La Corona constituyó en los siglos XVII y XVIII el eje vertebrador de la economía madrileña. En el flujo de ingresos y gastos de la Monarquía Madrid resultó beneficiaria neta del saldo financiero. Durante el Antiguo Régimen los ciclos de auge y estancamiento de la capital estuvieron ligados a los avatares de los recursos disponibles por la Corona. El declive de la segunda mitad del siglo XVII y el apogeo del siglo XVIII estuvieron articulados por la economía de la Corte, en función de la evolución de las magnitudes de los ingresos de la Corona y de la nobleza cortesana y no por la dinámica interna de la economía de la ciudad. La transcendencia económica de la capitalidad se expresó en un doble plano: por la expansión del sector servicios vinculado a las necesidades políticas, burocráticas y económicas de la Corte, a través de los recursos fiscales proporcionados por el complejo sistema tributario del Antiguo Régimen, y por el enorme caudal de rentas canalizado hacia la capital por la elite de la Monarquía, la nobleza cortesana.

La evolución de la coyuntura económica del Madrid del Antiguo Régimen estuvo determinada por los flujos y reflujos que experimentaron los fondos presupuestarios de la Monarquía y las rentas patrimoniales de los grupos subsidiarios de la capitalidad. Un dato permite aproximarnos al significado económico de la Corte en Madrid. En la segunda mitad del siglo XVIII de los seiscientos millones de reales anuales que componían el presupuesto real cien millones eran consumidos en el mantenimiento de la Casa Real, alimentando la economía de la capital. En 1750 alrededor de cinco mil familias residentes en Madrid estaban al servicio de la Monarquía, cerca del diez por ciento de la población madrileña, con los consecuentes efectos multiplicadores sobre la economía de la capital. Consejeros, fiscales, receptores, escribanos, notarios, alguaciles, oficiales, tapiceros, porteros, mozos… constituían y alimentaban a la vez el sector servicios de Madrid. Este enorme caudal de rentas procedente de los territorios del inmenso imperio hispánico quedaba complementado por el importante trasvase de rentas nobiliarias.

La aristocracia, vinculada a la Corte y los Consejos, además de ser beneficiaria de las rentas de la Corona, era canalizadora de importantes recursos hacia la capital, procedentes de sus amplias extensiones territoriales. La nobleza terrateniente reproducía el esquema del gasto de la Corona. El mantenimiento de sus palacios y sus amplias servidumbres y la defensa del estatus social, mediante el gasto suntuario asociado al estilo de vida nobiliario, representaba un considerable trasvase de rentas desde sus posesiones territoriales. Una parte sustancial de la renta nobiliaria obtenida de la compleja causística del sistema de ingresos del Antiguo Régimen se dirigió hacia Madrid. Cálculos estimativos realizados sobre la magnitud y la distribución de la renta nobiliaria indican que el volumen de recursos consumidos por la aristocracia en la Corte era similar al realizado por la Corona, alrededor de los cien millones de reales. Por otra parte, no debemos olvidar el papel del clero, en su doble vertiente como consumidor de recursos pero también como proveedor de servicios, desde su dimensión espiritual hasta su componente simbólica pasando por la importancia del carácter burocrático de la estructura jerárquica de la Iglesia católica. En Madrid a mediados del siglo XVIII residían alrededor de cuatro mil miembros del clero, que mantenían iglesias, conventos, hospitales y otra multiplicidad de instituciones religiosas con los recursos procedentes de sus vastas posesiones territoriales.

Estos tres agentes, Corona, aristocracia y clero constituían el elemento capital de la economía y la sociedad del Madrid del Antiguo Régimen. Cimientos y estructuras del crecientemente complejo edificio de un sector servicios de carácter público avant la lettre conforme fue avanzando el siglo XVIII, con las transformaciones que la nueva dinastía de los Borbones introdujeron en el aparato y el funcionamiento burocrático de la Monarquía, en correspondencia con los derroteros de las Monarquías absolutistas que se desarrollaron a lo largo y ancho del continente europeo y los nuevos planteamientos vinculados al despotismo ilustrado. La capital imperial se configuró en la sociedad del Antiguo Régimen como el principal centro proveedor de servicios de la Monarquía hispánica. Un rasgo que se prolongaría y proyectaría en la contemporaneidad. Un sector de servicios políticos, burocráticos y simbólicos que perfeccionó sus funciones e incrementó sus dimensiones a lo largo del siglo XVIII de la mano del despotismo ilustrado borbónico.

El influjo de la Corte se dejó sentir también en el desarrollo de un potente sector servicios en la capital destinado a proveer las necesidades de la amplia población dependiente de la Corona, la aristocracia y el alto clero. Un sector servicios que iba más allá del abastecimiento de la población para deslizarse por la senda del aprovisionamiento vinculado al consumo suntuario. En los escalones intermedios de la pirámide social se consolidó en la segunda mitad del siglo XVIII una reducida nómina de comerciantes de alcance nacional. Una elite mercantil continuamente alimentada desde las provincias, que encontró su máximo exponente en la sociedad de los Cinco Gremios Mayores. Primera compañía de alcance peninsular por la dimensión de los recursos manejados, expresión y preludio de la importancia de Madrid como núcleo productor de servicios económicos. Elite comercial cuya reproducción estaba apuntalada en el abastecimiento de la capital, en su actividad como intermediaria o partícipe activa en la comercialización del importante mercado lanero, en el intercambio con América y en las prácticas prefinancieras centradas en la financiación de los recurrentes y crecientes déficits de la Monarquía y de la nobleza titulada.

Los Cinco Gremios surgieron en el siglo XVII cuando se asociaron en una misma sociedad los más importantes gremios comerciales de la capital -Paños, Sedería, Droguería, Lencería y Joyería-, rápidamente controlaron la economía de la capital. Sus crecientes recursos financieros convirtieron a los Cinco Gremios en una de las principales fuentes prestatarias de la Corona y acapararon el arrendamiento de los tributos de la ciudad. En el siglo XVIII organizaron compañías por acciones de comercio de valores y desempeñaron un papel protagonista en la financiación del tráfico de vino, aceite, carbón y todo tipo de productos con destino a la Corte y la capital. Sus integrantes procedían mayoritariamente de la fachada cantábrica. Fueron los hidalgos aburguesados vascos, santanderinos o asturianos que llegaban a Madrid en busca de fortuna o como copropietarios o apoderados de las casas de comercio instaladas en los puertos del Cantábrico, que aseguraban la relación con el mercado interior y su proyección hacia el exterior. De sus filas emergieron algunos de los más caracterizados hombres de negocios que apoyaron resueltamente la revolución liberal del siglo XIX. Elite comercial que se insertó en la vida de la ciudad, pero que alimentó sus patrimonios de las interacciones entre esa doble realidad a la que antes aludíamos, de la dualidad caracteristica de Madrid como Corte y ciudad. En ambas dimensiones actuaron y sobre ambas edificaron sus crecientes fortunas. A finales del siglo XVIII la prominente posición financiera y comercial de los Cinco Gremios les llevó a participar de forma activa en la fundación del Banco de San Carlos, primer antecedente del Banco de España. Al finalizar el Antiguo Régimen la Sociedad de los Cinco Gremios disponía de un fondo de capital para inversiones equivalente a la mitad del presupuesto anual de la Corona.

La Compañía General y de Comercio de los Cinco Gremios de Madrid se transformó en la primera institución financiera que operaba en el territorio peninsular. Su solidez patrimonial atrajó los depósitos de la elite política y económica de la Corte y la ciudad, ejerciendo labores propias de una institución bancaria. Su crédito respaldó la emisión de los vales reales, la nueva moneda de papel que circuló durante el último tercio del siglo XVIII. En 1825 en los prolegómenos de su definitivo declive el monto total de los depósitos consignados se elevaba a la considerable suma de 330 millones de reales. Los Cinco Gremios nacidos al calor del dinamismo económico asociado al establecimiento de la Corte, convirtieron a la Compañía madrileña en el antecedente más relevante de la nueva banca moderna. La fundación en 1782 del Banco de San Carlos con un capital de 300 millones de reales, la fracasada Compañía de Filipinas y los propios Cinco Gremios sentaron las bases que en el siglo XIX convirtieron a Madrid en el centro de las finanzas españolas. Al finalizar el siglo XVIII Madrid ya era la principal plaza financiera de la Monarquía, aunque su estructura estaba aquejada de una marcada fragilidad, las dificultades financieras de la Hacienda Real arrastraron a la quiebra al Banco de San Carlos y a la antaño todopoderosa Compañía de los Cinco Gremios. Los cambistas y corredores de letras afincados en Madrid actuaban como prestamistas, avalaban y giraban efectos a corto plazo, comerciaban con moneda, actuaban como banqueros y comerciantes al por mayor, al abrigo del inagotable afán de consumo de la Corte, origen de sus fortunas pero también de sus ruinas.

La revolución liberal significó una radical transformación de las bases políticas, económicas y sociales de funcionamiento de la sociedad del siglo XIX. El tránsito del Antiguo Régimen a la sociedad liberal se realizó en un dilatado espacio de tiempo, en el que las convulsiones políticas, articuladas por la sucesión de pronunciamientos y durante el reinado de Isabel II por el acceso a la Cámara Real, han tendido a ocultar la línea de continuidad existente en las transformaciones de las estructuras políticas, económicas y sociales producidas desde la muerte de Fernando VII. Un cambio que podemos sintetizar en el paso de la Corte al régimen constitucional. Revolución jurídica que condujó, no sin vaivenes, altibajos, avances y retrocesos, a un trasvase de la soberanía desde el monarca hasta la ciudadanía, en una transición pactada en la que terminaron por encontrar un difícil acomodo pervivencias y cambios, que cristalizaron de forma estable, tras reformas y rupturas, revoluciones y contrarrevoluciones, en el sistema político de la Restauración, cuando el ordenamiento jurídico y la conformación de una nueva elite intregrada por la nobleza de cuna superviviente de la crisis patrimonial y los nuevos grupos sociales emergentes, políticos y económicos, ennoblecidos encontraron un modus vivendi aceptado y aceptable para la nueva clase dominante de la Restauración. En este contexto Madrid afirmó su posición central en el nuevo régimen liberal.

La capital liberal acentuó su importancia como centro proveedor de servicios políticos, económicos y culturales. En el plano político la transcendencia de la capital era evidente para los hombres del siglo XIX. Los pronunciamientos triunfaban o fracasaban en virtud de lo acontecido en la capital. Los cambios de gobierno se dirimían en las calles de Madrid, por las barricadas o por la adhesión de los regimientos al pronunciamiento, pero también, dada esa transición sin solución de continuidad desde la soberanía regia a la soberanía constitucional, por el acceso a la Cámara Real y el favor de la Reina. Madrid continuó siendo el centro del Poder, un Poder que fue deslizándose desde el poder real al poder político. Las transformaciones jurídicas, políticas y administrativas reafirmaron la posición de la capital como proveedora de servicios políticos y burocráticos.

La construcción del Estado liberal llevó aparejado la edificación de una Administración Pública crecientemente compleja, que creció cualitativa y cuantitativamente, al asumir nuevas funciones y prestar nuevos servicios en concordancia con las nuevas realidades y demandas de la sociedad contemporánea. La multiplicidad jurisdiccional del Antiguo Régimen se unificó en una nueva jurisdicción, la del Estado liberal. Nuevas instituciones surgieron mientras otras fueron reformadas en profundidad. En sentido estricto, nació una Administración Pública, con un ordenamiento jurídico unificado y común para todo el país y todos los ciudadanos. La lógica de la unificación del Poder se realizó mediante una marcada tendencia centralista que incrementó la función de la capital como proveedora de servicios públicos. Madrid se llenó de empleados públicos, desde los altos cargos de la Administración, de los ministerios a la Administración de Justicia pasando por los empleados de Correos y Telégrafos, que con la funcionarización terminaron con la inestabilidad de las cesantías vinculadas a los vaivenes de los cambios ministeriales.

Otro tanto sucedió en el orden cultural, Madrid reafirmó su papel central en la cultura española. La propia estructura de la Universidad española del siglo XIX hacía de Madrid el centro de la ciencia oficial, posición acrecentada por la localización en la capital de las diferentes Reales Academias y otros organismos oficiales. Pero también era el centro de las instituciones no oficiales, como el Ateneo o la Institución Libre de Enseñanza. En Madrid estaba la única universidad completa en la que se podía estudiar cualquier carrera y donde culminar el doctorado. A Madrid se iba a terminar los estudios, a preparar y firmar las oposiciones, a escribir en la prensa nacional o hacer carrera política. Todos desde sus provincias sintieron algún día la urgente llamada de Madrid. Clarín y Pardo Bazán, Núñez de Arce y Ortega y Munilla, Pérez Galdós, Unamuno, Ganivet, Valle-Inclán, Azorín, Baroja, Fernando de los Ríos, Ramón y Cajal… en algún momento de su trayectoria intelectual recalaron en Madrid. La importancia de la capital en el panorama cultural de la época queda reforzado por el hecho de que el 70 por ciento de la producción intelectual del país se realizaba en Madrid. En 1894 el 31,94 por ciento de las imprentas se localizaban en esta ciudad, superando ampliamente a Barcelona, el otro gran centro cultural de finales del siglo XIX.

La transición del Antiguo Régimen a la sociedad liberal llevó aparejado un proceso de institucionalización de la vida política que se saldó con la progresiva transferencia de las funciones anteriormente desempeñadas por la Corte y los Consejos hacia la naciente Administración Pública liberal. El tránsito se prolongó en el tiempo, pero en cualquier caso resultó una tendencia irrevocable, que significó la reducción de la envergadura de los recursos movilizados por la Casa Real, al pasar a la esfera de la nueva Administración liberal importantes funciones que antes desempeñaba la Corte. Este trasvase de funciones y competencias cambió la naturaleza de los servicos públicos y del peso de la Casa Real en la economía de la ciudad, pero no disminuyó la importancia, antes al contrario, del sector servicios, ahora en su más estricta dimensión pública, en la economía de la capital.

Un recorrido similar aconteció con la aristocracia. Su desaparición como estamento privilegiado con las reformas de la era mendizabalina, que sentaron las bases del Estado y la sociedad liberal en el decenio de los años treinta del siglo XIX, no significó la desaparición de la nobleza de cuna del escenario económico, social y político del país y, consecuentemente, menos de la capital su lugar de residencia por excelencia. La nobleza de cuna encontró en el nuevo régimen liberal los instrumentos adecuados para solventar la aguda crisis patrimonial que arrastraba desde tiempo atrás. La vieja nobleza de cuna se transformó, salvo en algunos sonoros casos de derrumbe patrimonial como el de la Casa de Osuna, en una excelente gestora de rentas agrarias. La quiebra del Antiguo Régimen supuso para la nobleza madrileña una crisis patrimonial que se arrastró hasta el decenio de los setenta del siglo XIX. La inmensa mayoría de los nobles consiguieron sanear sus patrimonios y lograron reconstruir un sólido nuevo equilibrio económico sin abandonar sus componentes agrarios. Transformados en empresarios de rentas agrícolas participaron en las nuevas oportunidades inversoras que la nueva sociedad trajo de la mano, incorporando a sus carteras de negocio las inversiones en ferrocarril, los títulos de Deuda Pública, las participaciones en el emergente sector financiero y bancario o en la contrucción.

A la altura de 1830 resultaba palpable que la solución de los problemas patrimoniales para la nobleza terrateniente residía en un cambio global de las relaciones económicas, sociales y políticas. La nobleza de cuna se alistó mayoritariamente en el bando isabelino, llevada de un liberalismo posibilista que se alejaba de su mayor identificación social e ideológica con los postulados del carlismo. La nobleza madrileña se hizó liberal con limitaciones, adscribiéndose al partido del moderantismo. El fin de los mayorazgos y la conversión de sus propiedades y de los discutibles derechos jurisdiccionales en propiedad plena según los criterios de la nueva economía de mercado posibilitó la movilidad y reordenación de sus inmensos patrimonios. La política de saneamiento patrimonial permitió a la nobleza de cuna emerger en el decenio de los setenta como uno de los grupos de mayor pujanza económica de la España de la Restauración, aunque no desde posiciones dominantes. Este proceso de saneamiento benefició a otros sectores de las elites económicas madrileñas, sobre todo a aquellos que habían sido antes sus prestamistas convertidos ahora en compradores de sus fincas. Se produjó un intenso trasvase de propiedad desde la nobleza de cuna hacia la emergente burguesía de los negocios madrileña, que superó los 600 millones de reales.

Surgió así, complementado por el proceso desamortizador, una burguesía madrileña terrateniente, ennoblecida y articulada social y políticamente con la vieja nobleza de cuna, dos grupos sociales que fueron pilares básicos en la cristalización de la clase dirigente de la Restauración. Este proceso de saneamiento patrimonial de la nobleza de cuna redujó considerablemente su peso sobre la economía de la ciudad. La reducción de las cohortes de sirvientes, la gestión empresarial de las rentas agrícolas, las nuevas estrategias inversoras, el abandono de los grandes palacios nobiliarios del siglo XVIII… redujeron el papel de la aristocracia como proveedora y demandante de servicios. Su tren de vida no disminuyó, simplemente se ajustó a los nuevos parámetros de la sociedad del siglo XIX. Conservó sus estatus social y su poder y prestigio simbólico, pero redujó su peso o cambio el sentido de su participación en la economía de la ciudad.

La burguesía de los negocios madrileña hundía sus raíces en la segunda mitad del siglo XVIII, representada en el protagonismo económico de la compañía de los Cinco Gremios, pero se consolidó como grupo social y económico con la revolución liberal. Cuatro fueron los grandes factores que contribuyeron decisivamente a ello. Los negocios derivados de la gestación del Estado liberal, desde las contratas de suministro para el abastecimiento del ejército isabelino hasta las inversiones en las nuevos sectores amparados y respaldados por el Estado liberal, como el ferrocarril, pasando por la compra de títulos de Deuda Pública. El trasvase de propiedades de la nobleza de cuna. La compra de propiedades desamortizadas, urbanas y rústicas. Y, finalmente, los capitales generados en el negocio azucarero y la trata de esclavos en la Isla de Cuba. En una secuencia temporal que se inició en 1833 y culminó en 1898.

Las listas de contribuyentes y del subsidio industrial de 1856 representan una buena radiografía de la burguesía de los negocios madrileña, constituida por aquellos individuos que pagaban una contribución superior a los 1.000 reales anuales. En este grupo se encontraban 2.215 rentistas, tanto de bienes urbanos como rústicos, 1.002 almacenistas, donde se englobaba el comercio de lujo; 211 comisionistas, desde agentes de bolsa, prestamistas y banqueros; 175 pertenecientes a las profesiones liberales, médicos, abogados… y, finalmente, un número más reducido de miembros de la balbuceante burguesía industrial. Los datos hablan por sí mismos del protagonismo que el sector servicios tenía en la capital liberal. Madrid era una ciudad con un hipertrofiado sector servicios y un irrelevante sector industrial. En el siglo XIX Madrid como centro principal en la provisión de servicios del país era una realidad innegable. Una tendencia que procedía del Antiguo Régimen pero que en el siglo XIX se afirmó de la mano de las tendencias centralistas derivadas de la construcción del Estado liberal.

La capital liberal era el centro de los servicios políticos y públicos del país. También lo fue de los servicios financieros y bancarios. El mercado de la Deuda Pública, fuente inagotable de beneficios por los recurrentes y crónicos Déficits de la Hacienda Pública, y el descollante mercado bursátil encontraron en Madrid su espacio de realización por excelencia. La fundación de la Bolsa en 1831 otorgó nuevas oportunidades de inversión y ofreció nuevos canales de enriquecimiento y realización de jugosas plusvalías. Los ferrocarriles se convirtieron en negocio seguro cuando se aprobó el proyecto de una red nacional ferroviaria en 1855 con el respaldo del Estado, mediante la emisión de títulos de Deuda Pública destinados a subvencionar los costes de construcción por kilómetro de los caminos de hierro. Fueron años de auge de las compañías de seguros, como La Tutelar, el Montepío Universal o La Peninsular. Años dorados de la especulación, en la que se fundamentaron grandes fortunas de la cada vez más potente burguesía de los negocios madrileña. Figuras emblemáticas como el marqués de Salamanca o el marqués de Manzanedo brillaron con todo su esplendor en esta época. Una burguesía triunfante que vió reconocido su ascenso social tras su triunfo económico con la concesión del título de nobleza. La transferencia de capitales antillanos desde el decenio de los años cuarenta no hizó sino reafirmar la posición preeminente de este dinámico y especulativo grupo social. En la Restauración su posición económica y social quedó consolidada. Algunos de estos prohombres como el marqués de Manzanedo contribuyeron decisivamente, mediante la financiación de la operación, al retorno de la dinastía borbónica en la figura de Alfonso XII.

La confluencia de intereses entre la nobleza de cuna y la burguesía ennoblecida cristalizó en la Restauración con las políticas de entronque matrimonial y la participación en los Consejos de Administración de múltiples empresas, en las que los burgueses millonarios aportaban los capitales y la nobleza su apellido y relaciones sociales. El duque de Rivas presidió el Montepío Universal, el marqués de Santa Cruz la compañía de seguros La Tutelar, el marqués de Castellano el Banco de Economías, el duque de Veragua la Compañía General de Coches de Madrid, el duque de Abrantes la Compañía General de Crédito de España. Formaron una tupida red de intereses oligárquicos que soldó la solidaridad de la clase dirigente de la Restauración. Alejandro Mon fue presidente de la Sociedad Española Mercantil e Industrial y de la compañía de ferrocarriles MZA, en cuyos consejos también estaba presente Antolín de Udaeta. Una elite oligárquica con importantes conexiones con el capitalismo europeo, copartícipe en los negocios del ferrocarril y del sistema financiero en formación. El barón Rothschild y sus representantes en España, Daniel Weisweiller e Ignacio Bauer, ostentó una posición preeminente en la MZA y en la Compañía General de Crédito de España; los hermanos Pereire en el Crédito Mobiliario Español.

Clase dirigente de la Restauración que se movía en la doble dimensión de esa dualidad característica de Madrid, como capital y ciudad. En el control de ambas economías fundamentaron su reproducción patrimonial y consolidaron sus fortunas. En la economía de la capital protagonizaron las grandes operaciones del mercado nacional en construcción, desde la compra de bienes desamortizados a la construcción de los ferrocarriles pasando por la especulación bursátil o la creación del sistema financiero. En la economía de la ciudad lideraron las grandes operaciones inmobiliarias, con los casos paragigmáticos del marqués de Salamanca en el Ensanche de Madrid, puesto en marcha en 1860 con la aprobación del Plan Castro, y el marqués de Manzanedo en la reforma de la zona de la Puerta del Sol. El marcado carácter especulativo de esas operaciones llevó a la quiebra al marqués de Salamanca, de la que resultó principal beneficiario José de Urquijo, posteriomente marqués de Urquijo.

Otro sector de la burguesía comercial madrileña, con fortunas sensiblemente inferiores a las de la burguesía de los negocios, floreció al amparo de la economía de la ciudad. Fueron aquellos comerciantes cuyo radio de acción se situó en el comercio, la manufactura de bienes de consumo, el abastecimiento de la ciudad o la participación subsidiaria en las operaciones inmobiliarias vinculadas al proceso desamortizador y al Ensanche de la ciudad. La dimensión de sus patrimonios les alejaba del protagonismo en la economía de la capital, aunque en sus carteras de valores estuvieran presentes los títulos de la Deuda Pública, de la emergente banca o del ferrocarril como pequeños y medianos accionistas. En este grupo también se situaba la elite de las profesiones liberales proveedora de servicios, abogados, médicos, altos cargos de la Administración…

Los datos de la contribución industrial y de comercio de 1870 nos indican las características de este grupo social. La cúspide de este grupo estaba formada por una reducida nómina de comerciantes, almacenistas, corredores, agentes de negocio, prestamistas y comisionistas de casas extranjeras o de provincias, eran el nexo de unión por excelencia entre la economía de la capital y la de la ciudad, servían de gozne entre el mercado nacional y mundial y el mercado local, importadores de productos agrícolas, industriales o de lujo, actuaban de intermediarios entre el textil catalán y la ferretería vasca en las contratas con el Estado y en la comercialización y expansión de sus productos en la Meseta Sur y Andalucía. En una posición intermedia se situaba el 30 por ciento de los contribuyentes, eran los comerciantes al por mayor o al por menor de las calles más selectas, con unos patrimonios que oscilaban entre los 200.000 y el millón de reales, sus comercios se situaban en las mejores calles de la ciudad, con una fuerte concentración en el distrito Centro, integrados en la economía de la ciudad su clientela reposaba en el consumo de la elite social y económica integrada en la economía de la capital. En la base se encontraba el comercio de estructura familiar, el 55 por ciento de los 6.519 contribuyentes de la época, con un patrimonio que no solía sobrepasar los 100.000 reales, constituido por la venta al por menor de los artículos de comer, beber, arder y vestir, estaba plenamente integrado y dependía de la economía de la ciudad.

Sus intereses encontraron respaldo y cobertura en el asociacionismo mercantil que proliferó en la segunda mitad del siglo XIX. Tres fueron las instituciones que destacaron. La Sociedad Mercantil Matritense, fundada en 1844, defensora de los postulados librecambistas en su pugna contra los derechos de puertas y consumos, sus protestas respecto de las cargas arancelarias que pesaban sobre los productos que entraban en la ciudad dan cuenta de su imbricación en la economía de la ciudad. El Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, creado en 1856, trató de constituirse en grupo de presión de los intereses de los comerciantes e industriales madrileños, llegó a presentar candidaturas en las elecciones municipales, que en 1887 obtuvieron un relativo éxito al lograr 6 concejales de los 34 que tenía el Ayuntamiento de Madrid, demostración de la notable capacidad de audiencia lograda entre los sectores mercantiles de la ciudad. Librecambio, cuestión fiscal y déficits presupuestarios del Ayuntamiento fueron los ejes vertebradores de sus reivindicaciones. A impulsos del Círculo nació en 1887 la tercera gran institución de los sectores mercantiles madrileños, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Madrid. La división entre proteccionistas y librecambistas retrasó su implantación y arraigo en los sectores mercantiles de la ciudad. En 1901 las Cámaras se convirtieron en instituciones de derecho público iniciando un proceso que les llevaría a su progresiva institucionalización.

Estos antecedentes prefiguraron la transición de la capital liberal a la capital del capital español que sentó las bases de un moderno sistema financiero con epicentro en Madrid en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Fue el momento de constitución de una auténtica banca nacional, intermediaria financiera principal del sistema económico español. Dos fechas marcaron este proceso, 1898 con la pérdida de las últimas colonias y la consecuente repatriación de los capitales de ultramar, y 1914 con la acumulación de capitales propiciada por las favorables circunstancias económicas abiertas por estallido de la primera guerra mundial. La Ley de Ordenación Bancaria de 1921 favoreció la consolidación del sistema financiero español al dificultar las actividades de la banca extranjera. Madrid fue la ciudad que más se benefició de la nacionalización bancaria. En 1922 existían en la capital 17 bancos, once de ellos constituidos después de 1915, entre los que se encontraban los mayores del país, aparte del Banco de España, destacaban el Hispano Americano, el Central, el Banesto, el Urquijo y el Hipotecario. En Madrid se concentraba en 1992 alrededor del 40 por ciento de los recursos de la banca nacional, 315,7 millones de pesetas sobre un capital desembolsado total de 771,8 millones. Igualmente, del 40 al 50 por ciento de las sociedades anónimas constituidas entre 1900 y 1930 tenían su sede en Madrid. Sistema financiero que trascendía los límites de la capital para extenderse a lo largo y ancho de España, a través de un sistema de sucursales que aseguran la vinculación entre la capital de los servicios y los principales centros económicos del país.

Hablar de Madrid como capital del capital español no es, pues, una mera figura retórica a la altura del primer tercio del siglo XX. Economía de la capital que se diferencia de la economía de la ciudad por los objetivos que persigue, por los comportamientos económicos de nuevo cuño que imprime, y por los gestores y partícipes que la posibilitan y conducen. La elite del Madrid de la Restauración es un producto social articulado en esta economía de la capital, que sólo está presente en la economía de la ciudad por la demanda que genera su consumo, bien de artículos corrientes o de lujo, y por la actividad inmobiliaria que desarrolla en Madrid. Esta elite residía en Madrid por ser la capital del capital español, pero también porque el fenómeno de la capitalidad generaba un conjunto de expectativas y oportunidades para el ascenso social y económico.

Esa dualidad capital-ciudad a la que nos referimos permite comprender la forma de inserción de Madrid en España. La capital tendió a concentrar a lo largo del siglo XIX un porcentaje creciente del ingreso nacional, encauzado por la elite económica de la economía de la capital, un flujo de recursos que no quedó esterilizado en la Villa y Corte. La falta de acoplamiento entre la economía de la capital y la economía de la ciudad trajo consigo una notable orfandad inversora en este último espacio económico. Madrid centralizó recursos de todo el país pero no los absorbió en su propio desarrollo. Manifestación del coste de la capitalidad para la ciudad. En este sentido, el intercambio desigual que la capital imperial realizó con determinadas zonas de la península, particularmente la Meseta sur y Andalucía no se proyectó en la capital liberal. El raquitismo y la quietud de la economía de la ciudad se expresaba en su carácter, más industrioso que industrial, en la pervivencia de marcados ribetes pre y protoindustriales en la estructura económica y social del Madrid del cambio de siglo. La ciudad de los oficios frente a la industrial Barcelona dan cuenta del desajuste provocado por la dualidad capital-ciudad.

En 1885 funcionaban en Madrid solamente 106 máquinas movidas por el vapor y el gas, sin contar la maquinaria de los talleres del ferrocarril del Mediodía. Al finalizar el siglo la producción industrial seguía inmersa en las estructuras artesanales. Era el mundo de los oficios el que dominaba el paisaje laboral madrileño. En 1884 existían 9.193 maestros y 22.556 oficiales, 2,45 oficiales por maestro, expresión del minifundismo artesanal que impregnaba el panorama productivo madrileño. En la segunda mitad del siglo XIX sólo dos industriales madrileños alcanzaron patrimonios equiparales a la burguesía de los negocios, el fabricante de chocolates Matías López, ennoblecido con el título de Casa-López, y Abelardo López Almansa, propietario de una gran imprenta en el paseo de San Vicente, ambos con una fortuna superior a los veinte millones de reales. Insuficiente tejido industrial para una ciudad que en las proximidades del decenio de los ochenta del siglo XIX superaba los 400.000 habitantes.

Fue en la transición del siglo XIX al XX cuando comenzó a apuntar el primer despegue industrializador de Madrid, de la mano de las primeras y frágiles experiencias de la industria eléctrica madrileña. Primer despegue industrializador que afirmó sus pasos en el primer tercio del siglo XX. Fue en este momento cuando la economía de la ciudad adquirió un progresivo dinamismo que fue dejando atrás la quietud de la anterior centuria, fruto de un mejor acoplamiento con la economía de la capital.

Madrid al inaugurarse el siglo XX había confirmado su carácter de ciudad de servicios. Pero detrás de esta definición se escondía la dualidad capital-ciudad. Capital del capital español, de la banca, las finanzas y el mercado bursátil, centro de los servicios políticos y culturales, posición acentuada con la creación en 1910 de la Junta para la Ampliación de Estudios espacio por excelencia de la llamada edad de Plata de la cultura española. Capital que en el primer tercio del siglo XX se introdujó por la senda de la modernización que le fue otorgando un creciente aire cosmopolita, con la construcción de los emblemáticos edificios del sistema bancario y financiero, con la reforma urbana que dio lugar a la apertura de la Gran Vía y la instalación en ella de las primeras grandes salas cinematográficas, con el desarrollo del alumbrado eléctrico, la construcción del Metropolitano o la expansión de los tranvias, el desarrollo de la telefonía consolidada a partir de 1924 con la creación de la Compañía Telefónica Nacional de España -CTNE- y su sede neoyorquina de la Gran Vía. Un sector servicios cada vez más complejo y moderno, que en su estructura comercial asistió a la proliferación de grandes comercios con sus vistosos e iluminados escaparates en las principales arterias centrales de la ciudad, con sus bulliciosos cafés, teatros y salas de cuplé. En 1911 se inauguraron las Pescaderías Coruñesas, en 1915 abrió sus puertas Rubio y Cuenllas, gérmen de la cadena Mantequerías Leonesas y de los Almacenes Rodríguez, en 1923 los grandes almacenes irrumpieron en la capital con el Madrid-París, que en 1934 fue sustituido por el SEPU -Sociedad Española de Precios Únicos- en la Gran Vía madrileña.

Pero también una ciudad que reflejaba el dulce tránsito desde esta quietud paralizante reflejado en el acendrado minifundismo comercial. Reflejo de las persistencias y suaves tranformaciones que iban alterando de forma imperceptible pero continuada la quietud de la economía de la ciudad. A la altura de 1900 el grueso del sector terciario madrileño estaba compuesto todavía por el servicio doméstico, el comercio minifundista, integrado por las minúsculas tiendas del comer, beber, arder y vestir, los empleados públicos y toda una serie de oficios de carácter tradicional como el zapatero remendón, el afilador, el chamarilero, el chatarrero, el ebanista-carpintero… A principos del siglo XX más del 60 por ciento de los establecimientos comerciales madrileños eran pequeñas tiendas dedicadas a la comercialización de artículos de subsistencia.

En los inicios de la II República, sobre una población asalariada de 350.000 personas, algo más de 80.000 pertenecían al sector de la construcción, 66.000 formaban parte del mercado laboral industrial propiamente considerado, el sector del transporte empleaba a 30.000 y 98.000 pertenecían al sector servicios, sin incluir al servicio doméstico. De esas 98.000 personas asalariadas, 42.000 eran empleados de comercio, 25.000 lo estaban en el sector financiero y 11.000 en la Administración. Así pues, Madrid era en los años treinta, sin lugar a dudas, una ciudad de servicios. Pero la estructura y la composición del sector servicios madrileño nos informa de la persistencia todavía durante la II República, aunque en rápido proceso de transformación, de la dualidad capital-ciudad, manifestada en la convivencia de un sector servicios moderno acoplado a la economía de la capital, vinculado sobre todo al sector financiero y a las nuevas formas comerciales del gran bazar y el comercio de escaparate o a los nuevos servicios nacidos con las innovaciones tecnológicas como la electricidad y la telefonía, y el peso cuantitativo del minifundismo comercial y artesanal asociado a la economía de la ciudad.

El carácter marcadamente centralista de la dictadura llevó hasta sus límites el papel de Madrid como centro de la toma de decisiones políticas y económicas. Sin embargo, las dificultades del período autárquico no favorecieron el desarrollo y modernización del sector servicios madrileño. Un buen ejemplo de ello fue lo sucedido en el sector bancario, de las 59 oficinas bancarias de 1934 se pasó a 125 en 1950 y 236 en 1960, un moderado crecimiento que elevó en 25 largos años la ratio de 0,6 oficinas por cada 10.000 habitantes de 1934 a sólo 1,1 de 1960.

En esta época el centro financiero apenas modificó los límites del primer tercio del siglo XX, configurado por el triángulo Puerta del Sol-Cibeles-Neptuno, con la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo como principales ejes vertebradores del sistema financiero, con su proyección hacia la Gran Vía. Trama urbana que hasta los años sesenta constituyó el centro neurálgico de la capital. Sede de la banca y las finanzas, de los principales organismos de la Administración, y espacio por excelencia del comercio de lujo, los primeros grandes almacenes y de los servicios complementarios -hoteles, restaurantes, salas de cine, teatros…-. Sólo en los años finales del período autárquico, ante la densidad de ocupación y el encarecimiento del suelo, la expansión del sector servicios comenzó a ser relevante hacia las áreas de Chamberí y el barrio de Salamanca.

Las dificultades de la época se manifestaron en el desigual crecimiento de la población y de las ventas. Entre 1940 y 1962 las ventas anuales del sector comercial madrileño crecieron un 94 por ciento frente a un aumento de la población del 114 por ciento. Los datos hablan por sí mismos de la penuria y la escasez. A pesar de lo cual Madrid era en 1960 el principal centro del mercado español, con una cuota del 14 por ciento del total de las ventas nacionales en su área comercial -el 13,6 por ciento correspondía a la propia ciudad-, con 32.386 comercios minoristas y 6.224 mayoristas, concentrados fundamentalmente en los distritos centrales de la capital -Centro, Buenavista, Retiro-Mediodía, Chamberí, Universidad y Latina- con más de 20.000 establecimientos.

La ampliación urbana registrada por Madrid a partir del decenio de los años cincuenta, a impulsos del crecimiento demográfico, de los planteamientos del Plan Bigador y de la gigantesca elevación de los precios del suelo, fruto de la especulación desatada, a pesar de la Ley del suelo de 1956, dejó en manos de la iniciativa privada el desarrollo urbano de Madrid, cuya actividad urbanística y constructora estuvo guiada exclusivamente por motivos lucrativos. Se consolidaron así varios Madrid con una divisoria NO-SE que se proyectó hacia su espacio metropolitano.

El Plan General de Ordenación del Área Metropolitana redactado en 1961 y aprobado en 1963 marcó el nacimiento de una región metropolitana articulada por la capital. El 28 de septiembre de 1964 se creó el Área Metropolitana de Madrid, en la que fueron incorporados 23 municipios, que estableció dos grandes áreas de expansión: una de descentralización industrial situada en el Sur y Este y otra residencial y de esparcimiento localizada en el Noroeste, consagrando una segregación territorial NO-SE que hundía sus raíces en la segunda mitad del siglo XIX con la aprobación en 1860 del Ensanche de Madrid. La aprobación del Plan General de 1963 marcó un hito en la historia de Madrid. Las transformaciones ocurridas entre esa fecha y 1983, año en el que nació la Comunidad Autónoma de Madrid, con la aprobación de su Estatuto de Autonomía, supusieron una radical alteración del territorio madrileño sólo comparable a los efectos del establecimiento de la capitalidad en 1561 por Felipe II. En esos veinte años Madrid se configuró como una región metropolitana articulada en torno a la capital.

En los años del desarrollismo hasta el fin de la dictadura en 1975, coincidente con la larga crisis de los setenta, Madrid incrementó su papel de centro político-económico, merced a la acentuación hasta límites exorbitados del centralismo, santo y seña de la dictadura franquista. En los años sesenta aumentó sustancialmente la actividad del sector servicios, afirmando su posición de centro productor y exportador de servicios, concentrando las funciones administrativas, financieras, de control de la información y de toma de decisiones de la mano del centralismo, el crecimiento económico y el nacimiento de una incipiente sociedad de consumo. El colosal crecimiento registrado por Madrid convirtió a su área metropolitana en uno de los ejes más dinámicos de la economía española, con un acelerado proceso industrializador que la transformó en una de las principales zonas industriales del país, con un marcado protagonismo de la industria más innovadora del momento, descollando los sectores químico-farmaceútico y electrónico, merced a su capacidad de atracción de las inversiones extranjeras -Madrid concentró el 25 por ciento de la inversión extranjera total-.

A pesar del espectacular crecimiento de la industria el sector servicios mantuvo su protagonismo en la economía madrileña. En 1960 el 66,5 por ciento del PIB provincial correspondía al sector servicios, en 1975 su aportación era del 66,6 por ciento. En el mantenimiento del peso económico del sector servicios desempeñó un papel de primer orden el nacimiento y primera consolidación de la sociedad de consumo. Generadora de nuevas demandas y proveedora de nuevos servicios, revolucionó comportamientos, hábitos, costumbres y mentalidades. Los crecientes niveles de ingresos de la población madrileña asociados al crecimiento económico permitieron su acceso al mercado de bienes de consumo. Fue la revolución del seiscientos y de la televisión. De los 67.414 turismos de 1960 se pasó a los 885.794 de 1975 -un crecimiento del 1.300 por ciento-. De la llegada de los electrodomésticos al hogar, de la televisión al frigorifico y la lavadora. Del despegue y creciente protagonismo de los grandes almacenes liderado por Galerias Preciados -que abrió su primer establecimiento en 1943- y El Corte Inglés -que inauguró su primera tienda en 1940-. De la primera expansión del crédito al consumo. Del primer desarrollo de la publicidad y las técnicas de marketing. De las vacaciones en la playa. En fin, del nacimiento de una sociedad de clases medias fascinada por el universo consumista que se asomaba en las pantallas en blanco y negro de la televisión. Sociedad de las clases medias y del consumo que impulsó el proceso de terciarización de la economía.

La crisis económica internacional de los años setenta tuvo una particular incidencia sobre la economía española. Su coincidencia temporal con la agonía de la dictadura franquista y las incertidumbres políticas de la transición retrasaron la adopción de las políticas de ajuste requeridas. La inviabilidad de la reproducción del capitalismo corporativo de la dictadura en las nuevas condiciones de la economía mundial agravaron los graves problemas que aquejaban a la economía española. La larga crisis de los setenta tuvo una fuerte incidencia en la región metropolitana madrileña. Entre 1975 y 1984 se destruyeron 200.000 empleos. El tejido industrial madrileño fue seriamente castigado, cierre de empresas, reducción de plantillas y degradación del entorno industrial fueron el elemento definidor de aquellos años, la gran fábrica del Sur madrileño y el corredor del Henares asistieron a procesos de desertización industrial. La caída de la demanda y de la producción, la sustitución de trabajo por capital, la deslocalización industrial y el redimensionamiento de plantillas y producciones constituyeron los factores definidores de la crisis de los setenta. En aquellos años la Administración Pública, a través del crecimiento del empleo público y de las prestaciones sociales, y el sector servicios actuaron de colchón amortiguador de los efectos más negativos de la recesión, mediante el mantenimiento de sus niveles de empleo y el sostenimiento de la debilitada demanda interna.

El sector servicios perdió en Madrid entre 1975 y el tercer trimestre de 1984 46.300 empleos según la EPA, una cantidad sensiblemente inferior a la pérdida de empleo registrada en la construcción y la industria tanto en términos absolutos como relativos. Por otra parte, estas cifras deben ser matizadas para poder apreciar en toda su extensión la aceleración del proceso de terciarización de la economía madrileña durante la crisis. Pues mientras la población ocupada entre el cuarto trimestre de 1976 y el tercer trimestre de 1984 disminuyó en 7.800 personas en el comercio, restaurantes, hostelería y reparaciones; en transportes y comunicaciones en 27.200 personas y las instituciones financieras, seguros y servicios de las empresas perdieron 4.400 empleos, en el capítulo de otros servicios se registró un crecimiento de 30.200 empleos. Datos que nos informan del impacto diferencial de la crisis sobre el sector servicios madrileño.

Fueron las pequeñas empresas, de carácter en muchos casos familiar como el pequeño comercio, o las empresas de transportes de estructura obsoleta las que sufrieron más directamente el impacto de la crisis. Por el contrario, los nuevos servicios a las empresas, como las agencias de publicidad, las empresas de estudios de mercado, las empresas de servicios informáticos, consultorías, estudios de ingeniería, mensajerías… crecieron en número y dimensiones a pesar de la crisis. El otro gran sector que experimentó un importante crecimiento durante la crisis fue el sector público, con incrementos del empleo en los tres niveles de la Administración Pública -estatal, autonómico y local-, de las 108.000 personas ocupadas de 1979 se pasó a las 130.400 en 1984. Otro tanto ocurrió en educación e investigación, donde se crearon 15.700 nuevos empleos, o en la sanidad y la asistencia social. En general, el sector público, incluido el grupo INI, creó entre 1977 y 1984 alrededor de 50.000 nuevos puestos de trabajo, actuando de amortiguador de los efectos de la larga crisis económica de los setenta.

La crisis de los setenta y el desarrollo de la sociedad de consumo de masas aceleraron el proceso de transformación del sector servicios madrileño. Por una parte, las empresas de servicios menos competitivas o con peor capacidad de respuesta y adaptación sucumbieron durante la recesión. Desde el pequeño comercio tradicional hasta las instituciones financieras y bancarias incapaces de competir en las nuevas condiciones de un mercado en proceso de desregulación y liberalización, por su escasa dimensión, comprometida situación de sus carteras de valores, los desequilibrios patrimoniales, la mala gestión cuando no las prácticas fraudulentas, pasando por las empresas de servicios desfasadas respecto de las nuevas condiciones del mercado. Por otra parte, el desarrollo de la sociedad de consumo de masas introdujó nuevas demandas de productos y servicios, que encontraron nuevos agentes. Sobre todo en el ámbito de sector comercial, con la expansión de los grandes almacenes, la irrupción de las grandes superficies comerciales y la entrada de las compañías transnacionales del sector de la distribución comercial.

Empresas emblemáticas del primer despegue consumista de los años sesenta fueron incapaces de adaptarse y dar respuesta a las nuevas condiciones y demandas de la sociedad de consumo desarrollada, fueron los casos de Galerías Preciados, Simago, Almacenes Arias o Sears. Mientras El Corte Inglés se convirtió en la gran empresa de distribución comercial en España, a la vez que llegaban las grandes multinacionales del sector como Alcampo -el primer hipermercado en instalarse-, Continente, Pryca y Yumbo. En 1975 había en la región metropolitana de Madrid un hipermercado -Alcampo- 2 grandes almacenes, 4 centros comerciales y un almacén popular. En 1985 la situación había variado sensiblemente, a pesar de la crisis se contabilizaban 7 hipermercados, 2 grandes almacenes, 12 centros comerciales y ningún almacén popular. Transformación de las pautas de consumo que también encontró su traducción en la expansión de los autoservicios y supermercados vinculados a grandes cadenas comerciales como Día que terminaron por desplazar a las tradicionales como Mantequerías Leonesas o a los populares mercados que pasaron en la ciudad de Madrid de 5 a 3 entre 1975 y 1985. Otro tanto sucedió en el ámbito del crédito al consumo, con la imparable expansión del dinero de plástico. La proliferación de las tarjetas de crédito ofreció nuevos servicios y productos, tanto por parte de las instituciones financieras como por las grandes compañías del sector de la distribución comercial, con el caso paradigmático de El Corte Inglés.

Las transformaciones urbanas vinculadas al desarrollo de la región metropolitana madrileña, la consolidación de la sociedad de consumo de masas, los efectos de la crisis de los setenta, la recuperación económica de la segunda mitad de los años ochenta, la liberalización y mayor grado de apertura de la economía española con la incorporación a la Comunidad Europea desde el 1 de enero de 1986 y el avance de los procesos de globalización y de desarrollo de la sociedad informacional provocaron profundos cambios del espacio urbano y económico madrileño, que afectaron profundamente al sector servicios.

En primer lugar, la trama urbana del área metropolitana madrileña quedó crecientemente articulada en un continuum espacial, sobre todo a raíz de la creación de la Comunidad Autónoma de Madrid en 1983, cuyas políticas de reequilibrio territorial y de desarrollo de una red integrada de transportes facilitaron la expansión económica y contribuyeron a la consolidación de una túpida red metropolitana que han convertido a Madrid en una de las principales regiones metropolitanas de la Unión Europea.

En segundo lugar, el proceso de expansión territorial del sector servicios iniciado en la segunda mitad de los años sesenta con la apertura del complejo de Azca desbordó los estrechos límites del cuadrilátero formado por la Puerta del Sol-Neptuno-Cibeles-Plaza de España como nodo central del sector servicios. Una expansión territorial que se inició en el eje del Paseo de la Castellana y que en los años ochenta rebasó los límites del municipio de Madrid siguiendo la divisoria NO-SE cristalizada con la creación del área metropolitana en 1963, a través del eje de la carretera de Barcelona -la Nacional II- desde el aeropuerto de Barajas y continuando por la carretera de Extremadura, con el gran área de servicios de Móstoles-Alcorcón, proyectándose hacia el Norte por las carreteras de la Coruña hasta Las Rozas y de Burgos hasta Tres Cantos. Conformando uno de los ejes más dinámicos de la economía española.

En tercer lugar, la consolidación de la sociedad de consumo de masas avanzada, producida desde los inicios del decenio de los ochenta, condujó desde la expansión de las grandes superficies comerciales a las grandes áreas comerciales, con una creciente especialización y diversificación del comercio, desde los grandes almacenes hegemonizados por El Corte Inglés a las grandes cadenas de hipermercados -Alcampo, Continente, Hipercor, Pryca- pasando por los grandes centros comerciales de tiendas especializadas - Madrid 2, Loranca en Fuenlabrada, ParqueSur en Leganés-, Parque Oeste en Alcorcón, Sexta Avenida en El Plantío…- o las grandes superficies especializadas -Ikea, Leroy-Merlín, Decathlon…-. Sociedad de consumo desarrollada que pasó de la moda barata al marquismo, con la proliferación de boutiques -Armani, Versace, Chanel, Adolfo Dominguez, Gucci…- y cadenas comerciales -Cortefiel, Massimo Dutti, Zara, Don Algodón, Benetton, Crisol, Fnac,…-.

Por otra parte, el llamado sector terciario decisional -actividades financieras, sedes sociales, servicios empresariales y profesionales…- fue desde el decenio de los ochenta uno de los sectores más pujantes de la economía madrileña, expresión de las profundas transformaciones que a lo largo del último tercio del siglo XX experimentó el sistema económico internacional de la mano de los procesos de globalización y consolidación de la sociedad informacional. Las actividades ligadas a la circulación de la información, el capital, las mercancías y las personas, desde los servicios financieros y bancarios, los transportes y viajes y las actividades empresariales fueron las que mayores crecimientos registraron. El área metropolitana madrileña se configuró en el decenio de los noventa como uno de los principales centros del terciario decisional del Sur de la Unión Europea, ampliando las tradicionales funciones y dimensiones de Madrid como centro de servicios a escala nacional.

Desde el punto de vista espacial el terciario decisional, representado por las oficinas, incrementó su concentración alrededor del eje conformado por el Paseo de la Castellana, rebasando los límites del complejo Azca y proyectándose más allá de la plaza de Castilla con la entrada en funcionamiento de las torres de la Puerta de Europa, con enclaves pericentrales en los ejes de Avenida de América-aeropuerto de Barajas, con las instalaciones de los recintos feriales del Parque Juan Carlos I, Princesa-carretera de la Coruña, con el parque empresarial de Las Rozas como punto más alejado, y Plaza de Castilla-Tres Cantos, con los parques empresariales de Alcobendas y Tres Cantos. La entrada en funcionamiento del anillo de circunvalación de la M-40 facilitó la intercomunicación entre los grandes centros del terciario decisional y las grandes áreas comerciales, con el gran centro distribuidor de Mercamadrid como gran nodo de referencia junto con la terminal de carga del aeropuerto de Barajas.

Finalmente, el liderazgo de Madrid en el sector de I+D afianzó la centralidad del área metropolitana. La concentración en la región metropolitana madrileña de las actividades de I+D, tanto públicas como privadas, y de las actividades empresariales vinculadas al diseño de productos, el marketing y la publicidad deben ser computadas dentro del nuevo sector servicios de la sociedad informacional. La ubicación en Madrid de algunas de las más importantes universidades del país, de los principales centros de investigación pública vinculados al CSIC -Consejo Superior de Investigaciones Científicas-, de los distintos ministerios -como los de Defensa, Industria o Sanidad- o de las grandes empresas de capital extranjero o nacional -como IBM, ATT, Telefónica…- incrementaron la transcendencia de Madrid como centro avanzado de servicios.

En 1995 de los 590.688,5 millones de pesetas destinados a gastos internos en I+D en España el 33,98 por ciento correspondieron a la Comunidad de Madrid -200.716,4 millones de pesetas- cuyo Valor Añadido Bruto al coste de los factores representó el 0,92 por ciento para el conjunto de España y el 1,96 por ciento para la Comunidad de Madrid. Desde el punto de vista del personal con dedicación plena en actividades de I+D de las 79.986 personas empleadas en España el 31,98 por ciento residían en la Comunidad de Madrid -25.582-, liderazgo que también se mantenía respecto del número de investigadores con dedicación plena, de los 47.342 de toda España el 30,85 por ciento se encontraban en Madrid -14.603-

Definir pues a la región metropolitana de Madrid como un área caracterizada por su especialización en el sector servicios no es en modo alguno gratuito, tanto por razones históricas como por su realidad presente. La distribución sectorial del Valor Añadido Bruto al coste de los factores -VABcf- es sumamente reveladora del claro protagonismo del sector servicios en la Comunidad de Madrid. En 1995 el 76,54 por ciento del total del VABcf de la Comunidad de Madrid correspondió al sector servicios, frente al 65,18 por ciento del total nacional. En términos de población ocupada el empleo en el sector servicios representaba en la Comunidad de Madrid el 72,31 por ciento del total en 1997, con 1.271.200 empleos frente a los 316.500 empleos industriales. En cuanto al número de empresas el sector servicios representaba el 83,23 por ciento del total de empresas existentes en Madrid en 1997.

En suma, desde la creación de la Comunidad Autónoma en 1983 Madrid consolidó su carácter de región metropolitana terciarizada, con un relevante peso del sector servicios decisional, que le han convertido en una de las áreas más dinámicas del Sur de la Unión Europea. Una economía y una sociedad cada vez más caracterizada por los parámetros de la nueva sociedad informacional que está emergiendo desde los inicios del decenio de los años ochenta del siglo XX.