No sin razón se ha calificado en numerosas ocasiones a la universidad española, y más concretamente madrileña, de los años setenta como una ‘fábrica de antifranquismo’. Quizás a su entrada en la universidad, los jóvenes estudiantes provenientes en su mayoría de las clases medias del régimen, no supieran distinguir a Trotski de Lenin, lo cual no es nada sorprendente si tenemos en cuenta que a la altura de 1974 la sociedad española estaba totalmente despolitizada (por razones obvias); pero estos muchachos y muchachas iban a madurar pronto en un ambiente en el que sus ansias, sus libertades, estaban permanentemente vigiladas y constreñidas y esto, como no podía ser de otro modo, les condujo directamente a la práctica política.

Esta inquietud obviamente, no es exclusiva de los jóvenes que vivían en el final del franquismo, sino como asegura Shopenhauer, de la juventud de cualquier época en general, pero sí es cierto que el ambiente social y político de mediados de los años setenta españoles favorecía grandemente la proliferación de actividades en las que se manifestaba el descontento de los estudiantes con su propia situación, y a través de ello su oposición al sistema político que imperaba.

Generalmente todo solía empezar por una cuestión estrictamente académica, la obtención de parciales liberatorios, elección de delegados de curso y facultad, el reconocimiento de estos como interlocutores válidos… propuestas muy moderadas. Pero cuando llegados a este punto, los estudiantes se encontraban con la oposición tajante y autoritaria de los catedráticos y rectores y la brutalidad indiscriminada de las Fuerzas de orden público, la politización del conflicto, mediante la petición de ‘amnistía y libertad’ se hacía inminente.

Era entonces cuando estos jóvenes empezaban a tomar contacto con las distintas agrupaciones políticas que proliferaban en la universidad, el acercamiento a una organización determinada dependía de multitud de factores, no estrictamente ideológicos, que por su variedad y amplitud resulta difícil exponer aquí. Durante los años ’60 el FLP gozó de mayor peso y aceptación en estas actividades universitarias de lo que lo hacían los demás grupos, lugar que hacia 1967 sería ocupado casi exclusivamente por el PC, que a su vez en torno a 1973 empezó a ser desplazado por otros grupos que se situaban a su izquierda (JGR, ORT…) y que llevaron la voz cantante en cuanto a movilización universitaria en la época de la que nos vamos a ocupar aquí.

Las actividades de estos grupos eran múltiples y variadas, manifestaciones, jornadas de lucha, asambleas, recitales, conferencias, proyección de películas, actividades de propaganda… y aunque cada uno de ellos se movía en un terreno ideológico diferenciado claramente de los otros, todos coincidían al menos en una línea fundamental de pensamiento y acción: su motivación principalmente antifranquista.

"Cada vez se aprieta más en este asunto y tengo fe en que el ministro de Educación y el rector de la universidad de Madrid lograrán mejorarlo. En todo el mundo existe esta agitación y esta probado que la sostienen los partidos comunistas a sueldo de Rusia y China. Poco a poco la policía va acosando a los verdaderos responsables, que serán juzgados como corresponde a su actividad. Todo es difícil en una universidad que cuenta con más de 40.000 alumnos, y los revoltosos y criminales se mezclan entre ellos" Francisco Franco.

Varios autores han señalado que la Ley General de Educación de 1970 representaba un intento serio de adecuar la enseñanza española a las necesidades del desarrollo capitalista, adaptando las estructuras educativas a las necesidades de producción. Se pueden señalar diferentes rasgos: igualdad de oportunidades, selección por méritos personales, educación para todos, cultura como medio de eficacia y rendimiento, importancia de los estudios técnicos, escuela como transmisora de la ideología tecnocrática, título necesario para la entrada en el mercado de trabajo.

Con respecto a la universidad, la LGE denotaba un esfuerzo por desarrollar su autonomía, dotándola de personalidad jurídica y patrimonio propio y autorizándola a decidir sus planes y sistemas pedagógicos y de investigación; aunque en la práctica esta autonomía universitaria, entendida como ejercicio de la enseñanza e investigación en condiciones de libertad plena, no podía alcanzarse dado el sistema político vigente, la administración se entrometía continuamente y la universidad no tenía capacidad de respuesta ni de decisión debido al centralismo y al burocratismo.

Los estudiantes rechazaban la LGE porque dudaban de las posibilidades de renovar la universidad mediante leyes aprobadas sin su concurso y la criticaban normalmente por imponer la selectividad, rentabilizar desde una óptica capitalista la enseñanza superior, consolidar la desigualdad social (mediante el principio de igualdad de oportunidades) y transmitir la mentalidad tecnocrática. Los estudiantes demandaban su participación en la elección de todas las autoridades académicas, en la organización de la vida académica (planes, pruebas…), libertad de actividades culturales, autonomía plena y descentralización.

Carrero Blanco nombró Ministro de Educación y Ciencia a Julio Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Madrid durante el curso 1972-1973, quien estableció como objetivo de su política el mantenimiento del orden en la universidad. Para ello llamó de nuevo a la policía al campus de la Universidad Complutense de Madrid (cuyo rector, Muñoz Alonso, la había retirado el curso 1972-1973) y terminó de recortar la limitada autonomía de la universidad, seccionando los planteamientos más innovadores de la LGE, mediante una política intervencionista que contradecía el ejercicio de la libertad de enseñanza.

