Los ataques terroristas contra Estados Unidos del pasado 11 de septiembre
parecen habernos introducidos en un nuevo mundo, que permanecía agazapado y
necesitaba de un acontecimiento de tal magnitud para saltar a nuestra realidad.
La economía mundial, debilitada desde hacía meses y con miras a entrar en una
fase del ciclo económico no muy boyante, encontró la excusa perfecta para
desplomarse sin más, y que no se pudiera reprochar nada a nadie, salvo a unos
talibanes que han contado sus días desde entonces.
Pero no sólo de economía vive el hombre. El 11 de septiembre también ha
supuesto la excusa perfecta para quienes no tienen reparos en renunciar a parte
de sus derechos, y sobretodo los de los demás, en favor de alcanzar mayores
niveles de seguridad. Si en el mes de agosto el FBI (http://www.fbi.gov)
había anunciado la posibilidad de poner en marcha el sistema Carnivore, una
herramienta de seguimiento de correos electrónicos, aún con los restos de las
Torres Gemelas humeando, el 14 de septiembre, el Senado de Estados Unidos (http://www.senate.gov)
aprobó el uso de dicho sistema por parte de las fuerzas de seguridad
americanas. Un día antes, el Senado había aprobado el Act 2001 para combatir
el Terrorismo, una norma que ampliaba los poderes de los servicios de seguridad
para intervenir cualquier proveedor de acceso a Internet e interceptar las
comunicaciones sin permiso.
Pero George W. Bush, en su intento por atrapar a los terroristas, o con la
excusa perfecta para controlar todo lo que se mueve por Internet, firmó a
finales de octubre la USA Patriot Act, (http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/Terrorism_militias/20011025_hr3162_usa_patriot_bill.html)
que amplía las competencias de las autoridades gubernamentales para intervenir
líneas telefónicas y controlar el tráfico de Internet, además de incluir
la expansión a la Red de la polémica tecnología de Carnivore.
Los planes del FBI para controlar Internet no concluyen ahí, y se habla de una
reorganización de la estructura de la Red para reconducir el tráfico hacia
unos servidores centrales, donde se pudieran retenerse los mensajes de correo
electrónico para revisarlos, como parte de las medidas para luchar contra el
terrorismo.
La nueva ley polémica
La USA PATRIOT (Provide Appropiate Tolls Required to Intercept and
Obstruct Terrorism) Act, amplía específicamente el estatuto pen register
-un dispositivo de seguimiento electrónico que se conecta a una línea de teléfono
para registrar los números telefónicos marcados-, para incluir las
comunicaciones electrónicas y la navegación por Internet. Gracias a ello, se
podrán obtener fácilmente datos sobre la actividad en la Red, lo que puede
significar el registro de información privada en lugar de direcciones IP, que
son el equivalente en Internet a los números de teléfono.
El secretario de Justicia estadounidense, John Ashcroft, ha comentado que
"esta nueva legislación nos permitirá utilizar dispositivos para
localizar a los remitentes y receptores de las comunicaciones en Internet".
Estas actividades de investigación pueden chocar con las legislaciones de otros
países, debido a la internacionalidad sin fronteras de Internet. Por ejemplo,
el Código Civil español equipara el e-mail con el correo postal, por lo que
esta ley podría suponer una violación de dicho Código en nuestro país. La
controversia planteada por la globalidad de Internet sería múltiple, porque es
imposible diferenciar los e-mail que proceden de España o América. ¿Y si un
español tuviera una cuenta de correo en una empresa estadounidense?
Las críticas a la USA Patriot Act han llovido desde todas las organizaciones de
lucha por los derechos civiles o de quienes abogan por la libre circulación en
Internet. Tanto la Asociación de Internautas (http://www.internautas.org)
como la Asociación de Usuarios de Internet (http://www.aui.es)
la han calificado de "demencial". La Unión de Libertades Civiles de
América (http://adu.org) ha criticado la nueva
legislación, porque consideran que otorga demasiados poderes a la policía y
que contiene numerosas cláusulas que pueden violar los derechos fundamentales
del ser humano.