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Europa,
Europa
José A.
Estévez
Referendum irlandés y ratificación española
El
enviado
especial de El País a Dublín, Andrea Rizzi, en su crónica del 12 de
junio, previa a la celebración del referendum sobre el Tratado de Lisboa
en Irlanda, decía que “oyendo a los activistas, todas las críticas
tienen un denominador común: el sueño de una Europa mejor. Pero
excavando en las bases, la impresión es que en el rechazo pesan más los
miedos que los sueños. Fundamentalmente, perder bienestar y los
privilegios conquistados en estos años”.
Es
decir
que para ese periodista resulta impensable que las razones del “no”
puedan ser realmente “idealistas”. No cree que el fundamento de la
postura crítica sea el ideal de una Europa mejor o una comprensión cabal
de las consecuencias de la regulación contenida en el tratado. Los
motivos reales tienen que ser reducidos a mezquinos intereses para
mostrar que la oposición al tratado de los irlandeses carece de
fundamentación racional.
Sin
embargo,
uno podría preguntar al tal Rizzi si conoce realmente el contenido de la
normativa europea. Quizá el desconocimiento esté más de su lado que del
de los activistas irlandeses contra la ratificación. Pues, por ejemplo
¿hay algún argumento para seguir defendiendo la falta de responsabilidad
política del Banco Central Europeo ante los ciudadanos? ¿Es posible
seguir manteniendo que el banco pueda adoptar medidas que afectan
gravemente a las economías domésticas y que detraen recursos públicos
para inyectarlos en el sistema financiero privado sin tener que
responder por ello ante nadie?
En
cualquier
caso, los congresistas españoles deben pensar que sí existen esos
argumentos, pues el 26 de junio
aprobaron, de forma casi unánime, por 322 votos a favor, seis en contra
y dos abstenciones, a favor de la ratificación del Tratado Lisboa. IU
votó en contra, pero ICV se abstuvo: quizá tendría que explicar el por
qué de esta ambigüedad a quienes votaron por esa formación. Puede que
ICV considere que no hay suficientes razones de peso para oponerse clara
y rotundamente a un tratado que prosigue en la línea de la imposición de
las políticas neoliberales por la vía de la integración europea.
La
jornada laboral de 60 horas
Para
muestra,
un botón. En su reunión de 9 de junio el Consejo de empleo, política
social, sanidad y consumidores aprobó una modificación de la directiva
2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. En su Artículo 6, esa
norma prevé que la duración media del trabajo no exceda de 48 horas,
incluidas las horas extraordinarias, por cada período de siete días. La
nueva propuesta, como es sabido, permite que contando con el
consentimiento “libre e informado” del trabajador, los estados puedan
introducir una excepción que permita prolongar la jornada hasta 60 horas
semanales.
Una
de las disposiciones en las que se funda la competencia del Consejo para
adoptar este tipo de normas es el artículo 136 del Tratado CE
que señala que “La Comunidad y los Estados
miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los
que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de
octubre de 1961, y en la Carta comunitaria de los derechos sociales
fundamentales de los trabajadores, de 1989, tendrán como objetivo (…) la
mejora de las condiciones de vida y de trabajo”
Desde
luego, no deja de ser un sarcasmo que la finalidad de mejorar las
condiciones de vida y de trabajo sirva de fundamento para prolongar la
jornada laboral hasta las 60 horas. La retórica jurídica progresista del
tratado sirve de base para la adopción de medidas netamente regresivas.
Este
proyecto de directiva supone un cambio muy importante.
Las
políticas europeas habían constituido hasta ahora un obstáculo para el
mantenimiento de los derechos sociales. La
defensa de esos derechos quedaba en manos de cada uno de los estados por
separado y las políticas económicas que los socavaban tenían toda la
fuerza conjunta de la UE. Sin embargo, ahora
las políticas europeas se orientan directamente al desmantelar
los derechos y conquistas sociales. No
se trata, pues, sólo de que no haya una Europa social, sino de que
estamos ante el nacimiento de una Europa antisocial.
La
Directiva de retorno
La
llamada
“directiva de retorno”, constituye otro buen botón de muestra. Fue
aprobada por el Parlamento Europeo en primera lectura el 17 de junio.
Esta norma prevé que el internamiento de los extranjeros indocumentados
se pueda mantener durante un período de seis meses, que podrá
prorrogarse otros doce más si los estados lo consideran necesario.
De
esta
norma se ha dicho que es “progresista”, porque impone límites temporales
al internamiento de los extranjeros en situación irregular en los países
donde esos límites no existían. Dejando de lado que 18 meses para
tramitar una expulsión parece un periodo desmesuradamente dilatado, la
afirmación sólo es parcialmente cierta. Pues tres de
esos países, Irlanda, Dinamarca y Reino Unido “no participan en la
adopción de la Directiva y, por tanto, no están vinculados en su
totalidad ni sujetos a su aplicación”.
También
se ha dicho que, en el caso de España, la directiva no tendrá efectos
negativos para los inmigrantes, pues en nuestro país en plazo máximo de
detención es de 40 días. Sin embargo, el informe elaborado en diciembre
de 2007 por la consultora STEPS para el Parlamento Europeo sobre las
condiciones de las personas detenidas a la espera de expulsión habla de
una realidad diferente. Así, en el apartado dedicado a España se dice
que la duración máxima de la detención en los Centros de Internamiento
de Extranjeros es efectivamente de cuarenta días. Pero que, en la
práctica, los extranjeros pueden ser detenidos de nuevo a su salida del
centro y acumular, así, múltiples periodos de detención de 40 días.
La
directiva
de retorno es la primera que se aprueba en materia de inmigración. Eso
pone de manifiesto la hipocresía europea frente a los inmigrantes
irregulares. Mientras las cosas van bien, se tolera su presencia. Pero
cuando empieza la crisis ellos son las víctimas propicias para sufrir
sus consecuencias en primer lugar. Los acontecimientos que se han
concentrado durante este mes de junio han puesto de manifiesto con
claridad cuál es el camino que sigue la actual Unión Europea. Es hora ya
de intentar impulsar proyectos alternativos, antes de que la integración
los lamine definitivamente.
