2 y 3 de agosto

Código:	81203
Director:	Esteban Beltrán Verdes, director de la Sección Española de Amnistía Internacional
Secretaria:	Cecilia Denis Miguez, socióloga. Amnistía Internacional Madrid
Coordinador:	Eduardo Crespo
Colabora:	Amnistía Internacional

Del 20 al 22 de septiembre de este año 2010, las Naciones Unidas celebran una cumbre en la que se revisará el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la iniciativa mundial de lucha contra la pobreza. El escaso avance en el logro de dichos objetivos representa algo más que el fracaso de una política o unos programas: constituye una dejación flagrante de las obligaciones legales de los Estados en materia de derechos humanos.

 

Además no existe ningún ODM para hacer realidad el acceso a la justicia de quienes viven en la pobreza, la abolición de las leyes discriminatorias, abordar la violencia contra las mujeres, garantizar su acceso a los derechos sexuales y reproductivos, poner fin a los desalojos forzosos, asegurar la protección policial en los barrios marginales o promulgar y aplicar leyes sobre el derecho a la información y la participación de las personas que viven en la pobreza. Sin embargo, la aplicación de medidas que garanticen el cumplimiento de estos derechos humanos es fundamental para avanzar en la lucha contra la pobreza de manera significativa. 

 

Por otro lado, las víctimas de la pobreza a menudo sufren las consecuencias de las malas prácticas y de los abusos de las empresas. Sin embargo, cuando éstas violan con sus actividades los derechos humanos, y sumen a la gente en una pobreza aún mayor, no suele existir una vía efectiva para exigirles cuentas ni para garantizar el resarcimiento de las personas afectadas.

 

Los gobiernos deberían garantizar a la ciudadanía el acceso a mecanismos de rendición de cuentas que le permitan pedir responsabilidades al Estado y a los agentes no estatales cuando sus políticas o prácticas fomenten o aumenten la pobreza.

 

Amnistía Internacional ha ocupado una posición de liderazgo a la hora de pedir a los Estados que rindan cuentas jurídicamente por las violaciones de derechos humanos, garantizando a las víctimas de dichas violaciones el acceso a un remedio efectivo. También ha trabajado para poner fin a la impunidad de los agentes, tanto estatales como no estatales, cuyas acciones impulsan y acrecientan la pobreza.

 

La organización pide que se reconozcan los derechos económicos, sociales y culturales como derechos exigibles legalmente y que se adopten medidas para garantizar que las personas que viven en la pobreza tienen acceso a la justicia y que todos sus derechos humanos se hacen realidad.

Amnistía Internacional, en el marco de su campaña Exige Dignidad, pedirá rendición de cuentas a los agentes estatales y no estatales, en los ámbitos nacional, regional e internacional, por las violaciones de derechos humanos contra personas que viven en la pobreza.