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La incapacidad de la
política, la política de la incapacidad
El vacacional agosto español se ha
visto este año sacudido por dos procesos que han centrado la atención
social: la criminal oleada de incendios forestales en Galicia y la
espectacular (si se compara con otros años) llegada de cayucos con
inmigrantes subsaharianos a las costas canarias.
Aunque se trata de procesos muy
diferentes en sus causas y efectos, guardan algunos elementos comunes
que tienen mucho que ver con las percepciones, las respuestas sociales,
la acción política que marcan el ritmo de nuestros tiempos. En primer
lugar está la percepción instantánea de un problema que se presiente
agobiante, por más que no sea lo mismo que uno vea arder todo el monte a
su alrededor (o directamente el espacio agrícola y forestal que le da el
sustento) que la llegada de unos pocos miles de inmigrantes que tratan
de hacer realidad sus sueños y aspiraciones. Sin duda en este último
caso la percepción de estar ante un fenómeno insoportable está
amplificada por las declaraciones de políticos y gestores mediáticos,
pero el resultado final es el mismo. En segundo lugar está la creciente
sensación de incapacidad de las autoridades políticas para atajar el
problema en los términos en que públicamente se plantea: el cese de los
fuegos y de la llegada de embarcaciones. Sólo la naturaleza parece capaz
de ofrecer una respuesta inmediata, en forma de vientos, lluvias y
humedad que en unos casos desalienten a los incendiarios y en otros
impidan la navegación. No deja de ser cómico que sea el “mal tiempo” la
única medicina eficaz a corto plazo. Por el contrario la actuación de
los políticos, las medidas que son capaces de tomar, resultan totalmente
incapaces de ofrecer soluciones directas, y su actuación se reduce a la
actuación paliativa una vez la situación está fuera de control y a los
gestos en forma de viajes, gestiones etc. En tercer lugar la incapacidad
de atribuir la responsabilidad a un individuo o grupo concreto, de
definir hacia dónde hay que presionar para hacerle frente. Aunque en el
caso de los incendios se ha hablado de redes organizadas, nadie es capaz
de demostrar muy bien a qué responden. De la misma forma que la llegada
de inmigrantes por mar se ha ido atribuyendo a mafias nunca bien
definidas y a gobiernos africanos que han ido cambiando de nombre a
medida que las pateras se convertían en cayucos y los puertos de partida
se desplazaban al sur. Todo ello se resume en una valoración que plantea
la existencia de problemas importantes frente a los que no están claras
las razones, los responsables ni las políticas de acción.
Bueno, el Partido Popular sí tiene
una respuesta: el Gobierno es el culpable de todo. Pero ésta es sólo su
explicación autojustificativa, puesto que todo el mundo sabe que Galicia
también quemaba bajo el virreinato fraguista y los inmigrantes también
llegaban por libre en época de Aznar, por más que el Gobierno sólo les
garantizara ilegalidad, ilegalidad e ilegalidad. Hasta cierto punto
reducir los problemas a la ineficacia de los partidos gobernantes es una
tentación innata de toda oposición, algo que estos días ha puesto de
manifiesto la asimetría con la que el PSOE (y sus medios de comunicación
afines) ha tratado los graves accidentes del metro de Valencia y el
Talgo de Villada.
Y es que ciertamente a corto plazo
no hay posiblemente respuestas fáciles a situaciones como las
planteadas. Y los políticos de cualquier tipo corren siempre el riesgo
de aparecer como completos incompetentes. Ya lo comentamos hace un año
con referencia al Katrina, nuestra sociedad está organizada de tal modo
que tiene pocas respuestas a dar frente a un creciente volumen de
fenómenos catastróficos o que, como es el caso de los cayucos,
cuestionan la lógica de los flujos dominantes.
El problema más importante se
sitúa sin embargo en otro terreno. En el de la imposibilidad de abordar
estos fenómenos a partir de los parámetros en los que hoy se mantiene
situada la vida política. Constreñida por la existencia de poderes,
principalmente económicos, que juegan entre bambalinas, por el mensaje
simplista de unos medios de comunicación deudores de sus paganos y
esclavos de sus propias necesidades de audiencia y de una organización
política que rebaja a la población a la posición de mero
espectador-votante- consumidor que reclama eficacia a coste cero. Porque
lo que parece evidente es la variedad de determinantes que influyen en
ambos fenómenos (y en muchos otros que tienen las mismas consecuencias),
la imposibilidad de reducirlos a una causa sencilla y su relación
directa con el modelo de macrogestión social que se ha impuesto en los
últimos años.
Hay muchos incendiarios en
Galicia, que actúan por razones diversas. Desde el narco que
trata de “fijar” a la policía, al especulador que aún confía en una
recalificación jugosa (aunque planea una nueva Ley del Suelo que
prohibirá las recalificaciones, todo el mundo sabe que las leyes son
lentas de aplicar), pasando por los posibles despechados por la pérdida
de alguna vieja corruptela clientelar (o resentidos con los que sí la
reciben), los “keynesianos” autodidactas que han descubierto que la
mejor forma de crear empleo de bombero es provocando fuegos (tal como
indicó Keynes al mostrar, acertadamente, que para crear empleo basta
contratar gente para abrir agujeros y rellenarlos posteriormente, o como
mostró magistralmente Chaplin en El Chico con el niño que
rompía cristales para que su mentor obtuviera algún ingreso), o
simplemente personas enloquecidas por la soledad y el desconcierto de un
mundo rural en decadencia. Y debajo de todo ello subyace, como se ha
puesto de manifiesto, una gestión del espacio natural que ha convertido
el bosque en terreno propicio para la pira en cuanto el clima se ponga
borde y a algún insensato, loco o criminal le dé por prender fuego.
De la misma forma que el fenómeno
migratorio no es el resultado de la acción subversiva de una banda de
traficantes de personas, sino que obedece a un conjunto variopinto de
elementos entre los que se cuentan tanto factores de “expulsión” (la
falta de empleo decente y de posibilidades de ascenso social, las
presiones familiares para recibir ingresos, las dictaduras y soluciones
bélicas, la presión demográfica) como de “llamada” (demanda de mano de
obra barata por parte de empresas y particulares, propaganda consumista
generada por nuestros medios de comunicación —y su buen aprovechamiento
de los éxitos deportivos—, turismo que alimenta pautas de consumo, etc).
En el caso español también cuentan factores geográficos, ya que somos el
único país (las Azores y Madeira están más lejos) que tiene parte de su
territorio en África (algo que sabía el viejo independentismo canario
pero que ahora parece totalmente olvidado). Y sobre el fenómeno
migratorio planea todo el proceso de globalización, con el escandaloso
abaratamiento de los costes de transportes (escandaloso si se evalúa su
impacto ambiental), la apertura de fronteras económicas, la
desregulación paulatina de derechos laborales y sociales, la
profundización en una división internacional del trabajo —políticas
agrarias incluidas— que hace inviables viejas formas de organización
social, el impacto cultural de los medios de comunicación
planetarios...
Se trata en ambos casos, como en
muchos otros temas, de problemas o situaciones complejas, con múltiples
derivaciones. Y cuyo encauzamiento satisfactorio reclama tiempo,
tenacidad y claridad de ideas. Todo lo contrario de las soluciones
rápidas que reclaman los medios de comunicación y muchas personas
socializadas en la creencia de que los problemas se solucionan
fácilmente si existe voluntad para hacerlo. Se pide a los políticos
respuestas drásticas que en muchos casos ni tienen claras ni tienen
efectos duraderos sobre la situación. Como la demanda de mano dura
frente a la inmigración clandestina que no ha impedido la llegada de
miles y miles de personas a los países desarrollados, que a menudo no se
lleva a cabo por su elevado coste (la repatriación) y que simplemente
refuerza las situaciones potencialmente peligrosas (como el dejar a
miles de personas en el limbo legal del sin papeles). Estamos
ante una verdadera sociedad de la incertidumbre donde nadie es capaz de
determinar los efectos de las decisiones que se toman en respuesta a
crisis coyunturales. Aunque las castas políticas no son tampoco
inocentes por cuanto ellas mismas se ha especializado en la emisión de
mensajes simplistas, reduccionistas y totalmente incapaces de cuestionar
el más mínimo privilegio de las elites dominantes.