Durante este periodo el control sobre el asociacionismo estudiantil se canalizó a través de los Gabinetes de Estudios y Asistencia Universitaria, cuyo propósito no era tanto dar cauce a la participación estudiantil como reprimir e inspeccionar las actividades de los estudiantes, mediante la creación de un servicio de información de actividades ilegales a través de ‘personas de confianza’ ajenas a las autoridades de cada facultad.

La participación de los estudiantes en la gestión de los órganos de gobierno universitarios fue totalmente anulada, eliminada la representación de universitarios en las juntas de gobierno de las facultades. Medida que fue fuertemente contestada por el movimiento estudiantil y rechazado así mismo por amplios sectores del profesorado de todas las universidades españolas.

Los críticos a la política ministerial forzaron la situación de tal modo que en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la UCM del 29 de noviembre, se puso de manifiesto la necesidad de cerrar la universidad en fecha inmediata, con lo que el rector anunció su dimisión. En 1974, Arias Navarro nombró Ministro de Educación y Ciencia a Martínez Esteruelas, proyectando llevar a la universidad la política aperturista del gobierno, dentro de unos estrechos márgenes de orden y seguridad.

Las directrices de la política universitaria serían fundamentalmente selectividad y participación. Se comenzaron a estudiar los cambios necesarios en la LGE para establecer una auténtica selectividad para el ingreso en la universidad, ya que hasta el momento la LGE establecía que podrían acceder a la universidad aquellos que superasen COU y las pruebas de acceso eran potestativas de las universidades. Este proyecto de selectividad se defendía basándose en la afirmación de que la selección del alumnado era necesaria para la calidad de la enseñanza y estimularía los niveles educativos anteriores; perseguía, además, revalorizar la formación profesional ya que las escuelas universitarias y la formación profesional quedaban como opciones para los que no superasen las pruebas.

Dada la fuerte selectividad social (la presencia de hijos de obreros en la universidad en ningún caso llegaba al 5%), difícilmente eran aceptables los argumentos del ministerio en defensa de la selectividad. Esta aún discriminaría más a los económicamente débiles debido al aprendizaje ambiental; factores como el colegio de procedencia, la posibilidad de viajar o los medios culturales de los que había dispuesto el estudiante, marcaban una clara diferencia.

Por otro lado, la masificación no existía en cuanto al número de estudiantes sino en cuanto a su relación con los presupuestos; pero en lugar de elegir la vía de las inversiones económicas, se eligió la de la contención de estudiantes por medio de la selectividad y el aumento de las tasas, lo que se convirtió en un mecanismo de selección social, ya que las becas dejaban mucho que desear.

Finalmente la ley, que entró en vigor para el curso 1975-76, fue aprobada en las Cortes en julio de 1974. Pero las facultades de Medicina y Ciencias de la Información convocaron pruebas de valoración para el curso 1974-75. En la Facultad de Medicina fueron convocados cerca de 3.600 estudiantes de los cuales quedaron eliminados 2.000; con lo que el Colegio de Médicos se manifestó contra las pruebas considerándolas un modo de disimular la penuria del personal docente y el deficiente aprovechamiento de los recursos.

En el año 1975, el resultado de las primeras pruebas de selectividad efectuadas arrojó un porcentaje de 83% de aprobados, pero superar las pruebas no bastaba para ingresar en el centro deseado por el alumno ya que la LGE hacía depender la elección del número de plazas disponibles. Los representantes estudiantiles seguían afirmando que la degradación de la enseñanza no se solucionaba con medidas selectivas.

El ministerio de Martínez Esteruelas puso de relieve su voluntad de asentar la participación de los estudiantes, que podrían opinar en cuanto a la elección de cargos académicos, la elaboración de planes de estudios y los estatutos universitarios…, tratando de fomentar la representación estudiantil pero al margen de las asociaciones; a las que, por otro lado, también se concedían facilidades. Del mismo modo, desde el primer día de su ministerio Esteruelas dejó claro que las acciones que pretendieran crear desorden y utilizar la universidad como instrumento de ataque al Estado serían firmemente atajadas. Ante el objetivo fundamental de garantizar el orden en la Universidad quedaba claro que las medidas disciplinarias (para profesores y alumnos) y la intervención de la fuerza pública serían consecuencia inmediata frente toda acción contra el Estado. La policía armada y la Brigada Político – Social recibieron la orden de retirar carteles, disolver asambleas, etc., en cuanto tuviesen conocimiento de ellas.

Con motivo de las elecciones estudiantiles se permitió la celebración de reuniones y asambleas y las Fuerzas de Orden Público recibieron la orden de no retirar carteles y de intervenir únicamente en caso de grave alteración del orden. Pero una vez terminado el proceso electoral las FOP volvieron a actuar asidua y contundentemente y ya el día 31 de enero fueron desalojadas violentamente las facultades de Derecho y Filosofía y Letras, a las que siguió el cierre de las Universidades de Valladolid, Sevilla y Málaga y el recrudecimiento de la represión mediante detenciones y multas; hechos que provocaron una gigantesca respuesta estudiantil.

Tres leyes de esta época causaron especial conmoción: el decreto – ley de garantías del funcionamiento institucional, que creaba una comisión especial para aplicar las sanciones (denegación de matrícula o inhabilitación para examinarse) por actos que quebrantasen el orden académico; el decreto – ley antiterrorista del 27 Agosto 1975, que debía aplicarse en la universidad y afectaba a grupos comunistas y anarquistas; la Ley de Relaciones Laborales sobre contratos en prácticas, que ocasionó incidentes desde el primer trimestre ya que en realidad significaba una puerta abierta a la prestación de un trabajo cualificado barato y sin estabilidad.

Confirmado Arias como presidente del primer gobierno de la monarquía, dio entrada en el gobierno a destacados reformistas, colocando en Educación y Ciencia a Carlos Robles Piquer, que diseño la política universitaria como un fiel reflejo de la política reformista del gobierno.

La Universidad debía participar en el proceso democratizador del país de forma muy señalada, y para ello se debía canalizar una verdadera participación estudiantil que fuera compatible con el principio del orden, concediendo libertad de actividades culturales y asambleas, levantamiento de sanciones de acuerdo con el indulto concedido por el gobierno (que se aplicó únicamente a los alumnos, no al profesorado) y crear un clima de educación para la convivencia democrática, conciliando masificación y calidad (pero esta idea no se materializó en una revisión de la Ley de Selectividad ni en una aportación significativa de nuevos medios). En esta línea fue retirada la policía del campus y en las facultades fueron habilitados lugares para la colocación de carteles.

La recomendación de que las FOP se retirasen de los edificios universitarios se hizo apelando a la responsabilidad de los universitarios y aumentando las competencias de las autoridades académicas en el mantenimiento del orden; pero finalmente, ante la proliferación de actos y asambleas que convirtieron a las universidades en auténticas tribunas de actividad política (intervenían dirigentes políticos y sindicales, familiares de militantes procesados…) y después de las ocupaciones de edificios universitarios que siguieron a los sucesos de Vitoria, el ministerio dejó de autorizar actos no culturales o científicos y retornó a la presencia activa de la policía en la universidad.

Los proyectos destinados a promocionar la participación estudiantil universitaria estaban condenados al fracaso, el orden no podía imperar bajo un sistema político que no era aceptado por los estudiantes. Así las elecciones convocadas para el 3 de diciembre (aplazadas por la muerte de Franco para el día 12) manifestaron un absentismo generalizado en la presentación de candidatos y el 90% de los puestos de representantes en la UCM quedaron vacantes. Esto impulsó al ministerio a replantearse la participación estudiantil desde otro ángulo, sustituyendo los cauces individuales por otra fórmula en la que eran las asociaciones las que presentaban a los candidatos.

"Siset, que no veus l’estaca

on estem tots lligats?

Si no podem desfer-nos-en

mai no podrem caminar!

Si estirem tots, ella caurà

I molt de temps no pot durar,

Segur que tomba, tomba, tomba,

Ben corcada deu ser ja

Si jo l’estiro fort per aquí

i tu l’estires fort per allà

Segur que tomba, tomba, tomba,

i ens podrem alliberar"

Lluís LLach

En la evolución del movimiento estudiantil durante la época final del franquismo, se pueden observar importantes variaciones estratégicas y cambios tácticos que lo que hacen es manifestar la coexistencia de dos tipos de lucha básicos y confrontados: la estrategia de las organizaciones políticas ilegales (que constituyen la base del movimiento y aportan la mayoría de los dirigentes estudiantiles), y la de los delegados legales.

Entre las organizaciones de ‘derechas’, la derecha democrática (que apuesta por un cambio político hacia un sistema democrático pero manteniendo el orden económico y social vigente), tenía poca representatividad en la Universidad. Estas organizaciones no desarrollarán una relativa actividad hasta después de la muerte de Franco e incluso entonces se limitarán únicamente a la difusión de sus propuestas mediante propaganda.

En octubre del 1973 Falange y su ideología fueron atacados en un cartel que el comité de curso de 3º de Historia expuso en el pabellón B de la Facultad de Filosofía y Letras, este hecho provocó un enfrentamiento en el que un estudiante resultó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico. El 20 de noviembre, los carteles que fueron expuestos en Filosofía y Letras, Económicas, Medicina y Derecho, invitando a asistir a una misa en memoria de José Antonio que "al margen del aparato oficial organizamos los falangistas independientes", tuvieron que ser retirados para evitar que fueran arrancados por militantes de izquierdas tras producirse nuevos altercados.

Entre las organizaciones de izquierda, algunos rasgos como la crítica radical en materia social, cultural y religiosa, y su apuesta por un sistema socioeconómico anticapitalista y anticlasista y una universidad al servicio del pueblo son comunes. Estas ideas están representadas por tendencias de muy distinto signo político, pero la mayoría de las organizaciones políticamente activas en la Universidad eran de ideología marxista, con neto predominio de los comunistas.

Entre 1974-1976 dos organismos unitarios de oposición influyeron decisivamente en la Universidad: La Junta Democrática de España, que agrupaba a las organizaciones que propugnan la ruptura democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, que defendía la ruptura pactada. La coordinación de los dos organismos en Coordinación Democrática y la adopción de una estrategia negociadora contribuyó al fin del movimiento estudiantil antifranquista. La razón esencial del declive del moviento estudiantil estribó en la necesidad de cuadros políticos de las organizaciones de la oposición democrática ante la inminencia de las primeras elecciones, que se celebraron en junio de 1975. Los universitarios politizados fueron una cantera de activistas para las múltiples actividades vinculadas a las campañas de los partidos, con ello el movimiento estudiantil quedó descapitalizado de sus miembros más activos.

Estrategia estrictamente clandestina era la de los comités de curso, organizaciones integradas por militantes de izquierdas, que nacieron como respuesta a la desarticulación del Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios cuya lucha a la luz pública había posibilitado la represión sobre dirigentes conocidos del movimiento estudiantil. Los comités de curso, como medida de autodefensa, pretendieron dotar al movimiento de una organización clandestina, estable y unitaria frente a la multiplicidad de partidos y luchadores independientes, su principal objetivo era coordinar las acciones que cada partido emprendía por su cuenta y programar la lucha en torno a problemas concretos, pero esto en general, no llegaba a cumplirse. Las reuniones y seminarios que celebraban se convertían con frecuencia en largas discusiones de tipo ideológico y sólo con gran dificultad llegaban a adoptarse algunos acuerdos de tipo práctico. Además en los comités de curso se imponían las tendencias de las corrientes políticas con mayor presencia, con lo que, para darles un carácter más representativo, las propuestas se llevaron a asambleas donde se trataban tanto temas políticos como académicos relativos a la selectividad, el precio de los comedores etc. La elección de delegados de curso significó el inicio del declive de la influencia de los comités de curso.

La clandestinidad aisló de las masas estudiantiles a los líderes universitarios, radicalizando a su vez la lucha y arrebatando, como ya hemos dicho, la dirección del movimiento al PCE, que abandonó rápidamente los comités de curso apostando por el contrario por el aprovechamiento de los cauces de lucha legales, con lo que fue de los que con más fuerza propugnó la elección de delegados y planteó la necesidad de formas de lucha que exigieran menor compromiso que la militancia en los partidos y comités de curso: los representantes estudiantiles eran el primer paso, unos delegados elaboraron programas mínimos, asumibles por la mayoría de los estudiantes que sirvieron para unificar criterios y luchas.

Las dificultades de coordinación del movimiento estudiantil clandestino intentó superarse mediante la estrategia de la Reunión General de Universidades (RGU) que se celebró por primera vez en 1971 y a la que acudían representantes de la coordinadora de comités de curso. A partir de 1974 delegados y RGU se convirtieron en dos estrategias, legal e ilegal, complementarias.

A lo largo del año 1974 la acción más destacada de la ultraderecha tuvo lugar cuando, en el mes de abril, Guerrilleros de Cristo Rey armados entraron en el edificio B de la Facultad de Filosofía y Letras y arrancaron los carteles de la JGR, provocando conatos de agresión y una concentración de protesta en el vestíbulo.

Con los aires de apertura que tomó la política del gobierno y que afectó en gran medida a la universidad durante el ministerio de Martínez Esteruelas, se asistió a una revitalización de la RGU, mientras por el contrario, los comités de curso decayeron. La intención del ministro de facilitar la participación de los estudiantes a través de representantes fortaleció la posición del PCE, que ya había comenzado a plantear la elección de delegados, método mediante el que perseguía el mantenimiento de una lucha continuada que abandonase las movilizaciones defensivas, pasando a una ofensiva en defensa de un programa. Las movilizaciones más importantes de esta época se desarrollaron contra la selectividad y la LGE, con motivo del 1 de mayo y en contra de la ejecución de Puig Antic, ocasiones en las que se convocaron manifestaciones, se desalojaron aulas y se procedió al boicot de las clases.

Esta es la línea en que se centra la actuación de organizaciones como OEC (BR) y JGR. Esta última por medio de la compatibilización del uso tanto de vías legales como ilegales, entró en este año en una fase de crecimiento numérico; su participación en las elecciones de delegados le dio excelentes resultados en la RGU, la Reunión Nacional de Delegados Universitarios, y demás órganos de carácter representativo. El hecho de que la utilización de medios legales no le impidiera continuar en organizaciones clandestinas como los comités de curso, hizo que desempeñara el papel intermedio entre el PCE y otras organizaciones de izquierda que no aceptaban ningún pacto de tipo legalista.

En resumen, durante el año 1974, la lucha contra la represión se concentró en la campaña contra la ejecución de Puig Antich y, con el lema "ningún expediente sin respuesta", contra las detenciones a estudiantes. Hacia esto apuntaba el sentido de la manifestación convocada por el FRAP el 1 de mayo que terminó en una batalla campal; 1 policía resultó muerto, alrededor de 20 heridos y unos 300 militantes detenidos; pero en los meses siguientes prosiguieron las detenciones de centenares de militantes y casi todos los comités regionales.

La estrategia de los delegados ilegales se consolidó durante esta etapa, y en febrero de 1974 ya se llevó a cabo la elección de delegados en casi todos los centros universitarios. Incluso en la Facultad de Derecho llegaron a ser reconocidos por el decano que permitió su asistencia a la Junta de Facultad, donde se llegó a aprobar por unanimidad una propuesta realizada por los representantes de los estudiantes y los PNN en conjunto, que comprendía temas como la exigencia del funcionamiento estable de la misma Junta, la creación de una comisión para la reelaboración de los planes de estudios, la participación de los alumnos en los departamentos, la petición formal al Ministerio de la retirada de las FOP de la Universidad (a lo que el Ministerio respondió que la retirada de las mismas tenía como condición la desaparición de los motivos que provocaban su entrada) y la reconsideración de las sanciones aplicadas a varios alumnos.

En otras facultades los representantes no fueron reconocidos por los decanos, de modo que la participación en los órganos de gobierno constituía una de las reivindicaciones más intensas de los estudiantes y resultó ser causa de múltiples altercados, especialmente en Filosofía y Letras.

El programa presentado por la Junta de Estudiantes Delegados de la Universidad de Madrid, tenía mucho en común con el habían elaborado los delegados de Derecho: retirada de la policía de la universidad, participación de los tres estamentos universitarios (profesores numerarios, profesores no numerarios y estudiantes) en las Juntas de Facultad y Escuela y en la elaboración de nuevos planes de estudio, libertad de asambleas, libertad para los estudiantes detenidos y retirada del proyecto-ley de selectividad. El 15 de marzo había de desarrollarse una entrevista con el ministro durante la cual iba a serle entregado este programa; para este día se convocó una concentración de apoyo a los representantes que emplazó ante el Ministerio de Educación y Ciencia a unos 2.500 estudiantes.

A la altura de 1974 la RGU que agrupaba a delegados y representantes de organizaciones políticas se presentaba como la estratégica más idónea para coordinar en torno a un programa a un gran número de estudiantes y organizaciones. El movimiento estudiantil que había carecido largo tiempo de unidad, durante el curso 1973-74, había logrado adquirir cierta cohesión en torno a este programa logrando la participación de algunos delegados en varias juntas y claustros y el aplazamiento de la aplicación de la ley de selectividad. En este sentido la RGU convocó una semana de debate que culminaría en una Huelga General de la Enseñanza el 9 de mayo que constituyó una de las mayores movilizaciones del curso y punto de unión de tendencias muy dispares.

Maria del Mar Bonet

A finales del franquismo nos encontramos con un sistema universitario que, además de estar sometido a un régimen represivo, adolecía de defectos que hacían de ella una Universidad anticuada. En primer lugar, no proporcionaba formación científica práctica, y mucho menos fomentaba la creatividad investigadora, sino que se limitaba a la impartición de clases eminentemente teóricas, expositivas, que luego se evaluaban a través de exámenes memorísticos, con la consiguiente degradación de la Universidad a poco más que un trámite para la obtención de un título. Los profesores que seguían métodos de enseñanza de tipo autoritario eran mayoría, y carecían de formación pedagógica que favoreciese el contacto profesor-alumno, que se reducía a mínimos. Además de esto, el profesorado era escaso, y la masificación (en relación con el número de profesores, los presupuestos y las becas, ya que en comparación con el número de estudiantes de otros países europeos el de los españoles no era muy alto) se agravaba cada año.

El movimiento estudiantil se rebelaba contra esto con la intención última de democratizar la Universidad, ampliar la competencia de los órganos estudiantiles y dotar de una mayor autonomía a la institución. A través de esto pretendían conseguir no sólo la participación del alumnado en la elaboración de los planes de estudios (que se modificaban continuamente sin su participación), sino también mayor igualdad de oportunidades para el acceso a la Universidad (mediante un nuevo sistema de becas).

Existían dos estrategias básicas por parte de los estudiantes en respuesta a su ausencia de los órganos de decisión de la institución universitaria: por un lado el PCE, el PTE y la ORT que veían las elecciones a delegados un vehículo para la organización estudiantil; por otro lado ,los trotskistas y anarquistas que optaban preferentemente por el sistema de comités de curso y se mantenían al margen de un proceso electoral que acusaban de reformista. Desde finales de 1956 en que desapareció el Sindicato de Estudiantes Universitarios, los estudiantes carecían de un mecanismo de interlocución valido, hasta los años 1970 se produjeron varios intentos de crear nuevos sindicatos, como el ya citado SDEU que acabó siendo desarticulado por la policía y al que sucedieron los comités de curso elegidos en asamblea pero sin reconocimiento formal.

Entre los delegados de curso elegidos oficialmente se llevaba a cabo una segunda elección de la que se obtenían los delegados de facultad. Dos de estos representantes eran los autorizados para acudir a las juntas de facultad, donde tenían voz pero no voto. Esto ultimo provocó que la lucha por la obtención de una verdadera representación estudiantil no se diera por concluida.

Durante el comienzo del curso 1973-74 tuvieron lugar una serie de movilizaciones (en forma de concentraciones, carteles, pintadas, etc.) provocadas por las últimas medidas políticas educativas, principalmente la LGE y los nuevos planes de estudios. Durante el curso 1974-75, las reivindicaciones estudiantiles siguieron la misma tónica que el año anterior, es decir, haciendo de los conflictos académicos el asunto de base para las reivindicaciones y transformaciones políticas.

De todas las facultades de la Universidad Complutense, las más afectadas por cuestiones como la masificación y la falta de medios eran las de Medicina y las recién creadas, como Ciencias de la Información (que carecía en el primer año de su funcionamiento de profesores numerarios), Geológicas, Física, etc.

La masificación recibió su respuesta por parte de las autoridades políticas: selectividad y aumento de tasas, que hacían de la selección de estudiantes un proceso aún más clasista. Al ser la estructura clasista de la Universidad uno de los principales objetos de lucha de los estudiantes, estas decisiones no tardaron en verse contestadas, acusadas de discriminar a los grupos sociales más débiles económicamente, carentes del aprendizaje social (viajes, idiomas, disposición de libros y determinado ambiente cultural) que la universidad les estaba exigiendo. En este caso es donde más fácilmente puede verse el alcance político de la lucha estudiantil, ya que con estas protestas no se reivindicaba un mero cambio formal, sino el fin del predominio de unas clases sobre otras perpetuado a través de la educación universitaria.

La selectividad pretendía imponerse de manera general mediante una ley, como anunció Martínez Esteruelas, y contra esto se levantaron, además de las voces de los estudiantes, las de profesores, colegios profesionales y organizaciones políticas; el asunto fue la causa de la mayor huelga generalizada del curso (9 de mayo). A pesar de esto, la ley de selectividad fue aprobada en el curso 1974-75, y aplicada por primera vez el año siguiente.

Junto con la selectividad, otro de los motivos estrella del movimiento estudiantil de estos años fue la subida de los precios de los transportes y los comedores. Una vez más se veía en ello un medio de discriminación social, un paso atrás en la universalización de la educación universitaria, ya que este encarecimiento afectaba a sus condiciones de vida. Por ello comenzaron los boicots a ambos servicios, siendo esta estrategia un medio ya consolidado en la oposición tradicional al franquismo, que en este caso encauzaba el descontento económico, social y político. La primera facultad en movilizarse fue la de Filosofía y Letras (octubre de 1973), pero al ser las más afectadas las del campus de Somosaguas (Económicas y Psicología), fue en ellas donde se llevaron a cabo los boicots más contundentes.

La oposición al autoritarismo fue otra de las razones que dio cohesión y fuerza al movimiento estudiantil. El autoritarismo se manifestaba en muchos aspectos, ya que hay que contar con que el autoritarismo intrínseco al régimen se materializaba a través de los profesores, la burocracia y la policía. El ataque por parte de los estudiantes al profesorado se centraba en los catedráticos, en quienes veían a los transmisores de la ideología que impedía una Universidad democrática donde disfrutar de libertad de expresión y de reunión, y a uno de los principales obstáculos en el diálogo estudiantes-autoridades. Durante los años setenta el catedrático encarnaba la verdadera figura del ‘gendarme’ universitario, ya que tenía la ultima decisión en el departamento en lo que respecta a temas académicos, exámenes, desarrollo de las asignaturas, etc. En el caso de que algún profesor manifestara su voluntad, en consonancia con la de los alumnos, de realizar exámenes parciales liberatorios de materia, esta postura resultaba inútil ante la oposición del catedrático correspondiente que tenía no sólo autoridad sobre esto sino también sobre el contenido del mismo examen.

Los enfrentamientos entre el profesorado y los alumnos adquirían distinta virulencia dependiendo de las Facultades, ya que entre las autoridades académicas encontramos ejemplos de decanos dialogantes frente a otros más autoritarios y conservadores. Frente a esta conflictividad, el ministerio de Martínez Esteruelas optó por hacer a las autoridades académicas responsables del mantenimiento de la disciplina en la Universidad, y el de Robles Piquer, aunque en un principio recurrió también a las autoridades de las Facultades, posteriormente ordenó que las alteraciones fueran comunicadas a las autoridades ministeriales.

Las acciones represivas de la policía fueron generalmente el detonante necesario para convertir un movimiento reducido en una gran movilización estudiantil, ya que la represión policial era una de las manifestaciones más evidentes del autoritarismo político, factor de unión, la lucha contra éste, entre los estudiantes. Aunque la policía fue retirada de la Universidad Complutense durante el curso 1972-73, al año siguiente volvió para quedarse, y los carteles reclamando su salida de la universidad proliferaron. En las jornadas de lucha las fuerzas policiales tomaban las Facultades, disolvían asambleas, retiraban carteles, etc. Su control, a través de efectivos a pie y a caballo y con helicóptero de vigilancia, se extendía por el campus de la Complutense, su zona periférica y los lugares donde habitualmente se concentraban los estudiantes. El año más virulento fue 1974-75.

Junto a las acciones policiales, también reforzaban los lazos de solidaridad las detenciones y los juicios contra universitarios, el cierre de Universidades (la de Valladolid el curso 1974-75) y las ejecuciones de activistas políticos (anarquistas, del FRAP y de ETA).

Las acciones estudiantiles, como ya hemos dicho arriba, tenían pretensiones que superaban el ámbito académico: el fin último era mucho más amplio, y abarcaba cuestiones sociales y políticas. De ahí que sea importante mencionar sus vinculaciones con el movimiento obrero. En los años sesenta el marxismo había penetrado con fuerza en el ámbito universitario madrileño, no sólo a nivel científico (aplicado a la economía, la historia y la sociología), sino también como compromiso político, ya que la gran mayoría de los estudiantes con participación activa en la oposición al franquismo se adscribían a esta línea política.

De esta manera los cambios en la universidad se observaban como un aspecto circunstancial o secundario en la lucha por la transformación de la sociedad. La conexión con el movimiento obrero se hacía patente en la adscripción a los partidos autodenominados obreros; además, los estudiantes participaban de las acciones convocadas por los obreros, principalmente en sus jornadas de lucha. También los dirigentes obreros estaban presentes en las acciones estudiantiles, sobre todo entre diciembre de 1975 y marzo de 1976.

El enfoque anticapitalista, antiimperialista y antidictatorial orientó a los estudiantes a la denuncia no sólo interna sino externa/internacional también: se atacaba la dependencia de España del imperialismo norteamericano, se apoyaba la lucha palestina, se reprobaba el golpe de Estado en Chile, etc. A este nivel cabría destacar la revolución portuguesa, que se convirtió en un factor de esperanza para la oposición al franquismo. Con motivo del aniversario de la revolución de los claveles se volvió a poner de manifiesto la sinrazón a la que podía llegar el rtégime. Los estudiantes organizaron una jornada de lucha en la que además de los panfletos y carteles informativos y de denuncia desplegados en las facultades, se repartieron miles de claveles rojos. En la facultad de Filosofía y Letras las flores se guardaron en el despacho de la profesora Mª Carmen García Nieto, militante del PCE, quien fue arrestada bajo el cargo de poseer claveles en su despacho, lo que provocó las iras de un catedrático franquista al contemplar la absurda imagen de la profesora siendo conducida hacia el vehículo policial por dos agentes cargados de claveles.

Un acontecimiento principal fue el proceso 1.001, en el que se sometía a juicio a miembros destacados de CC.OO. , que motivó una fuerte reacción de solidaridad con los dirigentes obreros en 1973.

