INTRODUCCIÓN:

 Las ocupaciones en la Comunidad Autónoma de Madrid no son un fenómeno reciente, sino que su existencia se remonta mucho tiempo atrás. Montones de viviendas y de tierras han permanecido ocupadas antes de que se diese dentro de un movimiento organizado y colectivo.

 PRECEDENTES INMEDIATOS:

 A partir, sobre todo, de los años setenta aparecen las primeras ocupaciones organizadas de forma colectiva, que adquieren significado de verdaderos movimientos. Estas primeras estaban vinculadas principalmente a movimientos vecinales y grupos sindicales.
 Entre estas primeras ocupaciones podríamos citar la del Ateneo Libertario de Tetuán en  Diciembre de 1978 que ocupó un colegio abandonado en la calle Marqués de Viana nº 99. Posterior-mente fue desalojado por la Policía. Pese a este intento pionero, y abortado por el Estado (por sus fuerzas de seguridad), la práctica -aunque todavía incipiente en 1979- fue aumentando, promovidas por Asociaciones de Vecinos y otros grupos sociales. Así encontramos las escuelas populares de personas adultas de Prosperidad y Barrio del Pilar, el Ateneo Libertario de Migrán (San Blas), locales en Villaverde ocupados por CNT-AIT -como recuperación sindical, La Kasa en Vallecas, ocupación de locales en la facultad de sociología por el colectivo KOZ, viviendas de la Obra Sindical del Hogar en barrios periféricos de la capital (La Elipa, San Blas, Vallecas...) promovidas por asociaciones de vecinos...
 En 1980 cincuenta y cinco familias ocuparon un bloque de viviendas en la calle General Fanjul durante un mes. Como iniciativa de la Coordinadora de Chabolistas de Carabanchel.
 Este tipo de ocupaciones se siguen dando en la actualidad, tanto individuales como colectivas, pero sin embargo no será de estas de las que trataremos en este trabajo, sino de las que se realizaron a partir de noviembre de 1985 por grupos de jóvenes que tratan de plantear alternativas sociopolíticas a sus problemas.
 
 AMPARO 83: Okupas en Madrid.

 En Octubre de 1985 un grupo de jóvenes decide okupar un local donde realizar actividades socioculturales varias. Tras la búsqueda de un local que reuniese las condiciones (abandono durante largo tiempo, amplio...) en noviembre de ese año se decide okupar el inmueble situado en el número 83 de la calle del Amparo, en el barrio de Lavapiés, perteneciente a una filial de Hidroeléctrica Española S.A.: UIPIC S.A. (Unión Iberoamericana de Promociones Industriales y Comerciales) y que había permaneci-do vacío durante varios años. Según los y las okupantes en el registro de la propiedad no figuraba inscrito a nombre de nadie y llevaba dos años sin pagar los recibos de la Contribución Urbana Municipal, que sí estaban adscritos a la empresa anterior-mente nombrada.
 El día 1 de noviembre se okupa el edificio por el reciente-mente formado KOKA, Kolectivo de Okupantes de la Kasa de Amparo. Ese mismo día se produce la denuncia de un vecino -que según el diario EL PAÍS (3-11-85:21) no se ha confirmado-, hecho que parece ser que produjo la inminente presencia policial que se limitó a recoger información sobre los y las okupantes, al no poder desalojar el inmueble por no tener la orden judicial necesaria para el efecto. Una vez enterada la policía, según los y las okupas los últimos que debían enterarse, se decidió dar la mayor publicidad posible al hecho mediante el despliegue de pancartas y avisando a la prensa y otros colectivos de Madrid. Además de esto, la actividad más importante que se llevó a cabo el primer día de okupación fue la limpieza y el acondicionamiento del inmueble.
 Desde un primer momento en esta okupación participó un gran número de jóvenes a nivel individual y colectivo. Jóvenes de distinta extracción social y distinto nivel educativo, pero con un proyecto más o menos común: mantener un local donde poder desarrollar sus propias actividades socioculturales al margen de las instituciones. Paralelamente se iba recibiendo el apoyo individual de los vecinos y las vecinas de la zona y de otros lugares, así como de colectivos como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, comunicado a los medios de información el día 2 (EL PAÍS 3-XI-85:21). Ese mismo día hubo un intento de desalojo, como el anterior sin orden judicial, con el mismo resultado.
 El día 7 ya se habían producido dos denuncias que fueron desestimadas: la de un vecino y la de una inmobiliaria anónima que pedía el desalojo, pero los propietarios del inmueble no habían denunciado, todavía.
 Tras las obras de acondicionamiento, en las que los vecinos y las vecinas de la zona colaboraron activamente, bien limpiando y desescombrando, bien mediante apoyo económico y material, el día 9 comienzan las actividades culturales públicas en la okupación. Anteriormente se habían dado asambleas diarias de tipo informativo y planificador de lo que iban a ser las actividades en la okupación. Se comenzó con una exposición fotográfica esa misma mañana, y por la tarde-noche tuvo lugar la actuación del grupo de teatro "Gruñidos Salvajes", que realizó dos funciones debido a la gran asistencia de público. Entre una y otra actuación hubieron de cerrar las puertas ante la aparición de una patrulla de policía.
 El día 10 el KOKA participó en una manifestación Anti-OTAN donde recogieron cinco mil firmas de apoyo al proyecto de la Kasa de Amparo. Por la noche, durante la asamblea, un grupo de gente que "parasitaba" (aparecían por la okupación pero no participaban en el proyecto sociocultural) fue invitado a salir, puesto que entorpecía el desarrollo de esta. Este grupo se dedicó durante un tiempo a montar jaleo en la puerta, hecho que aprovechó cierto sector de la prensa para desacreditar a toda la okupación en su conjunto (ABC 12-XI-85:35).
 El día 11, a las 8:30 de la mañana se produjo el desalojo de Amparo 83, a cargo de "los GEOs" (Grupo Especial de Operacio-nes), durante el que se detuvo a trece personas que dormían allí esa noche y a la perra Punka, que fue recogida de los calabozos días más tarde por un miembro del "kolectivo". Según testigos "la Policía tardó al menos media hora en salir (...) los jóvenes parecían asustados (...) cuando los ocupantes salieron de la casa, la Policía les ordenó meterse en el coche furgón" (ABC 12-XI-85:35). Según los y las okupas no se mostró ninguna orden de desalojo (EL PAÍS 12-XI-85: 26).
 Esa misma tarde se efectuó un rueda de prensa en la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, donde se anunció una denuncia a la Policía por su actuación durante el desalojo: detención ilegal, malos tratos, vejaciones y daños en el inmueble. También se acusó al delegado del gobierno  en la Comunidad de Madrid de no haber cumplido las promesas que había hecho a los y las okupas de intervenir, ayudándoles a negociar la permanencia en el inmueble.
 Por la tarde-noche hubo una manifestación espontánea en respuesta al desalojo que reunió entre doscientas y trescientas personas. Este acto terminó con una carga policial en la que se produjeron nuevas detenciones y lesiones de distinta gravedad a los y las participantes.
 Al día siguiente (12) se celebró un nueva manifestación en la que participó menos gente, la actuación de la Policía fue similar a la del día anterior. Siete personas fueron atendidas en la Casa de Socorro de Ribera de Curtidores Nº2. (La despropor-cionada actuación policial quedó bien reflejada en las fotogra-fías publicadas por DIARIO 16. 14-XI-85: 33).
 El día 15 se realizó otra manifestación, legalizada, que terminó con la okupación "simbólica" de la Kasa de Amparo 83. Los guardias de seguridad huyeron, y aunque los convocantes del acto pidieron su disolución, varios y varias manifestantes permanecie-ron hasta la llegada de "los antidisturbios" (U.I.P. Unidad de Intervención Policial).
 Tras unos meses, el día 11 de marzo de 1986, el fiscal dirigió un escrito de acusación contra dieciocho personas, tres de ellas menores de edad, que tomaron parte en la okupación de Amparo 83 -cuatro fueron acusadas como iniciadoras y el resto por secundar y apoyar la acción, catorce fueron detenidas durante el desalojo mientras que las otras cuatro personas fueron acusadas a partir de un atestado levantado por la Policía al poco tiempo de la okupación, cuando tomaron los datos de quienes se encontra-ban en el inmueble. El grupo fue acusado de un delito de coacciones, al impedir a la entidad propietaria del immueble (UIPIC S.A.) el ejercicio de su derecho de propiedad. De este modo pidió penas de cincuenta mil pesetas y dos meses de arresto mayor para las personas acusadas mayores de edad y multas de cuarenta y veinte mil pesetas para las menores.
 A partir del encausamiento comenzaron las acciones, sobre todo destinadas a financiar el juicio y hacer frente a las penas, en caso de que tuviesen lugar las penas que pedía el fiscal.
 El director de UIPIC  afirmó -Según el diario EL PAIS (12-VI-86)- que la empresa -dedicada a la "promoción de negocios e inversiones"- no tiene nada que ver con la acusación. Sí hubo una denuncia por la ocupación ilegal, aunque no existe tal cargo en el escrito de acusación-, pero no hubo después del desalojo ninguna querella o reclamación.
 El día 1 de diciembre de 1986 fue comunicada la fecha del juicio. Tendría lugar el día 3 de marzo de 1987. Anteriormente se habían realizado actividades, como ya se ha dicho, en apoyo a los encausados y encausadas: Fiestas, manifestaciones... En Junio de 1986, por ejemplo, hubo una "devolución simbólica" de los escombros que se sacaron del inmueble okupado en 1985. La policía dispersó a los y las manifestantes con material antidis-turbios. Según gente vinculada al movimiento de okupación aquella vez se contestó a la violencia policial. Pero es en febrero de 1987 cuando las acciones de apoyo se intensificaron: Se hacen fiestas de apoyo. El día 27 tuvo lugar una manifestación pidiendo la absolución de los y las okupantes de la kasa de Amparo y reivindicando la okupación. Acudieron alrededor de quinientas personas y transcurrió de forma pacífica. Al final actuó la Policía tal y como lo había hecho otras veces, de forma despro-porcionada y violenta.
 El día 3 de marzo de 1987 se celebró el juicio a los detenidos y las detenidas tras el desalojo de Amparo 83. Ante la jueza comparecieron las personas acusadas más una veintena de testigos entre los que se encontraban vecinos y vecinas que participaron en algún momento de la okupación, así como otra gente -no del vecindario- que participó en las actividades. No compareció el director de la entidad propietaria del inmueble. El fiscal rebajó la pena solicitada a una multa general de cinco mil pesetas.
 Mientras en el juzgado de instrucción nº 22 se desarrollaba un juicio donde nadie negó la okupación, sino que se reivindicó denunciando a la vez la especulación, la falta de locales y la desidia de las autoridades respecto a los problemas de los y las jóvenes, en la puerta de los juzgados otro grupo de jóvenes se concentraba mostrando su apoyo a las dieciocho personas encausa-das y a la okupación en general. A las 14:30 horas el juicio quedó visto para sentencia.
 A los tres días, el día 6, la jueza dictó sentencia absolviendo a todas las personas acusadas al no existir tal delito de coacciones. Tras la absolución, algunas de las personas implicadas fueron visitadas en sus domicilios por policías "de paisano", buscando información.
 Tras el desalojo de esta primera okupación, se produjo una parada en la acción concreta de okupar, pero no en el movimiento por las okupaciones. Se realizaron reuniones para preparar el futuro juicio, donde ya no sólo participaron las personas relacionadas con la okupación de la Kasa de Amparo  83, sino que se fueron integrando otras personas que hasta entonces habían permanecido ajenas a ella. A partir de este grupo se forma, tras el juicio, la Asamblea de Okupas de Madrid, que estuvo represen-tando el movimiento en la Comunidad de Madrid hasta 1988.

 LEGANÉS:

 Tras el desalojo de Amparo 83 se produjo una nueva okupa-ción, que aunque tuvo un matiz diferente (no pretendían montar un centro cultural, pretendían utilizar el espacio sólo como vivienda), parece que fue un producto inmediato de la anterior experiencia. Esta vez se produjo en Leganés, en el nº 6 de la calle del Alhelí. Tres jóvenes parados, que habían participado en la experiencia de Amparo, ocuparon un piso, que llevaba diez años vacío, el día 24 de noviembre de 1985. Su acción duró poco, el día 27 del mismo mes fueron desalojados por funcionarios del juzgado y la Policía a las 17 horas. Vecinos y vecinas de la zona, sobre todo gente joven, junto con gente de KOKA, que entre todos y todas habían formado un comité de apoyo, se concentraron ante la vivienda para obstaculizar el desalojo. Dentro de la vivienda se resistió. Según EL PAIS (28-XI-85:25) había veinte ocupantes dentro del edificio.
 El día 1 de diciembre del mismo año tuvo lugar una manifes-tación bajo el lema "Jóvenes sin curro y sin vivienda, la solución okupación", a la que acudieron setecientas personas aproximadamente. Más adelante, en Leganés, se formará un colectivo afín al movimiento de okupación, en el que participan los okupas de la calle del Alhelí, el colectivo Afrika. También participaron en las actividades de apoyo a los y las okupantes de Amparo.

 RONDA DE ATOCHA:

 El día 3 de abril de 1987, con los ánimos altos, tras la sentencia absolutoria a los y las okupas de Amparo, la Asamblea de Okupas de Madrid decidió pasar a la acción okupando el edificio situado en el número 35 de la Ronda de Atocha, formando el colectivo AORA (Asamblea de Okupas de Ronda de Atocha).
 El edificio, que llevaba diez años abandonado, pertenecía al Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, INAEM, del Ministerio de Cultura desde el 31 de julio de 1986, en  que fue adquirido por sesenta y nueve millones de pesetas a su antiguo propietario Federico Bonet S.A. El solar tiene cuatro mil seiscientos metros cuadrados y siete mil sesenta y ocho metros cuadrados de superficie construida. En este inmueble, las únicas actividades que se llevaron a cabo, desde su adquisición por el INAEM, fueron una fiesta de Nochevieja, una obra de teatro y fue utilizado esporádicamente para la filmación de algunas escenas cinematográficas.
 El estado físico del local a la entrada del grupo de okupas era lamentable. Era un local grande con varios edificios de viviendas, cuatro naves y un patio, todo lleno de escombros y destrozado por varios lados: tejados, paredes... Uno de los okupas calificó, de forma sarcástica, el acto de entrar a este sitio tan deplorable como un "acto heroico". Incluso se pensó en dar marcha atrás.
 Los trabajos de rehabilitación del edificio fueron duros, hubo que sacar muchos escombros y agua. Lo primero que se hizo fue acondicionar una sala grande como vivienda y sala de exposiciones, luego se trabajó en otras zonas destinadas a talleres. El trabajo, pese a ser duro, dio sus frutos el segundo día cuando se inauguró una exposición de fotografía sobre las movilizaciones estudiantiles y otra con el material encontrado en el edificio. En las tareas de acondicionamiento colaboraron vecinos y vecinas del barrio, que también apoyaron económicamente (con dinero, alimentos y enseres).
 Por las noches se celebraban asambleas donde se decidía entre otras cosas qué personas pernoctaban en el edificio, se debatía sobre las experiencias que habían tenido durante el día, se proponían cosas y se organizaban y evaluaban las comisiones o grupos de trabajo.
 El proyecto elaborado por el colectivo AORA reflejado explícitamente en sus panfletos tenía dos objetivos sociales principales: crear una Universidad Popular, donde dar salida a sus inquietudes culturales fuera del ámbito de lo que denominaron "cultura oficial"( entendida como el concepto de cultura potenciado y promocionado por las instituciones políticas oficiales), y encontrar una solución al problema de la vivienda.
 En la madrugada del día 7 de abril, sobre las 4:00 horas, la Policía entró en el edificio y echó a la calle a las dieciocho personas que allí se encontraban, sin dejarles sacar sus pertenencias. La orden fue dada por la Delegada del Gobierno, Ana Tutor. Una vez desalojados y desalojadas, se les trasladó a la comisaría de Arganzuela, donde se les tomó filiación y se les dejó marchar.
 La prensa no apareció por el desalojo, pese a que se habían interesado por la okupación, por la noticia de la okupación y no por la gente que allí estaba. Tampoco hubo contestación en la calle (eran las cuatro de la madrugada).
 Tras el desalojo, el mismo día 7 se convocó una manifesta-ción hasta el edificio de Ronda de Atocha, y luego hacia el Centro Cultural Reina Sofía, pero acudió poca gente.