¿Crisis?
¿Qué crisis?
Albert Recio Andreu
I
Cada
vez
más, los analistas económicos se parecen a los comentaristas
deportivos. Con sus euforias y depresiones ciclotímicas, con su abuso de
los lugares comunes y los tópicos. Con sus propuestas simplistas para
salir del atolladero. Y los líderes políticos se comportan de forma
parecida a los dirigentes deportivos, negando problemas cuando empiezan
a ser evidentes y lanzado propuestas de humo cuando ya se están
quemando. Solo hay una diferencia substancial: mientras el mundo del
deporte es un mero juego relativamente impredecible (aunque a su
alrededor se articule un gran tinglado financiero y político), la
economía afecta a aspectos básicos de la vida social. Y los políticos y
comentaristas económicos se apoyan en unos saberes que se presentan a sí
mismos como conocimientos científicos, producidos por una ingente
infraestructura académica. Algo que hace aún más intrigantes los cambios
de ánimo y la ausencia de propuestas sólidas cuando las cosas se
complican. Unas propuestas que, al menos en los últimos treinta años,
son siempre del mismo tipo, sea cual sea el diagnóstico. O que obligan a
forzar el diagnóstico para que cuadre con la única propuesta conocida:
más mercado, más flexibilidad, menos impuestos, más contención
salarial....
II
La
recesión
(o crisis, el nombre es secundario) actual tiene elementos planetarios y
otros que afectan de forma desigual a países concretos. Tiene aspectos
conocidos de otras crisis y aspectos nuevos, también conocidos pero
menos asimilables a los modelos económicos de referencia. Entre los
efectos generales destaca sin duda la crisis financiera internacional.
Ésta ha sido un fenómeno recurrente en los últimos veinte años en los
que periódicamente se han sucedido la explosión de las diversas
“burbujas especulativas”. La diferencia fundamental es que mientras que
muchas de las situaciones anteriores se caracterizaron por crisis
bursátiles o recesiones que afectaron especialmente a la periferia del
sistema (México, Rusia, Este de Asia) ahora el cataclismo se ha
producido en el centro y ha impactado directamente en varios de los
mayores grupos financieros mundiales. Quizás por ello las respuestas
políticas han sido diferentes y en lugar de propugnarse políticas de
ajuste las primeras maniobras se han orientado a salvar el sistema
bancario mediante una provisión masiva de fondos por parte de los
organismos reguladores públicos (Reserva Federal estadounidense, Banco
de Inglaterra, Banco Central Europeo) para evitar la quiebra de las
instituciones más afectadas (Bear Stearns, Northern Rock) y con ello la
generación de un efecto dominó que hubiera afectado al conjunto del
sistema financiero.
Una
política
de intervención pública de cortafuegos que si bien evita la generación
de una catástrofe a corto plazo corre el peligro de dejar intactas las
condiciones para que la situación se vuelva a repetir. Esta sucesión de
recesiones financieras es consustancial a la historia del capitalismo.
Pero en las últimas décadas se ha reforzado a medida que ha avanzado la
financiarización de la economía, la liberalización de los movimientos
internacionales de capitales, la creación de una ingente cantidad de
instrumentos financieros, la reducción de controles y el levantamiento
de restricciones al comportamiento de las entidades financieras. No está
claro hasta que punto las medidas actuales han tenido éxito en contener
la crisis actual. Pero lo que es seguro es que sin una regulación
estricta del sistema financiero estas crisis reaparecerán. Y se
mantendrán intactos el poder y el condicionamiento de la esfera
financiera sobre el funcionamiento global de la actividad económica.
III
La
crisis
actual tiene también sus aspectos particulares. Los países donde el
frenazo ha sido más desestabilizador (España, Irlanda, Reino Unido,
EE.UU....) se han caracterizado por la eclosión de una crisis
inmobiliaria tras un largo período de crecimiento del sector. Es en gran
medida una crisis clásica de desproporción: la inversión crece
desproporcionadamente en un sector y su producción acaba por no
encontrar compradores. Al detenerse las ventas su caída arrastra en
cadena a los demás sectores con los que este sector se relaciona.
Este
esquema simple lo podemos complicar con otros elementos. Especialmente
preguntarnos por qué se ha producido esta sobreacumulación inmobiliaria.
Una de las posibles respuestas nos vuelve a situar en la senda del
capital financiero: el impulso, vía crédito, del “boom” inmobiliario y
del desaforado despegue de los precios (en gran medida explicable por
las propias características del crédito hipotecario, avalado en teoría
con un activo real y por tanto el que más fácilmente puede concederse a
sectores de rentas bajas). Es asimismo un sector donde se pueden obtener
grandes márgenes en un corto espacio de tiempo. Y cuya producción no es
deslocalizable. No deja de ser sintomático que muchos de los países que
hoy se enfrentan a una depresión inmobiliaria son los mismos que hace
tiempo mantienen una balanza comercial deficitaria. Aunque no está claro
en qué medida esta opción por el “ladrillo” ha sido debida a su
incapacidad para desarrollar otro tipo de actividades, o han sido
precisamente las ganancias fáciles las que han acelerado su
desindustrialización relativa (posiblemente de todo haya un poco).
IV
Para
complicar la situación lo que podría ser una crisis tradicional de
demanda, que admitiría la receta clásica de una reactivación vía gasto
público, se complica con el rebrote de los precios de alimentos básicos
y petróleo. Hay una respuesta sencilla: la especulación se ha desplazado
del financiero-inmobiliario a las materias primas. Y por tanto la
respuesta debería ser en este caso del mismo tipo que la ya comentada:
la vuelta a una regulación estricta de los mercados, las limitaciones a
los movimientos especulativos.
