DEL 13 AL 17 DE JULIO

Desde el inicio de su andadura la Institución del Defensor del Pueblo viene prestando una especial atención a los distintos problemas que aquejan a los menores en España. Esta preocupación se ha plasmado, entre otras cuestiones, en diversos estudios e informes monográficos relacionados con esta cuestión, de los que se han derivado recomendaciones de distinta índole dirigidas a los poderes públicos para la resolución de los problemas detectados.

En esta ocasión, el Defensor del Pueblo fija su atención sobre la realidad de los jóvenes que están ingresados en centros de acogimiento residencial por tener graves problemas de inadaptación familiar y social, muchas veces vinculados a trastornos de conducta o incluso a patologías siquiátricas, objeto del informe recientemente publicado.

Manifestaciones típicas de los comportamientos antes citados suelen ser la indisciplina y el fracaso escolar, el acoso o maltrato entre compañeros por abuso de poder o “bullying”, la escasa o nula tolerancia a la frustración, los desmanes asociados al “botellón”, el consumo de estupefacientes a edades cada vez más tempranas, la proliferación de bandas juveniles o el mantenimiento de conductas singularmente agresivas dentro de la familia. Estas conductas desajustadas constituyen sin duda un fenómeno complejo en el que se ven particularmente implicados tanto la familia, como núcleo de referencia vital del menor, como la escuela, ámbito en el que se desarrolla gran parte de su proceso.

Para corregir estos comportamientos del menor se necesita, en muchos casos, el auxilio de profesionales cualificados que, mediante una intervención especializada, aborden con eficacia los dolorosos efectos negativos que producen en la convivencia los comportamientos exacerbados de sus hijos. Para ello, se recurre en muchas ocasiones a los servicios sociales de los ayuntamientos o comunidades autónomas para que se hagan cargo de esos menores cuyas conductas son muy difíciles de controlar por las familias.

Pues bien, el objeto del presente curso es analizar, debatir y apuntar posibles soluciones a estos problemas, tomando como referencia las conclusiones del Informe antes citado y contando con la participación de legisladores, responsables públicos y gestores privados, jueces y fiscales, docentes, pedagogos, sociólogos y asociaciones de familiares con menores en estas circunstancias, con el fin de que puedan expresar su visión de los problemas, su experiencia en cómo abordarlos y las posibles soluciones para resolverlos.