cual convierte el libro en una buena recomendación para el jurista, si bien su lectura es apta para un público más amplio.La presente edición, renovada y ampliada, profundiza en el origen del derecho como punto de partida para el desarrollo del libro. Asimismo, pudiendo ser utilizado como material para estudiantes, aporta una visión más amplia del último tramo del siglo XX para aquellos que, por edad, no han sido conscientes del cambio de época cuyas profundas transformaciones nos muestra el autor como cruciales para entender el mundo en el que vivimos.

Jordi Gracia
La vida rescatada de Dionisio Ridruejo
Anagrama, Barcelona, 2008.

Jordi Gracia tiene en su haber varios libros que tratan de reconstruir la vida cultural española bajo el franquismo. La vida rescatada de Dionisio Ridruejo revela un enorme trabajo de documentación y acopio de información y una bien ponderada reflexión sobre la intelectualidad vencedora desencantada relativamente temprano de las hazañas del bando vencedor en la guerra civil.

Theo Angelopoulos, 1970-1977
Los cazadores (1977)
El viaje de los comediantes (1975)
Días del treinta y seis (1972)
La reconstrucción (1970)
Intermedio, Barcelona, 2008 (y prólogo del autor antes de cada película)

He tenido un sueño. (¿Qué pasa? ¿Es que una no puede tener sueños o qué?). Sigamos. He tenido un sueño. Era un sueño de actualidad. Llegaba a mi casa, procedente de una calle en que hacía un frío que te despellejaba viva; vaya, que hacía un frío de ambiente de crisis. Al legar a casa, me quitaba el abrigo, los zapatos, me arremolinaba bien arremolinada sobre el sofá y ordenaba (oigan, no se crean que yo hago esto, ¡que mala imagen!, pero, en fin, ¡así es el sueño!): “Kalashnikov, ¡el DVD!”. Igualito, igualito que lo que dio por decir a Nikita Jruschov cuando se enteró de la muerte de Stalin: “Khrustaliov, ¡el coche!” [Khrustaliov, a todo esto, sólo era el chofer del bigotazos], que era como decir, para entendernos, “Trae para aquí el auto, antes de que vengan otros y se lo queden, pandilla de chorizos”. Bueno, pues yo igual. (Por lo demás, Khrustaliov, masinu! (1988) es el título de una película del rotundo Alexei Guerman, pero nada. No temáis: ¿quién va a editar a este maestro del cine si resulta que es ruso? Vamos, como si pidiéramos que nos editaran la integral de Larisa Shepitko, ¡vamos apañados, que además de ser soviética tiene el descaro de ser mujer! Estas cosas sólo pasan hablando de sueños, fijo. O séase que pasemos a otra cosa: sigamos durmiendo.)

“Kalashnikov, ¡el DVD!”. Y el bueno de Kalashnikov ―que yo no entiendo qué hacía en mi casa― encendió la tele y puso en marcha el reproductor de DVD. Y el sueño se convirtió en películas. ¡Ah, pero no os creáis! En películas que me sé de memoria; en películas que al instante decía para mí: “¡Tate, ya sé cual es!”.

Era un lago azul, en un día tranquilo aunque bajo un cielo que amenazaba con ponerse lluvioso, cuando empieza a sonar una música apagada con resabios griegos y se ven muy lentamente unas barcas largas atiborradas de banderas rojas, que pasan como si fuera un entierro o una anunciación. ¡Cómo iba a olvidarlo! Si es Los cazadores (1977), que la TVE2 cortó por la mitad por meterse con la monarquía... ¡griega! Pero el sueño proseguía a piñón fijo.

Era una mañana de domingo, cuando las calles están tranquilas, cuando todos están durmiendo aún. Hay un mitin anticomunista, y ocho personas ―cinco hombres y tres mujeres― se alejan de la multitud que vitorea, y se van por una calle, con paso cansino y encogidos por el frío. ¡Pero si a estos los conozco! ¡Son las figuras de El viaje de los comediantes (1975)! ¡Claro que sí! ¡Me diréis que no! Pero todo va a gran velocidad, no hay tiempo para los interludios de tasca y chascarrillo.

Dos hombres suben a un montón de piedras, se dan la mano y se quedan esperando a que la gente se apacigüe y dar comienzo a un mitin sindical; pero suenan unos disparos, el que iba a dar el mitin cae mortalmente herido y los obreros se piran más de prisa que corriendo, por si los cazadores piensan seguir cobrándose piezas. También, también los conozco, chavales. ¡Es la primera secuencia de Días del treinta y seis (1972), que ―parece increíble, la verdad— pero Angelopoulos la rodó en Creta bajo un sol que ya no volvería a rodar, como si los turistas fuesen a Grecia a disfrutar sólo de clima lluvioso! Pero, sin embargo, el sueño continúa.

Aunque ahora en blanco y negro, para variar. Hay una casona campesina, y está la mujer en la puerta, esperando. Viene el amante, y se van para el interior. Algo deben hacer dentro, porque la cámara sostiene el plano, impasible el ademán. ¡Ah, claro! ¡El marido, tú! Pues sí, llega el marido y se mete en el interior de la casa. Algo deben de hacer, porque nos parece oír a la mujer gritar. Pero como la cámara sigue inmóvil fuera, pues libre juego a la imaginación, pero de seguro nada. Después aparecen los tres chiquillos de la casa, y corretean por ahí delante. Luego sale el amante, que echa pies en polvorosa. Y al cabo de un rato ―tranquila, no hay prisa— sale la mujer, abraza a los críos y se vuelve a meter en el interior de la casa, y al cabo de nada te plantan el fin. Fin de la película y fin del sueño. O séase, fin de La reconstrucción (1970), con un final que es también el principio ―¡pues sí que empieza bien, el Theo!— de esta reconstrucción criminal.

Y, claro, fin del sueño, porque no tiene nada de raro que sueñe con estas películas porque, ¡al fin!, las ha sacado Intermedio en un paquete para arreglarnos las fiestas. Increíble, pero cierto: las cuatros primeras películas de Angelopoulos, presentadas por éste y con un librito de Pere Alberó en que sitúa las películas dentro de la historia de Grecia (lo que, a decir verdad, se agradece). Lo siento, majaderos: no tenéis excusa. ¿Cómo vais a seguir suscritos a mientras tanto electrónico si no vais corriendo a comprar el excelente y formidable paquete?

O sea, que todo controlado, y a seguir durmiendo. Es la sección de DVD de una gran superficie comercial. En novedades, se ven Jean-Luc Godard y el grupo Dziga Vertov, Theo Angelopoulos, 1970-1977, etcétera. Se oye un barullo creciente, aunque remoto. De golpe, por las escalerillas mecánicas, apiñada y combativa, empieza a desplegarse la marea roja. Unos traen banderas rojas, otros traen capuchas de papá noel, pero todos van en busca de los cofres de Angelopoulos: los actuales, los antiguos, los que haya. Cuando pasan, no queda ni un solo ejemplar de Angelopoulos, ni de Resnais, ni de Guédiguian ni de Eisenstein, ni nada. Todo vendido: habrá que esperar a otra edición. Entonces voy yo y pido ―¡inocente, inocente!— el nuevo paquete de Angelopoulos, y me dice el sonriente joven que no queda ni uno. Que está agotado.

¿Agotado? Es un verbo que en boca de un dependiente me horroriza: por desgracia, lo que yo busco nunca se agota. Y, naturaca, me despierto. ¿Todo ha sido un sueño? Mujer, ¡no te pases!, el paquete de Angelopoulos está a la venta, pero... poco más. Ni copan las estanterías, ni hay multitudes con banderas dispuestas a comprarlos. Es decir, igual como siempre. ¿Y vosotros, criaturas, mis parecidos y parecidas, mis hermanos y hermanas? Pues como siempre: despistando, hasta el mes que viene. O peor aún: riendo como si fuese la página de humor. Pero de meter el Angelopoulos en la cesta de la compra, ni hablar, vamos. ¡Faltaría más! Es que hay crisis, decís, con el carro lleno a rebosar con objetos de consumo obligado (por quienes pagan los carteles de publicidad). Amiguitas y amiguitos, si me lo permitís, tenéis guasa, con perdón. Y, esto, la verdad, no me gusta nada. Pero nada de nada.

¿Sabéis que os digo? ¡Mejor seguir soñando! Con las películas de Angelopoulos que vinieron, las que han venido, las que vendrán.

En ambas webs se encuentra toda la información sobre las actividades de protesta desplegadas en Cataluña contra la intolerable masacre que padece el pueblo palestino.

mientras tanto
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB

2008

107

María Rosa Borràs, in memoriam.

NOTAS EDITORIALES
¿EL FINAL DEL NEOLIBERALISMO?
Albert Recio

EUROPA SÍ, EUROPA NO
José Antonio Estévez

UNA BRISA FRESCA JUNTO AL CASPIO
Josep Torrel

ARTÍCULOS
Aproximaciones anómicas al campo del género

HOMOSEXUALIDAD, MASCULINIDADES, E IDENTIDAD GAY EN LA TARDOMODERNIDAD: EL CASO ESPAÑOL
Oscar Guasch

¿DE LA DESCONSTRUCCIÓN A LA (RE)ESENCIALIZACIÓN? GÉNERO, HETEROSEXUALIDAD OBLIGATORIA Y MINORÍAS SEXUALES
Laurentino Vélez-Pellegrini

RECONSTRUIR LA IDENTIDAD MASCULINA: UNA OBLIGACIÓN POLÍTICA
Daniel Gabarró

LA IDENTIDAD DE GÉNERO: DOS REFLEXIONES DESDE UNA PERSPECTIVA TRANS
Andrea Planelles

OTROS ARTÍCULOS
MARXISMO Y DESARROLLO
Bob Sutcliffe

PANE LUCRANDO. OCTAVI PELLISA Y EL QUEHACER REMUNERADO
Josep Torrell

SE HA APAGADO UNA VOZ IMPRESCINDIBLE: RECORDANDO A DAVID ANISI

RESEÑAS
LA IDENTIDAD SEXUAL EN EL EMBUDO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO
Antonio Giménez Merino

GHANDI. UNA ANTOLOGÍA
Pere Ortega

CITA

mientras tanto bitartean mientras tanto mentrestant
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB