Llámese la era del acceso, de la Sociedad de la Información, de lo digital, de la Sociedad del Conocimiento o como quiera decirse, el camino que la prensa tiene que recorrer para adaptarse a esta nueva realidad que le circunda, le obliga a renovarse y en algunos casos, diría yo, hasta le acorrala se vuelve unas veces fascinante y otras tantas adversa.

 Los periódicos y las revistas, todo aquello que constituye lo que conocemos como la prensa (aunque haya especificaciones y criterios acerca de este concepto, que en rigor agrupa a todos los medios que "hacen periodismo" por decirlo de alguna manera, como la radio y la televisión) están viviendo actualmente una época de crisis en algunos sentidos. Digamos, en sentido estricto, que están sufriendo otra crisis, ya que han tenido que enfrentarse antes a la avasalladora preeminencia de los medios electrónicos. Aglutinada y descrita junto con éstos en el término mass media o medios masivos de comunicación, la realidad es que la prensa nunca lo ha sido.

 Aún cuando se hable de un tiraje ejemplar y espectacular con respecto a otros, en ningún país ningún medio escrito ha tenido los millones de telespectadores o radioescuchas que sus compañeros de oficio. Recuerdo aquel caso en mi país, allá por el turbuleto año de 1994 en que estalló la rebelión neozapatista del EZLN con el Subcomandante Marcos a la cabeza, y cual fue la reacción de la prensa y de la televisión a su vez. La primera fue quien realmente ejerció el oficio y la obligación sine qua non para un medio que se jacte de serlo de informar sobre los acontecimientos, mientras que la segunda se encargó de minimizar a la nueva guerrilla, al tiempo que la desprestigiaba y decía una cantidad insolente de mentiras del caso y de lo que ocurría. En especial, un periódico, La Jornada, se encargó de cubrir los hechos con el máximo despliegue de reporteros, mientras publicaba las cartas del carismático líder que se convirtió en emblema a nivel mundial y publicaba las opiniones de las plumas más respetables (aunque no en su totalidad, por supuesto, siempre hay un negrito en el arroz) del país e internacionales. Fue tanta la importancia de su difusión que no puedo olvidar aquella edición del mes de enero del mismo año, a una o dos semanas de iniciado el conflicto, en que este diario destacaba que había llegado al histórico tiraje de 350,000 ejemplares. En realidad, comparado con los 100,000 (aproximadamente) que tiraba de ordinario, aquélla era una cifra exhuberante. Pero, ¿qué son 350,000 ejemplares para los casi 100 millones de mexicanos que en aquel entonces poblaban México?

 Pues aquí tenemos que el principal problema al que ha tenido que enfrentarse la prensa escrita es a la triste realidad de que la gente no lee. No solamente no hay una cultura de la lectura profunda en casi ningún país del mundo; que en su esencia se acerque, ya no que iguale ni que supere, al éxito que tienen la radio y la televisión. A los ciudadanos les parece mucho más sencillo "escuchar" o "ver" las noticias en los telediarios y, por supuesto, utilizar la televisión, a la par, como el medio de entretenimiento por excelencia. Y que decir de Internet. En la historia de todos los medios de comunicación, la red es el medio (aunque los que nos dedicamos a estos temas aún estemos debatiendo si se trata de un medio de comunicación en plenitud o no) que más usuarios- espectadores ha ganado en menos tiempo. Es decir, los internautas han crecido a una velocidad impresionante a través de los años y de la accesibilidad que la red lleva en funcionamiento, como nunca se vió con los telespectadores, radioescuchas o lectores. Todo esto aún cuando se tomen en cuenta las salvedades y diferencias.

 Ya hace unos añitos (cómo pasa el tiempo, sobre todo en cuanto a las tecnologías se refiere) que el profesor Juan Luis Cebrián publicó su conocídisimo libro La red y desde entonces nos decía que "está surgiendo un nuevo medio de comunicación humana, que podría acabar superando todas las revoluciones anteriores --la imprenta, el teléfono, la televisión, el ordenador-- por lo que se refiere a su impacto en nuestra vida económica y social" [Cebrián, 1998:13]. Ha sido así, desde luego. Y no sólo eso, sino que al superar las revoluciones, pero también las expectativas, está dejando en aprietos, aunque al mismo tiempo con retos, a la prensa escrita.

 En el Congreso Anual de la WAN-WEF (Asociación Mundial de Periódicos) que se celebra en Estambul en este mes, el mismo Cebrián se ha referido a la ingrata realidad que viven los periódicos en todo el mundo. Incluso, con la nostalgia que nos puede causar a muchos, ha dicho que éstos son cosa del pasado. Y aún más, ha argumentado lo anterior diciendo que todo ello es consecuencia de la entrada en esta era digital que supone "un cambio histórico de civilización", en sus propias palabras. Las cifras, alarmantes, nos muestran la evidencia de este desastre: en la Unión Europea la venta de diarios se ha reducido entre medio millón y un millón de ejemplares anualmente durante los últimos diez años. En el otro lado del mar las cosas no son distintas: en el siglo pasado en Estados Unidos había 16,000 diarios frente a los 2,000 que sobreviven únicamente en la actualidad.