Paulatinamente las opciones políticas entre los estudiantes comprometidos se redujeron a dos: la opción democrática, sostenida por el PCE y la Joven Guardia Roja, que optaba por la acción a través de la Junta Democrática de Estudiantes; y la opción revolucionaria. La primera fue la que más estudiantes movilizó, sobre todo en aquellas convocatorias proamnistía y libertad democrática. En general, pero sobre todo en 1975-76, las movilizaciones más fuertes fueron aquellas que reivindicaban la amnistía (que era considerada esencial en todos los programas) y el movimiento obrero.

Maria Aurèlia Capmany

En este apartado vemos como las acciones de los estudiantes encaminadas a manifestar y/u organizar la oposición al franquismo tomaron muy distintas formas, que englobaban desde la propaganda a las actividades culturales, pasando por las asambleas, los boicots y las jornadas de lucha.

La propaganda clandestina era emitida por las organizaciones políticas, y cumplían muy variadas funciones: informaban, denunciaban, convocaban... , en una palabra, agitaban a los estudiantes con el fin de concienciarlos para la acción. Este tipo de medio se materializaba en forma de carteles, panfletos y pintadas. La emisión de todos ellos debía realizarse con la mayor rapidez y sin ser vistos, para evitar posibles detenciones. El problema de los carteles era que podían ser retirados con facilidad por la policía; los panfletos, por su parte, podían distribuirse muy rápidamente lanzándose desde un piso alto, y su carácter era menos superficial que los anteriores, ya que tenían mayor contenido programático. De hecho en las jornadas de la Junta Democrática del 4 y 5 de junio Llegaron a recogerse cientos de panfletos con propaganda política de muy distinta condición: PCE, PTE, Carlistas, …

El motivo que dio lugar a la mayor difusión de propaganda fue el proceso 1.001, en el que se juzgaba a los líderes de las ilegales CC.OO., y en el que se veía un juicio contra toda la clase obrera y el pueblo. En esta propaganda se instaba a los estudiantes a movilizarse en favor de su absolución, y en último término en contra del franquismo.

Encontramos también propaganda contra la represión (la policía en la universidad, las autoridades académicas, las detenciones y los juicios políticos, etc.), propaganda política (contra Carrero y la sucesión monárquica), propaganda contra la política universitaria (planes de estudios, selectividad, etc.), propaganda informativa sobre la convocatoria de asambleas, huelgas y jornadas de lucha, o sobre la evolución de determinadas acciones.

Las organizaciones políticas que colgaban carteles y distribuían panfletos eran la Liga Comunista Revolucionaria, el Movimiento Comunista de España, la Federación Universitaria Democrática Española, los Comités de curso, el Partido Comunista, la Joven Guardia Roja, etc. De todas ellas, la primera era la más activa en este sentido, y su propaganda estaba dedicada a la lucha contra la represión, al movimiento obrero y al fascismo del régimen. Las facultades estaban en estos años llenas de carteles de propaganda política, lo cual daba lugar a una permanente pugna entre la policía y los estudiantes. Las fuerzas de orden público entraban y arrancaban los carteles, a lo que los estudiantes respondían colocando nuevos carteles, hasta que al final la policía desalojaba la facultad, con ello interrumpían la actividad académica y convertían el día en jornada de lucha.

Las asambleas trataban de reunir el mayor número de estudiantes, con el fin de informar y, lo que es más importante, dar cohesión al movimiento, haciendo más patente que no se estaba solo; además servían para discutir formas y motivos de acción. Las asambleas, como es lógico, variaban mucho en el número de asistentes según el tema a tratar y el nivel de represión del momento. También en esta ocasión era la policía la encargada de disolverlas. Las asambleas debían realizarse en horario de clase, pero aún así la asistencia era masiva, y siempre se llevaban a cabo incluso con la oposición del profesor.

Entre los actos lúdico-culturales destacaban las conferencias y mesas redondas y los recitales. A las primeras se llevaba a personalidades del mundo académico o político, que generalmente se ocupaban de temas de actualidad, con los que se pretendía informar y educar, o dar fuerza ideológica a los estudiantes. Con los recitales de canción protesta se hacía crítica política y social, que se convertía así en propaganda y medio de canalización de sentimientos de subversión, siendo por tanto una forma eficaz de realizar acciones espontáneas. También el cine servía de difusor de actitudes críticas.

Entre estos recitales uno se convirtió en un verdadero referente antifranquista, fue el Festival de los Pueblos Ibéricos, organizado por la Federación de Asociaciones Culturales Universitarias de Madrid, liderada en esos momentos por la JGR y el PCE. En principio la propuesta del festival fue recogida con poco entusiasmo por el PCE que veía muy dificil su autorización por el Ministerio del Interior, con lo que fue la Joven Guardia la encargada de impulsar el proyecto. Más adelante en vistas de la magnitud que el evento iba a alcanzar, y temiendo el PCE que los beneficios tanto económicos como políticos fueran monopolizados por la JGR, que por su parte quería hacer del acto la plataforma de presentación del nuevo Sindicato Democrático de Estudiantes, en el que el PCE no tomaba parte, intentó tomar el control a través de los artistas que participaban, afiliados en su mayoría al PCE. Finalmente el festival, celebrado en el campus de la Universidad Autónoma, resultó un éxito tanto por la participación de todos los cantautores relevantes del momento como por la asistencia masiva de público.

El método que exigía un mayor compromiso político era la manifestación, ya que éstas siempre terminaban siendo cortadas por la policía, que cargaba contra los manifestantes y realizaba detenciones. En las manifestaciones los estudiantes tomaban la calle o partían de las respectivas Facultades para circular por el campus, gritando frases de denuncia o reivindicación.

Las huelgas suponían el problema de no poder prolongarse por mucho tiempo para no interrumpir demasiado el curso; algo parecido ocurría con el boicot a los exámenes, que significaban la pérdida de una convocatoria, con el consiguiente perjuicio para los estudiantes. Por su parte, las sentadas y los encierros tampoco eran muy efectivos, ya que si se prolongaban demasiado se facilitaban las detenciones.

Las jornadas de lucha eran el medio más drástico, y solían englobar todos los métodos anteriores, incluyendo los desalojos de las Facultades. Respondían a movilizaciones mantenidas durante largo tiempo, que culminaban así tras un proceso de organización a través de propaganda, asambleas, huelgas, etc.

Si bien el proceso 1.001 motivó una jornada de lucha (12 de diciembre de 1973), ésta no tuvo demasiado éxito por la fuerte movilización policial, que desanimó a los estudiantes, muchos de los cuales además ya habían comenzado las vacaciones. Habrá que esperar a la segunda mitad del curso 1973-74 para que las movilizaciones estudiantiles despeguen definitivamente. Esto vino motivado por diversos factores: las promesas aperturistas que se desvanecen con hechos como la ejecución del libertario Puig Antich y la ley de selectividad; y la organización a través de delegados ilegales, que coordinaron la lucha en torno a tres bases: Universidad democrática, libertades democráticas, y amnistía.

En esta etapa, la Facultad en la que más asambleas se celebraron fue la de Políticas. Unas de las más importantes fueron las convocadas por la Joven Guardia Roja en marzo en cada una de las Facultades para tratar el asunto de los delegados, que consiguieron reuniones de más de 500 estudiantes. El problema que más asambleas motivó fue el proceso a Puig Antich. Ese mismo proceso y los sucesos del Colegio Universitario San Blas provocaron desalojos, oleadas de huelgas y manifestaciones.

La siguiente etapa con la que nos encontramos supone la consolidación de la fuerza del movimiento estudiantil: se disparan en estos momentos las cantidades de propaganda emitidas, las manifestaciones y las huelgas, y el gobierno se vio desbordado por ellas, impotente a la hora de hacerles frente. La participación de los estudiantes alcanzó las cotas más altas, con acciones en las que se podían contar por miles. Esto se debió en gran medida al impulso que recibió de la Junta Democrática de Estudiantes. En esta fase el PC y la Joven Guardia Roja desbancaron al resto de los grupos políticos del protagonismo en las movilizaciones universitarias. También jugó un papel importante el endurecimiento de las medidas represivas por parte del gobierno, tanto frente a los estudiantes (juicios ejemplares, cierre de la Universidad de Valladolid) como a nivel estatal (estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, ejecuciones de 1975).

La Facultad de Filosofía y Letras destacaba en el número de carteles, panfletos y pintadas, ya que en ella encontramos una cuarta parte de la propaganda total. Las jornadas de lucha y las huelgas fueron los contenidos principales de esta propaganda: primero la exposición de las causas de la acción y la llamada a ella, y posteriormente un balance del hecho. También se dedicó mucha atención a las elecciones, los conflictos laborales, la solidaridad sindical, etc., y sobre todo a la represión del régimen.

En este momento es la propaganda de la Joven Guardia Roja la que destaca sobre las demás. Su interés principal se encontraba en dar impulso al sistema de delegados, y la llamada a las elecciones, además de exponer el programa de la Junta Democrática de Estudiantes. Esta postura en cambio fue rechazada por reformista y pactista en la propaganda de otros grupos, como FUDE y LCR, que llamaban a la acción clandestina.

La permisividad oficial acerca de las asambleas con motivo de las elecciones hizo que su número se disparase, y que los participantes superaran muy a menudo la cifra de trescientos. Esta permisividad llegó a su fin en el curso 75-76, cuando se dejó al albedrío de los rectores su autorización.

En la siguiente etapa, en la que nos encontramos ya con el primer gobierno de la monarquía, se da el apogeo y posterior decadencia del movimiento estudiantil. Entre la muerte de Franco y la formación de Coordinación Democrática, las acciones estudiantiles, conectadas con otros movimientos sociales como el movimiento obrero, y liderada por la JDE, se desarrollarán con una fuerza que hará de ellas punto de apoyo para las tácticas rupturistas para la quiebra del sistema.

El período más intenso fue el que transcurrió entre diciembre del 75 y marzo del 76, y se caracterizó por la oposición a la política reformista que perpetuaba a los controladores del poder.

A partir de diciembre de 1975 aparece una novedad en la propaganda, y es la venta de prensa ilegal, en quioscos a las puertas de las Facultades, de partidos de izquierdas: "Mundo obrero" y "Vanguardia" del PCE, "El Correo del Pueblo" y "Cuadernos de la Nueva Universidad" del Partido del Trabajo, "El Socialista" del PSOE, etc.

Los temas de contenido político, como la solidaridad con los presos políticos, la oposición a la monarquía, las campañas por la democracia y la solidaridad con el movimiento obrero eran los que acaparaban la mayor cantidad de propaganda, seguidos por el tema de la represión, las elecciones y otros asuntos académicos, la represión en el ejército, etc. De las organizaciones políticas, las que más propaganda emitieron fueron la JGR y el PCE, pero sobre todo la primera; su objetivo principal era la propagación de la Acción Democrática Nacional como táctica para la caída del régimen y la ruptura democrática.

Resumiendo lo visto hasta aquí, podemos establecer las siguientes pautas: