Carod-Rovira
y
el Comité de Actividades Antiespañolas
Seguramente, el mayor error de
Carod-Rovira es haber creído que con ETA se podía hablar de "política"
(tras haber descartado con realismo, supongo, hablar de una cosa llamada
"ética"). Una de las principales diferencias entre el IRA/Sin Fein y
ETA/Batasuna reside precisamente ahí: en la, por comparación, más bien
escasa inteligencia "política" del grupo armado vasco. Si ese bien tan
preciado hubiera estado mejor repartido entre sus capitostes, la
decisión de disolver la banda la habrían tomado hace lustros, porque
¿alguien duda todavía de que con cada nuevo asesinato aumenta el tanto
por ciento de los brutos y, con ello, el número de los votantes del PP?
La entrevista de Carod con ETA merece, por tanto, el calificativo de
patinazo mayúsculo o de gran metedura de pata, pero nada más. El
presidente de Galicia, que también lo es del Partido Popular, fue
ministro en gobiernos franquistas que dictaron penas de muerte. Eso no
fue obstáculo para que los dirigentes de la oposición democrática se
reunieran después con él para hablar de política y de muchas cosas más.
Y nadie piensa que esas reuniones convirtieran a sus contertulios en
cómplices o en cooperadores necesarios de los crímenes del franquismo,
que es lo que el gobierno ha sugerido del dirigente de ERC en relación a
los crímenes de ETA.
El acto de Carod-Rovira revela ingenuidad,
pero también algo más. Hay que vivir en una burbuja para creer que algo
así podía pasar desapercibido a los servicios secretos o que, si
finalmente era conocido por el gran público, el previsible escándalo no
pasaría de ser una tormenta en un vaso de agua. No parece, pues, que el
dirigente nacionalista haya tenido una consciencia clara de con quien se
estaba jugando los cuartos (para utilizar una expresión traducida
literalmente del catalán), tanto por lo que se refiere a ETA como por lo
que atañe al gobierno.
Carod parece desconocer que el partido
popular, con la inestimable ayuda de ETA y el apoyo político del PSOE,
ha convertido el antiterrorismo en una "técnica" de gobierno
directamente extraída de El concepto de lo político, de Carl
Schmitt. Eso le ha permitido difundir y manejar con mucha habilidad un
clima de intimidación que, con toda propiedad, merece el nombre de
neomacarthista. El macarthismo histórico, el que tomó un gran impulso
gracias al Comité de Actividades Antiamericanas del senador Joe
McCarthy, se basaba en un furibundo anticomunismo. Ahora el comunismo ha
sido sustituido por el terrorismo, pero todo lo demás es igual o incluso
peor: las leyes de excepción, los abusos policiales, la suspensión de
derechos, el ambiente inquisitorial, la caza de brujas, las listas
negras, la vigilancia de los servicios secretos, la grosería
intelectual, las calumnias, etc. El linchamiento de Carod, por parte del
gobierno y de la jauría mediática que le apoya, nada tiene que
envidiar al padecido por Julio Medem, Javier Madrazo, Fermín Muguruza,
Juan María Atutxa, Juan José Ibarreche, Francisco Letamendía, los
activistas del movimiento okupa o del movimiento
antiglobalización y tantos otros. Huelga decir que una nueva mayoría
absoluta del PP no haría más que incrementar sus ladridos y sus
mordiscos. [José Luis Gordillo]
Éxodo de
multinacionales
El anuncio del cierre de diversas empresas
multinacionales ubicadas en Catalunya (Philips, Samsung, Autotex, Reno
de Medici) ha generado un nuevo período de alarmismo periodístico al que
tan adictos son nuestros medios de comunicación. Y por una vez el
"discurso oficial" parece ir en la misma línea que el discurso
izquierdista que presenta la globalización como un mero proceso de
deslocalización industrial a la busca de bajos salarios.
No se trata de negar la importancia de
estos cierres ni su negativo impacto social, pero conviene analizarlos
en toda su complejidad, si no queremos ser prisioneros del pánico
inducido. En primer lugar, destacar que no se trata de un fenómeno
nuevo. En los últimos años el cierre de empresas ha sido continuado,
aunque se acelera en los períodos de baja demanda (1992-1995 y
2000-2004). Los cierres forman parte de las políticas de reorganización
persistente que practican las grandes empresas y en ellas juegan muchos
factores. Los costes salariales son importantes, aunque lo realmente
significativo para el ahorro de costes a escala internacional no son
sólo los costes salariales directos, sino también la productividad, el
tipo de cambio de las divisas y los costes de transporte, factores que a
veces tienen un efecto compensador de las diferencias de salarios. Pero
existen otras razones: la caza de subvenciones y la especulación
inmobiliaria juegan también un importante papel, especialmente cuando
una factoría ya está amortizada y la empresa se plantea dónde hacer la
nueva inversión. Juegan asimismo los factores organizativos,
especialmente la búsqueda de economías de escala centralizando la
producción en un reducido número de factorías (lo que explica que una
parte de los cierres de los últimos años no hayan supuesto emigraciones
a países de salarios bajos sino la concentración de actividades en unas
pocas plantas francesas, británicas o alemanas). O la venta de las
mismas a otras empresas para reducir costes vía subcontratación. Hay
numerosas razones para la movilidad empresarial en un mundo diseñado
para facilitar esta misma movilidad. Hay también que considerar la
importancia del mercado en expansión a la hora de atraer inversiones.