 A la par de todas las cuestiones que en el ámbito profesional, en las ventas de las empresas periodísticas y en el prestigio de un medio como éste aparecen, vemos con incertidumbre el efecto que dichos fenómenos tienen en el terreno jurídico. Los periodistas y las empresas se tienen que enfrentar ya no solamente a la reacción típica de los ciudadanos de informarse por medios más "accesibles" en términos de asimilación, como son los medios electrónicos tradicionales, sino también a la fuerte y creciente incidencia de los boletines, periódicos y portales informativos y de entretenimiento en Internet. Esto sin contar otros medios de competencia en este terreno como por ejemplo la información transmitida a través de los teléfonos móviles (también dentro del ámbito de las telecomunicaciones que nos ocupa).

 Tenemos entonces que profesionales de los medios, tanto como empresas informativas, tienen que hacer frente a las innovaciones tecnológicas, a la competencia creciente de espacios digitales y a las nuevas formas de comunicación que les ofrecen alternativas y retos al tiempo que, desde la perspectiva negativa, les rematan y aniquilan. Los profesionales tienen que aprender o reaprender el oficio para un medio distinto y con características y perfiles diferentes. Las empresas tienen que luchar con nuevos contenidos, formatos y una larga lista de etcéteras, contra los nuevos medios, o subirse en el carro y emprender la tarea de iniciar uno propio.

 ¿Pero qué pasa, entretanto, desde el punto de vista de la regulación, la legislación y las autoridades competentes? Lo mismo que en décadas pasadas y en tiempos recientes, cuando nacía la televisión y, últimamente, cuando han aparecido las llamadas nuevas tecnologías de la información, tales como el cable, la televisión vía satélite, etc. Y si bien dentro de esas tecnologías se encuentra Internet, la dificultad de regular y legislar sobre un medio tan sui generis como éste, presenta día a día serios dilemas. ¿Cómo establecer un equilibrio para los distintos componentes que intervienen en el proceso de la comunicación? Es decir, ¿cómo proteger el derecho fundamental a la información de un individuo, al mismo tiempo que salvaguardar el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y proteger datos personales, todo lo cual debe entrar en interacción con el trabajo periodístico, sus códigos éticos y deontológicos y sus propios derechos como profesionales? ¿Y los derechos de las empresas informativas en este nuevo espacio, tan impalpable y tan virtual?

 Como bien se sabe, la cuestión número uno que se presenta es la de que el ciberespacio no tiene un espacio físico fijo, ni una ubicación tan concreta como lo puede ser la sede de un periódico, por ejemplo. Es cierto que las páginas se alojan en un espacio y bajo un dominio en determinado país, pero también es verdad que su consumo o su lectura puede producirse en cualquier punto del planeta. Imaginemos a un periodista que escribe un artículo de opinión o una columna en un medio digital y habla sobre algún personaje del otro lado del mundo. Digamos que este imaginario periodista, a juicio del también imaginario personaje, le ha difamado. ¿Desde dónde y desde qué jurisdicción debería plantearse una denuncia, un proceso o un seguimiento del caso? ¿Desde el sitio en donde está alojada la página, o desde el sitio en donde se recibe como ofensa un comentario o juicio? ¿Sería procedente iniciar con el asunto aplicando el conocido esquema de la responsabilidad en cascada que se lleva a efecto en los medios impresos o electrónicos?

 Y desde el punto de vista del sujeto que recibe la información, ¿cómo puede ejercer sus derechos y exigir el respeto de sus garantías individuales si éstos le suponen una interacción, por poner un ejemplo, con un medio digital en un país en donde la legislación sobre el tema ni siquiera existe?

 Un último ejemplo. Imaginemos uno de esos medios que son de pago y en el cual los contenidos se compran para acceder a ellos. El hecho de adquirir un producto (en este caso la información --como mercancía, nos diría el viejo y brillante Hans Mangus Enzensberger desde su perspectiva del marxismo en la comunicación, enfoque no está tan obsoleto como muchos creen--) ya supone unos ciertos derechos para el sujeto que lo adquiere. ¿Y cómo reclamar esos derechos si se obtiene, por ejemplo, desde un país distinto a aquel en donde se emite?

 En fin, son todas estas cuestiones de las que ya se ha hablado en varios momentos y sobre las cuales juristas y periodistas han debatido. Sin embargo, esto suele ser un tema cada vez más corriente en aquellos países en donde las legislaciones y preocupaciones por la regulación son más añejas. Pero pensemos en aquellas naciones en donde apenas si existe una ley de prensa del siglo pasado que en la actualidad ni siquiera se ha planteado reformar. El asunto adquiere complejidad, sobre todo si reflexionamos sobre la relación que se establece entre informadores, lectores internautas y empresas que lanzan publicaciones digitales.

 Es esta la realidad actual. Ahora procede el trabajo de pensar y actuar en su adecuación a la protección y garantía de los derechos fundamentales y empresariales. Es el punto desde donde hay que partir.

 BIBLIOGRAFÍA