Lo que ha ocurrido este verano es
una premonición del tipo de fenómenos que la globalización y la crisis
ecológica irán generando. Una situación que no sólo provoca la crítica
sana a la política institucional, sino también el descrédito total de la
acción colectiva. Por esto es tan vital para cualquier corriente de
izquierda transformadora desarrollar otro tipo de intervención. Una
acción que permita situar en el centro del debate social la necesidad de
una intervención social comprensiva, con visión de largo plazo,
sostenida en el tiempo. Una intervención que abra espacios de verdadero
diálogo y reflexión social. Lo cual es imposible sin tejer un amplio
abanico de organizaciones sociales que posibiliten este proceso y sin
que lo poco que existe de izquierda políticamente organizada contribuya
a facilitarlo entendiendo que sólo en un contexto de madurez democrática
es posible que sus propuestas ganen audiencia. La sociedad de la
incertidumbre exige modelos organizativos y de acción frente a los que
cada vez resultan más inadecuadas las formas actuales de política de
mercado, de guiñol mediático y eficacia de corto plazo.
[Albert
Recio]
Una trabajadora
doméstica, ministra del gobierno boliviano
Casimira Rodríguez Romero, de 39
años de edad, es la actual ministra de Justicia del gobierno boliviano.
Nació en Mizque, cerca de Cochabamba, en una familia quechua pobre. Es
una de las cuatro ministras de un gobierno de 16 miembros (las otras
son: Alicia Muñoz en Interior, Celinda Sosa en Producción y Microempresa
y Nilda Heredia en Salud). Desde los 13 años ha sido trabajadora
doméstica, “trabajadora del hogar” como ella prefiere decir, y trabajó
durante largos periodos de su vida por techo y comida, sin siquiera
sueldo ni descanso. Promovió la Organización de Trabajadoras Domésticas
de Bolivia, de la que ha sido dos veces secretaria, desde la cual se
impulsó una Ley de la Trabajadora del Hogar promulgada el 9 de abril de
2003, que regula el horario de trabajo y el derecho al aguinaldo, entre
otras cosas.
La Asociación de Abogados de
Bolivia pidió, sin éxito, al presidente Evo Morales que la quitara de su
cargo de ministra por falta de formación. ¿Elitismo, clasismo,
corporativismo, racismo, machismo o una mezcla de todo un poco? La
presencia de una mujer indígena, pobre y trabajadora del hogar es un
escándalo para los que siempre han mandado y una baza más y un motivo de
esperanza para esa mayoría popular que finalmente se ha levantado con su
voto para decir que ya es hora de que el poder del Estado se ponga a su
servicio. Para la oligarquía y sus elites, y para quienes tienen la
mente sierva del poder, cualquier licenciado o ingeniero cínico,
corrupto e incompetente puede ser candidato a gobernante, pero no
alguien que trabaja con sus manos, en algo tan digno y necesario —pero
carente de prestigio social, según una inversión de valores que solemos
aceptar sin pestañear— como la higiene y el cuidado doméstico, y menos
si es mujer, pobre e india. No saben que la inteligencia, la honestidad
y el sentido de la justicia y el respeto son las mayores virtudes que se
deben pedir a quienes gobiernan, y esas virtudes ¿dónde abundan más, en
qué categorías sociales y étnicas?
Cómo explicó recientemente en un
viaje a la Argentina (véase Página 12, periódico de Buenos
Aires, 28.07.06), Casimira Rodríguez quiere —entre otras muchas cosas—
hacer convivir la Justicia ordinaria con la Justicia comunitaria
ancestral. Lo contó con una anécdota: “De pronto dos hermanos tienen [un
contencioso], cada uno un lotecito, cada uno con bastantes llamas, con
bastantes ovejas y vacas; van a la justicia ordinaria y las vacas van
pagando la justicia, así [pasan cinco años] sin que ninguno ceda.
Finalmente en la comunidad se enteran de que ya han perdido sus vacas y
no han resuelto el problema. La autoridad de la comunidad les pregunta
si quieren resolverlo. En un día se parte la mitad del terreno y sin
gastos. Así, muchas veces, los problemas se pueden resolver
transparentemente, tan sólo escuchando”. Que la justicia sea justicia y
no se vuelva negocio, que los problemas se resuelvan con rapidez y
transparencia: buena herencia de la tradición comunitaria. Será
interesante seguir esta experiencia de la que tal vez también nosotros
podamos aprender para mejorar nuestro sistema judicial. “Otra diferencia
—añade la ministra— es que en la Justicia comunitaria la sanción no
incluye la cárcel (generalmente se opta por el trabajo comunitario o la
expulsión de la comunidad), mientras que en la Justicia ordinaria
normalmente el conflicto se agranda con la cárcel, y hasta ahora las
cárceles se manejan con una puerta para el que tiene más recursos y otra
puerta para el que tiene menos.” Y subraya que el nuevo gobierno no
pretende instalar una nueva forma de justicia en Bolivia, ni imponer la
resolución ancestral de conflictos, pero sí lograr la convivencia de
ambas Justicias. “La Justicia comunitaria es rápida, no tiene
intermediarios, no necesita de recursos y es muchas veces la
verdadera justicia.” En Europa estamos ensayando la justicia de
proximidad, los juicios rápidos, los procedimientos de mediación entre
víctima y agresor... En Bolivia están, a la vez, recuperando su
identidad ancestral tratando de insertarla en los esquemas modernos de
organización social y política (cosa muy distinta de un simple retorno
al pasado sobre bases tradicionalistas e identitarias). Las palabras
finales de Casimira Rodríguez son también hermosas porque evocan la
larga noche triste de los pueblos indígenas americanos y su frágil
esperanza de futuro: “Nunca habíamos pensado en un buen vivir, ahora sí,
pensamos en todos, en la comunidad, en la solidaridad y en un buen
vivir”.
[Joaquim
Sempere]
Cajón
desastre
Israel, estado
terrorista
El poblamiento
hebreo de Palestina, el “retorno” a Palestina de personas de etnia
judía, fue impulsado por el movimiento sionista, con el que no
simpatizaban ni mucho menos todos los hebreos europeos, en el primer
cuarto del siglo XX. Inicialmente los judíos emigrados a Palestina no
pretendieron fundar un estado propio, sino compartir con los pobladores
autóctonos —árabes o judíos arabizados siglos atrás— un estado palestino
liberado del dominio colonial británico, que había sustituido al
ocupante otomano al finalizar la primera guerra mundial.
El Estado de Israel lo fundaron en
cambio terroristas como Ben Gurion, destacado dirigente de este tipo de
lucha contra el colonizador, tras la segunda guerra mundial y el
Holocausto judío a manos de los nazis. El sector ultramontano y
terrorista del movimiento sionista ganó la partida a los británicos y
fue establecido el estado de Israel, reconocido por una parte de la
comunidad internacional.
La expoliación de tierras de los
pobladores autóctonos de Palestina generó permanentes conflictos:
exilios masivos a los países vecinos, guerras con los estados árabes
que, con la victoria militar israelí, llevó a la ocupación de
territorios ajenos más allá de Palestina. La resolución 242 de las
Naciones Unidas fijó unas fronteras dentro de las cuales Israel debía
replegarse, pero ese estado jamás obedeció. Israel, dama del ajedrez de
los Estados Unidos en los yacimientos petrolíferos de Oriente Medio,
jamás ha aceptado vivir en paz con sus vecinos.