Las inversiones en China o el Este de Europa son en parte debidas a que
estos países se perciben como mercados en crecimiento, mientras que el
estancamiento del Mediterráneo ayuda a hacer menos atractiva la
inversión en el Sur de Europa.
En los casos más visibles de
deslocalización hacia países de bajos salarios, bajos impuestos y
subvenciones elevadas, existe además una lógica común. Se trata de
empresas que trabajan en productos de bajo nivel tecnológico, que
requieren inversiones relativamente modestas de capital y cuyos
productos tienen bajos costes de transporte. Empresas que explotan todas
las ventajas que ofrece el país de acogida y que desaparecen cuando la
inversión ha sido amortizada y otro país les ofrece más ventajas. Los
países que optan por este tipo de política industrial (bajos salarios,
importantes ayudas, poco desarrollo tecnológico) están expuestos a
migraciones masivas cuando culmina la amortización del capital. Países
que optan por la mera competencia en productos baratos sufren siempre la
presión de otros competidores. Por esto no son sólo las multinacionales
las que emigran, también lo hacen las empresas locales adictas a los
bajos sueldos (como es el caso del sector textil). Y esto es lo que en
gran parte ha caracterizado la "política industrial" española, la opción
por mano de obra barata, escasa inversión tecnológica y confianza en
atraer multinacionales. Una política que si bien puede dar algunos
frutos a corto plazo, a la larga genera los problemas que ahora
conocemos. Los políticos que gustan de fotografiarse con la llegada de
nuevos inversores deberían apuntarse también el coste de la
reestructuración.
Desde una óptica local la única
alternativa sensata es la opción por un modelo productivo diferente. Que
huya de la depredación social y ambiental como medio de posicionamiento
en el mercado mundial y opte por un modelo en el que la innovación, la
búsqueda de nuevos productos y formas de producir socialmente útiles,
preocupada por los impactos ambientales de nuestra actividad y
fundamentada en la cooperación y la actualización permanente de
conocimientos teóricos y prácticos. Por esto las demandas empresariales
de nuevas concesiones laborales o de frenar la puesta en práctica de los
modestos requisitos de Kyoto, no son sólo socialmente irresponsables
sino económicamente suicidas, pues sólo buscan perpetuar un modelo que
se revela muy inestable. Aunque hay que ser consciente que en el marco
actual estas políticas son difíciles de implementar, van a
contracorriente del "sentido común" capitalista y de la cultura
económica predominante, y no generan resultados espectaculares a corto
plazo.
Pero tan necesario es indicar las
limitaciones de nuestro modelo económico que pone en evidencia la fuga
de algunas multinacionales y de la industria textil local, como invertir
el clima de derrotismo que esta situación genera. Un clima alimentado
por el sensacionalismo mediático y que cuadra bien con uno de los
mensajes de fondo de los ideólogos de la globalización: que no hay
alternativas, que debemos plegarnos a los intereses de los poderosos,
que cualquier avance social tiene el coste del desempleo masivo y que lo
único que se puede hacer es seguir reduciendo derechos sociales y
laborales. El no hay más futuro que la desregulación, que propugnan los
intelectuales e ideólogos neoliberales, es otra vertiente de la política
del miedo que trata de demoler los pacientes esfuerzos por construir una
humanidad global. Si algo cuestiona la situación actual es la bondad de
esta estrategia depredadora. Y si algo exige es una intensa movilización
social, intelectual, política, para poner en pie un modelo alternativo,
más amable con las personas y el medio ambiente. Un modelo social que
resultará a la postre inviable si seguimos por la senda de anteponer la
competitividad y la codicia a toda otra cuestión, y si no empezamos a
trabajar colectivamente para hacer factible un nuevo modelo global que
permita a toda la humanidad una vida decente. [Albert Recio]
La vigilancia
crece,
las libertades disminuyen
Se ha hecho público el plan del PP sobre
seguridad para la próxima legislatura. A grandes rasgos, propone crear
32.000 plazas de policías y guardias civiles (7303, las de 2004, ya
aprobadas en Consejo de Ministros), potenciar las patrullas en las
calles, dotar a las policías de nuevas tecnologías, mantener la actual
estructura militarizada de la Guardia Civil, reforzar la colaboración
con policías de otros países, limitar los permisos penitenciarios y las
libertades condicionales y endurecer las penas para los menores. El
PSOE, por su parte, ha echado la vista atrás a las protestas sociales de
2003 al proponer la creación de un Superministerio de la Seguridad que
coordine a Policía Nacional y Guardia Civil, así como el aumento de sus
dotaciones. Según Zapatero, "la seguridad es un valor de la
izquierda".
Esto indica que la política del miedo ha
calado hondo entre los españoles, preocupados por la instalación en
nuestro país de mafias violentas que negocian con la extorsión, la
inmigración, la prostitución, las drogas o el territorio. El PP, tras
dejar caer en los últimos años el número de efectivos de la Guardia
Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, se apresura ahora incrementar el
presupuesto en policía, pero con un acento en el control preventivo que
debe ser criticado y contextualizado.
Los pasados 20 y 21 de octubre, la cumbre
de ministros de interior del G-5 (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia
y España) puso a las claras uno de los puntos centrales de la cuestión:
la concepción de la UE como una estructura política al servicio de los
mercados, sólo abierta a los países pobres en tanto favorezca la
deslocalización de empresas o el suministro de bienes básicos. En dicha
reunión se consolidó la lucha contra la inmigración ilegal como un eje
de la política europea y como una condición para percibir fondos
comunitarios (lo que supone un aviso para los países que se van a
incorporar a la UE y una garantía de socialización de los costes de las
expulsiones para países como España). Además, se propuso incorporar las
huellas dactilares, el reconocimiento facial y el iris del ojo a un
chip en los visados de pasajeros ajenos al "espacio Schengen",
así como impulsar una directiva europea que obligue a las compañías de
transporte a comunicar los datos de dichos pasajeros a las
autoridades.
La Europa de Schengen que se pretende
reforzar es una macroárea de seguridad para la prevención y el control
de las actividades de individuos y grupos considerados peligrosos por
los gobiernos. Dota a las policías de cobertura jurídica y medios
técnicos para acumular toda clase de datos personales en un número
incuantificado de ficheros informatizados, cedidos de unas policías a
otras a través de la Oficina Europea de Policía. Supone, por los muy
débiles controles democráticos de estas operaciones, una amenaza
permanente para las libertades democráticas que puede quedar
constitucionalidada próximamente.
En 2003 España se ha colocado en
vanguardia de esta política. Por un lado, al haber incorporado la
mencionada propuesta sobre transporte de pasajeros en la última reforma
de la Ley de Extranjería, que también establece la obligación para los
extracomunitarios sin permiso de residencia de inscribir su datos
personales en el Padrón Municipal cada dos años, a efectos de control
por la DGP. Por otro lado, con la propuesta de Ángel Acebes de sumar a
los ficheros preventivos de datos personales creados al amparo de la Ley
de Protección de Datos uno de "individuos de riesgo potencial, aunque
estén cancelados sus antecedentes" y "personas sospechosas de alto
perfil", en un hábil aprovechamiento por el ministro de interior de la
alarma social en torno al caso mediático de Tony Alexander King.
Finalmente, se ha llegado al extremo del anteproyecto "fantasma" de
reforma del Código Penal Militar, señalado como no prioritario por el
gobierno pero que prevé de 1 a 6 años de cárcel para actos públicos
contra la guerra (por desacreditar la intervención de España en asuntos
internacionales) y somete dichos actos de opinión y de manifestación a
la jurisdicción militar. Algo que nos recuerda lo que puede suceder con
los estadounidenses que han participado en manifestaciones críticas con
Bush, investigados como sospechosos de terrorismo por el FBI según ha
denunciado la Unión de Libertades Civiles.
El panóptico que se configura en España no
afecta en cambio a los grandes delincuentes económicos. El nuevo
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (aprobado con los interesados
votos del PP, CiU, PNV y CC) se ha instrumentalizado para quitar de en
medio a Carlos Jiménez Villarejo y para recortar extraordinariamente la
operatividad de los fiscales anticorrupción, al obligarles a informar al
sospechoso de la apertura de cualquier investigación y limitar ésta a
seis meses. Al mismo tiempo, se ha suprimido la división secreta de
economía del Centro Nacional de Inteligencia, hasta ahora encargada de
investigar casos de corrupción institucional. La vigilancia crece, pero
como siempre selectivamente. [Antonio Giménez]
Llamamiento de la
asamblea
de movimientos sociales
Mumbai, India, enero de
2004
Los movimientos sociales
reunidos en Asamblea en la ciudad de Mumbai, India, compartimos las
luchas del pueblo de la India, así como la de los pueblos asiáticos y
reiteramos nuestra oposición al sistema neoliberal que genera crisis
económicas, sociales, ambientales y conduce a la guerra. Nuestras
movilizaciones contra las guerras y las profundas injusticias sociales y
económicas han servido para desenmascarar el neoliberalismo. Nos hemos
reunido aquí para organizar la resistencia y luchar para construir
alternativas al capitalismo. Nuestras resistencias iniciadas en Chiapas,
Seattle y Génova nos condujeron a la enorme movilización mundial contra
la guerra en Irak el 15 de febrero de 2003, que deslegitimó la
estrategia de guerra global y permanente del gobierno de los Estados
Unidos y sus aliados, y a la victoria contra la OMC en Cancún. La
ocupación de Iraq mostró a todo el mundo el vínculo existente entre el
militarismo y la dominación económica por parte de las corporaciones
transnacionales y confirmó las razones que nos llevaron a movilizarnos
en su contra.
Los movimientos sociales reafirmamos
nuestro compromiso de lucha contra la globalización neoliberal, el
imperialismo, la guerra, el racismo, las castas, el imperialismo
cultural, la pobreza, el patriarcado y todas las formas de
discriminación y exclusión económica, social, política, étnica, de
género, sexual, así como a favor de la orientación sexual y la identidad
de género. Estamos en contra de la discriminación de las personas que
tienen capacidades diferentes y enfermedades incurables, en particular,
de quienes padecen el VIH-SIDA.
Luchamos por la justicia social; el
derecho a los recursos naturales (tierra, agua y semillas); los derechos
humanos y ciudadanos; la democracia participativa; los derechos de los
trabajadores y trabajadoras consignados en los tratados internacionales;
los derechos de las mujeres; así como el derecho de los pueblos a la
autodeterminación. Somos partidarios de la paz, la cooperación
internacional y promovemos sociedades sustentables, capaces de
garantizar los derechos básicos y los bienes y servicios públicos a las
personas. Al mismo tiempo rechazamos la violencia social y patriarcal en
contra de las mujeres.
Llamamos a movilizarnos el 8 de marzo, Día
Internacional por los Derechos de las Mujeres.
Luchamos contra toda forma de terrorismo,
incluido el terrorismo de Estado, a la vez que estamos en contra de la
utilización de la lucha contra el terrorismo para criminalizar a los
movimientos populares y activistas sociales. Las llamadas leyes contra
el terrorismo están restringiendo los derechos civiles y las libertades
democráticas en todo el planeta. Reivindicamos la lucha de campesinos y
campesinas, trabajadores y trabajadoras, movimientos populares urbanos y
de toda persona amenazada con perder el hogar, el trabajo, la tierra y
sus derechos. Se están multiplicando las luchas para detener y revertir
las privatizaciones, proteger los bienes comunes y su carácter público
(como las que tuvieron lugar en Europa en relación a las pensiones y la
seguridad social). La victoria de la gigantesca movilización del pueblo
boliviano en defensa de sus recursos naturales, la democracia y su
soberanía es un testimonio de la fuerza y potencialidad de nuestros
movimientos; al mismo tiempo que avanzan las luchas campesinas contra
las transnacionales y las políticas agrícolas neoliberales, exigiendo
soberanía alimentaría y una reforma agraria democrática.
Llamamos a la unidad con los y las
campesinas en la movilización mundial del 17 de abril, Día Internacional
de lucha campesina.
Nos identificamos con las luchas de los
movimientos y organizaciones populares de la India y junto a ellos
condenamos a las fuerzas políticas e ideologías que promueven la
violencia, el sectarismo, la exclusión y el nacionalismo, basados en la
religión y la etnicidad. Condenamos las amenazas, arrestos, torturas y
asesinatos de activistas sociales que organizan a las comunidades para
luchar por la justicia global, y denunciamos la discriminación emanada
de las castas, las clases, la religión, el género, la orientación sexual
y la identidad de género. Condenamos la perpetuación de la violencia y
la opresión contra las mujeres a través de patrones y prácticas
culturales, religiosas y tradiciones discriminatorias.
Apoyamos los esfuerzos de los movimientos
y organizaciones populares en la India y en Asia que impulsan la lucha
de los pueblos por la justicia, la igualdad y los derechos humanos. En
particular, la de los Dalìts, los Adivasis y los sectores más oprimidos
y reprimidos de esta sociedad. La política neoliberal del Gobierno de la
India agrava la marginalización y opresión social que el pueblo de los
Dalìts venía sufriendo históricamente. Por todo ello respaldamos las
luchas de los excluidos de todo el mundo y llamamos a sumarnos al
llamamiento que harán los Dalìts para una jornada de movilización por la
inclusión social.
