Vivimos una situación mundial convulsa, que genera cada vez más destrucción económica, ambiental y más regresión social. Los problemas no son de índole técnica sino social y necesitan una adecuada comprensión de sus causas profundas, a lo que debe contribuir una economía crítica que ayude a entender y a actuar, una economía que sea capaz de abstraer, pero mirando y asumiendo la estructura de la sociedad.
La dinámica de la globalización neoliberal está llevando a la concentración del poder económico, a nuevas formas de desigualdad mundial y a una intensificación de las contradicciones que, junto a un profundo debilitamiento de las instituciones políticas tradicionales, conduce a un capitalismo agresivo que no vacila en recurrir a todo tipo de medios, incluso la guerra, para lograr sus fines. Frente a él, necesitamos un orden mundial basado en criterios de justicia, igualdad, sostenibilidad, derechos de ciudadanía universal, empoderamiento de las mujeres, respeto a la diversidad y una legalidad internacional que busque el desarrollo de los países, los colectivos y las personas.
Los movimientos de migración no pueden ser tratados con un discurso dual que se sirve de ellos y, a la vez, los criminaliza. En momentos en los que crecen, en un mundo cada vez más pequeño los movimientos e intercambios de todo tipo, no se puede excluir de ese proceso a las personas que buscan mejorar sus condiciones de vida. Un tratamiento inteligente y solidario del fenómeno migratorio puede mejorar nuestra sociedad. Debemos construir una sociedad libre y justa, en la que los derechos de las personas de toda condición sean respetados y en la que los inmigrantes participen de los que posee el resto de la población de la sociedad en la que conviven y trabajan.
Se observa un gran esfuerzo por parte de las fuerzas económicas para recuperar todo para el ámbito de lo privado; privatizadas ya las empresas públicas, asistimos ahora a una gran batalla por privatizar todos los ámbitos del "estado de bienestar" que, en nuestro país, apenas había comenzado a desarrollarse. El ataque a la salud, la educación y servicios sociales públicos, por un lado, el potente intento de privatización de los demás servicios públicos (transporte colectivo, agua, tratamiento de residuos), y la voluntad de desmantelar todas las áreas de actuación pública son buena muestra de que todo ha de convertirse en negocio privado bajo la excusa, descarada, de la competitividad y la eficiencia. De particular gravedad nos parece el ataque hacia los sistemas públicos de pensiones, bajo la falsa afirmación de su ineluctable crisis financiera. Mantenemos que esa pretendida crisis no se sostiene en hechos y previsiones reales. Por todo ello, rechazamos el deterioro y la privatización del ámbito de los servicios públicos en su sentido más amplio y, en especial, del sistema de pensiones públicas del Estado español.
El temor a las agresiones violentas a la población civil está sirviendo de excusa para limitar fuertemente los derechos civiles de la ciudadanía y asistimos alarmados a la regresión de las libertades públicas en el ámbito interno y en el internacional. Mantenemos que el recorte de las libertades no es sistema para combatir el terrorismo y que la única forma de erradicarlo es encarar sus razones últimas. No es posible detener esta terrible evolución sin una transformación radical de las sociedades en que vivimos; en última instancia la única vía eficaz para construir un mundo donde tanta barbarie no tenga razón de ser.
No obstante aparecen signos esperanzadores. Se percibe una profunda renovación de las resistencias de partes cada vez más amplias de la ciudadanía. Surgen actitudes activas que, con auténtico y radical realismo, buscan otras formas de relación entre las personas, los grupos, los países, nuevos métodos de actuación social y política con voluntad de construcción de nuevas sociedades. Consideramos nuestra obligación participar activamente en esta búsqueda.
En nuestro país se abre una nueva etapa política. La herencia que deja el Partido Popular es onerosa también en el plano económico: El paro y el empleo precario, el deterioro de los servicios públicos y el alto coste de la vivienda, el agravamiento de la depredación ambiental, el predominio de un capitalismo especulativo, el aumento de las desigualdades entres grupos sociales y la persistencia de las desigualdades de género son algunos de los efectos más graves de una política económica que nos han intentado presentar como su mejor logro.
Consideramos que la política económica del nuevo Gobierno debe cambiar radicalmente para satisfacer las necesidades más perentorias de la población: una política que garantice el empleo digno (en términos retributivos, de estabilidad, de seguridad...), la mejora y ampliación de los servicios y prestaciones públicas, una solución al problema de la vivienda que la restituya como un bien básico, una reconsideración ecológica de nuestro modelo de producción y consumo, recuperar y profundizar la legitimidad y progresividad del sistema fiscal y adoptar medidas contra la especulación, realizar una política integral contra las desigualdades sociales y de género, erradicar la pobreza y la exclusión social.
En el plano internacional debe avanzarse en varios frentes. En la construcción de una Europa progresista, democrática y guiada por los intereses de los pueblos. En una contribución activa a un desarrollo integral que garantice la satisfacción equitativa de las necesidades de todos los seres humanos. En la búsqueda de la paz y la defensa de las libertades a escala mundial. Como primer paso exigimos al nuevo Gobierno la retirada de las tropas españolas en Irak.
Mostramos nuestra solidaridad con las víctimas del atentando del 11 de marzo en Madrid, al tiempo que reiteramos que la respuesta a los mismos no puede ni debe ser el recorte de las libertades ni el reforzamiento de políticas y actitudes xenófobas.
Madrid, 26 de marzo de 2004