DEL 3 AL 7 DE AGOSTO

Hablar de la reforma de la Justicia es insistir en un tema recurrente, que en este foro ya se ha abordado en otras ocasiones desde distintos planteamientos. La aspiración por contar con una Administración de Justicia rápida y eficaz, continúa siendo una asignatura pendiente entre nosotros que hunde sus raíces históricas en el tiempo en que se establecieron las bases de la organización judicial, que desde 1870 se ha mantenido en lo esencial hasta ahora. Y no es que hayan faltado iniciativas de reforma a lo largo del siglo XX  asumidas desde distintos posicionamientos políticos, sin duda la más importante la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, pero ninguna ha alcanzado el último objetivo de colmar la tutela judicial efectiva y de calidad que promete la Constitución y demandan los ciudadanos. A decir verdad el Estado democrático de Derecho, cuya realización se confía en buena medida al sistema judicial, sorprendió a los políticos encargados de diseñar el funcionamiento del Poder Judicial que precisa la moderna sociedad española, a base de una política judicial concebida siquiera a medio plazo y más allá de los remedios puntuales de aumento de plantillas y de dotación de medios materiales, habitualmente insuficientes.

El problema es muy complejo en sus causas y posibles soluciones; comenzando por el elevado índice de litigiosidad que se advierte en todos los órdenes jurisdiccionales para cuya posible reducción no han funcionado, hasta ahora, los procedimientos arbitrales alternativos para la composición de intereses privados, lo que da lugar a un sobrecarga competencial que desborda las posibilidades razonables de aquel otorgamiento de tutela; seguido de la inaplazable organización de la denominada oficina judicial con asignación de cometidos y de responsabilidades bien definidas; la necesaria dotación de medios y técnicas de trabajo propios del siglo XXI; la revisión de la demarcación judicial en función de las efectivas cargas competenciales de los órganos judiciales; fijación de módulos realistas en cuanto a los niveles de trabajo; formación especializada de Jueces y Magistrados; fortalecimiento de los presupuestos necesarios para el ejercicio independiente de la potestad jurisdiccional; ampliación de competencias del Consejo General del Poder Judicial, y un largo etcétera.

La reforma que se echa en falta no es para los Jueces sino enderezada al mejor servicio de la sociedad a la que éstos se deben, e incumbe afrontarla como cuestión de Estado al Legislativo, al Consejo General del Poder Judicial, al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, y en ella deben implicarse decisivamente los intervinientes en el proceso, Abogados, Fiscales, Secretarios judiciales, Procuradores y, por supuesto los Jueces que han sido los primeros en denunciar las carencias que lastran el sistema, incluso con anuncio de llevar a la práctica medidas de presión en forma de huelga, legalmente cuestionable pero que ya ha tenido un primer y reciente ensayo a nivel nacional.

El tema creemos que reviste el mayor atractivo y su actualidad es indudable. Para desarrollarlo, en el marco que ofrece un Curso de estas características, la Asociación Profesional de la Magistratura que colabora en su organización ha convocado a juristas de reconocido prestigio, profundos conocedores de la teoría y práctica de los Tribunales, esto es, Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, relevantes cargos públicos del Ministerio de Justicia y de Comunidad Autónoma, Magistrados, Catedráticos, Abogados y Procuradores, sin olvidar el referente internacional a cargo del actual Presidente de la Unión Internacional de Magistrados.

Sobre este planteamiento y con estos intervinientes se ha diseñado la presente actividad, en la que ciframos nuestro deseo de que resulte de interés para los “alumnos”, intelectualmente inquietos, que recalan en estos Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid.