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En 1833 Javier de Burgos ponía en marcha la reforma administrativa que iba dar lugar a la división provincial vigente hasta nuestros días. Con ella nacía una nueva organización administrativa del Estado, acorde con los postulados del régimen liberal. La nueva división provincial pretendía acabar con la compleja y disfuncional estructuración procedente del Antiguo Régimen, en la que la multiplicidad jurisdiccional constituía un serio obstáculo para la reorganización estatal, imprescindible para la configuración del Estado liberal. Superados los intentos fallidos del proyecto ilustrado, la revolución jurídico-administrativa desarrollada entre 1834 y 1837 sentó las bases para la articulación del nuevo Estado liberal. Con ella nació la actual provincia de Madrid, cuyos límites conforman la Comunidad Autónoma de Madrid como una región más dentro del Estado de las Autonomías sancionado por la Constitución de 1978. Hasta entonces lo que hoy conocemos como provincia de Madrid no era sino un conglomerado de territorios sometidos a diversas jurisdicciones, en las que las provincias de Guadalajara, Segovia y Toledo se introducían en sus actuales límites. Así de Guadalajara dependían los partidos de Colmenar Viejo y Buitrago y el señorío del Real de Manzanares; Segovia extendía su jurisdicción en el norte y oeste de la provincia, y de Toledo dependían los partidos de Alcalá y Chinchón ocupando todo el Este provincial. Por el contrario, a la Intendencia de Madrid pertenecían los partidos de Casarrubios en Toledo y Zorita en la Alcarria manchega, hoy en la provincia de Guadalajara. Se trataba, pues, de un territorio administrativamente desarticulado, en el que las jurisdicciones señoriales de extensos territorios como el Real de Manzanares, Buitrago o el propio partido de Alcalá, determinaban su adscripción a una u otra provincia en función del lugar de residencia original de las Casas nobiliarias de las que dependían, así los duques del Infantado en Guadalajara y el obispado de Alcalá en Toledo. Esta discontinua organización administrativa hundía sus raíces en la Baja Edad Media, fruto de la forma en que se desarrolló el proceso de Reconquista y repoblación de la tierra fronteriza de Madrid. Sin embargo, ya a la altura del siglo XVIII la subordinación económica de los límites de la actual provincia de Madrid es una realidad, en consonancia con la capitalidad instaurada por Felipe II en 1561, hecho éste que va a actuar como el elemento definitorio por excelencia del devenir histórico de nuestra región. Existen a finales del siglo XVIII dos realidades contrapuestas y contradictorias. De una parte, la desarticulación administrativa de la antigua provincia de Madrid, con un territorio discontinuo y segregado espacial y económicamente. De otra parte, con la subordinación económica de un amplio hinterland respecto de la capital, que excede incluso los actuales límites geográficos de la provincia de Madrid. Esta realidad contradictoria tratara de ser salvada por el proyecto ilustrado, mediante una reorganización administrativa del Estado, tales intentos chocaron con la estructura jurisdiccional y administrativa del Antiguo Régimen por lo que fueron condenados al fracaso. Sólo la nueva articulación del Estado fruto de la revolución jurídico-administrativa que trajo consigo la instauración del régimen liberal, resolverá esta situación a través de una nueva delimitación de la provincia de Madrid. La actual Comunidad Autónoma de Madrid no encuentra, pues, su justificación en unas señas de identidad diferenciales que se remontan a tiempos remotos. Un hecho político, la capitalidad establecida por Felipe II en 1561, es el elemento específico que se sitúa como origen de la actual Comunidad de Madrid. Sin embargo, la capitalidad no se tradujo en la creación de una región propia. Su posición central entre las dos Mesetas hacía de la misma un polo de atracción, a pesar de lo cual no se constituyó en cabecera de una región. Castilla-La Vieja mantendrá su personalidad en torno a las viejas ciudades medievales en franco período de decadencia, y Castilla La Nueva girará alrededor del potente Arzobispado de Toledo. El crecimiento demográfico de la capital fundamentado en un secular aporte migratorio impide hablar de unas señas culturales específicas antes del siglo XIX. La división provincial de Javier de Burgos significa, por tanto, para Madrid la primera articulación territorial de un espacio al que ya había subordinado económicamente con anterioridad. No obstante, esto no es suficiente para hablar todavía de una región propia. Tendrá que transcurrir todavía siglo y medio para que la provincia madrileña se transforme en una región metropolitana, claramente diferenciada de su entorno geográfico más próximo: las dos Castillas. Como su nombre indica será el hecho urbano el rasgo definitorio por excelencia de la nueva región madrileña; hecho urbano que no es comprensible sin la capitalidad, pero que no es plenamente realizado hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando los límites de la ciudad son desbordados en una amplia área metropolitana que conforma de manera definitiva la realidad provincial madrileña. Existe, por tanto, un antes y un después marcados por el fenómeno de la capitalidad. A este respecto la primera mitad del siglo XVII actúa de bisectriz entre dos etapas claramente diferenciadas de la historia de la actual región madrileña. Es la frontera entre una villa de reducido tamaño y limitadas funciones socioeconómicas, que mantiene unas relaciones equilibradas con su alfoz, y lo que va a ser la capital de un imperio transoceánico, lugar de residencia de la Corte y centro de decisiones políticas, función esta última que impregnará su futuro histórico y que hará cambiar radicalmente las relaciones con su territorio.
A lo largo de la Edad Media la dinámica interna de la villa y de su alfoz no hacían sospechar su posterior desarrollo. Si no hubiera sido por una decisión política, Madrid nunca habría sobrepasado las dimensiones de un conjunto territorial secundario en la jerarquía de la red urbana castellana. De todas formas, antes de que Felipe II se planteará fijar la capital en un núcleo central y equidistante de todos los puntos de la Península, Madrid ya había adquirido una creciente relevancia política conforme los monarcas itinerantes de la Reconquista adquirieron hábitos cada vez más sedentarios y repararon en las ventajas geográficas, climáticas y -es algo más que una anécdota- cinegéticas que ofrecía lo que antes había sido ciudad-frontera y su territorio. En esa Edad Media cabe distinguir dos grandes períodos separados por el siglo XII. Con ello no nos referimos tanto a la diferencia entre sus ocupantes, musulmanes o cristianos, como a la funcionalidad de la villa y su alfoz. Desde finales del siglo VIII Madrid es ante todo una fortaleza, y responde a las características de todo territorio que hace las veces de frontera. Después del siglo XII, Madrid es una reducida villa castellana, sujeta a una doble tensión. De una parte, el territorio madrileño actúa a modo de línea divisoria entre el empuje repoblador de la ciudad de Segovia por el norte, y la pujanza del Arzobispado de Toledo, cabecera religiosa de Castilla y, por ende, de un inmenso territorio sometido a su jurisdicción que llegaba hasta prácticamente a las cercanías de la villa. De otra parte, el fenómeno anterior constriñe y compromete la expansión del alfoz madrileño, reforzando las tendencias de sus pobladores por garantizar su independencia frente al acoso de dos entidades más fuertes. En este aspecto, el ser una villa de nuevo cuño, marcada por su reciente pasado fronterizo, por tanto con una escasa población, y la proximidad de una vieja ciudad castellana con más tradición y atractivos económicos, Segovia, y la antigua ciudad imperial de Toledo, cuya primacía hincaba sus raíces varios siglos atrás, condicionaron su crecimiento y su limitada capacidad repobladora. Madrid, pues, a la altura del siglo XIV era una pequeña ciudad cuyo dominio no se extendía más allá de un reducido alfoz, y que, sin embargo, conseguirá saldar con éxito su tenaz oposición al proceso refeudalizador registrado en época de los Trastámaras. LOS PRIMEROS RESTOS HUMANOS: DEL PLEISTOCENO A LA OCUPACION MUSULMANA Madrid es un producto medieval, posteriormente alterado por la capitalidad, sin que ello suponga desdeñar la presencia humana anterior. Existen poblamientos que se remontan a la noche de los tiempos, cuyos primeros antecedentes se localizan en el Paleolítico Inferior, de lo que existe constatación en los yacimientos ribereños de las principales cuencas fluviales de la región, las zonas comprendidas a lo largo del río Jarama entre Algete y Arganda, el curso medio y bajo del Manzanares, entre San Isidro y su desembocadura, al igual que en el Henares, entre S. Fernando y Mejorada, en los que se han contabilizado más de 150 localizaciones con industrias y restos paleontológicos del Pleistoceno. El vestigio más remoto está fechado en el período Achelense antiguo, en las cercanías de Arganda. Existe, pues, una importante presencia humana desde la transición del homo-habilis al homo sapiens primitivo, consecuencia de la riqueza de la fauna y flora de la región, con un importante nivel de actividad en las Edades del Bronce y del Hierro. En estos últimos asentamientos se han detectado tanto poblados estables como al aire libre, en los que se han encontrado cerámica de tipo ibérico de bandas, característicos de los grupos celtibéricos del área carpetana, que ya en el siglo IV a.c. habían entrado en contacto con la civilización griega como ponen de manifiesto los restos de cerámica allí localizados. En la época de la romanización lo que es el actual territorio madrileño estaba ocupado por los carpetanos. Vencida su resistencia, la organización que la Roma imperial impuso en las provincias de Hispania, adjudicó este territorio a la provincia Citerior con dos núcleos principales, Toletum y Complutum. La primera fue asignada al conventus carthaginensis y la segunda al conventus caesaraugustanus. Complutum es el único núcleo de la región mencionado por los geógrafos romanos del siglo I después de Cristo, en concreto por Plinio que la señala como ciudad estipendiaría del conventus caesaraugustano. De menor importancia que Complutum fueron las localidades de Miaccum, en la orilla izquierda del Manzanares, entre la Casa de Campo y Carabanchel, y Titulcia, seguramente no eran las únicas, pero sí las de mayor entidad, en consonancia con el sistema viario romano. La región madrileña estaba surcada por las dos grandes vías que unían a Emérita con Caesar-Augusta y Asturicas con Corduba, en cuya encrucijada se situaba Titulcia. Otros hallazgos de época romana se han encontrado en Getafe, Villaverde Bajo y Carabanchel. En suma, el único centro de importancia en época romana fue Complutum, que inicia su decadencia durante el Bajo Imperio, de la que no saldría hasta la Baja Edad Media. A pesar de que el obispo de Toledo, Asturio, la convirtió en sede episcopal, tras descubrirse el sepulcro de los niños mártires Justo y Pastor. Durante la época visigoda se agudizó el declive de los asentamientos romanos. El hábitat disperso en algunas aldeas ha dejado testimonio en las necrópolis y yacimientos de Daganzo de Arriba, Alcalá de Henares, Talamanca, Getafe, Colmenar Viejo, Perales del Río y en los alrededores de la Casa de Campo en Madrid, seguramente en la continuación del Miaccum romano. MADRID TERRITORIO FRONTERIZO: MAYRIT RIBAT MUSULMAN Hemos señalado en líneas anteriores que Madrid era un producto medieval. ¿Qué supone tal afirmación? Entre los siglos IV y VII después de Cristo resulta palpable la decadencia de la población en el territorio madrileño, hasta la práctica desaparición de todo núcleo que pudiera ser considerado urbano, incluso dentro de las coordenadas de la época. Ni tan siquiera Complutum conservó tal naturaleza, pues a la altura del siglo VII era poco más que un despoblado. Esta situación de decadencia no vino motivada por la invasión musulmana. Se trata de un lento pero persistente proceso que enraíza con la crisis del Bajo Imperio Romano y que alcanza su cenit al final de la época visigoda. Si Toledo conservó a lo largo de estos siglos su personalidad, incrementada incluso por la radicación en ella de la capitalidad del reino visigodo después de la desaparición del reino de Tolosa, confirmada en el IV Concilio de Toledo del 633 cuando Sisenando ocupó el trono después de destronar a Suintila; no sucedió lo mismo con los núcleos existentes en el territorio madrileño. La cuestión es que durante el siglo VIII, una vez consolidada la presencia musulmana en la Península, la región central se convirtió en una especie de tierra de nadie. Un auténtico vacío demográfico que sólo empezó a cobrar valor, por razones de tipo estratégico, conforme se acentuó la presión militar de los reinos cristianos del Norte. De esta manera, el territorio madrileño adquirió una creciente importancia en función de la defensa de Toledo, hasta llegar a ser la posición defensiva más avanzada de la comarca septentrional y fronteriza de la Marca media, cuya capital era Toledo. En este contexto de clara impronta militar, Talamanca se configuró como la fortaleza vigilante del camino que unía el murallón defensivo de la Sierra con Toledo. A partir de la segunda mitad del siglo IX una colina situada en la margen izquierda del río Manzanares, enlace natural entre la Vía Lata y Toledo, comenzó a adquirir un destacado interés estratégico, hasta el punto de que, en una indeterminada fecha sujeta al debate historiográfico pero que podemos establecer entre el 860 y 880, allí se construyó una fortaleza. La ciudad de Madrid salía a la palestra de la Historia bajo la forma de un pequeño núcleo amurallado, de corte militar, denominado Mayrit. En efecto, Mayrit nació como un ribat; es decir, una comunidad a la vez religiosa y militar, donde pequeños grupos de musulmanes se preparaban para la yihad, la guerra santa. Clásica de las zonas fronterizas, vendría a ser la contrapartida musulmana del ideal guerrero-cristiano de los reinos del Norte, sobre el que se forjó la ideología de la Reconquista y que posteriormente cristalizó en la formación de las órdenes religiosas y sus establecimientos. Ese ribat llamado Mayrit pronto se convirtió en el principal enclave musulmán del territorio, disputando la primacía a Talamanca, incluso en el siglo X llegó a contar en algunas ocasiones con gobernador propio. En el emplazamiento que ocupa actualmente el Palacio Real se erigió en época del emir Muhammad I (852-886) una fortaleza con su torre y el recinto amurallado contiguo, ampliado y reformado en el siglo X. Separado por un barranco -hoy en día la calle Segovia- se extendió el arrabal por las cercanías de la Cava Baja. En el cruce de las calles de Bailén y Mayor estaba radicada la Mezquita Mayor.
Este contenido militar actúa de elemento definitorio por excelencia. Así el territorio madrileño se jerarquiza en función de tres núcleos principales, Mayrit, Talamanca y Qal'-at'-Abd-Al-Salam (Alcalá de Henares), los dos últimos de similar estructura a la que hemos apuntado para el caso de Mayrit. Todos ellos están situados estratégicamente en las tres vías fluviales más importantes de la región que, además, coinciden con las principales vías de comunicación: Talamanca en el Jarama, Mayrit en el Manzanares y Alcalá en el Henares. Servían tanto de instrumentos de defensa como de garantía para la utilización de estos caminos. Talamanca era la primera plaza defensiva más acá del Sistema Central. Alcalá era un bastión fundamental en el trayecto Toledo-Medinaceli y Mayrit se constituía en el más importante resguardo defensivo de Toledo. Conforme se incrementó la presión reconquistadora de los cristianos, el enclave militar madrileño adquirió una mayor relevancia en todo el sistema defensivo de la Marca Central musulmana. Tengamos en cuenta que si en un primer momento, siglo VIII, fue el camino del Henares el más transitado por los musulmanes como salida natural hacia Zaragoza y el que contempló las primeras correrías cristianas; a partir del siglo IX, el mayor empuje del reino asturleonés le posibilita, dada su pujanza repobladora, contar con sólidas bases de sustentación en la Meseta Norte, hizo de Talamanca la plaza fuerte más importante de la zona, tomada circunstancialmente por Ordoño I en el 861. Los musulmanes comprendieron que el peligro provenía frontalmente del Norte, a pesar del murallón natural de la Sierra. Con la incursión en el 881 de Alfonso III, que llegó a las inmediaciones de Toledo, la primacía defensiva de Mayrit se hizo más patente todavía, desplazando definitivamente a Talamanca, con ello la alcazaba madrileña se convirtió en el asentamiento humano más significativo del territorio.
Acompañaban a estos tres núcleos de población, varias pequeñas fortalezas y asentamientos rurales como Qal'-at-Jalifa (Villaviciosa de Odón), Rivas de Jarama (Rivas-Vaciamadrid), Sal Galindo, junto al Tajuña, en el actual término de Chinchón, la Marañosa (en San Martín de la Vega), Malsobaco (en Paracuellos del Jarama) y Cernera (en Mejorada del Campo). Completaba el entramado humano madrileño un hábitat disperso de alquerías y granjas por todo el territorio, y, finalmente, un conjunto de torres atalaya dispuesto en cuatro hileras, situadas en lugares estratégicos con la misión de alertar de posibles incursiones cristianas. Una primera hilera estaba situada a lo largo del río Jarama, en sitios como el Berrueco, el Vellón, el Molar y Alcobendas. La segunda trama vigilaba los pasos de la Sierra con Madrid, bordeando la vieja calzada romana, en lugares como Torrelodones, Hoyo del Manzanares... La tercera hilera situada a lo largo del cauce del Manzanares cubriría el camino de Mayrit a Toledo, con torres en Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Cubas y Valdemoro. Por fin, el cuarto tramo emplazado en el oeste y Suroeste de la actual provincia, surcaba la ruta próxima del río Guadarrama, con Alamín y Almenares entre otros. Así quedó estructurado el territorio madrileño durante los siglos IX y X, cada vez más sujeto a la presión leonesa cuyas avanzadillas asolaban con frecuencia la región. Ramiro II en el 939 tomó la alcazaba madrileña, abandonándola de forma inmediata; igual suerte corrió Mayrit en 1047, cuando fue tomada por Fernando I. Estas incursiones aventuraban la definitiva caída de Madrid en manos cristianas. MADRID TERRITORIO CASTELLANO: LA CAMPAÑA DE ALFONSO VI La descomposición del califato de Córdoba, desaparecido en 1031, y su sustitución por los fragmentados reinos de taifas, con la secuela de disputas y de tensiones internas en la España musulmana, coincidente con el mayor vigor del reino Castellano-leonés, trajo consigo un significativo cambio en la correlación de fuerzas, que facilitó la expansión cristiana hacia el Sur del Sistema Central. A este respecto, la situación interna de Toledo en los decenios centrales del siglo XI resume a la perfección el grado de conflictividad y las múltiples contradicciones de los reinos llamados de Taifas. Dentro de Toledo existían dos banderías políticas enfrentadas, una encabezada por Alcadir, gobernador de la plaza, la otra en connivencia con el rey de Badajoz, Motawákkil, que terminó por expulsar a Alcadir en 1080, quien se puso en contacto con Alfonso VI, que en 1079 ya había iniciado su campaña contra el reino de Toledo. A cambio de que el rey castellano le cediera el reino de Valencia, Alcadir le ayudaría a conquistar Toledo, lo que finalmente sucedió en 1085. Si el papel de Mayrit en el sistema defensivo de la Marca Central había consistido en ser el bastión de la defensa de Toledo, en la campaña iniciada por Alfonso VI en 1079 se invierten los términos: Mayrit se convirtió en el objetivo deseado, para su ulterior utilización como arriete ofensivo en la conquista de Toledo. En 1083 caía definitivamente en poder del reino castellano-leonés.
Al menos durante un siglo el territorio madrileño continuó siendo tierra de frontera, en este caso baluarte en la penetración castellana hacia el Sur, sufriendo varias razzias, sobre todo en época almorávide. A la altura del 1110 parte de las murallas de Magerit fueron destruidas. En aquella época, Alcalá permanecía en poder de los musulmanes. En gran medida, estas correrías significaban el canto de cisne del peligro musulmán para el conjunto del territorio. En este aspecto, fue fundamental la conquista de Alcalá de Henares en 1118 por el Arzobispo de Toledo, Don Bernardo, que incorporó la ciudad al señorío de la mitra toledana, situación que se mantendrá durante siglos hasta la creación de la actual provincia de Madrid en 1833. Por fin, la conquista del castillo de Oreja en 1139 trajo como consecuencia la definitiva retirada del dominio musulmán. A partir del estudio realizado por Julio González podemos establecer una secuencia cronológica bastante precisa de la repoblación castellana en todo el conjunto provincial. Se perfila como un dilatado proceso en el tiempo, que abarcó desde finales del siglo XI al XV. Entre 1079 y 1118 la ocupación castellana se concentró alrededor de los tres núcleos fortificados, recientemente conquistados al reino musulmán de Toledo: Magerit, Buitrago y Talamanca. Se trata, pues, de una estrategia que aprovecha la existencia anterior de núcleos poblacionales que actúan como instrumentos de difusión. Es en esta etapa cuando el área de influencia de Magerit, su alfoz, queda configurado. Hasta el primer tercio del siglo XIII el afán repoblador se circunscribe de manera primordial a dos áreas, en el este provincial, Alcalá de Henares y su entorno, en una amplia franja del territorio comprendida entre los ríos Henares y Tajo, con especial intensidad al sur de Alcalá hasta el río Tajuña. En el Oeste el proceso abarca desde el río Guadarrama hasta los confines de la actual provincia, en San Martín de Valdeiglesias. Hasta aquí la repoblación del territorio ha estado determinada por la lógica de la reconquista, por tanto, se ha limitado a las poblaciones-fortaleza y sus lindes más próximas. Sólo con la conquista de Alcalá en 1118 por el arzobispo de Toledo el afán repoblador pudo extenderse, eliminada la cortapisa de la amenaza militar. De esta manera, desde mediados del siglo XIII, una vez afianzada la población castellana en las áreas de influencia de los núcleos-fortaleza (Magerit, Talamanca, Buitrago y Alcalá) se registra la colmatación repobladora del territorio madrileño, que afecta al noroeste, al norte y sur provincial. Esta acción repobladora tendrá otras características, no es ya el enfrentamiento con el musulmán el que lo determina, sino la pugna entre las distintas villas castellanas, Magerit y Segovia fundamentalmente, y los enfrentamientos entre ciudades y señores feudales, sobre todo en época de los Trastámaras, por el dominio de los territorios y lugares en disputa. En 1118 se otorgó el Fuero de Toledo a cuatro localidades situadas en el territorio madrileño: Magerit, Alamin, Calatalifa y Talamanca. La debilidad de los concejos hará que sólo Magerit conserve su personalidad jurídica. De hecho en el reinado de Alfonso VIII, a comienzos del siglo XIII, fue redactado y otorgado el Fuero viejo a Madrid, que se mantendrá en vigor hasta la promulgación del Fuero Real por Alfonso X en 1262, siendo ratificado con posterioridad por Alfonso XI en 1339. Por el contrario, tanto Alamin como Calatalifa y Talamanca no tardaron en ver diluida su personalidad jurídica. Alamin acabó bajo la jurisdicción del señorío de los Luna, incluidas sus aldeas como Villa del Prado. Calatalifa terminó por sucumbir al empuje repoblador de Segovia, y, finalmente, Talamanca fue a caer bajo la jurisdicción del Arzobispado de Toledo, cuya expansión por el Noreste le llevaría a someter bajo su dominio a todo el Este de la actual provincia de Madrid. Así pues, durante la Baja Edad Media sólo Madrid consiguió mantener una personalidad jurídica propia, articulada en primer lugar en torno al Fuero viejo y posteriormente al Fuero Real, constituyéndose en el núcleo básico de la organización del territorio denominado Tierra de Madrid.
EL CONFLICTO CON SEGOVIA POR EL REAL DE MANZANARES Segovia, una vez desplazada Sepúlveda como principal núcleo urbano situado al norte de la Sierra madrileña, mostrará una fuerte pujanza repobladora hacia el Sur, en la búsqueda de amplios espacios que le garanticen la expansión de su ganadería trashumante. Aprovechará los cauces de los ríos para penetrar en profundidad en el territorio de la actual provincia de Madrid. Por el Norte, los ríos Lozoya y Manzanares, llevaron a sus pobladores hasta los confines del alfoz de Buitrago, y hasta el monte de El Pardo respectivamente. Por el Oeste, la cuenca fluvial del Guadarrama hasta Olmos y Batres. Dos fueron los protagonistas de la expansión segoviana: el concejo y la Iglesia. A Sepúlveda le arrebató el Sexmo del Lozoya, es decir, el valle alto del río. La decadencia de Sepúlveda es patente en esta época, siglos XII-XIV, pues, además, pierde la Tierra de Buitrago que termina por emanciparse, mientras cede la parte oriental a Ayllón. Sin embargo, la expansión de Segovia por el noroeste y oeste de la actual provincia de Madrid no dejó de plantear problemas con Madrid y Toledo respectivamente. En efecto, en el noroeste los segovianos chocaron con los habitantes de Madrid, que constreñidos en su expansión por el Sur y Este debido a la pujanza de Toledo, pugnaron con Segovia por el control de las tierras situadas al Norte de su demarcación, dando lugar a un continuado pleitear que en ocasiones alcanzó el enfrentamiento directo entre pobladores de uno y otro lugar. Es el conflicto por el control del Real de Manzanares, poblado por los segovianos desde 1247, cuya legalidad cuestionó el concejo madrileño en función del privilegio otorgado en 1176 por Alfonso VIII, por el que se le concede el derecho repoblador hacia el norte hasta: "... singullatim a Portu del Berroco, qui dividit terminus Abula et Segovie, usque ad portum de Lozzoya cum omnibus intermediis montibus, et serris et vallibus". El conflicto que encuentra sus antecedentes en el siglo XIII se prolongará hasta finales del siglo XIV, cuando Juan I ceda el señorío jurisdiccional del Real de Manzanares a la Casa de los Mendoza, el 14 de octubre de 1383 en la persona de Pedro González de Mendoza. Madrid como villa fronteriza tenía el estatus de concejo repoblador; ya en tiempos de Alfonso VII, en 1150, es definido como "comunidad de villa y tierra", cuya expansión quedaba delimitada en dirección a la Sierra. De una parte, se encuentra el territorio más cercano a la villa, su alfoz más inmediato sobre el que ejerce un dominio jurisdiccional pleno; de otra, sobre una extensión más o menos amplia, de límites imprecisos, Madrid disfrutará de ciertos derechos pero no de la jurisdicción plena, es la Tierra de Madrid, cuya proyección hacia el norte provincial no se ve obstaculizada en principio, debido a la ausencia de un núcleo de población de cierta consideración, salvo Buitrago situado en el NE. Los problemas comenzaron, pues, cuando los segovianos poblaron el Real de Manzanares en 1247. Antes habían surgido algunos roces aislados entre pobladores de una y otra ciudad, a la hora de aprovechar los pastos y montes circundantes. La agudización del conflicto vino determinada, por tanto, por el emplazamiento de un núcleo de población estable, a partir del cual los segovianos reivindicaban la jurisdicción sobre el amplio territorio del Real de Manzanares, que abarcaba todo el noroeste de la actual provincia madrileña. Era un conflicto entre dos ciudades castellanas que se disputaban, por razones de índole económica, un territorio rico en aguas, pastos y montes cuya jurisdicción estaba en manos de la Corona, siendo susceptible de caer bajo el dominio de una u otra ciudad en función de una política de hechos consumados, o bien mediante su compra o cesión a alguna de las dos partes en litigio, de ahí la persistencia del conflicto hasta la cesión de la jurisdicción a la Casa de los Mendoza. En esta disputa se enfrentaban un municipio ganadero con una gran capacidad repobladora, Segovia, y un municipio agrícola y urbano, de menor pujanza repobladora, Madrid. El primero veía en las tierras en disputa, los pastos necesarios para la expansión de su cabaña trashumante; el segundo, la leña y la caza para cubrir sus necesidades y garantizar su crecimiento urbano. Si Madrid esgrimía sus derechos en razón de los privilegios otorgados por Alfonso VII en 1150, y Alfonso VIII en 1176; Segovia lo hacia sobre la base de tres documentos otorgados en 1208 por el propio Alfonso VIII, conocidos como Alcalde Minaya, el de la bolsilla y el pecuario, y, sobre todo, por la vía de los hechos consumados, poblando el norte de la actual provincia de Madrid. A partir de este momento los pleitos se suceden; en 1248-49 Fernando III establece que los madrileños conserven de exclusivo derecho el Real de Guadarrama, que según Tormo comprendía los cursos medios de los ríos Guadarrama y Manzanares, mientras que sobre el Real de Manzanares tanto Segovia como Madrid gozarían de derechos de usufructo pero no de poblar, a pesar de lo cual Segovia continuo con su política repobladora, dando lugar a algunos enfrentamientos directos entre vecinos de uno y otro lugar, con la consiguiente destrucción por los madrileños de algunas de las incipientes construcciones. En 1275 Alfonso X deslinda de manera definitiva los términos del Real de Manzanares y la Tierra de Madrid, estableciendo que sobre el primero tanto Segovia como Madrid disfrutaran de los derechos de explotación económica. Segovia siguió repoblando, por lo que las tensiones se mantuvieron entre la Segovia ganadera y el Madrid agrícola. De nuevo en 1345 el conflicto llega a la Corona, cuando el Concejo de la Mesta, creado en 1273, expone ante Alfonso XI que los vecinos de Madrid han cerrado varias cañadas impidiendo el libre paso del ganado, el rey falla a favor de Madrid y lo mismo vuelve a ocurrir en 1357 y 1378.
Con la subida al trono de los Trastámaras, y el consiguiente proceso refeudalizador mediante el que Enrique de Trastámara y sus sucesores pagaron los servicios de sus fieles en la guerra contra el rey Pedro I, la solución al conflicto secular por el Real de Manzanares no tardaría en llegar, a través de la concesión por Juan I en 1383 de su jurisdicción a su mayordomo Pedro González de Mendoza, quien en 1385 instituye un mayorazgo que cede a su hijo Diego de Mendoza, almirante de Castilla. El 2 de agosto de 1445, Juan II crea los títulos de marqués de Santillana y conde del Real de Manzanares, otorgándolos a Iñigo López de Mendoza. LA PRESENCIA DE LAS ÓRDENES MILITARES EN EL TERRITORIO MADRILEÑO Hasta aquí el conflicto entre los concejos de Madrid y Segovia, cuestión que no agota ni mucho menos el marco explicativo de la configuración territorial de la provincia de Madrid en la Edad Media. La casuística es más compleja, y comprende otros elementos a tener en cuenta, en el que se entremezclan tensiones entre concejos; conflictos entre concejos y el poderoso Arzobispado de Toledo; la pugna entre éste último y las Ordenes Militares, y, por último, los avances del señorío jurisdiccional desde la época de los Trastámaras. La confrontación entre el Arzobispado de Toledo y Segovia tomó cuerpo en los lugares de contacto entre ambas áreas de influencia, alcanzando su máximo exponente en el Sexmo de Tajuña, bajo control segoviano entre 1190 y 1214, como una continuación natural del Sexmo de Valdemoro, también dominado por Segovia, al igual que el Sexmo de Casarrubios, hoy en día a caballo entre las provincias de Madrid y Toledo. Con la creación de las órdenes militares, y en concreto la de Santiago en 1170, pronto su presencia se hizo efectiva en el territorio madrileño. A partir de sus bases de sustentación en La Mancha y la Alcarria organizó su expansión al norte del río Tajo, proyectándose a lo largo del territorio comprendido entre este río y la cuenca del Tajuña, en un proceso iniciado en 1177, año de la concesión por parte de Alfonso VIII, que dio lugar a enfrentamientos en la zona con Segovia y el Arzobispado de Toledo. El resultado fue la creación de varias encomiendas: Aranjuez, Oreja, Encomienda Mayor de Castilla, con Valderacete, Villarejo de Salvanes y Fuentidueña, y la de Estremera, vertebradas por el río Tajo, y cuya extensión ocupaba todo el sureste provincial. Por último, la expansión de la mitra arzobispal de Toledo se extendía a lo largo y ancho del este provincial, principalmente en la cuenca del Henares y en el curso medio del Jarama. El núcleo urbano más importante de este conjunto territorial era Alcalá de Henares, hasta tal punto que el arzobispo de Toledo D. Raimundo en torno a 1135 le otorgó fuero propio, posteriormente ampliado por los prelados de Toledo y señores de Alcalá, D. Juan, D. Celebruno, D. Gonzalo, D. Martín y D. Rodrigo Ximénez de Rada, la última confirmación esta fechada el 11 de marzo de 1407 por el arzobispo D. Pedro de Luna. Al fuero de Alcalá se acogían los siguientes lugares: Aldea del Campo (Campo Real), Ajalvir, Ambite, Anchuelo, Arganda, Camarina de Esternelas (Camarma de Esteruelas), Carabaña, Corpo (Corpa), Daganzo de Abajo, Loeches, Los Hueros, Olmeda, Orusco, Pezuela, Perales de Tajuña, Pozuelo de las Torres (Pozuelo del Rey), Querencia, Santorcaz, Santos de la Humosa, Tielmes, Torrejón de Ardoz, Valdemora, Valdilecha, Valdetorres, Valmores, Valtierra, Valverde, Vilches, Villar del Olmo y Villalvilla, lo que da una idea de la enorme extensión del señorío arzobispal dentro de los actuales límites provinciales, hasta 1833. LOS AVANCES DEL FEUDALISMO EN EL TERRITORIO MADRILEÑO A la altura de 1369, momento de la entronización de la dinastía Trastámara, el territorio madrileño estaba fraccionado en cuatro grandes jurisdicciones: Madrid, Segovia, Toledo y la Orden de Santiago, junto a una reducida presencia de Sepúlveda, en el borde noreste, y de Avila en Tierras de Bonilla (Pelayos de las Torres) y de Navamorcuende (Valdequemada). Sobre este contexto se opera el nuevo empuje feudalizante puesto en marcha desde finales del siglo XIV por los Trastámaras. Sería prolijo caer en una enumeración exhaustiva de la casuística del proceso; baste señalar, a modo de ejemplo, los casos más significativos. En líneas anteriores nos referimos a la cuestión del Real de Manzanares. En efecto, la cesión que el rey Juan I efectuó el 14 de octubre de 1383 en la persona de su mayordomo Pedro González de Mendoza, ya señor de Hita y de Buitrago desde 1366, del señorío jurisdiccional en aquella zona, marca una estrategia paradigmática de la consolidación nobiliaria en la Baja Edad Media, que actuará de instrumento reproductor del poder económico y social de la nobleza hasta el siglo XIX. En esta evolución la institucionalización del mayorazgo, en 1505, desempeñó un papel de primer orden. En el caso que nos ocupa la cesión del señorío jurisdiccional en 1383 desembocó en la formación de un amplio patrimonio territorial, bajo la forma de propiedad amayorazgada, a partir de 1385. Los Mendoza sacaron provecho tanto de su proximidad a la figura del monarca como de la calidad de realengo de aquella zona, en la que cualquier poblamiento llevado a cabo desde el siglo XII era considerado ilegal; de ahí, la ausencia de resistencias a esa ampliación patrimonial. La ascensión de la familia Mendoza culminó en agosto de 1442 cuando Juan II creó los títulos de marqués de Santillana y conde el Real de Manzanares, concedidos a Iñigo López de Mendoza. Otro caso destacable es el de la familia Luna en Fuentidueña del Tajo. Don Alvaro de Luna, condestable de Castilla durante el reinado de Juan II desempeñó un papel de primer orden en las disputas que aquellos años atravesaron Castilla, hasta el punto que cuando fueron despojados de sus bienes los Infantes, como recompensa a la campaña que dirigió en Extremadura contra los rebeldes a Juan II fue nombrado Maestre de la Orden de Santiago. Ocasión que aprovechó para fundar un mayorazgo en Fuentidueña de Tajo, por entonces perteneciente a la Encomienda Mayor de Castilla de la susodicha Orden Militar, que dejó a su hijo Pedro de Luna. Felipe III en reconocimiento de los servicios prestados por los Luna a la corona creó el condado de Fuentidueña en la persona de Alvaro de Luna y Sarmiento, séptimo señor de la villa, condado que posteriormente fue a parar a manos de los Portocarrero, los condes de Montijo y, finalmente, a la Casa de Alba ya en el siglo XIX. El proceso seguido por los Luna en Fuentidueña es interesante, a través de él podemos observar como se constituyó una propiedad nobiliaria sobre las tierras de las Ordenes Militares, merced al cargo de Maestre de la Orden de Santiago que ostentó Alvaro de Luna, una vez instituido el mayorazgo éste se mantiene en vigor a pesar de que con la disolución de las Ordenes Militares en tiempos de los Reyes Católicos pasan sus propiedades a manos de la Corona. Posteriormente el mayorazgo sirve de base para la concesión del título de condes de Fuentidueña. En el señorío de los Luna también cayó Alamin, con sus aldeas: Villa del Prado, Aldea del Fresno, Villamanta, etc. en el extremo suroccidental de la provincia actual, que aprovecharía D. Alvaro de Luna para hacerse con el señorío de San Martín de Valdeiglesias. En esta ocasión una pequeña villa, que había adoptado el Fuero de Toledo de 1118, cae bajo el dominio señorial incapaz de resistir la presión feudalizadora de los Luna, cuyo papel preponderante durante el reinado de Juan II hacia prácticamente inútil toda resistencia. Distinta trayectoria tuvo San Martín de Valdeiglesias. Hacia 1148 en la zona vivían algunos monjes repartidos entre las diversas ermitas del contorno, el rey Alfonso VII concedió al abad Guillermo, de la regla benedictina, la posesión del valle aún despoblado. Años después, el 1 de septiembre 1177, se hicieron cargo del monasterio los monjes cistercienses, en 1180 los monjes dispersos por el valle bajaron al monasterio, otorgando Alfonso VIII carta puebla del valle. Las exenciones tributarias y el cultivo de la vid atrajeron a numerosos colonos, muchos de ellos "forajidos y gentes maleantes" (sic), que entraron en disputa con el monasterio. Con el fin de someter a los pobladores el abad de la Espina, con la aprobación de Roma, cedió el señorío temporal a D. Alvaro de Luna, maestre de Santiago, por 30.000 maravedises de juro perpetuo sobre las villas de San Pedro y Covaleda. Los habitantes no reconocieron el dominio del condestable, pero su resistencia fue finalmente vencida, ya que en 1522 Carlos V confirmó el censo de 20.000 maravedises que el duque del Infantado debía pagar al monasterio "por el servicio y montazgo que le fue traspasado así como por todos los derechos sobre la villa". El traspaso del señorío a la casa de los Mendoza fue fruto de la caída en desgracia de don Alvaro de Luna, siendo ajusticiado en Valladolid el 2 de junio de 1453. Consecuencia de la debilidad de la dinastía Trastámara y a los permanentes enfrentamientos entre distintas banderías encabezadas por la nobleza, las concesiones de señoríos fueron numerosas en el territorio madrileño, además de los ejemplos reseñados datan de la misma época los extensos dominios del conde de Puñonrrostro, cuyos antecedentes se remontan en la zona a 1332, cuando Alfonso XI cedió Torrejón de Velasco a Sebastián Domingo, y que abarcaban en el siglo XVI las localidades de Casarrubuelos, Cubas, Griñón, Batres, parte de Moraleja de Enmedio, El Alamo y Villamanta. En 1480 Isabel de Castilla segregó el Sexmo de Valdemoro de Segovia, cediendo el señorío a Andrés Cabrera; el 1 de mayo de 1520 fue creado el título de conde de Chinchón por Carlos V, en la persona de Fernando de Cabrera. LA RESISTENCIA ANTIFEUDAL DE MADRID Si bien Madrid fue la única localidad que conservó su personalidad jurídica propia (Alcalá y Talamanca habían caído bajo el dominio del gran señorío prelaticio del Arzobispo de Toledo, Buitrago lo había hecho bajo los Mendoza, Alamín bajo los Luna, y Calatalifa bajo empuje repoblador de Segovia), no estuvo exenta de las presiones nobiliarias por someterla a su dominio o, cuando menos, segregar partes sustantivas de su territorio. En efecto, en 1202 Alfonso VIII otorgó el Fuero viejo a Madrid, anteriormente se había regido por el Fuero de Toledo aprobado en 1118. A lo largo del siglo XIII Madrid consolidó su posición como concejo castellano, afianzando su carácter de "comunidad de villa y tierra" otorgado en tiempos de Alfonso VII en 1150. La participación de huestes del concejo de Madrid en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, acompañando al rey Alfonso VIII nos hablan de la consolidación de su concejo. Así en 1262 es promulgado por Alfonso X el Fuero Real que ratifica el carácter de realengo de la villa. La celebración de las primeras Cortes en Madrid, durante el reinado de Fernando IV en 1309 ponen de manifiesto el estatus alcanzado en la organización concecil del reino de Castilla, hecho que se repetiría en otras tres ocasiones durante el reinado de Alfonso XI, en 1329, 1339 y 1341. El propio Alfonso XI en 1339 ratificaría el Fuero Real promulgado en 1262, desarrollándolo a lo largo de 109 capítulos. De esta manera tiene lugar la constitución de un auténtico concejo, organizado administrativamente en diez collaciones (Santa María, San Andrés, San Pedro, San Justo, San Salvador, San Miguel, Santiago, San Juan, San Nicolás y San Miguel de la Sagra), con doce regidores elegidos por la villa y confirmados por el rey, es desde esta fecha cuando Madrid es un concejo cerrado, que reflejan la importancia alcanzada por la villa.
En esta época la presión nobiliar sobre Madrid ya se ha hecho sentir, pues en 1332 Alfonso XI devuelve Pinto a la ciudad anulando la anterior concesión a Martín Ferrandez; algunos años después, en 1345, Alfonso XI se quedó con la dehesa de Tejada, siendo devuelta a la villa por Enrique de Trastámara durante la guerra con su hermanastro Pedro I, sin duda con el fin de atraerse a la villa a las filas de la causa Trastámara. Sin embargo, Madrid tomó partido a favor del rey Pedro I, su asesinato y el ascenso al trono de Enrique de Trastámara, como Enrique II de Castilla, provocó una serie de enajenaciones de territorios bajo dominio madrileño, dentro de la política de cesiones a la nobleza, conocidas como las mercedes enriqueñas, por las que Enrique de Trastámara pagó los favores a sus partidarios. Así en 1366 concedió en plena contienda Torrejón a Pedro Alvarez de Toledo, cesión que fue de nuevo confirmada en 1379 fecha de la muerte de Enrique II; mientras Alcobendas, Barajas y Cobeña eran cedidas a Pedro González de Mendoza en 1369, sin duda como pagó de su traición a Pedro I del que había sido su mayordomo mayor, algo similar debió ocurrir años después con la cesión del Real del Manzanares ya señalada. Estas últimas donaciones provocaron profunda inquietud entre los madrileños que veían amenazada su pervivencia como ciudad realenga y, sobre todo, porque afectaban a dos zonas vitales para la subsistencia de la villa: la zona de pastos del Jarama y la zona de la sagra dedicada al cereal. En 1374 Madrid compró Cubas y Griñón al conde de Puñonrrostro por una fuerte suma de dinero. La culminación de este proceso de enajenación señorial de los dominios de Madrid ocurrió en 1383 cuando Juan I concede la propia villa de Madrid con sus rentas a León V de Armenia. La fuerte oposición desatada entre los madrileños obligó a Juan I el 12 de octubre de 1383 a asegurarles que tal cesión del señorío sólo sería durante la vida de León V de Armenia. En 1391 las Cortes reunidas en Madrid bajo el reinado de Enrique III, y bajo la presión de los madrileños, una vez muerto León V, consiguieron la revocación del señorío, a cambio Enrique III obtuvo las rentas adjudicadas a León V y el sitio de El Pardo como residencia real y coto de caza. La resistencia madrileña al proceso feudalizante de los Trastámaras logró algunos nuevos éxitos entre 1400 y 1405, pues vieron prosperar sus reclamaciones sobre Pinto, Cubas, Griñón y algún otro lugar; sin embargo, fracasaron en Barajas, Alcobendas y Torrejón. No terminó aquí el peligro, pues en 1439 Juan II donó Palomero y Pozuela a Pedro de Luxan; mientras en 1447 ofrecía a Madrid dos ferias francas de quince días de duración a cambio de la cesión de Cubas y Griñón, algo que los madrileños no aceptaron por lo que Juan II anuló las ferias, poniendo de manifiesto la creciente fuerza de la villa en su resistencia a la feudalización. De hecho en 1470, Enrique IV pensaba enajenar algunos dominios de Madrid, la respuesta del concejo fue tajante, oponiéndose el 21 de agosto de 1470 el concejo en pleno a cualquier enajenación: "en que en esta dicha villa nin en sus terminos e lugares e jurisdicciones e propios nin parte dellos sea enagenado en ninguna persona que sea por título de donación nin merced nin satisfación nin mencion nin por otro título". La resistencia del concejo al proceso refeudalizador de los Trastámaras es, pues, clara y si bien no pudo evitar algunas enajenaciones, como las de Alcobendas, Barajas y Torrejón, en general logró salir airoso de la presión nobiliaria. Que duda cabe que el carácter de concejo repoblador y el arraigado sentimiento de los descendientes de aquellos castellanos que participaron en la toma de Mayrit y en las posteriores campañas de la Reconquista, como la batalla de las Navas de Tolosa, debió actuar como un fuerte acicate en la defensa de la personalidad jurídica de la villa, oponiendo una tenaz y exitosa resistencia a verse sometidos a vasallaje de alguien que no fuera el propio rey. De hecho, desde el reinado de Juan II hasta el de Enrique IV no se produce una merma de los dominios sometidos a la jurisdicción del concejo madrileño, antes al contrario se registra un claro proceso de recuperación y conservación de sus dominios. La continuada presión nobiliaria sobre los dominios de Madrid convirtió en constante el pleitear del concejo a lo largo de los siglos XIV y XV, en defensa de su patrimonio. De ahí el interés de la villa por fijar con la mayor claridad y extensión posible sus límites, así en las Ordenanzas aprobadas en 1380 el concejo estipuló las normas de explotación de sus dominios, con el fin de evitar que un uso abusivo de los derechos de usufructo diera lugar a enajenaciones ilícitas o a peligrosas reclamaciones que hicieran mermar sus posesiones, dada la permanente tendencia de propios y extraños a invadir las tierras concejiles; por estas razones las Ordenanzas recogen y legislan de manera minuciosa el corte de leña, la roturación de tierras, la invasión de pastos y el cultivo de la vid en su alfoz. A lo largo del siglo XV dos fueron las zonas donde las disputas fueron más frecuentes y los pleitos más numerosos. De una parte, sobre los derechos de usufructo reconocidos desde tiempos de Fernando III y cuyos antecedentes se remontaban a época de Alfonso VII, sobre el Real de Manzanares, en posesión de los Mendoza y cuya propiedad amayorazgada en la zona se había extendido sensiblemente a lo largo de estos años hasta el punto de confundir interesadamente el señorío jurisdiccional sobre el Real con el dominio pleno. De otra parte, la segunda zona más conflictiva fue la de Alcobendas, enajenada por Enrique II en 1369, algo que el concejo madrileño nunca llegaría a aceptar. En el siglo XV el señor de Alcobendas era Arias Dávila, quien debía ejercer un férreo control sobre el término a juzgar por los continuos pleitos con el concejo madrileño debidos al refugio que sus súbditos obtenían en Madrid huyendo de su señor. La villa no desaprovechó la ocasión e intervino protegiendo a los siervos huidos de Dávila, fundando bajo protección real San Sebastián de los Reyes en 1492. A lo largo del siglo XV hay una continuada corriente migratoria a Madrid desde los lugares de señorío circundantes, que huían de los señores feudales, no debería extrañarnos que este flujo fuese alentado por la propia villa, por activa o por pasiva al acoger a los prófugos, con el fin de debilitar a los feudales, ocasión que también fue aprovechada por la Corona en la misma dirección si atendemos a las disposiciones reales promulgadas en 1477, 1480, 1492 y 1493 en las que los Reyes Católicos impiden que los señores feudales despojen de sus bienes y haciendas a los súbditos que huyendo se avecindasen en Madrid. La enajenación por parte de la Corona del monte de El Pardo, en tiempos de Enrique III, como lugar de residencia y coto de caza real, tendría importantes consecuencias posteriores para Madrid. Sin embargo, durante el siglo XV no dejó de ser una cuestión de continuo enfrentamiento con la Corona. En efecto, si bien desde Enrique III El Pardo era un sitio real, los madrileños no habían perdido el derecho al usufructo, lo que originó numerosas disputas entre los funcionarios reales y los vecinos de la villa, hasta el punto de que en 1481 es promulgada una sentencia por la que se prohibe cortar, rozar y pastar en ciertos montes. Que la situación no mejoró lo demuestra la carta que Isabel I otorga a su alcaide en 1483 para que deje acceder al agua a los madrileños, como ha puesto de manifiesto Manuel Montero, o la prohibición tres años después de Fernando el Católico al alcaide de El Pardo de que invada el término de Madrid. El afán expansionista de los funcionarios reales de El Pardo se centraba sobre todo en la Dehesa de la Villa, cuya anexión intentaron infructuosamente en varias ocasiones, la oposición cerrada del concejo frustró estas pretensiones, que hubiesen supuesto un serio perjuicio para el abastecimiento de carne y leña a la villa. Así en la Baja Edad Media los límites de la Tierra de Madrid según Montero "quedarían algo al oeste de El Pardo y las Rozas, hasta el Guadarrama; más abajo, el dominio segoviano traspasaba este río, llegando a Madrid a las inmediaciones de Villaviciosa y Móstoles; luego avanzaba hasta los aproximados límites de la actual provincia, comprendiendo Parla, Griñón, los Torrejones y Cubas, parte conflictiva bajo los Trastámaras. Aquí partía lindes con el segoviano sexmo de Valdemoro [posteriormente incorporado al condado de Chinchón], alcanzando en determinados lugares el río Jarama: se respetaron los mojones colocados por Fernando III. Más arriba traspasaba Madrid el río, hasta Paracuellos -de la Orden de Santiago-, cercanías de Ajalvir y Cobeña, en frontera con Toledo. Volvíase luego a cruzar el curso, hacia San Sebastián de los Reyes y Viñuelas, también más tarde disputados a Madrid". La Tierra de Madrid se articulaba administrativamente durante esta época en tres sexmos, los de Aravaca, Vallecas y Villaverde, aunque ocasionalmente también figuró un cuarto sexmo, el de Manzanares. Madrid era en aquella época, en el siglo XIV, una villa característica de la Meseta sur, en la que había existido una dilatada presencia musulmana; así pues, la población estaba compuesta por los castellanos que la habían conquistado, que dominaban las instituciones concejiles, los mozárabes que se habían mantenido después de la conquista, situados en los arrabales de la antigua fortaleza musulmana (en torno a la actual Cava Baja), y un núcleo de judíos que residía en la aljama madrileña. Sin embargo, las tensiones raciales, teñidas de razones religiosas, no permanecieron al margen de la vida de la villa. Durante la turbulenta regencia que tiene lugar en la minoría de Enrique III, y coincidiendo con las Cortes celebradas en Madrid en 1390 tienen lugar importantes actos violentos contra la población judía de Castilla, desencadenados por las predicciones del arcediano de Ecija, Ferrán Martínez. Las matanzas de judíos de extendieron por toda Castilla y Madrid no fue la excepción, en donde se produjeron importantes destrozos en su aljama, de los que da constancia un documento fechado en 1392.
MADRID EN TIEMPOS DE LOS REYES CATOLICOS Madrid era en tiempos de los Reyes Católicos, finalizando el siglo XV, una villa con una población cercana a los doce mil habitantes, cuya importancia política se había acrecentado durante la dinastía Trastámara, como hemos tenido ocasión de señalar. Madrid gozaba de una privilegiada posición consecuencia de un muy favorable ecosistema, la abundancia de las aguas y la extensión de los bosques, prados y fuentes hacían de ella una ciudad bien abastecida. Fernández de los Ríos en su Guía de Madrid nos cuenta refiriéndose a la época: "Era la comarca de Madrid fértil, casi un paraíso, a juzgar por lo que dicen algunos cronistas: huertos, bosques, prados, fuentes, un cielo azul y un clima delicioso. Los frutos de la tierra y la caza eran sobrados para mantener la población". La descripción no debía resultar muy exagerada, si tenemos en cuenta que los bosques y la abundante caza se proyectaban desde la Sierra sin solución de continuidad hasta los mismos arrabales de la villa, donde árboles y caza alcanzaban la actual Gran Vía para enlazar con la Dehesa de la Villa y el monte de El Pardo.
Los límites de la villa, siguiendo a José Manuel Castellanos, se iniciaban por el sur en los arrabales de las Vistillas y de Lavapies, en el primero las casas de una planta dispersas y rodeadas de corrales y huertas eran la tónica, articuladas en torno al convento de San Francisco, en donde fueron enterrados Enrique de Villena, Enrique IV y su esposa doña Juana, los Vargas, Luzones y Luxanes entre otros; en torno a las actuales plazas de la Cebada y de Tirso de Molina, existía el arrabal de Lavapies, en donde se concentraba la mayor parte de la población judía de la villa. La plaza de la Cebada, en aquel entonces un gran descampado, era lugar de comercio de granos, tocino y legumbres, al norte de la misma se localizaba el gran caserón destinado por Beatriz Galindo a hospital, conocido como hospital de La Latina en honor a su fundadora, cuya construcción se inició en 1499, donde hoy está el teatro de La Latina, edificado en las extensas propiedades de Francisco Ramírez, su esposo; cerca de él se encontraba el viejo matadero municipal, que pronto fue trasladado mediante autorización de los Reyes Católicos por la insalubridad y los malos olores que del mismo se desprendían. Los restos de la muralla árabe vecinos al mismo, entre la actual Cava Baja y la calle del Almendro, fueron aprovechados para edificar casas hasta la Puerta Cerrada. Frente al hospital de La Latina se encontraba la ermita de San Millán, que daba nombre a otro arrabal, de extensas huertas y viñedos, en el que se extendían las principales propiedades del mayorazgo del ya mencionado Francisco Ramírez, secretario de Fernando el Católico. En lo que hoy es inicio de la calle de Toledo se encontraban los restos de la muralla árabe, prolongación de la Puerta Cerrada, por la calle de Cuchilleros se desembocaba en la plaza del Arrabal, hoy Plaza Mayor, lugar tradicional del mercado, en 1489 principió la construcción de la casa portalada con el fin de acoger bajo techo los puestos del mercado, su finalización se demoró durante un siglo. A su derecha se encontraba el arrabal de Santa Cruz, cuyo nombre tomaba de la iglesia del mismo nombre allí situada, en él tenían sus tiendas los gremios de los zapateros, estereros, guitarreros y tiradores de oro. Al norte se encontraba la Puerta del Sol, de origen cristiano, donde durante el reinado de los Reyes Católicos fue confinada la prostitución "las mugeres del partido no puedan estar en otros lugares, salvo en la casa de la putería nueva ques a la Puerta del Sol"; enseguida se topaba uno con la Puerta de Guadalajara, en la actual calle Mayor, donde nacía al norte el arrabal de San Ginés, en el que se situaban las posesiones de los Mendoza y los Vallejos, cuyas mansiones se alzaban en las laderas del barranco del Arenal; alrededor de la Iglesia de San Ginés tenían sus tiendas bordadores, coloreros y boteros. Al norte del mismo se encontraba el arrabal de San Martín, en el que junto a los conventos de Santo Domingo y San Martín se emplazaban las casas y los rudimentarios palacios de don Alvaro de Luna, de los Olivares, Mendozas, Barrionuevos y Vallejos; la actual plaza de Isabel II -o de la Opera- era un lugar de barrancos, huertas, pontones y fuentes, donde se ubicaban los curtidores de pieles y sus tenerías, trasladadas por los Reyes Católicos en 1495 a la Ribera de Curtidores y la cuesta de San Lázaro, junto a ellas radicaban las huertas de Alvaro de Alcocer, las fuentes de Hontanillas, Valnadú y la Priora, así como el arroyo de San Ginés. Aquí se hallaba la Puerta de Valnadú, flanqueada por las torres de los Huesos y de Gaona, desde donde se divisaba el Alcázar, y a su lado el barrio de Santiago, donde existían hasta cinco iglesias, entre las que destacaban la de San Salvador, la más importante del Madrid de la época, y en la que celebraba sus sesiones el concejo, y la de Santa María. Era el barrio noble por naturaleza, donde tenían residencia los Alcocer, Herrera, Lodeña, Losada, Luzón, Monzón, Ramírez y Toledo. A continuación el barrio de Sacramento, de extracción humilde originariamente, pronto se convertiría en uno de los más señoriales, ocupando los Lujanes, Cisneros, Vozmedianos, Castillos, Ramírez, Zapatas y Cárdenas la plaza de San Salvador -actual plaza de la Villa-, centro neurálgico del Madrid medieval, donde se concentran el mercado principal, la picota, la cárcel y la alhóndiga, lugar de reunión del antiguo concejo abierto. Cruzando la hondonada del vallejo de San Pedro, se alzaba el barrio de la Morería, en el que se encontraba la aljama musulmana y donde se erigía la mezquita que pervivió hasta principios del siglo XVI. Más allá se localizaba la leprosería de San Lázaro. Finalmente el gran caserón de los Lasso, construido a finales del siglo XV por Pedro de Castilla, biznieto de Pedro I, en el que residieron doña Juana y el archiduque Felipe, así como los regentes cardenal Cisneros y el deán de Lovaina durante sus estancias en Madrid. El palacio de los Lasso junto con la iglesia de San Andrés y una de las casas de los Vargas conformaban la Plaza de la Paja, la más amplia del recinto amurallado, desde donde se alcanzaba la punta más meridional de la villa, la Puerta de Moros, que enlazaba con la plaza de la Cebada en las afueras de la muralla y salida natural hacia Toledo.
Madrid era a finales del siglo XV, pues, una villa que guardaba unas relaciones bastante armónicas con su alfoz. No era una ciudad con una gran pujanza comercial, por lo que sus burgueses no rebasaban el mero estadio artesanal. La presencia en sus arrabales y en el interior del recinto amurallado de apellidos de abolengo nobiliario, como los Mendoza, los Vozmediano o los Luna tiene que vez con la cada vez más frecuente residencia de los monarcas en Madrid. Que tuvieran casa abierta no quiere decir que residieran de manera permanente en la villa, tengamos en cuenta que en esta época la Corte era itinerante. Junto a ellos residía un reducido grupo de notables locales, cuyos orígenes se remontan, en algunos casos, a la conquista de Mayrit en época de Alfonso VI, serán quienes dominen el concejo madrileño, participando activamente en la defensa de la villa frente a las pretensiones de los señores feudales, son los Alcocer, Luzón, Losada, etc. El núcleo de la población estaba constituido por los artesanos, pequeños comerciantes y los oficiales y aprendices de ellos dependientes; en los arrabales vivían los pequeños campesinos que tenían sus huertas y tierras en las cercanías de la villa, así como la comunidad mozárabe y judía. Algunos de cuyos más significados miembros, comerciantes, médicos y cargos ligados a las finanzas reales habían logrado superar las barreras de la aljama judía para integrarse, no sin recelos, en la cúspide de la sociedad medieval. El decreto de expulsión de los judíos en 1492 pronto acabó con su presencia bien por su forzosa emigración o por la más difícil vía de la asimilación. Nos hemos referido a los conflictos habidos durante el siglo XV entre la villa y la Corona por el usufructo del Real Sitio de El Pardo. Sin embargo, la decisión adoptada por Enrique III de convertir El Pardo en residencia y coto de caza real revelaría con el tiempo su importancia en la decisión de Felipe II de establecer la capital del Imperio en Madrid. En efecto, a partir de esa fecha las estancias de los monarcas en El Pardo se hicieron más numerosas y prolongadas en el tiempo, la frecuente presencia de los reyes en Madrid acrecentó la importancia política de la villa, como ponen de manifiesto las reuniones de Cortes en Madrid, dos durante el reinado de Enrique III (1390-91 y 1393), tres con Juan II (1419, 1433 y 1435), dos con Enrique IV (1462 y 1467), una con los Reyes Católicos (1482), una durante la regencia de Fernando el Católico (1510) y cuatro con Carlos I y su madre doña Juana (1517, 1528, 1534 y 1551-52); con ello el Alcázar madrileño sufrió importantes obras durante la dinastía Trastámara a fin de adecuarlo al uso más frecuente de la Corte castellana, así Enrique III "dispone el Alcázar en forma de Palacio, levantando algunas torres que le hermoseasen", obras que continuaran Juan II y Enrique IV. Carlos V dio un impulso decisivo en la conversión del Alcázar en Palacio real, la ampliación y reforma del mismo fueron dirigidas desde 1536 por Covarrubias como maestro mayor de las obras. La decisión de instalar la Corte en Madrid adoptada por Felipe II, anunciada en carta a Luis de Vega el 7 de mayo de 1561 y la Real cédula del 8 de mayo ratificándolo marca una nueva etapa en la historia de Madrid. Se puede hablar sin lugar a dudas de un antes y un después de esta decisión. Cabría preguntarse las razones que llevaron a Felipe II a adoptar tal postura, cuando Madrid era todavía una villa de posición intermedia en la jerarquía de las ciudades castellanas.
Varias fueron las razones que influyeron en la decisión de Felipe II de radicar la capital en Madrid. Su carácter de villa de realengo de dimensiones medias en la jerarquía urbana castellana, y la ausencia de un fuerte poder que disputase la primacía a la Corona, como ocurría con Toledo sede de la poderosa mitra arzobispal, o de un fuerte concejo celoso de sus prerrogativas como Segovia o Valladolid, de amargo recuerdo en la memoria del nuevo monarca, debieron pesar en la decisión de Felipe II. Si a ello le unimos su posición equidistante de los diferentes territorios de la Corona en la Península, que terminarían por convertirla en el nudo de los caminos y comunicaciones, y el favorable ecosistema madrileño, en el que la abundancia de montes y dehesas hacían de él un excelente lugar de caza, a la que tan aficionados eran los monarcas, donde el Real Sitio del Pardo constituía lugar de solaz y residencia eventual desde los tiempos de Enrique III, explicarían las variadas motivaciones que llevaron al monarca a elegir Madrid como capital del Imperio. La decisión de Felipe II iba a alterar radicalmente la historia de Madrid. Sin lugar a dudas, de no haber mediado tal elección la villa no habría pasado de ser una típica ciudad castellana abocada a una lánguida existencia, en virtud de la ausencia de recursos naturales sobre los que edificar un posterior desarrollo urbano e industrial. No es, pues, exagerado hablar de un antes y un después de 1561. Acontecimiento que marcaría el ulterior crecimiento de la Villa y Corte, pero que también marcó en profundidad su territorio circundante. Supeditando en una primera etapa, que se extiende hasta la primera mitad del siglo XIX, a un amplio hinterland que excede los actuales límites de la provincia, al subordinar económicamente el desarrollo de una amplia franja de la Meseta Central a las necesidades de abastecimiento de la capital y a la voracidad de la Hacienda Pública, para posteriormente, ya en el siglo XX, configurar la provincia de Madrid como una región metropolitana de carácter netamente urbano. LA FORMACION DE LA PROVINCIA DE MADRID: DE LA DISCONTINUIDAD DEL ANTIGUO REGIMEN A LA DIVISION PROVINCIAL DE JAVIER DE BURGOSEn la España de los Austrias la ausencia de una administración territorial similar en contenido y atribuciones a lo que hoy denominamos provincia fue la tónica general. No debe equivocarnos el prematuro empleo del término provincia, que ya desde finales del siglo XV aparece en alguna documentación elaborada con fines impositivos. Aquí la semántica está lejana todavía de las funciones que adquirió el concepto a partir del siglo XIX. No es de extrañar, pues, que la mayor parte de la documentación fiscal durante los siglos XVI y XVII utilicen como unidad territorial de comprensión al obispado. No obstante, en 1591 ya existe un intento de definición territorial sobre la base del término provincia. Nos referimos al "Censo de la población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla", que ha pasado a la historia como censo de Tomás González, en atención a su analista, que sistematizó la información y la publicó en 1824. Según este censo de 1591 lo que se entiende en él por provincia de Madrid difiere sustancialmente de los actuales límites. Por un lado, y siguiendo las coordenadas procedentes de la Edad Media, que hemos estudiado en líneas anteriores, la actual provincia de Madrid estaría invadida por Avila, Guadalajara, Segovia y Toledo, y, a la inversa, lo que denominaron en aquella época provincia de Madrid penetraba en las actuales de Toledo y Guadalajara. De hecho, cualquier homogeneización administrativa del territorio a lo largo del Antiguo Régimen chocaba frontalmente con la vigencia del régimen señorial, en cualquiera de sus variantes, es decir, con la extensa casuística jurisdiccional característica de aquella época, y que incluso quedó reforzada si tenemos en cuenta las nuevas dispersiones provocadas por la enajenación de jurisdicciones anejas a los procesos de ennoblecimiento, que tomaron cuerpo a lo largo del siglo XVII, y de las que en Madrid se localizan abundantes ejemplos. Veamos algunos de estos casos. En 1625 se concedió a Francisco Eraso el título de Conde de Humanes. Por las mismas fechas se creó el condado de Colmenar de Oreja. Antes Felipe III había otorgado el ducado de Uceda al primogénito de su válido el duque de Lerma, que con el tiempo pasaría a la Casa de Osuna; el mismo monarca había premiado al duque de Lerma con el señorío de Valdemoro, que después revendió a sus habitantes. En 1640 el Conde-duque de Olivares compró la villa de Loeches, que en años venideros engrosaría el caudal de la Casa de Alba. En 1686 se asiste a la creación del marquesado de Valdetorres y en 1688 al marquesado de Valdeolmos. Finalmente, en una fecha tan tardía como 1734 Felipe V otorgó el ducado de Algete, luego englobado en los estados de la Casa de Alcañices. Significativo este último hecho, todo un símbolo de las trabas opuestas a cualquier intento de racionalización del territorio durante el siglo de las luces, en el que se concitaron dos fuerzas contradictorias: el afán centralizador de la monarquía ilustrada y la tendencia opuesta desplegada por la nobleza, celosa guardiana de sus prerrogativas jurisdiccionales. Resultaba evidente en la España del siglo XVIII la naturaleza obsoleta de la administración territorial, prácticamente calcada de la Edad Media. Sin embargo, cualquier transformación no iría más allá de la epidermis del sistema, si tenemos en cuenta lo enraizado de lo que antes hemos catalogado de dispersión jurisdiccional. Situación que en el caso madrileño quedaba agravada por la amplia extensión en sus cercanías de los llamados Sitios Reales. Todo ello provocaba una especie de rompecabezas histórico, donde la falta de continuidad quedaba puesta de manifiesto por la existencia de enclaves de unas provincias en otras, por los fenómenos de extraterritorialidad originados por la pervivencia del señorío jurisdiccional y por el original estatuto de los Sitios Reales. En el siglo XVIII el actual territorio que compone la Comunidad Autónoma de Madrid era una clara demostración de heterogeneidad territorial, a la que intentaron poner lógica y razón los monarcas ilustrados. El primer intento de racionalización administrativa del territorio cabe situarlo en época de Felipe V. A tal fin conducen las Ordenanzas de Intendentes de 1718, que daban origen a esta figura política, una especie de gobernador, presidente de la Audiencia y delegado de Hacienda al unísono, que por encima de las ideas sobre la separación de poderes, aglutinaba en sus manos todo un conjunto de funciones político-administrativas dirigidas a llevar a buen puerto cualquier proyecto centralizador. Estos intendentes fueron situados a las cabezas de las Intendencias, divisiones administrativas establecidas por todo el territorio de la monarquía a partir de 1749. ¿Cuáles eran las características de la Intendencia de Madrid? Antes que nada señalar, que en el caso que nos ocupa no se logró poner coto a la heterogeneidad territorial. En síntesis, la Intendencia de Madrid ocupaba un espacio discontinuo, con tres núcleos más o menos homogéneos: La Tierra de Madrid, que con centro en la capital se extendía por el norte hasta las lindes del Real de Manzanares y de la región de Colmenar Viejo y su amplia zona de influencia -en aquel momento perteneciente a Guadalajara-, por el Este hasta la zona de influencia de Alcalá de Henares -bajo la jurisdicción de Toledo-. A la Tierra de Madrid se la añadía el sexmo de Casarrubios, hasta bien entrada la actual provincia de Toledo por el suroeste, ya que incluía los términos de Casarrubios del Monte, Valmojado, Las Ventas de Retamosa, Santa Cruz de Retamar, Quismondo, Maqueda, Val de Santo Domingo y Carmena. Además por el sureste se incluía en la Intendencia de Madrid la comarca alcarreña del partido de Zorita, hoy en día perteneciente a la provincia de Guadalajara. Más operativa y racionalizante fue la nueva división territorial llevada a cabo en enero de 1801 a propuesta del Consejo de Hacienda y que reformó la Intendencia o provincia de Madrid hasta aproximarla a los límites con que quedara configurada definitivamente en 1833. Quedó reorganizada en dos partidos administrativos: Madrid y Alcalá de Henares, previa extinción por Real Orden de 8 de diciembre de 1799 del partido de Colmenar Viejo, que ahora se incorporaba a Madrid, al igual que el partido de Alcalá que abandonaba para siempre a la intendencia toledana. Asimismo la intendencia de Madrid perdió 24 pueblos que pasaron a formar parte de Segovia, Toledo y Guadalajara. Pero era mucho mayor la nueva porción de territorio conseguida, y no sólo por simples motivos cuantitativos, sino también por la superior pujanza económica de los núcleos rurales incorporados: 27 pueblos del partido de Colmenar Viejo, 11 de Guadalajara, 22 de Segovia, 39 de Alcalá (Toledo), 8 de Toledo y 2 de Ocaña, además de los tres Sitios Reales: San Fernando, San Lorenzo de El Escorial y El Pardo. En conjunto la provincia de Madrid quedó compuesta de 179 pueblos, de ellos 122 correspondientes al partido administrativo de Madrid y 57 al de Alcalá de Henares. Insistimos en que esta reorganización sirvió de base, con algunas alteraciones que después anotaremos para la constitución de la provincia de Madrid tal como la estipuló el plan de Javier de Burgos, concretado el 30 de noviembre de 1833, sobre todo si tenemos en cuenta que los proyectos remodeladores del gobierno de José I no llegaron a fructificar. Nos referimos a la constitución del Departamento del Manzanares, en abril de 1809, con Madrid de capital, que reproducía el modelo de la división territorial francesa; al igual que el decreto de José I, fechado en Sevilla el 17 de abril de 1810, que institucionalizó la Prefectura de Madrid. En 1814 entró de nuevo en vigor la división territorial plasmada en la disposición de enero de 1801, que acabamos de comentar, hasta que las Cortes del trienio por ley de 1822 establecieron la nueva división territorial, antecedente muy directo del Real Decreto de 20 de noviembre de 1833. Si bien la división territorial de 1801 introdujo nuevos criterios racionalizadores, sin embargo continuo subsistiendo la cuestión de la dispersión jurisdiccional provocada por el substrato señorial, aunque al menos el tema de los Sitios Reales quedó resuelto. Será con la revolución liberal de los años treinta cuando la división provincial alcance plena coherencia jurídico-administrativa con la desaparición del señorío jurisdiccional. Con respecto a 1801 la división territorial de Javier de Burgos presentaba a escala madrileña las siguientes variantes. Quedaban incorporados la Tierra de Buitrago, antes de Guadalajara, al igual que la zona de Bustarviejo y Valdetorres; de la provincia de Segovia se transfería a Madrid el valle de Lozoya, de la de Avila los términos de Valdepelayos y Valdequemada, y, por último, de Toledo se integraban en Madrid el Sitio Real de Aranjuez y los términos de Cadalso, Colmenar de Oreja, Cenicientos, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Rozas de Puerto Real, Valdaracete, Villaconejos, Villamanrique de Tajo y Villarejo de Salvanes. En sentido inverso, la provincia de Toledo obtenía de Madrid varios términos, algunos de los cuales habían formado parte del Sexmo de Casarrubios: Borox, Casarrubios, Esquivias, Mentrida, Seseña, Torre de Esteban Ambran, Valmojado y Ugena. Además se trasvasaba a la provincia de Guadalajara la comarca de Zorita y tierras adyacentes. Así resultó configurada la actual provincia de Madrid, que Pascual Madoz delimita con precisión: "Confina al N y NO con la de Segovia; E. Guadalajara; S. Cuenca y Toledo y O. Avila. Sus límites N. y O. son la gran cordillera de los montes Carpetanos, empezando un poco al S. del puerto de Arcones, sigue por los de Lozoya, Peñalara, Morcuera, Fonfría y Guadarrama; por entre Cereceda y Zarzalejo, quedando éste para Madrid y aquel para Avila; por el O. de Valdequemada y San Martín de Valdeiglesias, por entre Cadalso y Majadillas, Rozas de Puerto Real y la Adrada, perteneciendo ésta y Majadillas a Avila, y Rozas de Puerto Real y Cadalso a Madrid. Su límite S. empieza aquí y sigue por el Sur de Cenicientos y el Prado, a cortar el río Alberche por el N. de Mentrida, que queda para la provincia de Toledo; continua después por entre Navalcarnero y Casa-Rubios, y atravesando el Guadarrama al S. de Batres y N. de Carranque y Ugena, va por entre Espartinas y por el N. de Seseña a buscar el Jarama por más abajo de su confluencia con el Tajuña, dirigiéndose luego (después de dejar dentro de la provincia todas las posesiones de Aranjuez) por el N. de Oreja, provincia de Toledo, S. de Colmenar de Oreja al Tajo, cuya orilla derecha sigue hasta más arriba de Estremera. El límite E. empieza en este sitio, y se encamina a atravesar el Tajuña por el S.O. de Mondéjar; pasa entre Loranca y Pezuela, por el O. de Pioz, entre el Pozo y Santorcaz, y atravesando el Henares, va por el O. de Azuqueca y Buges, aquel de Guadalajara y éste de Madrid; E. de Camarma y Rivatejada, O. del Casar; E. de Palazuelos, Valdepiélagos y Vallunquera, y cortando el Jarama entre Uceda y Torremocha, éste de Madrid y aquel de Guadalajara, se dirige por su orilla derecha hasta el punto llamado Pontón de la Oliva, o sea algo más arriba de la confluencia de aquel río con el Lozoya, donde principia el canal de Cabarrús o de Torrelaguna; sigue luego por el E. de Atazar, Pueba de la Mujer muerta, hasta Somosierra, quedando estos pueblos dentro de la provincia". MADRID CAPITAL DEL IMPERIO. LAS RELACIONES ENTRE LA CIUDAD Y SU TERRITORIOCuando en 1561 Felipe II decidió trasladar la Corte a Madrid quedó marcado el destino futuro de lo que hasta entonces había sido un reducido núcleo urbano de limitadas funciones. A partir de aquella época la pequeña villa medieval fue creciendo en consonancia con su papel político hasta llegar a ser la primera ciudad de la monarquía por su número de habitantes a mediados del siglo XVII. Fue el fenómeno de la capitalidad, pues, el factor básico de impulsión que determinó el contenido urbano de Madrid; es decir, fue un hecho exterior a la propia dinámica de la ciudad el que fijó las pautas de su futuro devenir histórico siempre impregnado por la dualidad Corte-Ciudad. Cabe incluir en un mismo contexto histórico de comprensión la trayectoria de Madrid a lo largo del Antiguo Régimen. Desde la segunda mitad del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX la estructura global de la ciudad responde a la perfección a lo que Jan de Vries ha definido como ciudad imperial, sobre todo a partir de los últimos años del reinado de Felipe III cuando, después de un breve interregno en el que la Corte mudó a Valladolid, se estableció definitivamente la monarquía y su aparato político y social en el casco urbano madrileño. Quietud estructural e incremento cuantitativo son los dos rasgos que enmarcan la evolución de la ciudad, sin que las epidérmicas reformas de la Ilustración consiguieran alterar los fundamentos del conjunto social, ni las específicas relaciones que Madrid mantuvo con su entorno más o menos inmediato, en todo momento mediatizadas por la propia sustancia de la capital. Madrid fue una ciudad imperial de inadecuado emplazamiento geográfico. Elemento este último a tener en cuenta porque al conjugarse con el fenómeno de la capital coadyuvó a delimitar las funciones de la ciudad y a definir su vinculación con el resto del territorio próximo. Siempre ha llamado la atención la situación espacial de Madrid si la comparamos con las capitales de las grandes monarquías del Antiguo Régimen. Cualquier ciudad importante del occidente europeo en esa época está localizada o en las proximidades del mar o tiene facilidad de comunicación, llámense vías fluviales o sistemas de caminos; sin embargo Madrid a la par que desarrolló su vocación política estuvo desprovista de estas ventajas. Añádase a ello la ausencia de materias primas en las proximidades y tendremos el cuadro completo en el que se desenvuelven las relaciones entre la ciudad y el territorio hasta mediados del siglo XIX, caracterizadas por el hecho de que la ciudad transfiere a su entorno rural más elementos de estabilidad que de transformación, e impide el desarrollo de núcleos urbanos de cierta consideración en sus alrededores. A este respecto, la primera consecuencia de la implantación de la capitalidad en Madrid fue la desarticulación de la red urbana tradicional que con centro en Toledo había organizado los intercambios y las funciones económicas en una ajustada pirámide justificada por variables de tipo económico. El continuado crecimiento demográfico de Madrid desde principios del siglo XVII configuró un nuevo entramado dirigido a su abastecimiento. Más que provocar el incremento de la producción rural, la cuestión se saldó con la reorientación de la producción existente hacia la capital sin ninguna alteración en profundidad de los modos y sistemas de producción y de vida del campesinado. Al reto del aumento de bocas que alimentar la respuesta fue que Madrid incorporó a nuevas zonas agrarias cada vez más lejanas, en ambas mesetas, a la lógica de su abastecimiento. De ahí esa especie de contradicción que emerge durante tres siglos: conforme Madrid absorbe un porcentaje mayor de la renta proveniente de todo el país, su territorio más o menos próximo tiende a empobrecerse. La ciudad de Madrid, pues, articuló su dinámica interna sobre la base de su función como capital del Imperio; todo ello entendido en su sentido más estricto ya que desde Madrid se organizó toda la estrategia de conservación de la estructura imperial y una parte considerable de la renta canalizada hasta Madrid se proyectaba posteriormente hacia este objetivo. La capitalidad determinó una peculiar configuración del tejido social, cuyo incremento cuantitativo no viene explicado porque la ciudad precise importar mano de obra para cubrir sus necesidades económicas, hecho todavía más visible desde la segunda mitad del siglo XVII. A partir de un muestreo efectuado sobre 527 peticiones de vecindad David Ringrose nos ha proporcionado información significativa, comparando la categoría socio-profesional de los peticionarios en dos momentos sucesivos, 1600-30 y 1631-63. Parece evidente la atracción de la Corte y de sus funciones políticas: en el primer período considerado el 34% de los nuevos candidatos a vecinos de Madrid eran artesanos y trabajadores cualificados, frente el 9,4 por 100 de la segunda etapa; sin embargo, los resultados son inversos para los peticionarios relacionados con el andamiaje administrativo, así los empleados del Gobierno y de la Casa Real pasan del 4,9 por 100 al 16,7 por 100 y la nobleza titulada y los "caballeros" del 0,3 por 100 al 9,4 por 100 en los mismos períodos de tiempo. Evolución que permanece inalterable, como no sea para acentuarse, a lo largo del siglo XVIII. En el cuadro nº comparamos la estructura del empleo en Madrid y Barcelona en 1787. En el caso madrileño las partidas referidas al empleo público y al componente hidalgo absorben al 28,3 por 100 de la población activa en contraste con el 3,39 por 100 para Barcelona. Por el contrario, los capítulos artesanos-fabricantes y jornaleros alcanzan en Barcelona el 46,80 por 100 mientras que en Madrid se sitúan en el 31,7%, tengamos en cuenta además las diferentes realidades sociales que subyacen en la escueta denominación socio-profesional. En Barcelona el empleo industrial entroncaba en el primer despegue manufacturero catalán, sin embargo en Madrid lo que predomina es un artesanado tradicional, muy lejano todavía del moderno mundo industrial, que enfoca su producción sobre todo a la demanda de la elite económica local. En Madrid el término jornalero engloba, más que una población activa fabril, a un abigarrado conjunto de trabajadores sin ninguna ocupación precisa ni estable que junto al servicio doméstico forman el cuerpo principal de las capas populares, cuyo horizonte reivindicativo gira en torno al abastecimiento de pan, y está mediatizado por las relaciones de dependencia, subordinación y clientela que la Corona y la Nobleza tejen cuidadosamente como antídoto al conflicto social y como elemento equilibrador de la "economía moral de la multitud".
Por lo dicho hasta ahora se comprende que la sociedad madrileña esté compartimentada en cuerpos estancos sin apenas movilidad entre ellos. Puede argüirse que una conclusión de esta naturaleza no presenta ninguna novedad porque es característica de la sociedad estamental del Antiguo Régimen. Pero lo que aquí queremos señalar es que Madrid ofrecía escasas posibilidades de promoción social a la corriente de emigrantes campesinos que alimentan la población local y constituyen los pilares de sustentación del crecimiento demográfico, en una ciudad cuyo crecimiento vegetativo habría sido nulo sino fuera por los contingentes poblacionales que las provincias envían. Lo característico de aquella situación era la enorme bipolaridad existente en la percepción de la renta. A mediados del siglo XVIII en la cúspide de la pirámide destacan los grandes propietarios de tierras y de rentas señoriales, que equivalen al 3,18 por 100 de lo que con cierta licencia denominaríamos población activa, y que sin embargo absorbe el 36,69 del total de la renta. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a la nobleza titulada que a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y de la primera mitad de la siguiente centuria consolida su asentamiento en la capital al abrigo de la Corte. Sus palancas de acumulación van más allá de cerca la de Madrid para desparramarse por todas las provincias de la monarquía, a lo que se añade el suplemento que reciben como contraprestación a sus funciones políticas cada vez más capidisminuidas por la irrupción de las profesiones liberales en la maquinaria estatal, cuyos miembros más sobresalientes acabarán por integrarse en las filas nobiliarias. Precisamente el siglo XVIII fue una de las etapas cenitales en la trayectoria de la nobleza madrileña. La revalorización de las actividades productivas, mercantiles o fabriles, por parte del pensamiento ilustrado y la coyuntura alcista de la segunda mitad del siglo, impulsaron un comportamiento económico más dinámico de las filas nobiliarias, que encuentra su fundamento en la ampliación del mercado interior, sobre todo en el abasto de los grandes centros urbanos, en el comercio lanero y en su vinculación con los Cinco Gremios madrileños. Todo ello se traduce en un afán constante por maximizar las rentas, sin alterar las estructuras de propiedad o de producción, en un contexto de gestión más racional de los recursos, que se resuelve en el incremento de la presión sobre el campesinado, con el fin de obtener una cuota más elevada del producto agrario. Además, los ingresos se refuerzan con las rentas que la Corona canaliza hacia la nobleza a través del pago de funciones cortesanas o reactualizando los ingresos nobiliarios, en un marco fiscal privilegiado, a partir del sistema de pensiones, contrapartida del rescate de determinados servicios antes dominados directamente por la nobleza, pero de comprometido cobro que ahora queda garantizado. Todo esto en lo que se refiere a las fuentes de ingreso; en cuanto a la estructura del gasto, la nobleza madrileña parece más preocupada que en épocas anteriores por aumentar sus gastos productivos, para aprovechar los beneficios de la coyuntura, bien dirigidos a nuevas roturaciones, a la construcción de canales y a mejoras infraestructurales del negocio de la lana gestionado directamente por las administraciones centrales. No obstante, el grueso del ingreso nobiliario se destina al consumo suntuario, incluso se incrementa el porcentaje dirigido en esta dirección a lo largo del XVIII. Se trata de una nobleza más cosmopolita, abierta a las influencias francesas e italianas, cuyo mimetismo respecto del lujo de la Corte se hace evidente, y que dedica una mayor parte de sus ingresos a gastos fijos de mantenimiento del estatus. Así el siglo XVIII fue la gran época de construcción o remozamiento de palacios nobiliarios en Madrid. A modo de ejemplo indiquemos aquí la reforma en profundidad o la construcción de los siguientes palacios: conde de Puñonrostro, duque del Infantado, marqués de Perales, marqués de Miraflores, conde de Ugena, conde de Tepa, duques de Berwick, marqués de Santa Cruz, conde de Altamira, marqués de Grimaldi, conde de la Puebla del Maestre, marqués de Guadalcázar, duque de Villahermosa. En suma, la Corte como proveedora de empleo o como polo de atracción de grupos sociales dominantes a escala peninsular es el gran foco acaparador de rentas. A la altura de 1757 entre la nobleza propietaria y la Administración Real y Local concentraban el 58,94 por 100 de la renta.
El negativo de esta situación surge en el mundo productivo madrileño. Sujeto a un estadio enteramente artesanal, ocupa el 39,37% de la población activa a la altura de 1757, pero de él sólo procede el 17,54 por 100 del total de la renta. El otro sector proveedor de empleo a las capas populares, el servicio doméstico entendido en su más amplia acepción, da empleo al 30,60 por 100 de la población activa que recibe como contrapartida el 7,80% del total de las rentas. No resulta extraño, por tanto, que sea un lugar común para el siglo XVIII, insistir en la miseria estructural en la que están sumidas las capas populares madrileñas. Autores como Ringrose, Soubeyroux y Santos Madrazo desde posturas ideológicas divergentes han resaltado esta situación, que en último término debe ser entendida como uno de los factores paralizantes del desarrollo económico madrileño y cuya proyección se extiende al entorno rural próximo dada la escasez de servicios que la ciudad demandaba al campo. Miseria estructural amortiguada por la red de establecimientos benéficos que pueblan la ciudad y por la ampliación de las prácticas caritativas que aportan el mínimo vital reproductor de la fuerza de trabajo, pero que también crean el caldo de cultivo en el que se expande la cultura de la pobreza, es decir la mendicidad voluntaria y las pautas de comportamiento que la acompañan. En los escalones intermedios de la pirámide social surge en la segunda mitad del siglo XVIII una reducida nómina de comerciantes de alcance nacional. Se trata de una elite mercantil continuamente alimentada desde las provincias, que encuentra su máximo exponente en la Sociedad de los Cinco Gremios Mayores, primera compañía de alcance nacional, que sirve de preludio a la importancia que alcanzará la plaza de Madrid durante el siglo XIX como núcleo productor de servicios económicos. Elite comerciante cuya reproducción está apuntalada en el abastecimiento de Madrid, en su actividad como intermediaria o partícipe activa en la comercialización de la lana y el intercambio con América, y en prácticas prefinancieras centradas en los déficits del Estado y de la nobleza titulada. Sus integrantes proceden mayoritariamente de la fachada Cantábrica: es la irrupción del hidalgo aburguesado vasco, santanderino o asturiano que llega a Madrid en busca de fortuna o como copropietario o apoderado de las casas de comercio instaladas en los puertos del Cantábrico, asegurando la relación de Madrid con el mercado interior y su proyección hacia el exterior. De sus filas emergerá alguno de los más caracterizados hombres de negocios que apoyarán resueltamente la revolución liberal del siglo XIX. Durante el Antiguo Régimen el auge de la ciudad de Madrid no dependió de su capacidad productora para abastecer a la región circundante, sino que más bien vivió a expensas y en función de los recursos de la Monarquía, cuya capacidad multiplicadora se expandió a un doble nivel: como creadora de servicios a través de los recursos fiscales proporcionados por el complejo sistema impositivo vigente y por la riqueza que atrajo la presencia de la Corte, es decir por el enorme caudal de rentas canalizadas hacia la capital política. De tal forma, la coyuntura madrileña, está determinada por los flujos y reflujos que experimenten los fondos presupuestarios de la Monarquía y las rentas patrimoniales de los grupos sociales subsidiarios de la capitalidad. El declive de Madrid en la segunda mitad del siglo XVII o el apogeo del XVIII no encuentran fundamento en la dinámica interna de la ciudad sino en la menor o mayor necesidad inversora de la Corona o de la nobleza cortesana. La prosperidad de la monarquía absoluta y de los grupos privilegiados del Antiguo Régimen arrastraban la paralela prosperidad de la Villa. En el espacio de tiempo que media entre 1560 y finales del siglo XVIII la población de la capital pasó de 20.000 habitantes aproximadamente a los 178.816 consignados en el censo de Godoy. A pesar de las imprecisiones estadísticas el enorme desarrollo demográfico de Madrid resulta incontestable. Es un ritmo de crecimiento inconstante, sujeto a fluctuaciones derivadas de las variables antedichas. Un primer crecimiento acelerado encuentra frontera en los alrededores de 1640. El declive del sistema imperial afectó a la capital, que entró en un período de estancamiento del que no saldrá hasta finales de siglo, para iniciar una lenta recuperación, sujeta a múltiples altibajos, prólogo del crecimiento poblacional más sostenido, característico de la segunda mitad del XVIII.
El crecimiento demográfico trajo aparejada la ampliación espacial de la ciudad que por lo menos hasta el siglo XVIII se realizó sin ningún tipo de regulación, al libre albedrío de los nuevos pobladores. En tiempo de Felipe II el proyecto frustrado de reformas de la plaza del arrabal y su entorno, elaborado por Juan de Herrera, que al menos sirvió de base para la construcción de la Plaza Mayor, un siglo después, marca la tónica de ocupación del nuevo espacio. El crecimiento del recinto se realizó a partir del núcleo primitivo, sin solución de continuidad, proyectándose radialmente alrededor de las principales vías de salida al exterior: calles de S. Bernardo, Fuencarral, Hortaleza, Atocha, Embajadores, Toledo, continuando la tradicional marcha hacia el este y el sur que había tipificado a la secuencia expansiva medieval. A mediados del siglo XVII queda conformado el perímetro que va a subsistir hasta el Ensanche del siglo XIX, de una ciudad con marcada impronta conventual, de rudimentario caserio, donde abundas las casas a la malicia, para burlar la regalía de aposento, y cuyos edificios más representativos son el Alcázar, el Ayuntamiento, las casa de la Panadería y la Cárcel de Corte.
Habrá que esperar al siglo XVIII para que el arbitrismo urbanista tome cuerpo en multitud de proyectos encaminados, sobre el papel, a transformar radicalmente el tejido urbano de la ciudad. Pero, ¿hasta qué punto se conjugaron teoría y realidad? Ya es un lugar común insistir en la calidad de Carlos III como el mejor alcalde de Madrid. Ahora bien conviene situar tal aserto en sus justos límites, porque el pensamiento ilustrado elaboró racionales propuestas de solución a las carencias de la ciudad que a la hora de su concreción práctica dieron lugar a unos resultados bastante alejados de los planteamientos iniciales. La teoría fue más allá de la realidad y lo que hubiera podido ser una reforma globalmente considerada de la ciudad quedó en reformas parciales que no beneficiaron por igual a todos los grupos sociales presentes en la escena ciudadana. A finales del siglo XVIII surgió una ciudad más bella y habitable, pero también una ciudad más densa que colmata espacios vacíos y se eleva en vertical como solución para acoger a la corriente inmigratoria que busca asiento en Madrid; de ahí el binomio arquitectura de ornato versus arquitectura popular, simbolizada en la corrala, exposición de dos realidades sociales contrapuestas. Y es que a la racionalización en profundidad del espacio urbano se oponía el régimen jurídico de la propiedad. Sin una transformación radical de la naturaleza de la propiedad, que la convirtiera en un bien de mercado, resultaba imposible la concreción de cualquier tipo de planeamiento general. En este marco se inscribe la frustración de la propuesta de Jovellanos de crear un barrio extramuros que descongestionara la ciudad. Sería el primer atisbo de proyecto de ensanche anterior al siglo XIX, que postulaba la ampliación del recinto urbano en el noreste de la ciudad entre las actuales glorieta de Bilbao y plaza de Colón.
Las reformas urbanas de la Ilustración se decantaron hacia tres tipos de realizaciones. En primer lugar, la creación de una infraestructura de saneamiento, viaria y de abastecimiento, en la que se entremezclan el empedrado de las calles, normas de higiene pública, alumbrado, y control de la población, sobre todo después del trauma que supuso el motín de Esquilache en 1766, que desde el punto de vista político-administrativo dio origen a tres cargos vinculados directamente con la trama social del espacio urbano: los alcaldes de barrio, los diputados del común y los personeros, todo ellos de carácter electivo, cuya actuación conjuga una contradictoria actividad que va desde la representación de los habitantes de la ciudad ante el Ayuntamiento, hasta la vigilancia y control de estos representados. En segundo lugar, está el predominio de lo que ha venido en denominarse urbanismo de ornato y administrativo, en consonancia con el carácter representativo que se quiere dar a la capital de una monarquía absoluta con fuertes tendencias centralizadas, espejo y reflejo de su poder. La consolidación de la Corte en Madrid encontrará su parangón en el contenido emblemático del palacio nobiliario, reflejo igualmente del estatus que la nobleza reivindica en la articulación del Estado absoluto y que traslada al espacio urbano en forma de rotundo palacio ajardinado de influencia francesa y de muy diferente estructura del viejo caserón nobiliario del siglo XVII y primera mitad del XVIII. Son los casos de los palacios de Liria, Villahermosa y Buenavista y de lo que hubiera podido ser el del conde de Altamira, en un proceso imitativo del nuevo palacio real, terminado en 1764. Por el lado administrativo, la segunda mitad del siglo XVIII asiste a la construcción de varios edificios representativos: el Cuartel de Conde Duque, obra de Ribera, acabado en 1754; el Hospicio de San Fernando (1722-1726), una de las grandes realizaciones del barroco madrileño, realizado igualmente por Pedro de Ribera; el Hospital General, encargado en 1754 a José de Hermosilla, proyectista del Paseo del Prado, y en el que intervino posteriormente Francisco Sabatini; la Casa de Correos, en la Puerta del Sol, ideada, en principio, por Ventura Rodríguez, luego sustituido por el arquitecto de origen francés Jaime Marquet, y, por último, la Casa de la Aduana, actual ministerio de Hacienda, irregular edificio neoclásico proyectado en 1761 por Francisco Sabatini. Por lo que hemos visto hasta ahora, una vez más la capitalidad constituye el marco referencial en el que se desenvuelven las reformas urbanísticas, es decir, la interacción capital política-corte es el hilo conductor del urbanismo de ornato y administrativo. A lo largo del siglo XVIII la ciudad de Madrid consolida su impronta política dominante en el conjunto de los territorios de la monarquía, y de ahí se van a derivar una serie de funciones, principales o subsidiarias, que dejan rastro en el espacio urbano. En este aspecto, sobresalen dos elementos conformadores de la ciudad del XVIII: lo religioso y lo cultural. La vieja ciudad conventual del siglo XVII es remozada por la Monarquía y su Corte durante el XVIII, dando lugar a una arquitectura religiosa, síntesis del Barroco, en sus diversas vertientes, que combina el estilo churrigueresco en su versión autóctona o de origen italiano, y el neoclasicismo académico, cuyo mayor auge se da a finales de siglo. Fruto de todo ello es un variado conjunto arquitectónico que va desde las Salesas Reales a San Francisco el Grande. El creciente protagonismo de Madrid como centro cultural encuentra su plasmación en la creación de las Academias, proceso iniciado en 1714 con la Real Academia Española de la Lengua, a la que posteriormente se unirían las de Medicina (1734), Historia (1735), Farmacia (1737), Jurisprudencia (1742) y la de Bellas Artes de San Fernando (1757), expresión del ambiente científico de lo que se ha dado en llamar el espíritu de la Ilustración, y que en el plano urbanístico se concretó en tres realizaciones concretas de Juan de Villanueva, el Gabinete de Historia Natural (1785-1811), posterior emplazamiento del Museo del Prado, el Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico, ambos de finales de siglo.
En definitiva, Madrid adquiere los rasgos representativos de toda capital que se precie de tal. Su espacio urbano quedó determinado por el fenómeno de la capitalidad. No fue una elite social autóctona, originada por la dinámica interna de la ciudad, la que emprendió el conjunto de reformas sino la Monarquía y sus cortesanos. El único ejemplo representativo de esta elite fue la Casa de los Cinco Gremios (1789), sita en la actual plaza de Jacinto Benavente, su carácter singular habla por sí misma de la debilidad de las funciones económicas que desarrollaba Madrid en aquella época. En el otro extremo, la construcción de la plaza de toros en 1744, por orden de Fernando VI, obra originaria de Ventura Rodríguez y Francisco Moradillo, desvela el carácter contradictorio del siglo de las luces: espíritu ilustrado por arriba versus pan y toros por abajo.
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