Pero
la realidad apunta a una cuestión más estructural y que afecta al
conjunto de los modelos de desarrollo. La que indica que estos
crecimientos son el resultado inevitable de combinar una oferta de
alimentos y petróleo difícil de aumentar a corto plazo con un aumento de
la demanda por parte de las nuevas capas medias de los países en
crecimiento. En el caso del petróleo la restricción de oferta es
inevitable, provocada por el agotamiento paulatino de los yacimientos
más ricos, el aumento de costes de los nuevos y la caída a largo plazo
de la capacidad total de extracción (la especulación estaría anticipando
en parte este crecimiento de los precios a largo plazo). En el caso de
los alimentos coinciden más cosas: tanto las restricciones de la
producción generada por diversas dinámicas
—las
políticas de ajuste agrario (como la PAC europea), la urbanización de
espacios agrícolas y la sustitución de producciones básicas para el
autoconsumo por la producción masiva de productos de lujo para el
mercado mundial—
como el nacimiento de una nueva demanda de biocombustibles nacida en
parte como respuesta al encarecimiento del petróleo internacional. Ya se
sabe que el mercado es un sistema de voto censitario en el que los ricos
tienen más papeletas, por lo que consiguen trastocar los usos y destinos
de la producción mundial. En suma, las alzas de materias primas, más
allá de las turbulencias especulativas, mostrarían el impacto de la
crisis ecológica (la imposibilidad de generalizar el despilfarro de
recursos naturales) en el funcionamiento de la economía global.
No
es
tampoco algo nuevo. Ya ocurrió en la década de los setenta. Pero como
entonces sólo una minoría de economistas entendió la interrelación entre
la economía y la naturaleza, la solución fue una salida hacia delante
que nos ha conducido a la situación actual. Y, como entonces, en lugar
de reconocer el problema se opta por respuestas que combinan los
intereses de los grandes grupos del capital con la irresponsabilidad y
la ceguera más extremas.
Para
muestra la lectura del Banco Central Europeo, para quien el problema se
reduce a controlar la inflación, a contener la demanda y a hacer que el
mercado funcione. Subiendo los tipos de interés sin duda se acabará por
frenar la economía, pero a un coste social que puede ser intolerable.
Eliminando los mecanismos de indiciación de rentas (básicamente salarios
y pensiones públicas) simplemente se hace aumentar la parte de renta que
va al capital, pero difícilmente se contiene una inflación importada.
Ninguna de estas medidas va a resultar eficaz para promover la necesaria
reordenación económica que exige la crisis ambiental. Pero éste es el
único tipo de respuestas que han aprendido unos tecnócratas formados en
los manuales de economía al uso. Y es el único tipo de respuestas que,
al menos a corto plazo, están dispuestos a escuchar los poderes que
manejan el núcleo de la actividad económica mundial
V
Por
alguna de las razones ya comentadas, la crisis en España tiene
caracteres aún más preocupantes. En los últimos años se ha deteriorado
la posición industrial del país y la economía se ha escorado aún más
hacia el modelo constructor-turismo. Sin olvidar el desaforado aumento
del consumo de recursos básicos que sustenta nuestro “modelo de
crecimiento”. Desde hace muchos años se repite el “mantra” de la
necesidad de desarrollar el capital humano y la tecnología sofisticada
sin que se aprecie ningún cambio sustancial.
Y
no
se trata sólo de una trayectoria errónea, sino de la ausencia de
mecanismos efectivos para cambiar el rumbo. Hasta hoy la historia de
todos los países que han alcanzado un despegue tecnológico se ha
fundamentado en la combinación de diversos mecanismos básicos: una
moneda devaluada (para favorecer exportaciones), una política industrial
agresiva en apoyo de los sectores de despegue, un esfuerzo del sector
público a favor del mismo. Y casi siempre se ha caracterizado por un
esfuerzo a largo plazo, puesto que las innovaciones no son una mera
respuesta a las inyecciones monetarias sino que suelen ser el resultado
de procesos de esfuerzo sostenido.
Muchos
de estos mecanismos no están hoy al alcance de lo que pueden hacer
nuestras autoridades. Ni la política de tipo de cambio, ni gran parte de
la política industrial están en las manos del gobierno Zapatero en el
supuesto hipotético que tuviera la voluntad de aplicarlas. Ni tampoco se
tiene una influencia directa sobre sectores productivos claves que están
en manos de multinacionales extranjeras que aplican estrategias globales
y sitúan sus centros más sofisticados en aquellas localizaciones que
consideran mejores para sus intereses.
A
corto
plazo parece que lo único que puede hacer el Gobierno es intervenir en
aquello que le pide la patronal: reducir impuestos, aplicar la enésima
reforma del mercado laboral, construir más infraestructuras para
mantener los ingresos de las grandes constructoras… No hay ninguna
garantía de que con ello vaya a mejorar el clima económico, pero con
ello se saciarán una vez más los intereses de los sectores dominantes.
VI
¿Qué
deberíamos pedirle al Gobierno en este contexto?
En
primer
lugar una información realista de la situación. Que evaluara de verdad
los costes sociales y ambientales del modelo de crecimiento que ahora
esta en cuestión. Que explicara de forma realista qué medidas puede
tomar y cuáles no. Cuáles son los condicionantes que le impone el actual
modelo institucional europeo. Y cuales son las presiones inaceptables de
los grandes grupos de interés. Seguramente este Gobierno no tiene ni los
conocimientos, ni la voluntad ni aún menos el poder para cambiar el
curso de las cosas. Pero como mínimo le deberíamos hacer responsable de
llevar a cabo un trabajo sostenido para cambiar la actual balanza de
poder, para introducir en el debate político puntos de vista diferentes
y de realizar evaluaciones honestas de los efectos de cada política.
Para ser un agente activo en campos como la necesaria regulación de los
mercados financieros o las políticas ambientales y sociales globales.
En
segundo lugar la ampliación de los servicios públicos. Tanto para
satisfacer demandas sociales perentorias, como para generar de verdad
empleo en un momento en que el capital privado se muestra incapaz de
garantizar aquello que le da más hegemonía social: la creación de
puestos de trabajo. Es absolutamente irresponsable reducir la oferta
pública de empleo en el momento actual. Y es asimismo evidente que son
los países con más peso en el empleo público los que aparecen como los
mejores en términos de bienestar social. El pagar pocos impuestos y
bajos salarios no ha servido en cambio en España ni para garantizar
empleo estable ni para generar una economía privada competitiva.
En
tercer lugar empezar a plantear la necesidad de una reconversión
ecológica de nuestra economía. Capaz de hacer frente al agotamiento (y
encarecimiento) de recursos como el petróleo, de eludir una crisis
alimentaria, de frenar la desertización… Capaz de garantizar a todo el
mundo la satisfacción de necesidades básicas. Una reconversión de tal
calibre que requiere un ambicioso programa a largo plazo de
intervenciones diversas: tecnológicas, organizativas, sociales,
culturales. Y que presupone generar nuevas fórmulas de cooperación
social, pero también cambios en la modalidad y el funcionamiento de la
esfera económica.
Y
todo
ello combinándolo con políticas de sostenimiento de rentas básicas. De
apoyo a los procesos de reorientación productiva. De mantenimiento de la
indexación de pensiones y salarios. Políticas que si por una parte
impiden el deterioro de las condiciones de vida de la población por otra
actúan como potentes mecanismos anticíclicos. Algo que suele ser omitido
por los que siempre son partidarios de los recortes sociales en época de
crisis (lo que no les impide ser demandantes de todo tipo de
subvenciones y rebajas fiscales).
La
crisis actual ha puesto en cuestión, una vez más, los dogmas de la
escolástica del libre mercado y del crecimiento sin fin. Ha liquidado la
confianza panglossiana a la que estaba limitado el debate económico.
Pero si no empezamos por desmontar con firmeza sus dogmas, y no
propugnamos cambios de enfoque general, corremos el riesgo de quedar
soterrados por la aplicación de medidas que van a dejar incólumes las
bases del modelo que nos ha llevado a la situación actual.
La
reacción judicial a la política antigarantista del ejecutivo
norteamericano: la sentencia del tribunal supremo de los estados unidos
en el caso Boumediene et alt. versus Bush
Ramón
Campderrich Bravo
El
Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha desautorizado recientemente en
su sentencia en el caso Boumediene et alt. versus Bush uno de
los mayores excesos de la política antigarantista impulsada por la
Administración Bush: la negación del derecho de habeas corpus a
aquellos detenidos etiquetados por la Administración Bush misma como
“combatientes ilegales” o “enemigos combatientes”. Sin duda alguna, es
ésta una buena noticia, pero el optimismo suscitado en numerosos medios
de comunicación por esta sentencia debe ser moderado a la vista de los
límites de su alcance, a los cuales no se ha prestado debida atención.
El
poder ejecutivo norteamericano ha esgrimido desde la adopción de la
Orden Ejecutiva del 13 de noviembre de 2001 un nuevo motivo justificante
de la detención de una persona y la consiguiente privación de su
libertad: ser declarada esa persona “combatiente ilegal” o “combatiente
enemigo” por el propio presidente de los EEUU o por una autoridad
delegada por éste a esos efectos. Junto a las categorías jurídicas más o
menos tradicionales de sospechoso de haber cometido un delito y de
prisionero de guerra conforme a las Convenciones de Ginebra, la
Administración Bush ha invocado una tercera categoría, la de
“combatiente enemigo” o “ilegal”, la cual sólo cuenta con unos pocos
precedentes provenientes de la Guerra de Secesión y de la Segunda Guerra
Mundial. Según la Orden Ejecutiva del 13 de noviembre del 2001, el
presidente Bush podía incluir en esta tercera categoría a quienes
discrecionalmente considerase relacionados de algún modo con la
organización guerrillero-terrorista Al-Qaeda y sus actividades, en el
contexto de la denominada “guerra contra el terrorismo”. Las personas
así catalogadas no debían ser tratadas ni como prisioneros de guerra
ex Convenciones de Ginebra propiamente dichos, ni como presuntos
delincuentes, y, por consiguiente, no tenían reconocidos los derechos
atribuidos a los prisioneros de guerra en sentido estricto o a los
acusados de la comisión de delitos. Entre los derechos negados a los
“combatientes enemigos” por la Orden Ejecutiva del 13 de noviembre de
2001 estaba el derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente,
civil o militar, y el derecho de habeas corpus, esto es, el
derecho a un control judicial de la detención, puesto que, por un lado,
la Orden Ejecutiva del 13 de noviembre de 2001 preveía la creación de
unas comisiones militares dependientes del poder ejecutivo encargadas de
juzgar y, en su caso, condenar, incluso a la pena de muerte, a los
sujetos calificados de “combatientes enemigos” y, por otro lado,
ordenaba a las autoridades judiciales estatales y federales no tomar en
consideración todo recurso o acción legal que versara sobre las
decisiones del presidente y demás autoridades del poder ejecutivo y de
las comisiones militares respecto a los “combatientes enemigos”.