El capitalismo, en respuesta a su crisis
de legitimidad, recurre al uso de la fuerza y de la guerra para mantener
un orden económico antipopular. Exigimos a los gobiernos poner fin al
militarismo, la guerra y cancelar los presupuestos militares y
demandamos el cierre de las bases militares norteamericanas en todo el
mundo porque representan un riesgo y una amenaza para la humanidad y el
planeta. Tenemos que seguir el ejemplo de la lucha del pueblo
portorriqueño que obligó a cerrar la base estadounidense en Vieques. La
oposición a la guerra global sigue siendo nuestro terreno de
movilización general en el mundo.
Llamamos a la ciudadanía mundial a
movilizarse el 20 de marzo en una jornada internacional de protesta
contra la guerra y la ocupación de Iraq impuesta por los gobiernos de
Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados.
Por ello, los movimientos contra la guerra
desarrollarán en cada país sus propias consignas y tácticas, con el fin
de asegurar una amplia participación en las movilizaciones. Demandamos
la retirada inmediata de las tropas de ocupación de Irak y apoyamos al
pueblo iraquí en su derecho a la libre autodeterminación y soberanía,
así como al derecho a que se reparen los daños ocasionados por el
embargo y la guerra.
La lucha contra el terrorismo no sólo
actúa como pretexto para mantener la guerra y la ocupación en Iraq y
Afganistán, sino que se utiliza para amenazar y agredir a los pueblos.
Al tiempo, se mantiene el bloqueo criminal contra Cuba y la estrategia
de desestabilización en Venezuela. Este año llamamos a respaldar con
fuerza la movilización a favor del pueblo palestino, especialmente el 30
de marzo, Día de la Tierra en Palestina, para reivindicar el derecho de
los refugiados al retorno y contra la construcción del muro.
Denunciamos al imperialismo que impulsa
los conflictos religiosos, étnicos, raciales y tribales en su propio
beneficio, acrecentando el odio, la violencia y el sufrimiento de los
pueblos. Más del 80% de los 38 conflictos armados en el mundo en 2003
afectaron sobre todo a los pueblos de Asia y África.
Denunciamos el uso coercitivo por parte de
los gobiernos, las transnacionales y las instituciones financieras
internacionales del endeudamiento insostenible de los países pobres del
planeta. Repudiamos la deuda ilegítima del Tercer Mundo y exigimos su
cancelación incondicional y la reparación por los daños económicos,
sociales y ambientales, como condición preliminar para lograr la plena
satisfacción de sus derechos. En especial respaldamos la lucha que
desarrollan los movimientos sociales en el continente
africano.
Por ello levantamos nuestra voz contra la
cumbre del G8 y las reuniones del FMI y el Banco Mundial, principales
responsables del expolio de los pueblos.
Rechazamos la imposición de acuerdos
regionales o bilaterales, tales como el ALCA, el NAFTA, el CAFTA, el
AGOA, el NEPAD, el Euro-Med, el AFTA y el ASEAN.
Somos millones en pie de lucha que venimos
unificando nuestras movilizaciones contra un enemigo común: la OMC. Los
pueblos indígenas luchan contra las patentes de toda forma de vida y el
asalto a la biodiversidad, el agua, la tierra, el ambiente, la educación
y la salud; y somos millones quienes nos enfrentamos a las
privatizaciones de los servicios públicos. Al enfrentar el enemigo común
se nos han unido jóvenes y estudiantes, reivindicando sus derechos a la
educación pública y un empleo digno que les permita un futuro sin
pobreza y violencia. Llamamos a todos y todas a movilizarse por el agua
como derecho básico y fuente de vida que no puede ser privatizada; así
como a recuperar el control sobre los bienes comunes y recursos
naturales que han sido entregados a intereses privados y
transnacionales.
En la batalla victoriosa de Cancún, la
muerte del campesino Lee representa el sufrimiento de millones de
campesinos y sectores populares excluidos por el libre mercado. Su
inmolación es un símbolo de nuestra determinación contra la OMC, para
dejar claro que cualquier intento de resucitar la OMC obtendrá nuestra
oposición. ¡Fuera la OMC de la agricultura, la alimentación, la salud,
el agua, la educación, los recursos naturales y bienes comunes! Con esta
determinación llamamos a todos los movimientos sociales del mundo a la
movilización en Hong Kong o donde se reúna la próxima ministerial de la
OMC, y a unir nuestros esfuerzos en la lucha contra las privatizaciones,
en defensa de los bienes comunes, el medio ambiente, la agricultura, el
agua, la salud, los servicios y la educación.
Por todo ello reafirmamos nuestra firme
voluntad de reforzar la Red de los Movimientos Sociales para reforzar
nuestra capacidad de lucha.¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la
esperanza!
Un día en Madrid
para compartir ideas alternativas
El pasado sábado, 17 de enero, tuvo lugar
en Madrid, en la Escuela Popular de Prosperidad, más conocida como "La
Prospe", un jornada de reflexión y debate convocada por las revistas
Viento Sur, El Viejo Topo y mientras tanto. La asistencia
fue notable, sobre todo por la tarde en la que pudimos contar algo más
de un centenar de personas concentradas en la sala. En total, a lo largo
del día, fueron más de trescientas personas las que asistieron en uno u
otro momento al acto, de las cuales, un buen número, además de los
miembros de las revistas barcelonesas convocantes, habían llegado de
otras partes de la península.
La jornada estaba estructurada en tres
partes, dos previstas por la mañana y una por la tarde. El modelo de
discusión establecido fue el siguiente: para cada parte había una mesa
con tres ponentes encargados de iniciar el debate y un moderador. En la
sesión matinal se abordó el tema de Europa. En concreto, la primera
parte de la mañana se dedicó al análisis del proyecto de Constitución
europea y a las posibles alternativas, y la segunda a las experiencias y
propuestas para hacer posible otro modelo de construcción europea. Las
personas que iniciaron la discusión en las respectivas mesas fueron, por
un lado, Miren Etxezarreta, Agustín Moreno y Gerardo Pisarello en la
primera y Rosa María Borrás, Leopoldo Salgui y Ladislao Martínez en la
segunda. Todas ellas coincidieron en un punto: la necesidad de oponerse
al actual proyecto de constitución europea. Sintéticamente, el
razonamiento esgrimido fue que el actual proyecto propugna, en clara
continuidad con los acuerdos de Maastricht, un modelo neoliberal en el
plano económico y tecnocrático en el plano político, que queda además
"blindado" a través del establecimiento de complicados mecanismos de
reforma, que torna irrisorios los tímidos avances que integra. Pese al
acuerdo de los asistentes en este punto, se puso de manifiesto también
la falta de sintonía con las posturas adoptadas por las organizaciones
de izquierda institucionales, especialmente en sectores de Izquierda
Unida y en gran parte de CC.OO. Desde el público, se informó asimismo de
la reunión en Barcelona prevista para los próximos días 7 y 8 de febrero
para constituir una Plataforma y una Campaña estatales contra el actual
proyecto de Constitución Europea.
La sesión de la tarde tuvo, precisamente,
como tema central de discusión la relación entre los partidos políticos
y los movimientos sociales. Contó con la presencia de Manuel Monereo,
Justa Montero y Daniel Bensaid para iniciar el debate. Sus
intervenciones, así como las que las siguieron, coincidieron, aunque con
distintos acentos y matices, en la crisis de los tradicionales modelos
de organización e intervención políticas y la necesidad de transformar
la relación entre los partidos y los movimientos. También ocupó buena
parte de las intervenciones el nuevo ciclo abierto por la emergencia de
los llamados "movimientos antiglobalización".
En suma, se trató de una jornada
interesante que creó un clima propicio para el intercambio de ideas y
permitió dar un paso más en la necesaria consolidación de redes
alternativas para hacer frente a la crisis de múltiples dimensiones que
nos atenaza. Hay que agradecer, pues, a los amigos de Viento Sur
sus esfuerzos organizativos y el éxito de la jornada, que esperamos
tenga continuidad el próximo año. Los miembros, suscriptores, lectores y
simpatizantes de mientras tanto hemos de contribuir a ello.
[Xavier Pedrol]
Los entresijos
del golpe de estado en Georgia
Presentada como movimiento espontáneo y no
violento, la sublevación que obligó a Edvard Shevardnadze a renunciar a
la presidencia de Georgia es, en realidad, fruto de una paciente
manipulación. Georgia, pieza clave que se disputan la Federación Rusa y
Estados Unidos por su interés estratégico y petrolífero, se ha
convertido en el escenario del enfrentamiento entre ambas potencias.
Gracias a la cólera popular hábilmente desatada por el Democratic
Institute de Madeleine Albright y estructurada por organizaciones
juveniles financiadas por George Soros, la CIA ha logrado colocar a sus
hombres en el poder en Tbilisi.
Georgia, presidida desde 1991 por el ex
ministro de Asuntos Exteriores de la URSS Edvard Shevardnadze, acaba de
experimentar una revolución pacífica: aquél al que llamaban "el zorro
blanco" ha sido expulsado por su pueblo que, harto de la corrupción por
doquier y de la fragilidad económica persistente, cuestionó el proceso
electoral de noviembre de 2003. Este movimiento espontáneo, en un bonito
símil con la Revolución de los Claveles portuguesa en que el pueblo
logró desbancar sin violencia al régimen post-salazarista de Marcelo
Caetano, ha recibido el mote de "Revolución de las Rosas", del que es
fácil imaginar que vaya a dar paso a un nuevo régimen democrático y
esperanzador.
Creer eso sería dejarse engañar con
demasiada facilidad por la impresionante propaganda que se ha necesitado
para ejecutar este golpe de estado fomentado desde el exterior y largo
tiempo planificado. Al fin y al cabo, Georgia no carece de importancia
internacional; de hecho, tiene un papel crucial en el damero de la
región. Su territorio se extiende al sur del Caspio hasta las fronteras
turca, rusa, armenia y azerbaijana, y debido a esa posición central,
desde el estallido de la URSS en 1991, a menudo se ha encontrado en el
eje de una zona sumamente turbulenta, en particular de la imponente
guerra de oleoductos que vienen librando Estados Unidos y la Federación
Rusa en la región.
Las hostilidades arrancaron el 17 de abril
de 1999 con la inauguración del oleoducto que conecta Bakú (Azerbaiyán)
con el puerto georgiano de Soupsa, en el mar Negro. El proyecto,
financiado por Washington, ponía fin a la hegemonía rusa en la
exportación de hidrocarburos del Caspio. Ese mismo año, Georgia se
alineó con Ucrania y Azerbaiyán alejándose de Rusia. Rescindió el
tratado de defensa colectiva de fronteras de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI) así como el tratado de seguridad colectiva de
Tashkent. En lugar de ese sistema de alianzas diplomáticas cuyo vértice
era Rusia, Georgia optaba por la OTAN y su cúpula estadounidense. A raíz
de ello, en noviembre de 1999 el presidente Eltsin se vio obligado, en
la cumbre de Estambul de la OSCE, a firmar un acuerdo para desmantelar
dos de las cuatro bases rusas en territorio georgiano, proceso iniciado
efectivamente el año 2000 a pesar de las reticencias del estado mayor
ruso.
Edvard Shevardnadze, un aliado poco
agradecido
En este nuevo "Gran
Juego", que incluso empieza a tener visos de una nueva guerra fría,
Georgia desempeña un papel clave, ya que garantiza una cierta
estabilidad en la explotación de los recursos petrolíferos y el
abastecimiento a Turquía. Por ello, el régimen de Shevardnadze fue el
niño mimado de Washington, que le destinó la parte más importante de su
ayuda económica. A cambio, Georgia se alineó con la política exterior de
la Casa Blanca sin rechistar. En 1999, cuando el presidente ruso Boris
Eltsin pidió acceso al territorio georgiano para montar una invasión de
Chechenia, el Jefe del Estado georgiano cumplió a rajatabla lo ordenado
por Strobe Talbott, asesor especial para Rusia de Clinton, y rechazó la
petición rusa. Igualmente, transcurrido un mes del 11 de septiembre de
2001, Shevardnadze proponía acoger en la región a las tropas
estadounidenses a cambio de fenomenales ayudas financieras de
Washington. Más tarde, Georgia fue un punto de avituallamiento de los
vuelos de la US Air Force durante la guerra de Afganistán, y autorizó a
unos centenares de militares estadounidenses a liderar comandos
georgianos con la supuesta misión de dar caza a unos hipotéticos
miembros de Al-Qaida en la vecina Chechenia. A finales del 2001,
Shevardnadze llegó al extremo de purgar la cúpula de sus agencias de
información y poner al ex embajador en Washington, pro-Estados Unidos,
Tedo Dzhaparidze, al frente de la seguridad nacional.
Con los años, sin embargo, la influencia
del presidente georgiano iba menguando. La corrupción y los malos
resultados económicos lo colocaron en una posición cada vez más frágil,
y su alineación exclusiva con Washington empezó a quebrarse. Se fue
aliando progresivamente con Aslan Abshidze, gobernador pro-ruso de la
región autónoma de Adjaria, situada en la frontera turca y de gran
importancia estratégica debido a su puerto, por el que transita el
petróleo de Azerbaiyán y el comercio con Turquía. Este acercamiento
obligó a Shevardnadze a mejorar su relación con Moscú y modificar su
colaboración estratégica con Estados Unidos. Según AFP, en el 2003 "una
serie de empresas estadounidenses fueron eliminadas del mercado
georgiano a través de una política fiscal arbitraria". En ese contexto,
Washington fue retirando progresivamente su apoyo incondicional a este
aliado desagradecido; el constante aplazamiento del inicio de las obras
del oleoducto abonaba esta opción.
Diversos responsables de la administración
estadounidense viajan a Georgia a lo largo del 2003 para reunirse con
Shevardnadze. Según The Guardian, las visitas oficiales pretenden
dar a entender al presidente georgiano que sus días al frente del país
ya están contados. El embajador de Estados Unidos. en Georgia, Richard
Miles, declara incluso al Washington Post que Estados Unidos quisiera
"ver un gobierno más fuerte": una crítica pública insólita tratándose de
un aliado tan antiguo. El mismo Miles trabaja durante meses preparando
al joven Mikhail Saakashvili para tomar el relevo.
Estados Unidos organiza la revolución
espontánea
Saakashvili, que
tiene actualmente 35 años, se graduó en Derecho por la Universidad de
Columbia, en Nueva York. Tras unos años trabajando en una empresa
neoyorquina, regresó a Georgia como protegido de Shevardnadze y pasó
rápidamente a la cúpula del antiguo partido del presidente, la Unión de
Ciudadanos. Posteriormente, en el 2000, fue nombrado ministro de
Justicia. Tras aprovechar el cargo para denunciar la corrupción de la
clase política, incluso en reuniones del Consejo de Ministros, se vio
obligado a dimitir en el 2002 y fundó su propio partido, convirtiéndose
en uno de los líderes de la oposición.
En realidad, pasa a ser el hombre de
Washington, el encargado de llevar a cabo el derrocamiento de
Shevardnadze. La operación, calcada a la que derribó a Slobodan
Milosevic en Serbia, requiere la manipulación de diversas
fuerzas.
El punto de partida es impugnar el
resultado de las legislativas del 2 de noviembre de 2003, en las que
salen vencedoras las formaciones del presidente Shevardnadze y de Aslan
Abchidze, justo por delante de las formaciones de oposición lideradas
respectivamente por Mikhail Saakashvili y Nino Burjanadze, presidente
del Parlamento en funciones. La denuncia "espontánea" se basa en dos
elementos: por una parte, las listas electorales, supuestamente
falsificadas; por otra parte, los sondeos a pie de urna, que
teóricamente dan resultados distintos de las cifras oficiales. Hay un
problema con estas acusaciones: ambas provienen en realidad de la misma
institución, el American National Democratic Institute. Supuestamente
una organización no gubernamental, se trata en realidad de una emanación
de la National Endowment for Democracy, y está dirigida por la ex
Secretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albright. Esta fundación
era la encargada de informatizar las listas electorales, cuyos numerosos
errores alimentaron posteriormente el resentimiento popular y las
sospechas de trucaje; paralelamente, es la responsable de los sondeos a
pie de urna en que los resultados de los partidos de oposición aparecen
muy sobrevalorados.
Poco importa que sea cierto o no el tongo
electoral: lo interesante es que los movimientos de oposición puedan
blandir este argumento y movilizar la opinión pública, para derrocar por
fin el régimen y lograr la dimisión del presidente el 23 de noviembre de
2003. Cabe señalar, como ya explicó Shevardnadze a los medios de
comunicación rusos poco después de abandonar su país, que entre la
muchedumbre se entremezclaban otros movimientos que poco tenían de
espontáneos. El presidente depuesto señaló al millonario George Soros,
al ya citado Democratic Institute y al antiguo Secretario de Estado
estadounidense James Baker como los principales responsables. Según
afirmó, "George Soros fue el creador de los grupos de jóvenes Kmara
["¡Basta!"] contrarios al poder. Les captaban de muy jóvenes, a los 15
años, y en dos meses les tenían formados. [...] El American National
Democratic Institute se comportó del mismo modo."
Primera llamada de la presidenta
provisional: "Lo del oleoducto va bien"
La caída del régimen de Shevardnadze anuncia una nueva era
para Georgia y, sin duda, un cambio de orientación. La presidenta en
funciones, que según estipula la Constitución era la presidenta del
Parlamento, Nino Burjanadze, anunció el propio 23 de noviembre de 2003
que deseaba seguir la "orientación política correcta" por la que había
optado el ex presidente Shevardnadze, y citó los "valores occidentales",
el "partenariado estratégico" con Estados Unidos. y la mejora de las
relaciones con Rusia. En una entrevista concedida a la CNN, precisó que
el objetivo de Georgia es "ser un miembro de la familia europea, miembro
de la alianza euroatlántica. Queremos conservar nuestro partenariado
estratégico con Estados Unidos, que ha hecho mucho por nuestro país."
Mejor aún, según The Guardian "la primera llamada efectuada por
la presidenta interina [...] tras entrar en funciones [...] fue a la
empresa BP [la petrolera angloholandesa]. Llamó 'para asegurarles que lo
del oleoducto iba bien' según indicó un importante cargo oficial
georgiano." Primera medida que desvela sin tapujos lo que se jugaba en
este golpe de estado, concluido el domingo 4 de enero de 2004 con la
elección de Mikhail Saakashvili, el "ahijado" de Washington, a la
presidencia de la República.
[Fuente: Réseau Voltaire, web. Traducción del francés:
Mary Fons. Selección del artículo: Agustí Roig.]