La situación del cable en España

Las telecomunicaciones en España están atravesando un momento decisivo para la construcción de lo que podríamos denominar, la Red de Comunicaciones Integradas que quieren llevar a cabo la mayoría de los países occidentales.  La  adaptación a la todavía abstracta Sociedad de la Información es el objetivo a alcanzar.

  Poco a poco los medios de comunicación nos están haciendo llegar abundantes noticias sobre los que serán los soportes del futuro:  la radiodifusión sonora digital (DAB), las diferentes generaciones de la telefonía móvil (WAP, UMTS...), las televisiones digitales terrestres (Quiero, Veo TV, Onda 6...) y por supuesto el cable.

  Dentro del generalizado desconocimiento que predomina en nuestra sociedad sobre estos temas tan volátiles y cambiantes, el cable ocupa un lugar especial en el sector de las telecomunicaciones.  ¿Quién no ha visto una calle levantada de arriba abajo por que una empresa de cable está  metiendo unos cables muy gordos por debajo de las aceras?

  Y sin embargo, eso es todo para el gran público.  Hoy en día el cable no está gozando en el territorio español de una implantación generalizada en los hogares, a mucha distancia de la televisión digital por satélite, Internet  y por supuesto de la telefonía móvil.  Esto no deja de ser curioso, ya que el cable precisamente integra en un mismo soporte los tres ejemplos citados:  televisión digital, Internet y telefonía.

  El cable, al igual que otras tecnologías, ha llegado relativamente tarde a nuestro país, sobre todo si nos comparamos con la referencia tecnológica en este sector, que es Estados Unidos. Este retraso sin embargo, también tiene sus ventajas. Significa que el cable ha llegado a España cuando el mercado ya estaba acostumbrado a pagar por ver televisión, por ejemplo, costumbre que inició hace una década Canal +. 

  Y además, las infraestructuras (no confundir con las tecnologías: la fibra óptica es el soporte y una vez que ya se ha instalado, se le podrá explotar con la tecnología más adecuada) que se están implantando son las más modernas del mundo.  La fibra óptica es indudablemente el futuro (y parte del presente) y en España ya la tenemos, a diferencia de otros muchos países occidentales, que implantaron el cable décadas antes que nosotros cuando todavía este soporte estaba en pañales.  Estos países pioneros necesitarán una adaptación de todas sus redes si quieren ofrecer a sus clientes los actuales servicios que únicamente son posibles con la fibra óptica.

  El cable no es en la actualidad el soporte al que todos los españoles estamos abonados, pero sin duda dentro de 10 o 15 años, será el rey de las infraestructura de las telecomunicaciones.  Las limitaciones técnicas son infinitamente menores a las que tiene la transmisión por satélite, o con estaciones de radiodifusión terrestre.  Su ancho de banda (empleando fibra óptica) es más que suficiente para implementar los servicios interactivos de televisión digital, a la vez que se descarga un archivo de Internet o se manda un mensaje al móvil. 

  Según estimaciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,  en lo que respecta al número de hogares cableados alcanzan aproximadamente unos 1.228.000, lo que supone un porcentaje del 10,2%. La mayoría son accesos híbridos fibra-coaxial, aunque los de fibra óptica alcanzan ya el 30% sobre el total de accesos.

              Si, a finales del año 1998 la CMT censaba en 695.000 el números de hogares cableados, durante 1999 la cifra ha aumentado en un 77% (esto supone que la penetración casi se ha duplicado, desde el 5,75% del año pasado), lo que da buena cuenta de la actividad inversora de estos operadores.

              Se puede concluir, que las Comunidades Autónomas con más hogares cableados son: Cataluña, Castilla y León y Asturias, aunque hay que citar una mayor actividad de despliegue de red en la Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia. No hay que olvidar que este dato hace referencia en términos absolutos al número de hogares pasados, y no a la penetración del servicio (hogares activados).

Esperemos que esta incipiente situación se convierta efectivamente en una realidad, y no se quede en las intenciones de algún comité sobre la Sociedad de la Información.  Pero de momento, para saber que tipo de reto tenemos ante nosotros, es mejor analizar el panorama que tenemos en España.  Vamos a verlo.

Antes de pasar al desarrollo de este apartado, debemos mencionar un hecho fundamental que altera el panorama que en un principio dibujaban estas leyes:  Telefónica Cable S.A. ha decidido abandonar el negocio del cable.  A pesar de que el pasado año Telefónica anunció inversiones cercanas a los  3.000 millones de euros (medio billón de pesetas) en el negocio de cable bajo el proyecto Imagenio en los próximos diez años, éste, ha quedado cancelado y suspendido.

 Esta circunstancia que será analizada en el próximo número de Cyberlaw, altera de manera evidente la situación que se había creado en un principio, y en la cual Telefónica tenía un papel fundamental.

 Debido a lo incierto de las consecuencias en estos momentos, hemos preferido explicar el sector legislativo sin tener en cuenta este hecho, para discernir claramente lo legislado en un principio, de la verdadera situación que espera a los operadores (analizada en la próxima entrega del estudio).

 Si el aspecto jurídico en materia de telecomunicaciones es clave para entender las posibilidades y las limitaciones de acción, en el sector del cable, la legislación es sencillamente fundamental.

 Es imposible entender la situación actual del cable en España sin hacer un repaso a las numerosas leyes, decretos, convocatorias... que han intentado regular este retrasado sector.

 No es el objetivo de este artículo hacer un minucioso análisis de cada uno de los textos oficiales, por lo que pasaremos a comentar los aspectos más destacados del proceso de normalización del cable.

 En primer lugar, hay que citar que el paso fundamental para la definitiva regulación de las telecomunicaciones por cable  lo constituyó la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1994, por la que legaliza o permite la existencia de dicho servicio, en tanto el Estado no aprobara la corespondiente ley del sector.

 A partir de aquí, se legislan numerosos textos que tienen un notable papel en la regulación del sector de las telecomunicaciones por cable.  Las más importantes son:

LEY 42/1995, de 22 de Diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable.  Posteriormente esta ley ha sido modificada principalmente por la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones. 

REAL DECRETO 2066/1996, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio de telecomunicaciones por cable.

LEY 12/1997  DE LIBERALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES la cual nace con la intención de flexibilizar algunas de las restricciones establecidas y dotar al sector de un mayor atractivo empresarial para los posibles operadores.

LEY 11/1998 GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. Que surge con la necesidad de establecer un marco jurídico unitario de las telecomunicaciones.

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de diciembre de 1998 por el que se amplía hasta veinticuatro meses la moratoria de dieciséis meses impuesta a «Telefónica, Sociedad Anónima», en el sector de las Telecomunicaciones por Cable.

            Además a todos estos textos legislativos, hay que unir la

 Publicación en el B.O.E. de las Órdenes de Publicación del Pliego y Convocatoria Concurso de las Demarcaciones.

 Publicación en el B.O.E. de las Órdenes de Adjudicación de las Demarcaciones.

 Publicación en el B.O.E. de las Órdenes de Verificación de las Demarcaciones.

 Publicación en el B.O.E. de las Órdenes de Ampliación de las Demarcaciones

             Este comentario se realiza teniendo en cuenta todas las modificaciones y derogaciones realizadas por otro textos oficiales hasta el 1 de agosto de 2000, ya citadas anteriormente.

             La aprobación de la Ley de Telecomunicaciones por cable ha sido el punto de partida de la regulación en España de la prestación conjunta de servicios de telecomunicaciones y audiovisuales mediante las nuevas tecnologías del cable en ámbitos territoriales (demarcaciones), cuyas características fueron establecidas en esta ley.

Dicha ley, define al servicio de telecomunicaciones por cable como “el conjunto de servicios de telecomunicaciones consistente en el suministro, o en el intercambio, de información en forma de imágenes, sonidos, textos, gráficos o combinaciones de ellos, que se prestan al público en sus domicilios o dependencias de forma integrada mediante redes de cables”.

Dicha ley, menciona que los servicios de transmisión de imágenes de carácter interactivo, se consideran los de mayor crecimiento y, por consiguiente, son lo que conforman el núcleo principal del servicio de telecomunicaciones por cable.

No hay que olvidar que aún en esa época pervive la idea del monopolio natural (todavía no se ha creado la Ley12/1997) y su configuración como servicio público de titularidad estatal.  Esto influye decisivamente en la regulación del régimen de prestación del servicio de telecomunicaciones por cable, aunque de forma matizada al optarse por un duopolio de operadores por demarcación – se abre la puerta a una competencia restringida – en el cual uno de los operadores ha de ser Telefónica S.A.

También se establece que el servicio de telecomunicaciones por cable se prestará por demarcaciones territoriales cuyo ámbito puede oscilar desde una parte de un término municipal hasta la agrupación de diversos términos municipales, correspondiendo la iniciativa para la constitución de la demarcación a los Ayuntamientos afectados y la competencia para la aprobación al propio Ayuntamiento, a las Comunidades Autónomas o a la Administración del Estado, según el ámbito de la demarcación.   De ahí, el caos o desorden que se puede observar en el mapa adjunto:  son demarcaciones y tienen igual rango, desde pequeños municipios, como Torrent, hasta comunidades autónomas enteras, como Castilla y León.

El título para prestar este servicio se obtuvo mediante concurso público, quedando habilitado el concesionario no sólo para la prestación de este servicio, sino también para el establecimiento de la red necesaria para tal prestación y para la utilización de dicha red para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones e, incluso, como servicio portador para servicios a prestar por terceros.

             En cada demarcación territorial, no puede existir más que un operador de cable, además de «Telefónica de España, S. A.». La Ley habilita a dicha empresa a prestar estos servicios en todas las demarcaciones que se constituyan, con una serie de requisitos y condiciones, siempre que aquél se preste de forma integrada con la prestación del servicio telefónico básico. De esta forma se respetó la posición que tiene Telefónica de España como operador dominante y, al mismo tiempo, se posibilitó la existencia de la competencia necesaria en la prestación de estos servicios, debiendo ambos operadores actuar en las mismas condiciones.

Se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del Servicio de Telecomunicaciones por cable.  Este es el  texto de referencia que regula la actividad de las empresas explotadoras desde el régimen jurídico de la concesión hasta las características técnicas de los servicios de televisión por cable.

Su estructura es la siguiente:

Artículo 1.

Artículo 2.

Disposición derogatoria única.

Disposición final primera.

Disposición final segunda.

Disposición final tercera.

TITULO I. Disposiciones generales y procedimiento concesional.

            CAPITULO I. Disposiciones generales.

            CAPITULO II. Actuaciones previas a la concesión.

            CAPITULO III. Régimen concesional.

            CAPITULO IV. Actuaciones posteriores al otorgamiento de la concesión.

 TITULO II. Del régimen de prestación del servicio.

            CAPITULO I. Disposiciones generales sobre el régimen de prestación del servicio.

            CAPITULO II. De la aplicación de los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación en la prestación del servicio.

            CAPITULO III. De los contenidos de la programación audiovisual.

TITULO III. De los equipos e infraestructuras.

TITULO IV. Inspección y régimen sancionador.

La definitiva  aprobación significó el establecimiento en España de unas normas de rango legal que regulan, por primera vez, la prestación conjunta de servicios de telecomunicación y audiovisuales a través del cable. Lo cual en principio, permite el desarrollo ordenado de las redes digitales de banda ancha, con el consiguiente impacto positivo tanto en el desarrollo tecnológico e industrial como en la prestación de los servicios a los ciudadanos y en la evolución de los mercados audiovisuales.

De forma resumida, este Real decreto establece los siguientes derechos y obligaciones:

Derechos:

Prestar el servicio de telecomunicaciones a través de la red en su demarcación; instalar los equipos necesarios para la prestación de dicho servicio; elaborar por sí mismo o contratar los contenidos a prestar; percibir las tarifas de los abonados, cuya cuantía es libremente fijada por el operador.

Obligaciones:

Mantener niveles de calidad uniformes en la prestación del servicio, facilitando el acceso a todos los posibles abonados en condiciones de igualdad; cumplir con la legislación de propiedad intelectual, reserva de una cuota para los programadores independientes; obligación de difusión de señales TV terrestre (si las empresas así lo solicitan...), etc.

En resumen:  se puede decir que la Ley 42/95 fue desarrollada por este Real decreto que determina disposiciones generales y el procedimiento concesional de las demarcaciones, así como el régimen legal para la prestación del servicio.

             La llegada de esta ley era inevitable;  que en ese instante estuviera en el poder el PP es un hecho circunstancial en lo que ha esto respecta.  Este texto obedece a la tendencia global que impera en el mundo desarrollado, y que se reflejaba sobre todo en la política de la Unión Europea.

             En lo que atañe exclusivamente al tema de las telecomunicaciones por cable, se introducen muchas novedades relativas a una mayor permisibilidad en la alteración del ámbito de las demarcaciones constituidas, la ampliación de la duración de las concesiones o por ejemplo, la posibilidad de interconexión entre las demarcaciones...

             Es, sin duda alguna el texto normativo de referencia en el panorama de las telecomunicaciones en España.  En su Exposición de Motivos se justifica su creación por la necesidad de establecer un marco jurídico unitario de las telecomunicaciones, a las que define como servicios de interés general que se prestan en un régimen de competencia, sin perjuicio de la consideración de servicio público que determinados servicios, que conforme a la ley, puedan tener.

            Por lo tanto de este párrafo hay que destacar dos ideas:

1) El régimen clásico de concesión de servicios y la explotación de redes de telecomunicaciones pasan a mejor vida, y en su lugar, el título habilitante exigido adopta la forma de licencia individual (A, C1...) según el tipo de actividad que realicen.

2)  Las telecomunicaciones se regulan como una actividad ha desarrollar en régimen de libre competencia.  Aunque la Administración mantiene facultades de intervención con el fin de garantizar la protección del interés general.

En lo referente a las telecomunicaciones por cable la nueva ley, supone la derogación, entre otras leyes sectoriales, de la Ley del Cable 42/1995 “salvo en lo relativo al servicio de difusión de televisión, manteniendo su vigencia, en especial, los artículos 9.2.I; 10; 11.1 e) f) y g); 12 y los apartados 1 y 2 de la Disposición Adicional III.”

De este modo existe un doble régimen bajo el cual se encuentran los operadores de cable: por un lado la aplicación de la LGT y sus reglamentos de desarrollo en lo relativo a los servicios liberalizados; y por otro, el régimen concesional necesario para la difusión de señales de televisión a través del cable, pues se trata de una concesión administrativa, otorgada por el antiguo Ministerio de Fomento, para la gestión indirecta de un servicio público por parte de un sujeto privado, encomendada a través de un contrato de gestión de servicios públicos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Esto último generó  una gran controversia entre la Administración y los operadores, ya que estos últimos habían asumido una gran cantidad de obligaciones en los respectivos concursos de sus demarcaciones que no les son exigidas a los nuevos entrantes en los mercados liberalizados (Ley 12/1997), con lo que se crea una clara desventaja competitiva.  Por este motivo, la Administración ha tratado de corregir la desigualdad existente, buscando soluciones para eximir a los operadores de cable de gran parte de los compromisos asumidos originalmente.

           Tanto la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable, tal como fue modificada por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, como posteriormente la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, imponen a «Telefónica, Sociedad Anónima» (antes «Telefónica de España, Sociedad Anónima»), una moratoria de dieciséis meses desde la resolución de los respectivos concursos de concesión para iniciar la prestación del servicio de Telecomunicaciones por Cable en la demarcación a que cada uno se refiera.

Igualmente, estas leyes autorizan al Gobierno, a propuesta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, para retrasar hasta un máximo de veinticuatro meses o adelantar la fecha de inicio de las actividades de «Telefónica, Sociedad Anónima», relativas a la prestación del servicio de Telecomunicaciones por Cable, en los mencionados ámbitos territoriales, en los supuestos en que esta medida resulte necesaria para la existencia de una competencia efectiva en los referidos ámbitos y no se perjudiquen los intereses de los usuarios.

En resumen: los 16 meses que en principio se establecieron de moratoria a Telefónica Cable S.A. se ampliaron a 24 debido a las presiones del resto de compañías adjudicatarias.  Estas se quejaban de que el plazo era insuficiente para asegurar el afianzamiento de sus empresas debido a que tenían que hacer frente a numerosas actuaciones, (trámites administrativos, permisos municipales, derechos de paso, contratación de contenidos...) algunas de ellas  previsibles y otras no.

Con la ampliación de estos 8 meses se estimó que permitiría a los segundos operadores de telecomunicaciones por cable una agilidad de actuación que repercutiría favorablemente en la ejecución de inversiones, el despliegue de infraestructuras y la prestación de servicios.

De este modo se entiende esta medida, como una exigencia necesaria para fortalecer la posición de los segundos operadores y garantizar la existencia de una competencia efectiva en dicho ámbito.

            Para finalizar, a modo de resumen, el régimen jurídico fundamental por el que se regirán las concesiones del servicio de telecomunicaciones por cable está constituido por:

- Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones.

- Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas

- Ley 42/1995, de las Telecomunicaciones por Cable

- Real Decreto Ley 2066/1996, del Reglamento Técnico

- Ley 12/1997, de Liberalización de las Telecomunicaciones 

- Ley 11/1998, General de Telecomunicaciones

- Resolución del 9 diciembre de la S.G.C. sobre la moratoria a Telefónica Cable

- así como por las normas de carácter reglamentario dictadas en desarrollo de las Leyes citadas, y por aquellas que puedan dictar las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, y en particular, en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en los artículos 10, 11.1.d), e), f) y g), y 12 de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable, como normativa básica del Estado en materia de medios de comunicación social.

Tras el proceso concesional y de ampliación posterior de determinadas demarcaciones, el mapa de España ha quedado dividido en 43 demarcaciones, 14 de las cuales ocupan un territorio de ámbito municipal y el resto son multimunicipales con extensiones geográficas muy diversas.

En 36 demarcaciones existen dos concesionarios del servicio: el ganador del concurso correspondiente y Telefónica Cable S.A., y en otras 6 el único concesionario es Telefónica Cable S.A. por haber resultado desierto el correspondiente concurso concesional. 

A continuación se presenta el listado de los nombres comerciales de las operadoras  adjudicatarias.  Cabe destacar que en algunas operadoras, detrás de su nombre comercial solamente hay una única empresa, pero en otras ocasiones,  se detectan varios nombres muy similares, pero al conceder las licencias, fueran operadoras diferentes que acaban siendo la misma. Como por ejemplo ocurre en el caso de la Operadora ONO, que detrás de su nombre comercial esconde una lista mayor de 10 empresas, conformando un holding.

Able

Canarias Telecom

Euskaltel

Grupo R

Madritel

Menta

ONO

Retecal

Retena

Reterioja

Supercable

Telecable

Telefónica Cable

A continuación, se adjunta un mapa explicativo de las demarcaciones creadas por las diferentes órdenes de adjudicación, así como los plazos de moratoria aplicados a Telefónica que existen en cada uno de ellos (24 meses a contar desde el día siguiente a la concesión a el segundo operador), aunque este dato es actualmente intrascedente debido a la retirada de dicha empresa:

             De lo que se observa entre las adjudicaciones a las empresas y  las concesiones a  los operadores de cable para explotar dichos territorios, se pueden deducir 3 grandes grupos (pese a su gran dispersión geográfica):

             1) Telefónica: que tiene adjudicaciones en todas las demarcaciones, incluidas las que en el concurso oficial quedaron desiertas, es decir, Extremadura, Castilla La Mancha, Menorca, Ibiza-Formentera y Ceuta y Melilla.

2) Asociación de Operadores de Cable (AOC): formada por empresas con  accionistas comunes.  Lo que les posibilita la compra conjunta de contenidos.  Menta y Euskaltel ya forman parte de dicha asociación.

3) ONO: formado por diez empresas pertenecientes al entorno de Cableuropa.

 Como dato final de esta primera entrega sobre el cable en España, hay que mencionar que se calcula una inversión aproximada de 1,2 a 1,5 billones de pesetas a realizar en los primeros diez años de la concesión, para alcanzar los objetivos propuestos en las bases del concurso, por parte de los operadores adjudicatarios.

La mayor parte de esta cantidad ingente de dinero se va a destinar a la ampliación de las redes digitales.  Todavía quedan bastantes territorios a los que no ha llegado esta infraestructura de comunicaciones y aunque los 85.000 kilómetros de fibra óptica nos puedan parecer muchos, en realidad no son más que la punta del iceberg.

De todos modos no hay que perder de vista la evolución de otras empresas que puedan prestar servicios de transporte de servicios audiovisuales, alquilando sus redes de fibra óptica, aunque dichas entidades no son consideradas ni mucho menos como operadores.  Me refiero por ejemplo, a la basta red de fibra que posee RENFE y que de hecho está empezando a explotar, alquilando sus redes distribuidas por numerosas zonas de España.  A este rentable negocio (aunque quizá no a corto plazo) se le denomina en la jerga del sector, la fibra oscura.

Por último no me queda más que remitir a nuestros lectores al próximo número de Cyberlaw, donde se comentaran, entre otros puntos:

- ¿quiénes son la AOC, ONO (y la difunta Telefónica Cable)?

- la revolución actual en el sector:  el abandono de Telefónica y la posibilidad de obtención por parte de las empresas de cable histórico de una licencia C1.

-  la tecnología empleada en la implementación de las redes de cable.

-  los servicios que se ofrecen:  televisión, Internet...