Las
críticas formuladas en sus sentencias por varias instancias judiciales
federales y, en especial, por el Tribunal Supremo a la Orden del 13 de
noviembre de 2001 a partir del año 2003 obligaron a la Administración
Bush a intentar blindar legalmente la categoría de “combatiente ilegal”
o “enemigo” y a reducir o suavizar el radicalismo antigarantista de la
Orden del 13 de noviembre de 2001. Fruto de ello fue la aprobación por
el Congreso de la Detainee Treatment Act (2005) y de la
Military Commissions Act (2006). Estas leyes introdujeron desde un
punto de vista jurídico un cierto control judicial de la aplicación por
el ejecutivo de la categoría “combatiente enemigo” y, por consiguiente,
de la detención de las personas así catalogadas por la administración
norteamericana. Pero su verdadera función fue consagrar el núcleo básico
de la Orden del 13 de noviembre de 2001. En efecto, la Detainee
Treatment Act (en siglas, DTA) atribuye a un órgano del poder
judicial de los EEUU, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de
Columbia, la competencia para revisar la decisión de la Administración
en virtud de la cual se califica a una persona de “combatiente enemigo”,
con el resultado de poder ordenar la liberación de una persona privada
de libertad con base en dicha calificación si el Tribunal de Apelaciones
del Distrito de Columbia revoca la decisión de la Administración; y, por
su parte, la Military Commissions Act (en siglas, MCA) reconoce
algunas garantías procesales a favor del “combatiente ilegal” en el
ámbito de los juicios ante las comisiones militares. Pero lo esencial,
el “núcleo duro” de la Orden Ejecutiva del 13 de noviembre de 2001,
punto culminante de la política antigarantista de George W. Bush, queda
salvaguardado: la categoría “combatiente ilegal” o “enemigo combatiente”
es elevada a rango legal al ser expresamente recogida en la DTA y la MCA
convirtiéndose así en un nuevo fundamento legal para justificar la
detención y la privación de libertad por tiempo indefinido de los
detenidos; la facultad para catalogar a una persona como “combatiente
ilegal” corresponde a la Administración, aunque el ejercicio de esta
facultad pueda ser controlado a posteriori por un órgano
judicial; el sistema de las comisiones militares dependientes del
ejecutivo se mantiene y se legaliza, a cambio de pequeños avances en
sentido garantista en la regulación del procedimiento ante las
comisiones militares (estos avances no llegan a suprimir el privilegio
conferido a la Administración en el marco de los juicios ante las
comisiones militares de vetar a los “combatientes enemigos” enjuiciados
y a sus representantes legales el acceso a información clasificada como
de interés para la seguridad nacional, información sobre la cual pueden
fundamentar perfectamente sus resoluciones condenatorias las comisiones
militares). La impresión antigarantista, en la línea de la Orden de 13
de noviembre de 2001, que dan la DTA y la MCA queda reforzada con
algunos otros datos de relieve: el “combatiente enemigo” sólo puede
acudir al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia para revisar
su status tras haber pedido infructuosamente la revisión del
mismo ante un organismo dependiente del ejecutivo denominado Tribunal de
Revisión del Estatuto de Combatiente (en siglas, CSRT); el Tribunal de
Apelaciones del Distrito de Columbia, con sede en Washington, es
considerado un tribunal particularmente receptivo a los planteamientos
del poder ejecutivo, de quien depende, recuérdese, la catalogación de
una persona como “combatiente enemigo”; el parágrafo séptimo de la MCA
niega expresamente el derecho de habeas corpus a los “enemigos
combatientes”, así como cualquier recurso judicial distinto al previsto
ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia por la DTA.
¿Qué
innovación garantista introduce en todo este sistema legal especial
montado por la Orden del 13 de noviembre de 2001, la DTA y la MCA la
sentencia del Tribunal Supremo en el caso Boumediene et alt. versus
Bush?
Sin
duda alguna, una innovación importantísima, aunque no tan profunda, en
mi opinión, como para derruir el edificio antigarantista construido en
los años precedentes. En resumidas cuentas, el Tribunal Supremo declara
inconstitucional por un ajustado margen
—cinco
votos a favor y cuatro en contra—
el parágrafo
d7.1
de la Military Commissions Act, en virtud de cual los
“combatientes enemigos” quedaban privados del derecho de habeas
corpus y, por tanto, sólo podían acceder a una tutela judicial tras
recurrir a un CRTS y ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de
Columbia en exclusiva. El Tribunal Supremo también rechaza
explícitamente, en contra del parecer de los cuatro magistrados
contrarios a la opinión de la mayoría, el reiterado argumento utilizado
por la Administración Bush de que Guantánamo no es territorio de los
Estados Unidos a efectos del ámbito de competencia espacial de los
jueces y tribunales estadounidenses. Todo esto significa que los
detenidos en tanto que “combatientes ilegales”, incluso quienes se
encuentran retenidos en la base de Guantánamo, tienen desde un punto de
vista constitucional reconocido el derecho a solicitar a un tribunal
federal distinto al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia la
revisión de su condición de “combatiente ilegal” y, por tanto, a exigir
su liberación por falta de fundamento legal de su detención (en el caso,
claro está, de no ser “recatalogados” como prisioneros de guerra en
sentido estricto o como sospechosos de la comisión de un delito). De
acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo, ese derecho se puede
ejercer sin tener que esperar a un pronunciamiento de un CSRT (el
Tribunal Supremo recuerda que el sistema creado por la DTA y la MCA
genera dilaciones indebidas en cuanto a la clarificación de la situación
del detenido: algunos de los detenidos implicados en el caso llevaban
retenidos en Guantánamo seis años sin haberse clarificado su status).
La
decisión
del Tribunal Supremo no cuestiona, sin embargo, la calificación
ejecutiva de “combatiente ilegal” o “combatiente enemigo” de una persona
como fundamento legal de una detención, fundamento distinto a la
condición de prisionero de guerra según las normas del derecho
internacional y a la condición de sospechoso de la comisión de un delito
según las normas del derecho interno. Lo que es más grave: el Tribunal
Supremo reconoce de modo expreso la legitimidad jurídica de la detención
por tiempo indefinido de los “combatientes ilegales”, la cual
puede prolongarse, con independencia de las posibles decisiones
condenatorias de las comisiones militares, hasta el final de la llamada
“guerra contra el terrorismo”
—el
ponente que expresa el parecer de la mayoría del Tribunal llega a
afirmar que esta “guerra” puede durar “una generación o más”—.
En consecuencia, esta decisión del Tribunal Supremo deja intactos buena
parte de los cimientos de la política antigarantista puestos durante los
dos mandatos del presidente George W. Bush y que heredará el nuevo
presidente de los Estados Unidos. Y nada hay en la sentencia del
Tribunal Supremo en el caso Boumediene et alt. versus Bush que
impida a la Administración norteamericana “transferir
[los
prisioneros]
a otra
[distinta
a Guantánamo]
de nuestras bases militares en el extranjero o traspasarlos a nuestros
aliados”, como señala cínicamente el miembro más radical de la máxima
autoridad judicial estadounidense, el juez Scalia.
No
obstante
las observaciones acabadas de hacer, la postura mantenida por el
Tribunal Supremo en su sentencia sobre el caso Boumedine et alt.
versus Bush permite todavía albergar esperanzas en la capacidad de
reacción a favor de la tutela de los derechos fundamentales de algunas
instituciones estadounidenses en esta época de recorte generalizado de
derechos civiles básicos, en contra del lugar común que concentra todas
esas esperanzas en las instituciones políticas europeas, lugar común que
ha quedado muy mal malparado con la aprobación de la ominosa
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos
y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los
nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su
territorio.
Tráfico
de armas, especulación financiera y servicios ITV
Joaquín María Dodero Curtani
En
el Parlament de Catalunya se está tramitando el proyecto de ley de
seguridad industrial en el que se dispone la privatización del servicio
público de inspección técnica de vehículos (ITV). Se clausura así una
etapa de 23 años de gestión indirecta de este servicio público en
régimen de concesión administrativa, a lo largo de la cual el grupo
APPLUS ha consolidado un monopolio consistente en la gestión del 83% de
las estaciones ITV catalanas, tras adquirir
dos de las tres empresas concesionarias.
Siguiendo
los cánones de toda ley privatizadora, tras incluir en su preámbulo la
declaración de fe en los supuestos beneficios que han de comportar para
la ciudadanía la libre elección del servicio y el incremento de la
competencia en el mercado, en su articulado se incurre en la antinomia
de prescribir que, por vía reglamentaria, deberá establecerse un límite
máximo a la cuota de mercado de las empresas operadoras de las
estaciones ITV
—el
eufemismo utilizado para significar el volumen de negocio que se
permitirá mantener a APPLUS—.
La
incertidumbre no es lo más aconsejable para el buen funcionamiento de la
economía de mercado, nos cuentan los expertos. Por ello la poderosa
mano invisible que lo mueve ha obligado a nuestros ilustres
Diputados a zanjar la cuestión en el periodo de presentación de
enmiendas al proyecto de ley.
Así
, en el momento en que se escriben estás líneas, sus señorías
están enfrascadas en una ruidosa discusión acerca del porcentaje
máximo de la cuota de mercado que se reservará a APPLUS (mediante una
enmienda parcial introducida por PSC-ERC-ICV-EUiA que propone un límite
máximo del 50% y otra de CiU que lo fija en un 35% ), o lo que es lo
mismo, el tamaño del oligopolio que han de preservar.
La
competencia es una de tantas “quimeras” que figuran en los manuales de
economía, por si alguien todavía tiene dudas al respecto.
Con
ello, están eludiendo el necesario debate público sobre lo esencial: la
naturaleza de la operación financiera mediante la que el fondo
norteamericano de inversión de capital riesgo CARLYLE GROUP adquirió el
pasado verano la propiedad del 75% del capital social de APPLUS.
CARLYLE
GROUP es un engendro económico
—alguien
lo ha definido como un “negocio para iniciados”—
urdido a partir de la “influencia” y “confluencia” de la elite de
políticos republicanos y de hombres de negocios norteamericanos que
figuran entre su personal directivo (el ex-presidente George Bush padre,
el ex-secretario de Estado James Baker III, el ex-director de la CIA y
ex-secretario de Defensa Frank Carlucci), así como altos dirigentes
políticos y hombres de negocios de Asia, Oriente Medio (la familia Bin
Landen) y de Europa (el ex-primer ministro John Major o el rey de los
especuladores, George Soros). “El invento” administra fondos por valor
de 81.000 millones de dólares mediante 47 Fondos de Inversión que
dedica a la especulación en todo tipo de sectores económicos y se ha
visto involucrado en graves escándalos de corrupción y crisis
empresariales. Por si fuera poco, también detenta la propiedad de
importantes empresas dedicadas al negocio de la guerra que forman parte
de lo que se ha venido en llamar “el complejo militar-industrial
norteamericano” (entre ellas LANDAMARK, INDIGO, UNIT DEFENSE) que
fabrican y venden tanques, aviones de guerra o misiles.
El
modelo
de operación financiera elegido por CARLYLE
para la adquisición de APPLUS es el del “pelotazo”: el controvertido
leverage buyout LBO (compra de
una compañía usando el valor de los activos de la misma para financiar
su adquisición). Lo pone de manifiesto la intención de revender
lo adquirido en un corto plazo (expertos consultados lo cifran en seis
años) obteniendo de ello importantes plusvalías. Algo que ha venido
practicando a escala planetaria, aprovechándose de las políticas de
bajos tipos de interés, las ventajas fiscales existentes y la
irresponsable laxitud de los autoridades financieras, un factor
coadyuvante de la actual crisis financiera mundial.
Mediante
una
adquisición a crédito, con una mínima inversión
(CARLYLE, solo desembolsó 400 millones de euros con cargo a sus propios
recursos, de los 1.485 millones de
euros del monto total de la operación) su Fondo de Inversión y
sus dirigentes pretenden enriquecerse de forma rápida, haciendo recaer
la mayor parte del coste de la adquisición
sobre APLLUS y sus asalariados, a quienes se invita a asumir el
reembolso (mediante el pago de generosos dividendos) del crédito
sindicado que obtuvo de La Caixa, Caja Madrid, Caixa Catalunya y otros
cuatro colosos financieros para hacer frente a los
1.085 millones de euros del capital social
suscrito.
Los
otros
beneficiados de la operación especulativa han sido los antiguos
propietarios de APPLUS:
AGUAS DE
BARCELONA-LA CAIXA (53,1% de su capital), Unión FENOSA (25%) y Caja
Madrid (21,9%), los cuales han visto recompensado con importantes
“plusvalías netas” (200 millones de euros en el caso de La Caixa) sus
esfuerzos para levantar un emporio económico cimentado en la prebenda,
la externalización y privatización del servició público
ITV o la certificación industrial, y que ha
sido favorecido por el poder político con la privatización de dos
empresas públicas de la Generalitat (el “Institut d’Investigació
Aplicada del Automóvil” y el “Laboratori d’Assaigs i Investigacions”).
Tras
la aprobación de la operación por la UE, el Gobierno catalán se ha
limitado a exigir, con éxito, un “peaje patrio” sobre tan edificante
negocio, consiguiendo que el 25% del resto del capital social de APLLUS
quedara en manos de entidades financieras catalanas, convirtiendo de
esta forma a Caixa de Catalunya, Caixa Tarragona, Caixa Manresa, Caixa
Sabadell, Caixa Tarrassa y el RACC en socios partícipes de CARLYLE en el
Consorcio que gestionará APPLUS.
El
Grupo
La Caixa, tras la venta de su participación, se dispone a librar un
nuevo asalto al estado de bienestar, ya que ha anunciado que en el
futuro concentrará sus esfuerzos (las plusvalías netas obtenidas) en el
negocio del sector de servicios de salud (Mutua Adeslas) y en servicios
sociales.
Un
ejemplo revelador de la naturaleza de la “obra social” que realizan las
Cajas de Ahorro de acuerdo con su normativa reguladora, de su peculiar
interpretación del mandato de invertir sus depósitos
—una buena parte del ahorro de las llamadas clases
subalternas—
“en la financiación de activos de interés general” y de la
obligación de “fomentar el desarrollo económico y social en su
actuación”, según se establece en el
artículo 4 de la Llei de caixes. (Y todo ello con el beneplácito del
gobierno catalán, que renuncia a sus amplias atribuciones sobre las
cajas de ahorro contempladas en el nuevo Estatuto de Autonomía).
Ante
la renuncia política a la explotación directa del servicio ITV por la
administración, y la consiguiente claudicación ante los sucios negocios
de CARLYLE y sus socios/ cómplices, a los ciudadanos responsables no nos
queda otra respuesta que la objeción a utilizar los servicios ITV
CARLYLE-APPLUS, eligiendo a cualquier otra operadora de estaciones ITV
de las que se autoricen en el futuro para dar ejemplo de consumo
responsable.
El
sentido de la vergüenza
Antonio
Madrid
Es
difícil explicar a los niños cómo es el mundo. Es decir, es difícil
explicar a los niños cómo las personas hacemos el mundo. Existe la duda
acerca de qué realidades mostrar y cómo mostrarlas. En otros casos la
duda no se plantea y directamente se disfraza la realidad o se miente
sin más. De esta forma, los niños se hacen jóvenes y van configurando su
visión del mundo. A veces, incluso, criticando y transformando la visión
que les han transmitido sus mayores.
Qué
les vamos a explicar a los niños acerca de los inmigrantes. Hay una
parte de la historia que se repetirá: lugares de origen, culturas
diferentes, lenguas distintas, canciones propias, tradiciones, creencias
religiosas… Tal vez se hable de las causas de la inmigración: por qué
una persona deja su lugar de origen y marcha a otro.
Tal
vez algún niño pregunte por qué se tiende a tratar la inmigración
irregular como delito, o por qué la nueva Directiva comunitaria en
materia de inmigración restringe los derechos de los inmigrantes. Para
prevenir indignidades intelectuales y morales consistentes en negar la
realidad hay una vacuna muy simple: ponerse por unos días en la piel de
las personas a las que se les va a aplicar la nueva normativa.
Pero
supongamos que la conversación continúa, bien en el colegio o en casa.
¿Cómo explicar la extensión contemporánea de la segregación de los
inmigrantes y de aquellas personas que quedan situadas en los arrabales
del modelo jurídico, social y político? ¿Cómo explicar
—y
en su caso, justificar—
el incremento de las desigualdades y de los mecanismos de
discriminación?
La
expansión de los mecanismos de segregación (política, social y jurídica)
se ve reforzada por el adensamiento de la cultura del miedo y el arraigo
de un pensamiento conservador que rebaja, cuando no anula, la idealidad
transformadora. Este proceso se visualiza en decisiones políticas que se
transforman en mecanismos jurídicos: la nueva directiva comunitaria
sobre inmigración que recorta los derechos de los inmigrantes, debilita
las garantías y endurece su tratamiento jurídico; o los proyectos del
gobierno italiano para la población gitana o para las prostitutas.
Junto
a esta expansión del Estado penal, se mantienen las actuaciones ilegales
que tienden a normalizarse: los vuelos secretos y la utilización
del suelo español, el mantenimiento de Guantánamo, o la invasión de
Irak. No se trata sólo del Leviatán desatado, sino de la progresiva
aceptación social (en ocasiones resignación preñada de miedo) de la
deshumanización del que es considerado y tratado como enemigo. Se trata
también del auge del autoritarismo.
Estos
mecanismos (tanto los legales comentados como los ilegales normalizados)
generan segregación y dan pábulo a la brutalidad social: los ataques
contra gitanos (en Italia), contra los defensores de los derechos de las
minorías, contra los homosexuales o contra los inmigrantes son prueba de
ello.
Algo
de esto habrá que explicar si se quiere mostrar cómo las personas
hacemos el mundo. Ante esto el sentido de vergüenza moral y política
propia y ajena es irremediable.
La
biblioteca de Babel
Rossana Rossanda
La muchacha del
siglo pasado
Foca, Madrid,
2008.
Éste
es un libro rico y denso, en que el lector es llevado firme pero
lentamente a captar su verdadero sentido: un sentido atípico. Es la
historia de una relación íntima de veintiséis años. Lo que pasa es que
se trata de una relación extraña: la historia de amor entre una
militante y su partido. Entre esta muchacha del siglo pasado y el
partido comunista italiano. Desde su ingreso —y las cosas que lo
hicieron a la vez posible e inevitable— hasta su expulsión a mediados de
1969, que se podía evitar, pero nadie intentó hacerlo. A lo largo de
este turbulento período, van cambiando ella, el partido e,
inevitablemente, la relación entre ambos.
Para
una lectora que vive en el presente, el testimonio es extremadamente
valioso. Son los años que van de la resistencia a la explosión de 1968.
Pero son también los años de los electrodomésticos, de los antibióticos,
del automóvil de un amigo, del incipiente uso de los anticonceptivos y
de la conquista de Italia por la comida meridional (pizza y espaguetis).
También hay una pequeña historia del marxismo italiano, donde los
nombres que hoy consideraríamos clásicos son absolutamente desconocidos
(por lo menos, hasta la mitad de los sesenta). Así van las cosas, parece
decir Rossanda en sorna muchas veces: Herbert Marcuse era un desconocido
antes de mayo; después de la revuelta, era un número uno en ventas. No
es el único, por supuesto.
El
contenido de este libro cuenta una historia extrañamente feliz. Feliz
porque creyeron estar construyendo algo. La historia se detiene tras el
“otoño caliente”. El análisis de lo que entonces no se vio (o no se
quiso ver) es convincente. Lo que pasa es que ella ya no estaba en el
PCI para intentar cambiar el rumbo. Al final, hay un inmenso pesar por
lo que vino después: por los años de la reacción, por el empuje que se
llevó al PCI por delante y, con él, todas las ilusiones que representó
durante la juventud de esa muchacha, allá por el siglo pasado.
[Montserrat Sendra]
PÁGINAS-AMIGAS
Centre de Treball
i Documentació (CTD)
http://www.cetede.org
Nómadas. Revista Crítica de
Ciencias Sociales y Jurídicas
http://www.ucm.es/info/nomadas
El Viejo Topo
http://www.elviejotopo.com
La Insignia-
http://www.lainsignia.org
Sin permiso
http://www.sinpermiso.info/
Revista
mientras tanto
Número
doble 104-105
|
mientras
tanto
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB |
Otoño-invierno 2007
104-105
NOTAS EDITORIALES
¿Cambio climático global o crisis socio-ecológica?
A. Recio
Elecciones: ganará la derecha, ¿pero cuál?
J.-R. Capella
La Unión Europea y el arte del doble rasero
G. Pisarello y X. Pedrol
Sucesión y desinformación
J. L. Gordillo
El catolicismo conservador, el pan nuestro de cada día
A. Madrid
En la muerte de Josep Guinovart
J.-R. Capella
ARTÍCULOS
LOS COMUNISTAS ANTE LA TRANSICIÓN
Josep Fontana
EL LIBERALISMO HERÉTICO DE PIERO GOBETTI
Giaime Pala y Gianluca Scroccu
EL INIGUALABLE Y DESIGUAL SIGLO XX
Bob Sutcliffe
DEL MARXISMO-LENINISMO AL NEOCOLOQUIALISMO O LAS
PRODIGIOSAS AVENTURAS TRANSPIRENAICAS DE CARLOS SEMPRÚN
José A. Tapia Granados
MEMORIA HISTÓRICA Y PODERES PÚBLICOS
Presentación
POSIBILIDADES Y LÍMITES DE LAS ‘POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA
MEMORIA’
Sergio
Gálvez Biesca
¿PERSEGUIDOS O PERSEGUIDORES? SOBRE LA NECESIDAD DE
AFRONTAR EL PASADO
Ángel
Rozas
LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA DEL GOBIERNO ESPAÑOL DESDE EL
COMIENZO DE LA TRANSICIÓN
A. González Quintana
TEMPUS FUGIT. LAS MEMORIAS DE LA TRANSICIÓN
Xavier
Domènech Sempere
RESEÑA
VIEJO Y NUEVO IMPERIALISMO: UN COMENTARIO SOBRE
THE
NEW IMPERIALISM DE DAVID HARVEY Y EMPIRE OF
CAPITAL DE ELLEN MEIKSINS WORD
Bob Sutcliffe
OBITUARIO
CITA
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tanto bitartean mientras tanto mentrestant
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Avance
Número 106 (en prensa)
| mientras
tanto
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB |
Primavera
2008
NOTAS EDITORIALES
Cómo recomponer la izquierda
A. Recio
¿Es eficaz la ley integral contra la violencia de género?
J. A. Estévez
Apuntes sobre la Universidad española: el desarorrollo del
mercado universitario
A. Madrid
La ofensiva pro-nuclear, una amenaza que debe tomarse en serio
J. Sempere
SOBERANÍA ALIMENTARIA
ARTÍCULOS
LA CONSOLIDACIÓN DEL PODER ALIMENTARIO DEL NORTE: POLÍTICAS Y
PROGRAMAS PARA DESTRUIR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL SUR
Gerad Coffrey, Ana Lucía Bravo y Cecilia Chérrez
LIBRE COMERCIO FRENTE A PEQUEÑOS CAMPESINOS
Walden Bello
DIEZ RAZONES POR QUÉ UNA NUEVA REVOLUCIÓN VERDE PROMOVIDA POR LA
ALIANZA DE ROCKEFELLER Y LA FUNDACIÓN DE BILL Y MELINDA GATES NO
RESOLVERÁ LOS PROBLEMAS DE POBREZA Y HAMBRE EN ÁFRICA SUB-SAHARIANA
Eric Holt-Gimenez, Miguel A. Altieri. y Peter Rosset
COOPERACIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL CONTEXTO DE LA
GLOBALIZACIÓN
Alex Guillamon
MIRANDO HACIA EL FUTURO: LA REFORMA AGRARIA Y LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA
Peter M. Rosset
LA RUPTURA DEL CONSENSO EN TORNO A LOS AGROCOMBUSTIBLES
Eric Holt-Giménez e Isabella Kenfield
EL MOVIMIENTO POR UN COMERCIO JUSTO: DEBATES Y DESAFÍOS
Esther Vivas
RECURSOS EN LA RED
Documento: Declaración de Nyéléni
RESEÑA
Nuestros primos cercanos: chimpancés y bonobos
A. Barceló
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