Hoy es un estado
terrorista.
Hace años, la decisión del
Tribunal Supremo de Israel de autorizar lo que llamó “interrogatorios
reforzados” de palestinos sospechosos, es decir, la práctica de la
tortura por los cuerpos de seguridad sin posibilidad siquiera de
reclamación judicial, no suscitó protesta alguna de la comunidad
internacional. El estado de Israel ha organizado acciones delictivas o
criminales en el extranjero: primero el secuestro de criminales nazis:
aunque la jurisdicción por crímenes de guerra y contra la humanidad es
universal, y por tanto Israel podía juzgar legítimamente a los
criminales nazis, también estaba obligado a llevarlos legalmente ante
sus tribunales. Israel ha practicado el secuestro, la tortura y el
asesinato de oponentes políticos mediante sus servicios de seguridad, y
por medio de su ejército ejecutado o autorizado actos prohibidos que
incluyen matanzas deliberadas de civiles inermes (las de los campos de
refugiados de Sabra y Chatila), asesinatos por medios militares de
políticos palestinos, destrucción de viviendas o poblaciones enteras,
bombardeos sobre la población civil en Palestina y el Líbano y acciones
militares fuera de sus fronteras sin previa declaración de guerra. Ha
asesinado a niños, bombardeado hospitales, campamentos de refugiados e
infraestructuras civiles, utilizado armas prohibidas, violado treguas y
atacado a sabiendas a organizaciones de ayuda humanitaria e incluso a
delegados de las Naciones Unidas, cuyas resoluciones ignora. Con la
complicidad de Washington, Israel se ha armado con bombas nucleares cuya
existencia niega, y ha torturado y encarcelado a sus propios científicos
honestos que desvelaron este secreto de estado. Israel reprime también a
sus propios ciudadanos pacifistas.
Israel ha mostrado no querer la
paz con la población palestina y se opone con tenacidad a la creación de
un estado palestino; ha admitido la existencia de autoridades palestinas
negándoles la posibilidad de cumplir sus funciones de mantenimiento del
orden pero criminalizándolas por lo que Israel mismo les impide hacer.
Cada vez que se ha estado a punto de conseguir una paz negociada Israel
ha originado unilateralmente incidentes que la han hecho imposible. No
se puede descartar que sus servicios sean responsables de la extraña
enfermedad y rápida muerte del dirigente palestino Arafat, la bestia
negra de Israel. Israel ha exigido elecciones en los territorios de
administración palestina, pero cuando éstas han dado un resultado que
confirmaba la voluntad de resistencia de la población ha renovado sus
ataques militares contra los civiles —ya que no hay verdadero ejército
que derrotar—.
Los embajadores de Israel y sus
publicistas llaman terroristas y califican de antisemitas a cualquier
persona que denuncia estos crímenes del estado israelí, responsabilidad
de sus políticos, de sus generales e incluso del odio inculcado a sus
simples soldados. En la prensa internacional su lobby intelectual urde
supuestas tramas de otros estados —aquellos que están en el punto de
mira de los norteamericanos, como Siria e Irán— para justificar la
violencia israelí contra la población palestina y todo lo que se mueva.
Es evidente que contra la agresión
armada del estado de Israel a la población palestina y a los estados que
acogen a los refugiados de ésta hay un movimiento disperso de
resistencia armada e incluso terrorista: el terrorismo es criminal, pero
cuando es una respuesta a otro terrorismo se puede decir que éste se lo
ha buscado. Israel lo ha fomentado con el terrorismo de sus fuerzas
armadas y de seguridad, con su terrorismo de estado.
El ataque al Líbano de este verano
de 2006 es un episodio más de una larga lista de comportamientos
agresivos del estado de Israel, que se envuelve en la memoria del
Holocausto judío para hacer pasar por alto que es simplemente una
administración criminal. Ahora trata, con su agresión al Líbano, de
involucrar a otros países en su acción, como sugería, sugiriendo al
mismo tiempo que la Otan podría involucrarse en el bombardeo del Líbano,
el enloquecido ex-presidente Aznar. El telón de fondo de esta última
crisis, que como siempre causa muerte y sufrimiento a civiles
indefensos, contra quienes el ejército israelí ha lanzado bombas de
fósforo y bombas de racimo, prohibidas, es el fracaso norteamericano en
Iraq. El objetivo norteamericano de crear un estado títere en este
último país se ha mostrado imposible, y ha empezado la búsqueda de un
enredo mayor que permita salvar la cara electoral a la derecha
norteamericana en el gobierno.
Los ciudadanos demócratas deben
ser prudentes para evitar que se extienda entre la población la
ideología antisemita por inducción de los comportamientos de la entidad
israelí. Todo antisemitismo es racismo que es preciso rechazar y
combatir. Pero debemos movilizarnos contra el estado terrorista. Por
mucho que pajaritos como Rajoy califiquen de “catetas” las
manifestaciones contra la violencia israelí.
Apartheid
En los años sesenta los
afroamericanos de los estados sudeños de Norteamérioca tenían derechos
políticos, pero no los podían ejercer porque las autoridades locales les
exigían saber leer o conocer la constitución, y, como es natural, estas
cosas no se las había enseñado nadie. Ahora Duran Lleida, el ínclito
prócer del nacionalismo católico catalán, resucita la vieja idea del
racismo sudista: para que los trabajadores inmigrados voten deberían
acreditar primero conocer el catalán.
El apartheid está ganando
terreno en Cataluña: hay uno para sordos: sólo se les beca para
aprender el lenguaje catalán para sordos, no el lenguaje
universal de signos; y ahora la consagración del apartheid de
los inmigrados. Que el apartheid gana terreno lo muestra la
extensión de las agresiones racistas, esa penosa manera de introducir
“jerarquías” entre los de abajo, en la poblada comarca catalana del
Vallès. Para los agresores, el devoto y longuimano señor Duran Lleida
puede ser su hombre. Y como Convergència también se apunta...
[J.R.C., septiembre
2006]
La biblioteca de Babel
Antonio Cantaro
Europa Soberana. La Constitución de la Unión entre
guerra y derechos
prólogo de Pietro Barcellona, El Viejo Topo, Barcelona,
2006. |
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Este libro de Antonio Cantaro, profesor de Derecho
Constitucional de la integración europea en la Universidad Carlo Bo
de Urbino, constituye una buena aportación al debate sobre el futuro
de Europa. Aportación muy necesaria pues, tras el rechazo francés y
holandés al Tratado Constitucional, la reflexión en torno al llamado
“proceso constituyente europeo” resulta ineludible y las propuestas
alternativas y los estudios críticos son, particularmente aquí y
sobre todo en el mundo jurídico, más bien escasos.
La explícita
pretensión del libro es desenmascarar lo que el autor denomina la
“ideología europea”, noción con la que designa la mezcla de
“minimalismo político” y “maximalismo jurídico” que, a sus ojos, ha
permeado la cultura del proceso de integración y que hoy constituye
el principal obstáculo para salir de su crisis. El “minimalismo
político”, analizado en la primera parte del libro, hace referencia
al estructural déficit político y social de la Unión, esto es, en
sus propias palabras, “el proyecto de hacer de Europa una
potencia civil, una entidad protagonista del orden global,
sin convertirla en una potencia política en su sentido
clásico moderno”. En suma, se trata de discutir la propuesta de que
pueda Europa regirse por una Constitución sin nación (capítulo 1),
sin Estado (capítulo 2) y sin pueblo (capítulo 3). Para Cantaro,
tanto el nuevo constitucionalismo multinivel como el
constitucionalismo estatalista, coinciden, más allá de sus distintas
posiciones, en una concepción sesgada de estas
nociones. |
Frente a estas perspectivas, Cantaro aboga por una Europa
soberana, impulsada por un mito capaz de otorgarle identidad y unida
por un destino común, capaz, sobre todo, de “decidir”.
Complementario a este “minimalismo político” es, para este autor, el
otro componente de la “ideología europea”, es decir, el “maximalismo
jurídico”, que analiza en la segunda parte del libro. Con esta
noción hace referencia a la absoluta confianza en las normas y los
procedimientos jurídicos para sustituir las denostadas entidades
colectivas. En dos capítulos Cantaro muestra, en un claro análisis
de indudable interés, como el lenguaje del Derecho y de los
derechos, técnico y deliberadamente despolitizado, vendría así en la
Unión Europea a colmar su vacío de legitimación. Por último, en la
tercera parte del libro Cantaro afronta, con el mismo impulso
crítico, lo que llama los dos desafíos de la Unión, el interno, “la
democracia en la Unión” y el externo, “Europa como actor global”.
En definitiva, se
trata de un libro que, más allá de algunos puntos discutibles —los
pertinentes interrogantes lanzados por los autores de la
presentación, y asimismo traductores del libro, Gerardo Pisarello y
Antonio de Cabo, constituyen un botón de muestra de ello— representa
una herramienta imprescindible para salir del atolladero en el que
nos han metido.
[X.
Pedrol] |
Ángel Valencia (ed.)
La izquierda
verde
Icaria, Barcelona,
2006. |
|
Se trata de una obra colectiva en la que diversos autores
tratan de sentar bases ideológicas para una nueva izquierda. Debido
a la pluralidad de voces y temas se trata sin duda de un trabajo
desigual. En mi opinión resultan más interesantes los trabajos donde
se discuten aspectos estratégicos que los dedicados a la izquierda
verde realmente existente, donde a menudo existe la tentación de dar
por bueno el crecimiento electoral de los partidos verdes,
|
sin un análisis
crítico suficiente de los muchos claroscuros que atesoran (no hay
más que ver los sionistas artículos de J. Fischer publicados
recientemente en El País). Pero también en este campo el
texto da bastante información sobre los avatares “verdes” en
distintas comunidades autónomas y permite al lector avispado sacar
sus propias conclusiones. Si se toma como una aportación a un
debate, la lectura del texto es muy oportuna.
[A.R.A.] |
AA.VV.
Movimientos obreros de hoy
Monthly Review-Selecciones en castellano (nº5), Hacer y
Món-3, Barcelona, 2006. |
|
Monthly Review en
castellano nos ofrece su quinto número dedicado al estado actual de
los movimientos obreros en el mundo. Esos movimientos que tanta
importancia han tenido y tienen en la configuración de los
mecanismos de acción colectiva de las reivindicaciones de los
trabajadores y, cuando ha sido posible, en la defensa de nuevos
ordenes sociales.
En el presente
número, además de la presentación de los compiladores (S. Aguilar,
A. Oliveres y C. Zeller), podemos encontrar los siguientes
artículos: “¿Es posible la supervivencia del movimiento obrero
corporativista alemán?” (I. Schmidt), “Fabricando en Venezuela: la
lucha por la reinvención del movimiento venezolano” (J. Gindin), “El
movimiento sindical canadiense en la actualidad: éxitos parciales y
retos verdaderos” (B. Brennan), “La transición del movimiento obrero
en México” (D. La Botz), “Un retrato estadístico de la clase
trabajadora estadounidense” (M. Yates), |
“El legado del IWW” (P. Buhle), “La crisis del movimiento
sindical estadounidense: los caminos no recorridos” (E. Leary),
“Movimiento obrero y movimientos sociales y políticos en Bolivia: la
lucha por una democracia radical” (J. Webber), “El movimiento obrero
y el Estado en la lucha por un Zimbabwe democrático” (P. Bond y R.
Saunders).
En la presentación
encontramos la noticia de que Harry Magdoff, coeditor de Monthly
Review desde 1962, falleció el 1 de enero de 2006 a la edad de
92 años. Magdoff fue perseguido por sus ideas durante el macartismo
y posteriormente publicó diversos trabajos sobre el imperialismo,
entre los que cabe destacar La era del imperialismo
(1969).
[Joan Lara Amat y
León] |
Kart William Kapp
Los costes sociales de la empresa privada
(Antología)
Ediciones de la Catarata, Madrid 2006. |
|
Para quién considera que todo
el conocimiento económico es mera ideología neoliberal el libro de
Kapp resulta un buen antídoto. Es además un texto antiguo (de 1950),
ya publicado en España (Oikos Tau, Vilassar de Mar, 1996). Pero poco
conocido a pesar de su innegable interés. Se trata a mi modo de ver
de uno de los análisis más sistemáticos de los efectos sociales de
la gestión económica de la sociedad. Basado no en el tipo de
interpretaciones conspirativas que son tan del agrado de algunos
activistas sociales, sino en mostrar cómo el funcionamiento normal
de la empresa privada genera elevados costes sociales de diverso
tipo. |
La
actual publicación, al tratarse de una selección de capítulos,
quizás no permite reconocer todo el rico esquema del conjunto. Pero
cuenta en cambio con un interesante trabajo de presentación y
edición por parte de una persona tan rigurosa y comprometida como
Federico Aguilera Klink. Su selección de textos es adecuada para
introducir al lector en el conocimiento de una de las obras más
recomendables de economía (si se anima puede encontrar en alguna
biblioteca universitaria la edición completa.). Y, sin duda, puede
ayudarle a organizar la reflexión y el debate que tanta falta hacen
para transformar una realidad cada vez más insoportable.
[A.R.A.] |
Revista
mientras
tanto
Contenido
del nº 98
Notas editoriales
- El clima de crispación y enfrentamiento civil
provocado por el PP dentro de la ofensiva reaccionaria
internacional
- Comentarios a la ley de igualdad
Dossier sobre el petróleo
- Los riesgos
y el potencial político de la transición a la era post-petróleo, por
Quim Sempere
- Del pico del petróleo a las visiones de una
sociedad post-fosilista, por Ernest García
- Protocolo de
Kioto y emisiones de gases invernadero en España, por Jordi
Roca
- De los combustibles fósiles y nucleares a los sistemas
energéticos limpios y eficientes del siglo XXI, por Josep Puig i
Boix
- El hombre del hidrocarburo y el ocaso de la era del
petróleo, por Mariano Marzo
- Economía política del petróleo
y militarismo, por Eduardo Giordano
- La OPEP y la conquista
económica de Irak, por Greg Palast
El extremista
discreto.
Cita.
Avance del nº
99
Notas
editoriales
- Los dilemas del gobierno AR
- La
complicidad europea JLG
- Joaquim Jordà, rojo, traductor y
cineasta, JT
Artículos
- Contra la
tolerancia y la intolerancia, por Juan-Ramón Capella
- El
tirocinio de Ho Chi Minh entre los yanquis, por Domenico
Losurdo
- Poder económico & ¿Poder judicial?, por Carlos
Jiménez Villarejo
- Sindicalismo y representación de intereses
por Miguel Angel García Calavia
- Entrevista a Adrià
Trescents, per Jaume Botey
- El ‘mal necesario’ o la política
penitenciaria en la transición, por César Lorenzo Rubio
-
Conversación sobre P.P. Pasolini (A. Giménez/F. Laporta)
-
Consumo responsable, por Albert Recio
- ¿Un movimiento de
consumo responsable? Balance crítico del Foro Internacional del Turismo
responsable y del comercio justo, por Ernest Cañada
Reseña
- El siglo soviético de
Moshe Lewin, por Josep Torrell
Documento
- Empresas
trasnacionales de la UE
Cita
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