 MÓSTOLES:

 Según parece, en el año 1987, existen en esta localidad madrileña 12.155 viviendas vacías (según datos de la Comunidad Autónoma de Madrid).
 Algunos y algunas jóvenes de la localidad okuparon varios pisos "vacíos, abandonados, sucios, con muebles de cocina desaparecidos y otros deterioros (en instalación eléctrica y fontanería)". Su propietario, el torero Jaime Ostos, debía una suma considerable de dinero a la comunidad de vecinos. Su paradero era desconocido hasta el momento de la okupación. Estos y estas jóvenes arreglaron y limpiaron su nueva vivienda, llevando muebles, etc... a esta. Decidieron pagar la comunidad para disfrutar de agua caliente, calefacción, etc...
Pero el torero apareció repentinamente acudiendo a la policía para que desalojara a los ocupantes de "su" vivienda. Por
cierto, estos y estas jóvenes habían realizado numerosos arreglos en esta casa, con lo cual le debió venir de maravilla.
 Otra okupación en la misma localidad de Móstoles es la de la calle de Veracruz nº44, donde la estancia de los y las jóvenes se alargó durante mucho tiempo, desde marzo de 1987, aunque no sin problemas.
 Aquí los y las jóvenes, después de arreglar, limpiar y acondicionar los pisos, entraron a formar parte del barrio pagando la comunidad etc...
 Pero desde los días 6 y 7 de junio, estas personas se vieron acosadas por cuatro hombres armados con pistolas que amenazaron a los y las ocupantes con ejecutarlos. El día 8 de junio volvieron estos matones pistola en mano sobre la sien de dos  de los okupantes y apaleando al resto, les dieron un plazo de tres horas para desalojar. Estos individuos, conducían un Mercedes con matrícula: CE- 5839-B, según los y las okupas. Por supuesto, se puso una denuncia pero no pasó nada, la Policía hizo oídos sordos y los matones volvieron a aparecer a los pocos días.  Ante esto, los y las jóvenes okupantes convocaron concentraciones diarias ante el portal de Veracruz, 44 a las 22 horas. Los y las jóvenes de esta okupación formaron la Asamblea de Okupantes de Móstoles, junto con otros grupos interesados en el tema.
 El 23 de Abril de 1988, sesenta jóvenes de la localidad madrileña de Móstoles, ocupan el nº 46 de la calle de Veracruz.

 ARGUMOSA:

 El viernes 1 de mayo de 1987, a las 8:00 horas, un grupo de jóvenes de la recién creada Asamblea de Okupas de Madrid entró en un local vacío durante siete años aproximadamente en el nº41 de la calle de Argumosa, propiedad del Ministerio de Hacienda.
 A las diez de la mañana ya había llegado la Policía, a la que dieron unos panfletos informativos sobre la okupación. Los agentes se fueron a consultar a sus superiores.
 El local estaba en buenas condiciones y los trabajos de limpieza avanzaban rápidamente, por lo cual no tardaron en comenzar las actividades culturales. Estos y estas jóvenes tenían varios proyectos en mente, por ejemplo: talleres cooperativos de carpintería, reciclaje, etc...; escuela popular de alfabetización de adultos, gabinete de información y ayuda al toxicómano, exposiciones de fotografía, pintura, etc...; teatro, cine, conciertos, locales de ensayo y reunión...
 Se llevó a cabo una exposición fotográfica el mismo día de la okupación. Al día siguiente, hubo una representación teatral y el domingo un pase de videos sobre el movimiento estudiantil y sobre okupaciones en Holanda y Madrid. A estos actos acudieron numerosos jóvenes del barrio.
  El martes día 5 (sobre las tres o cuatro de la madrugada), llegó la policía con la intención de desalojar el edificio. La petición de desalojo venía de la delegada de Gobierno, Ana Tutor. Había dentro cuarenta y ocho personas y un perro. Los y las jóvenes sufrieron numerosos golpes de porra por la policía. Tras el desalojo, los y las jóvenes fueron conducidos a comisaría. La mayoría eran estudiantes y jóvenes en paro.
Algunos vecinos y algunas vecinas de Lavapiés acudieron al desalojo en apoyo de los y las jóvenes okupantes.
  El mismo martes por la tarde se okupa un centro cultural del ayuntamiento, sobre las 19-20 horas, donde sólo se encontraba el conserje (los y las jóvenes resaltaron este hecho, ya que en un centro cultural a esas horas de la tarde se debería albergar a jóvenes realizando diferentes actividades).Según parece los y las jóvenes intentaron negociar con el responsable de locales del Ministerio de Hacienda teniendo como interlocutor al Consejo de la Juventud. Después de salir del centro cultural fueron en manifestación a Argumosa 43, desde allí a Amparo 83 y por último a Ronda de Atocha. Aquí intentaron entrar pero dentro había dos guardias de seguridad apuntando con una pistola, luego llegó la Policía y los manifestantes se retiraron a Lavapiés donde acabó la manifestación.
 Tras esta manifestación se realizaron diversas actividades propuestas por la Asamblea: Aparecieron en diversos programas de radio estableciéndose debates muy interesantes en los que a veces participaron miembros de la administración.
 El 15 de mayo de 1987, durante el pregón de las fiestas de San Isidro, se produce una acción de protesta en la que se arrojaron huevos sobre el alcalde, Juan Barranco y la pregonera, Rocío Jurado. En verano, durante las fiestas de Lavapiés decidieron exigir a Juan Barranco locales para realizar sus actividades. El alcalde les prometió atender sus peticiones en su despacho (según los y las jóvenes sólo lo dijo para quedar bien ante la prensa), los citó para el día 20 de agosto. Cuando los y las jóvenes acudieron Barranco no estaba y su secretaria los citó para el día 22 de octubre.  Ese día cuatro representan-tes de la Asamblea de Okupas se entrevistaron con Juan Barranco. El alcalde ofreció un local y apoyo económico para las iniciati-vas de la Asamblea, los y las okupas, desconfiando, grabaron en una cinta la conversación con el alcalde. Esta cinta fue entregada a la prensa. Posteriormente se les ofreció un local en la calle de la Ballesta que rechazaron al no satisfacerles las condiciones impuestas  por el Ayuntamiento, debido al dirigismo y control institucional que implicaban: Legalización formal como entidad juvenil, nombramiento de representan-tes/portavoces responsables y constituir cooperativas de trabajo con personal "cualificado".

 MADERA:

 El 14 de noviembre de 1987, se okupa un edificio en los números 8 y 10 de la calle de la Madera, de Madrid, abandonado desde hacía cinco años por el propietario del antiguo diario "Informaciones".
   La okupación dura apenas un día, (unas ocho o diez horas), la policía desaloja el edificio ese mismo día por orden judicial, el delito: "desorden público", sin que fuera necesaria la denuncia del propietario.
 La okupación de la calle de la Madera tiene un significado clave para los y las jóvenes simpatizantes de este movimiento, ya que sirvió para la maduración de los fallos cometidos anteriormente.
 Tras el desalojo, se ocupa simbólicamente Argumosa 41 por segunda vez. Cinco horas más tarde se desaloja por orden judicial, previa denuncia del Gobierno Civil.

 ARREGUI Y ARUEJ:

 El 20 de mayo de 1988, unos cien jóvenes okupan la antigua fábrica de bombillas "Metal-Mazda", situada en la calle Arregui y Aruej nº 13. Era un inmenso edificio con superficie de unos 1.500 metros cuadrados y tres plantas. Llevaba más de diez años abandonado.
 La okupación se produce tras una manifestación por la Av. de la Albufera, en la que estuvo presente la Policía. Durante la manifestación unos cien jóvenes entraron dentro del edificio. Se produjeron incidentes (cargas de la Policía etc...) que continua-ron hasta las tres de la mañana aproximadamente.
 Al día siguiente, comenzaron la rehabilitación del inmueble y las primeras actividades, como unas jornadas sobre okupación (para informar a los vecinos de lo que se estaba haciendo y lo que se pretendía con ello), y un concierto en la Plaza Vieja de Vallecas.
 Durante las jornadas, se encontraban como asistentes algunos "personajes curiosos", como el Concejal de la Junta Municipal de Retiro, que se comprometió a informar a los y las okupas con antelación del desalojo del inmueble.
 Al día siguiente (domingo) hubo un debate sobre la sociedad patriarcal, y por la noche actuó el grupo de teatro "Gruñidos Salvajes".
 El lunes se hicieron unas jornadas antimilitaristas y por la noche se pasaron vídeos. El martes acudió gente de diversos puntos del Estado para hablar sobre el tema de la represión e iniciar así un debate. Por la noche salió una charanga a recorrer el barrio.
 Dado que la cosa funcionaba bien, se crearon grupos de trabajo, y desde junio se realizaban actividades culturales todos los días: vídeos, charlas, exposiciones, conciertos, etc... mientras que además se iba arreglando el resto del edificio.
 Tras un mes de okupación se convocó una manifestación por el aniversario (cumple mes). Por la noche un festival en contra de la heroína culminó la jornada.
 En julio, los y las jóvenes okupantes del edificio se enteraron de que los dueños del edificio, EDIFICACIONES CIMER S.A., tenían solicitada la licencia de obras para derribarlo, y el Ayuntamiento se la había concedido.
 A últimos de agosto ya estaban en funcionamiento nuevas actividades: librería , taller de cuero, serigrafía, y comedor popular. Además, los y las jóvenes de Arregui y Aruej colaboraron con los obreros de la imprenta Minuesa para sacar a la luz el problema de estos, que iban a ser despedidos ya que la empresa alegaba estar en quiebra cuando lo que se cocía en el fondo era una clara maniobra de especulación.
 Pero las actividades de estos y estas jóvenes estaban a punto de concluir desde esta okupación, denominada Kasa Popular por sus participantes, ya que el martes 30 de agosto por la mañana, las fuerzas policiales procedían a desalojar el edificio. Las veintidos personas que se encontraban dentro en el momento del desalojo fueron esposadas y puestas contra la pared. Apenas dejaron coger nada a nadie. En breve una grúa se encargó de iniciar la demolición con todos los muebles, herramientas de trabajo y ropa de sus habitantes dentro del edificio. Hubo vejaciones físicas y psicológicas, también se realizaron filmaciones ilegales. El concejal no avisó como había prometido. Como protesta por todo esto, se convocó una manifestación.
 El miércoles hubo una asamblea donde se decidió okupar el Consejo de Juventud de la Comunidad Autónoma de Madrid. A las siete de la tarde entraron unas sesenta personas y permanecieron dentro hasta las 10:30 horas. Intentaron hablar con el jefe pero este no estaba. A las diez llegó la Policía y los jóvenes desalojaron de forma voluntaria.
 El sábado se okupó de nuevo una casa del Ministerio del Interior y fue desalojada a las pocas horas con una masiva y exagerada presencia de las fuerzas de seguridad. Este edificio es ahora la macrocomisaría del distrito de Arganzuela desde donde se realizaría el asalto al contiguo edificio que albergaba el Centro Social Autogestionado Minuesa en 1994.

 MINUESA:

 Durante el verano de 1988 se iniciaron los conflictos en tre patronal y trabajadores ante la inminente declaración de quiebra de la imprenta "Hijos de E. Minuesa S.L.".
 La imprenta Hijos de E. Minuesa S.L., situada en Ronda de Toledo nº 24, fue fundada en 1848 como Imprenta Central de los Ferrocarriles. En su dilatada historia se convirtió en una de las empresas más importantes en su sector, trabajando para las universidades Autónoma, Complutense y UNED, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, las editoriales Alianza, Istmo, Cincel, Fondo de Cultura Económica y Pirámide, RENFE y el Ministerio de Trabajo y Justicia.
 La crisis de la imprenta comenzó a mediados de los setentas, cuando Hijos de E. Minuesa tuvieron que hacer frente a unas deudas acumuladas por otra imprenta, propiedad de Rafael Martínez Minuesa, director, por aquel entonces, de la imprenta Minuesa, quien posteriormente dimitiría dejando una deuda de unos doscientos millones de pesetas a Hijos de E. Minuesa. A partir de este momento la imprenta comenzó a abandonarse. Las deudas aumentaban hasta tal punto -según los trabajadores- que Hacienda embargó un parte del solar de la finca, valorado en cerca de cuarenta y seis millones de pesetas.
 El 20 de abril de 1988 los trabajadores y las trabajadoras de Minuesa conocieron el Plan de Ordenación Urbana de Madrid, dentro del cual se contemplaba que el solar de la imprenta sería convertido en un edificio de viviendas, según quedaba expuesto en los paneles de la Gerencia de Urbanismo.
 El 15 de julio la patronal notificó a los trabajadores y las trabajadoras la existencia de un posible comprador, INTRASE S.A., que pagaría cuatrocientos millones de pesetas por la imprenta, siempre que se encontrarse libre de personal así como de cargas y gravámenes.
 La imprenta entró en quiebra, según los propietarios, por falta de productividad y de encargos. En realidad, aunque los encargos si existían, estos eran desviados a otras imprentas de la misma empresa, para que así Minuesa entrase en quiebra.
 Ante el inminente cierre de la imprenta, durante los meses de verano los trabajadores y trabajadoras de Hijos de E. Minuesa S.L. ocuparon los locales de la imprenta, encerrándose en ellos para reivindicar sus puestos de trabajo; y en caso de cierre las indemnizaciones. Estas no las quería pagar la dirección argumen-tando la quiebra.
 La ocupación de las dependencias de la imprenta por parte de los trabajadores y las trabajadoras suponía un aval para asegurarse las indemnizaciones.
 Durante los tres meses que duró el encierro las trabajadoras y los trabajadores realizaron otras movilizaciones, como cortes de tráfico, pegadas de carteles, concentraciones y otras... Es durante este período cuando las trabajadoras y los trabajadores de Minuesa entraron en contacto con la gente que durante ese mismo período okupaba la antigua fábrica de Metal- Mazda en la calle Arregui y Aruej nº 13, en la zona del Puente de Vallecas. Los y las okupas se solidarizaron con los y las ocupantes de la imprenta ante la evidente acción especulativa que se estaba llevando a cabo con el terreno en el que se encontraba la imprenta. Okupas y trabajadores y trabajadoras llevaron a cabo algunas acciones conjuntas como la toma de la Puerta de Toledo y algunos cortes de tráfico.
 Al comienzo del Otoño la Magistratura de Trabajo dio la razón a las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajado-ras de Minuesa, embargando la imprenta, el edificio y la maquinaria propiedad de la empresa, para así hacer cobrar la indemnizaciones. Con esta resolución de la magistratura finaliza-ron las movilizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, quienes abandonaron el encierro.
 El día 30 de agosto, había sido desalojada la Kasa Popular de Arregui y Aruej, tras cien días de okupación. En este lugar residían más de una veintena de jóvenes que tras el desalojo quedaron sin vivienda.
 Poco después de terminar el encierro en Minuesa, algunos y algunas de los y las okupas desalojados en agosto entraron en algunas de las viviendas de Minuesa, que se encontraban sobre los locales de la imprenta. En algunos de estos pisos aún quedaban inquilinos de renta antigua, siendo esta la primera okupación en el municipio de Madrid en la que inquilinos legales compartían edificio junto a okupas.
 Okupas e inquilinos hicieron causa común, ya que estos últimos no querían ser desalojados del edificio por la propiedad que quería especular con el terreno. Los propietarios de la imprenta pusieron una denuncia por ocupación ilegal, no llegando ésta a prosperar ya que el edificio continuaba embargado por la magistratura que aún no había pagado a los trabajadores y las trabajadoras. Los propietarios, con las manos legalmente atadas, hicieron frente a la situación vendiendo todo lo que había en el edificio: maquinaria, papel, metales de impresión, mobiliario etc. Durante esta acción se causaron desparfectos a ventanas, escaleras y tejado, además de dejar abandonados materiales altamente inflamables como tintas, maderas, papel viejo...
 El dia 1 de agosto de 1989 se declaró un incendio en la imprenta, según afirmaron okupas y vecinos este incendio fue intencionado. La rápida acción del Cuerpo de Bomberos, con la ayuda de okupas y vecinos, hizo que el fuego no se extendiera hasta los productos inflamables, los cuales se encontraban abandonados justo debajo de las viviendas. Tras el siniestro inquilinos y okupas denunciaron en el Juzgado a la empresa Hijos de E. Minuesa S.L. por presunción cierta de incendio provocado y negligencia temeraria.
 Haciendo caso omiso la empresa Minuesa a la petición formulada por el Ayuntamiento de Madrid para que esta limpiara las estancias de la antigua imprenta, vecinos y okupas llevaron a cabo esta labor ante el peligro que entrañaba la existencia de los materiales inflamables.
 Desde finales de 1988 la propiedad de Minuesa no cumplía los deberes que tenía con los antiguos inquilinos de renta antigua, ni con el bar-tienda que en régimen de alquiler se encontraba en la planta baja y, que de acuerdo con la legislación vigente, debería cumplir: No cobraba los alquileres, no pagaba el importe correspondiente a luz y agua de la escalera y no arreglaba los desperfectos. En conclusión, se desentendían del edificio.
 Aunque el edificio fue dañado en el incendio y durante el traslado de la maquinaria por parte de la propiedad, éste no fué declarado en ruina, ya que el fuego sólo afectó superficialmente a la nave anexa al edificio principal y la construcción y solidez del edificio no presentaban peligro para la habitabilidad de éste.
 Aunque el ayuntamiento de Madrid instó a la propiedad a reparar los defectos ocasionados, según lo ordena la legislación urbanística, ésta hizo caso omiso de las leyes. Tampoco el Ayuntamiento expropió el inmueble ni realizó las obras necesa-rias, como ordenaban las leyes, en caso de que la propiedad se negase a ello.
 La propiedad del edificio estaba en estos momentos en manos de la inmobiliaria EDICOL S.A., inmobiliaria constituida, según los y las okupas, por parte de los socios de Minuesa, que autocompraron la propiedad por una baja cantidad, dejando así fuera al resto de los socios.
 Según los planos consultados, por los y las okupas, en la Junta Municipal de Arganzuela, en el solar de Minuesa se pretendía levantar un edificio de apartamentos con zonas verdes y bajos comerciales.
 Durante los dos años siguientes a la okupación de los pisos de la imprenta, el número de personas que allí entraron fue aumentando hasta que la casi totalidad del edificio estuvo habitada.
 Una vez acondicionados los espacios, no destinados a vivienda, de la antigua imprenta fueron utilizados para albergar en su interior lo que se llamó el Centro Social Autogestionado Minuesa, un centro cultural abierto al barrio en el que de una manera asamblearia se realizaron numerosas actividades al margen de las instituciones culturales estatales: Jornadas de carácter político y social, en las que participaron diversos colectivos sociales entre las cuales podemos destacar las jornadas de aprendizaje antiautoritario, jornadas contra la guerra, jornadas anti-GAL, jornadas sobre los movimientos sociales ante el problema de la vivienda, semana cultural contra la explotación y el consumo etc; reuniones de grupos de jóvenes relacionados con el movimento alternativo y la izquierda extraparlamentaria que trataban diversos temas sociopolíticos como el antimilitarismo, el feminismo, el sindicalismo, la solidaridad, el internaciona-lismo, el problema de la especulación y la vivienda, el colecti-vismo, el antirracismo, la problemática de las drogas, la homosexualidad, el antifascismo... ; charlas, vídeos, debates y exposiciones sobre temas de actualidad social; actos de solidari-dad; actuaciones de teatro y música rock, folk, flamenco, clásica etc; actividades infantiles como chocolatadas, pasacalles, teatro, guiñol etc.; talleres y escuelas de lenguas árabe, alemán, euskera, de teatro, de danza, de canto, de autodefensa, de serigrafía etc. Estas actividades eran realizadas en espacios que fueron acondicionados para ese uso. Había varios tipos de locales: Locales de ensayo (música, teatro, danza, canto...), locales de reunión para los grupos de jóvenes anteriormente mencionados así como para otros grupos de base: Madres contra la droga, asociaciones de inmigrantes, grupos ecologistas..., sala de teatro, sala de conciertos, gimnasio, bar-café, comedor popular, taller de serigrafía...
 En el verano de 1991 llegó la primera amenaza de desalojo a los y las okupantes de Minuesa, que realizaron una campaña informativa para dar a conocer a la opinión pública su situación. Hubo una estrecha cooperación entre los y las okupas de Minuesa y las tiendas de campaña de Palomeras y Usera (Campamentos improvisados de vecinos y vecinas sin vivienda que utilizaron este método como protesta y forma de llamar la atención ante la sociedad, para presionar a las instituciones públicas y exigir una solución al problema de la vivienda). Por parte del Ayunta-miento, según nos cuentan los y las okupas, se puso en marcha una campaña de hostigamiento hacia el C.S.A. Minuesa, con amenazas del concejal del distrito de Arganzuela, intimidaciones efectua-das por la Policía Municipal, etc. Un domingo del mes de agosto se decidió colgar pacíficamente una pancarta en la Puerta de Toledo como protesta por la campaña de desacreditación y hostigamiento que estaban ejerciendo sobre el Centro Social Okupado tanto la propiedad de Minuesa como el Ayuntamiento de Madrid. Esta acción culminó con una carga efectuada por la Policía Municipal que impidió que se colgase la pancarta aunque no efectuó detenciones. Varios y varias de las contusionadas en la carga policial presentaron denuncia, razón por la que los agentes municipales involucrados en el asunto, al enterarse de que habian sido denunciados fueron horas más tarde al C.S.A. Minuesa para detener a alguien con el fin de poder acusarlo y jusificar así las denuncias contra ellos. Tras efectuar una nueva carga sin motivo alguno frente a las puertas de Minuesa contra aquellas personas que allí se encontraban fueron detenidos Pedro Luis Pérez y Luis Moles tras ser golpeados de una forma despro-porcionada, como así recogieron en imágenes los reporteros del diario El Independiente que se encontraban allí. Una vez dentro de la comisaría los detenidos fueron objeto de malos tratos, como así denunciaron posteriormente.
 Se celebra un juicio en el que el juez falló a favor de Luis condenando a cuatro agentes locales a cinco días de inhabilita-ción y a pagar 100.000 pts por las lesiones ocasionadas. Pasan dos años y aparece un policía del que nadie sabía nada y que no estuvo implicado en los hechos, denunciando que Luis le había roto diez dientes al arrojarle un banco (previamente arrancado del suelo) a la cara, acusación irrisoria teniendo en cuenta dos cosas principalmente, la primera es que si realmente el policía hubiera sido golpeado con el banco en la cara (estos bancos pesan unos 55kg) las lesiones habrían sido mucho más importantes que la rotura de unos dientes, (más bién parece el típico caso de tropezar y caer de bruces). La segunda es que se necesita una grúa para arrancar un banco inmovilizado en el suelo mediante cemento. La jueza (claramente a favor de la Policía), condenó al acusado Luis Moles a un año por atentado y a dos años cuatro meses y un día de prisión por lesiones. A Pedro L. P. a un año de prisión por atentado.

 La propiedad intentó negociar con los y las okupas el abandono de Minuesa a cambio de cinco millones de pesetas, los y las okupas rechazaron la oferta. Aún así la propiedad hizo un nuevo intento ofreciéndoles que fijasen la cantidad que querían por marcharse. Una vez más los y las okupas rechazaron el ofrecimiento. Ese mismo verano de 1991 las y los okupas de Minuesa presentaron ante el juez un interdicto que tenía como objetivo el reconocimiento de posesión de la finca por ellas y ellos. También se presentó una denuncia contra el Ayuntamiento y la empresa propietaria del edificio por intento de desalojo ilegal por parte del Ayuntamiento y por dejar que se deteriorase el inmueble por parte de la propiedad.
 El 4 de enero de 1993 la titular del Juzgado 45 de lo Civil dictó sentencia ordenando el desalojo de las y los okupas que vivían en las viviendas de la antigua imprenta de Minuesa, pero no fijó fecha para que se efectuara tal desalojo.
 A principios de julio de 1993 salió la resolución al interdicto que había sido presentado dos años antes, siendo el resultado favorable a las peticiones de los y las okupantes. La resolución aceptó el "derecho a posesión" de la finca por contrato verbal a siete personas, una por cada uno de los pisos okupados, por llevar allí viviendo cinco años. También se advirtió al Ayuntamiento de la resolución para que no se perturbase la "paz vecinal".
 A finales de septiembre de 1993 se inauguró la macro-comisaría del distrito de Arganzuela situada en el edificio colindante al "Centro Social Okupado Minuesa". La proximidad entre okupas y policía no creó ningún problema durante el tiempo que la okupación duró, hasta el desalojo y derribo de la antigua imprenta.
 El día 17 de marzo de 1994 el Juzgado de Primera Instancia nº 45 de Madrid dictó el desalojo contra siete personas de las que okupaban el inmueble de Minuesa, quedando teórica y legalmen-te eximidas de esta resolución el resto de personas que okupaban el edificio.
 El abogado de los y las okupas, Francisco García Cediel, presentó un recurso contra la decisión judicial "por defecto de forma" ya que se temía, como así sucedió, que propiedad y Ayuntamiento aprovecharan la orden de desalojo de las dichas siete personas para desalojar el edificio completo.
 Durante los meses que transcurrieron hasta el desalojo definitivo del Centro Social Minuesa y sus viviendas, los y las okupas realizaron diversas campañas de información pública como manifestaciones, concentraciones, fiestas, ruedas de prensa, etc. para dar a conocer la situación existente y para criticar la especulación que, según ellos y ellas, se estaba produciendo en el distrito de Arganzuela y el barrio de Peñuelas. Se consiguió apoyo de otros centros sociales okupados como el de Seco o el de Pablo Neruda, así como de distintos colectivos sociales de base: Madres contra la Droga, grupos ecologistas, asociaciones de inmigrantes y vecinos y vecinas de forma individual.
 El miércoles 18 de mayo de 1994, en medio de un fuerte dispositivo policial, que contaba con algo más de cien agentes de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios), unos treinta efectivos de la Policía Nacional y veinte agentes de la Policía Municipal, así como un helicóptero, ambulancias, una dotación del Parque de Bomberos y una unidad de "laceros" de la Perrera Municipal, se llevó a cabo el desalojo de la totalidad de la finca que ocupaba Minuesa.
 Cerca de las 9 horas, por la mañana, comenzaron a producirse enfrentamientos entre policías y personas que se habían concen-trado para apoyar a los y las okupas, al intentar estas personas llegar en manifestación hasta el inmueble de Minuesa, que había sido acordonado, impidiéndose el paso de toda persona que no estuviese autorizada. Los disturbios se extendieron durante más de cuatro horas por las zonas de Lavapiés, Embajadores y Atocha, dando como resultado dos personas heridas, veintidós detenidas y numerosas contusionadas. Una vez finalizados los disturbios, se siguieron produciendo detenciones policiales hasta bien entrada la tarde.
 A las 10:00 horas, la Policía comenzó a desalojar el edificio, tarea que les llevaría más de dos horas. En el interior se encontraban ciento diecisiete personas, cuarenta de las cuales eran los y las okupantes habituales de las viviendas. Los y las okupas ofrecieron una resistencia pasiva al desalojo, dificultan-do éste con la colocación de objetos que entorpeciesen la labor policial. Las personas desalojadas fueron cacheadas (registradas a fondo) e identificadas dejándolas posteriormente abandonar el lugar. Uno de los okupas resultó herido en la cabeza por lo que fue trasladado al hospital Doce de Octubre.
 Uno de los abogados de las y los okupas, Francisco García Cediel, afirmó que se había cometido "una arbitrariedad importan-te" ya que la orden de desahucio no afectaba a la totalidad de las personas que okupaban el edificio. La otra abogada, Florentina Carrasco, denunció la "brutalidad policial" durante el desalojo, en el que, según los y las okupas, fueron maltratados y maltrata-das física y psíquicamente por la Policía, así como que se les grabó, ilegalemente, en vídeo y se les hizo una ficha policial también ilegal. Ambos defensores, García Cediel y Carrasco, se quejaron porque no se les permitió estar presentes durante la operación policial (las Fuerzas de Seguridad del Estado no garantizaban su seguridad). Así mismo afirmaron que el Ayunta-miento y la empresa propietaria, en esos momentos Corporación Financiera Diversificada, habían actuado "de forma irregular, ya que no han esperado a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolviera el recurso presentado por los okupas". Ambos letrados coincidieron que el desalojo producido por el Ayunta-miento y la empresa propietaria era fruto de la especulación que se ejerce en torno al solar de la antigua imprenta Minuesa, valorado éste en alrededor de mil millones de pesetas.
 El mismo día del desalojo, en diferentes ciudades del Estado Español y de Europa (de Alemania, de Holanda y de Italia) se celebraron actos de solidaridad con los y las okupas de Minuesa. Durante los días que siguieron al desalojo se produjeron diferentes concentraciones de apoyo a Minuesa, que fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas policiales, incluso llegó a haber un intento de reocupación del edificio por parte de tres jóvenes que vieron frustrado su intento por la intervención de los guardias jurados que estaban al cuidado del inmueble.
 Como colofón de estas movilizaciones, el día 17 de junio de 1994 se celebró una manifestación "Pro okupación" que bajo los lemas "Por el derecho a la vivienda y los centros sociales. Contra la especulación, okupación" convocó a unas mil quinientas personas. La manifestación fue convocada por más de treinta y cinco colectivos, sindicatos, partidos políticos, etc. de Madrid y era apoyada por colectivos de Pamplona, Galicia, Valencia, Zaragoza, Barcelona, y Sevilla. Al término de la manifestación fue ocupada la antigua fábrica PACISA en la Ronda de Atocha nº 35, con el fín de crear allí un nuevo Centro Social Okupado que diera continuidad al de Minuesa. Tras un mes de okupación también fue desalojado este centro social. Pocos días despúes se ocupó un almacén abandonado en la calle Bernardino Obregón nº 15-17 con el fin de continuar la labor emprendida por sus antecesores.
 Minuesa se convirtió en emblema y ejemplo del resto de
okupaciones en Madrid.

 ERCILLA:

 Esta okupación, situada en la calle de Ercilla, tuvo como fin únicamente la rehabilitación para la vivienda de los y las jóvenes que entraron en ella. No se realizaron actividades de cara al barrio, o sea, no fue un Centro Social.
 La okupación se produce en el mes de abril del año 1989 y duró hasta julio de 1989. El desalojo, parece ser que fue legal.

 BASTERO:

 En febrero de 1990 se okuparon los números 1 y 3 de la calle del Bastero. Al igual que la okupación anterior sólo se usó como vivienda. En marzo de 1990 se desalojó ilegalmente (sin orden judicial).

 TOLEDO 121:

 Un grupo de jóvenes okupa una casa como vivienda en agosto de 1990, en la calle de Toledo nº 121, y el día 2 de noviembre de 1990 son desalojados.
 El abogado de los y las jóvenes, Francisco García Cediel, presentó una denuncia por detención ilegal en el desalojo.

 MILANESES:

 El día 2 de noviembre de 1990 un grupo de jóvenes okupa el número 6 de la calle de los Milaneses, varios de ellos proceden de la okupación de Toledo 121. El número total de jóvenes okupantes era de ocho en principio, pero luego se les uniría uno más. Los y las jóvenes se encerraron en este inmueble de seis pisos, además el dueño del inmueble les colocó un candado en la puerta.
 El inmueble llevaba abandonado cuatro años y el dueño, que en un principio ocultaba su identidad, intentó sobornar a las personas que permanecían en el inmueble, con 30.000 pts, si abandonaban el edificio.
 Entre los vecinos y las vecinas del barrio abundaban las opiniones favorables a los y las jóvenes okupas, y bastantes de ellos y ellas llevaron comida a los chicos y chicas encerradas. El día 11 de noviembre de 1990 los jóvenes convocaron una concentración frente a la casa para el apoyo de su causa y para reivindicar y exigir al Ayuntamiento viviendas asequibles para los y las miles de jóvenes que se encontraban en su misma situación. Protestaban por el precio elevado de los alquileres y la dificultad para acceder a una vivienda en Madrid.
 El día 15 de noviembre  de 1990 aparece en el periódico ABC la siguiente noticia:"Matanzo se compromete a buscar trabajo a los okupas". Según esta noticia, "el Concejal Presidente del distrito aseguró que recibirá a los okupas y añadió que <<les voy a intentar buscar un trabajo en la oficina municipal de empleo a través de la segunda tenencia de alcaldía>>...La empresa propietaria del edificio ,Madrid-Invest, ha mostrado cual será su postura, en esta semana llega la orden de desalojo :<<Realiza-remos las obras en el interior aunque estén ellos dentro...>>".
 Y llegó la orden de desalojo. El viernes 16 de noviembre de 1990 se preparaban ya los jóvenes para desalojar el inmueble pacíficamente. Los y las okupantes, procedentes de localidades madrileñas de la periferia como Móstoles y Leganés, abandonaron el que fué su hogar durante pocos días sin oponer resistencia. La orden de desalojo llegó el jueves, tenían veinticuatro horas de plazo para abandonar el edificio.
 Angel Matanzo se comprometió a buscarles alojamiento en una pensión que pagaría el Ayuntamiento, así como trabajo a través de la Oficina Municipal de Empleo.

 SECO:

 En noviembre de 1990 un grupo de jóvenes okupa un colegio abandonado en la calle de Seco nº 34 en el barrio de Adelfas -distrito de Retiro-. Durante un año permanecieron estos jóvenes en el antiguo colegio, que convirtieron en sus viviendas. En noviembre de 1991 los y las okupas abandonaron el edificio quedando este vacío.
 Meses después una asociación de jóvenes del distrito de Retiro, "Adelfas Joven", convocó una asamblea vecinal en la que se trató el futuro que se iba a dar al antiguo "colegio de Seco". En la asamblea se decidió que el colegio volvería a ser okupado para crear en él un Centro Social Autogestionado por los propios vecinos y okupas, que cubriría las necesidades de tipo socio-cultural que existían en ese momento en el barrio.
 Fue así como en los primeros meses de 1992 el antiguo colegio de Seco fue "reokupado" partiendo esta acción del movimiento vecinal y social del barrio.
 Tras las obras de acondicionamiento y de remodelación del edificio, el Centro Social Autogestionado y Okupado de Seco abrió sus puertas.
 Ante el temor de que se produjese un inminente desalojo los y las okupas convocaron en el mes de abril diferentes moviliza-ciones como manifestaciones y concentraciones frente a la Junta Municipal para protestar y criticar la política especulativa que, según los y las okupas, estaba llevando a cabo la Administración Municipal y Autonómica en el barrio de Adelfas.
 El propietario del colegio, un particular, entró en contacto con los y las okupas y, tras visitar el edificio, prometió no interponer denuncia contra los y las okupantes, dando su aprobación a que estos y estas utilizaran el edificio mientras que no fuera vendido. Este llegó a participar en alguna de las asambleas y se interesó por participar en alguna de las activida-des.
 La ausencia de denuncia y, por lo tanto, la inexistencia del peligro de desalojo ha hecho que este Centro Social Okupado goce de una continuidad que le ha permitido convertirse en una de la okupaciones más activas y que mayor oferta sociocultural ofrece en Madrid. Entre esta oferta se encuentra un taller de serigra-fía, clases de guitarra, juegos, locales de ensayo para grupos de música, una biblioteca popular, una sala de teatros y conciertos en la que se han representado diferentes obras y conciertos de música rock, flamenco, étnica, folk, clásica...; un bar, una sala de estudio, salas de reuniones para diferentes grupos de base, sala de pase de vídeos, donde también tenían lugar charlas y jornadas sobre problemas sociales y juveniles, por ejemplo las jornadas sobre distribuidoras alternativas, en la que participaron distribuidoras de diferentes puntos del estado. Las charlas tenían que ver sobre todo con sexo, antimili-tarismo, drogas, sindicalismo y otros asuntos de interés social. También existió una distribuidora de material alternativo, "El Gato Salvaje", y un rastrillo.
 Aunque el Centro Social Okupado Seco continúa en la actualidad funcionando sin problemas de tipo legal, este inmueble posiblemente desaparecerá en la próxima remodelación del barrio.

 CENTRO CULTURAL POPULAR PABLO NERUDA:

 A finales de 1991 la Asociación de Vecinos de San Agustín, en el barrio de Palomeras, distrito de Puente de Vallecas, okupa un edificio en la calle Pablo Neruda. Este local estaba destinado a ser una escuela infantil, pero su construcción no se ajustaba a la normativa vigente para este tipo de edificios. Tras unos meses de okupación un sector, el más joven, de esta asociación se hace cargo de la gestión de la okupación tras una polémica en cuanto a la utilización del espacio de lo que sería el Centro Cultural Popular Pablo Neruda. Este grupo optaba por una apertura, no sólo al barrio sino a todas las personas que necesitasen hacer uso de aquel espacio de una forma solidaria y asamblearia. Así lo que en un principio pudo ser una ampliación del espacio de la asociación de vecinos, pasó a ser un espacio popular donde tenían cabida diversas actividades culturales alternativas así como otras actividades que venían realizándose desde hacía tiempo en el barrio. En este Centro Cultural Popular la participación vecinal es altísima, en casi todas las activida-des. Estas actividades no están dirigidas a unas edades determi-nadas exclusivamente, sino que participan grupos de edad muy diversos, desde niños y niñas hasta jubilados y jubiladas. Principalmente gente del propio barrio.

 RAMIRO DE MOLINA:

 En septiembre de 1990 un colectivo de jóvenes de la zona del Paseo de Extremadura deciden okupar un edificio como solución al problema de la vivienda y a la falta de locales para realizar actividades de cara al barrio.
 La primera casa que okuparon se encontraba en el mismo Paseo de Extremadura. Tras limpiarla, ese mismo día, los y las okupas fueron desalojados y desalojadas por la Policía que trajo una orden judicial.
 Dos personas del colectivo decidieron okupar una fábrica en Vallecas, pero, seis días después de la okupación, esta también acabó en fracaso, ya que los propietarios se encargaron de echar a sus "molestos inquilinos" mediante medidas persuasivas violentas.
 Tras un año de inactividad, después de los fracasos sufridos, en diciembre de 1991 se decidió okupar otra casa abandonada en Carabanchel Alto. Después de una noche y un día y medio se personó el dueño del inmueble, que después de hablar con los y las okupas convenció a estos y estas para que abandonasen la finca. Ese mismo día se volvió a okupar otra casa, que estaba enfrente de la anterior, se trataba de una fábrica de pan que había quebrado. Después de pasar allí una noche aparecieron los propietarios que instaron a los y las okupas a abandonar el edificio. Ante la negativa de estos y estas acudió la Policía que consiguió desalojar al grupo de jóvenes. Una noche después se okupó una tercera casa la cual abandonaron quince días después debido a las malas condiciones de habitabilidad en que se encontraba.
 El desánimo cundió entre este colectivo de jóvenes tras la sucesión de fracasos que habían sufrido en sus okupaciones. Sin embargo en enero de 1992 decidieron okupar una nueva casa, se trataba de un antiguo colegio situado en la calle Ramiro de Molina nº 11, fue en este lugar donde este grupo tuvo mejor suerte.
 Una semana después de la okupación del edificio aparecieron unos supuestos dueños que no pudieron denunciar al no ser propietarios.
 En el colegio se creó una parte destinada a viviendas mientras que el resto del edificio fue destinado a albergar un Centro Social Autogestionado en el que se realizaron diverasas actividades: Charlas, debates, exposiciones y pases de vídeo sobre temas de interés social, entre ellos el problema de la vivienda y las okupaciones, antifascismo, el Poll Tax, Anchu-ras...; un local para que ensayara un grupo de teatro, conciertos de música, locales en los que se reunían diferentes grupos y colectivos del barrio.
 Dos meses después de okuparse el edificio, el 18 de marzo, la Policía entregó, según los y las okupas, una fotocopia de una orden judicial que dictaba el desalojo del antiguo colegio. Se negoció un plazo de dos días para que se abandonase el edificio, sin embargo el día 20 de marzo los y las okupas aún se encontra-ban dentro, negándose a ser desalojados y desalojadas. En la puerta del colegio tuvo lugar una concentración de unas sesenta personas que apoyaban la okupación, razón por la cual la Policía decidió no intervenir.
 Los y las okupas aguantaron en el colegio unos días más, hasta el martes 24, día en el que a las 9 horas de la mañana cuarenta efectivos de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) entraron en el edificio derribando la puerta con mazas. No se produjo ninguna detención. Dos horas después del desalojo se procedió al derribo del inmueble. Según cuentan los y las okupas el desalojo fue ilegal, ya que en ningún momento se les presentó la orden judicial.
 El día 2 de junio debió celebrarse el juicio por la okupación de Ramiro de Molina 11, pero este nunca tuvo lugar al no presentarse la acusación.

 OTAMENDI:

 A finales de diciembre de 1992 un grupo de quince jóvenes okupó el colegio abandonado  Rodón, en la calle de Otamendi nº 9 del barrio de Estrecho, en el distrito de Tetuán. Inmediatamen-te después de producirse la okupación los y las jóvenes comenza-ron una campaña de información para dar a conocer al vecindario las razones por las que habían okupado e invitaron a todos y todas a pasar por allí y participar en lo que sería más adelante un nuevo centro social.
 La acogida vecinal a la okupación fue buena en su mayor parte. Muchos vecinos y vecinas mostraron su apoyo interesándose por lo que hacían y ayudándolos en la labor de acondicionamiento del edificio.
 El colegio Rodón, propiedad de E. Martín de Bustamante, un particular, llevaba abandonado varios años. Este edificio formaba parte del plan de reestructuración urbana del distrito de Tetuán, que prevee la construcción de la Avenida de Pamplona, lo cual obligará a remodelar todo el barrio.
 Tras las obras de rehabilitación y acondicionamiento, las quince personas okupas hicieron de las plantas altas del colegio sus viviendas, mientras que la parte baja del edificio lo acondicionaron como Centro Social Autogestionado.
 Durante los nueve meses que duró la okupación del Centro Social Otamendi se realizaron diversas actividades para las que se acondicionaron los espacios necesarios: reuniones de grupos de jóvenes del barrio y otras zonas de Madrid que trataban diferentes temas de tipo social; charlas y debates; proyecciones de cine; conciertos y fiestas de música rock, marroquí, flamenco, folk, charangas etc.; talleres de serigrafía y fotografía; biblioteca; gimnasio; bar; comedor popular vegetariano; local de ensayo de música y teatro; cooperativa de trabajo que consistía en un taller de bicicletas, una tienda de material reciclado y de segunda mano y el bar y comedor anteriormente mencionados.
 El propietario del inmueble entró tres veces en contacto con la gente que estaba okupándolo, intentando persuadirlos y persuadirlas para que se marcharan del edificio. En el úntimo encuentro que se produjo entre okupas y propiedad, en marzo de 1993, el propietario dio un ultimatum, dando un plazo para que abandonaran el inmueble de cuatro meses, hasta el 15 de julio. Los y las okupas no se marcharon y el propietario tampoco volvió a presentarse, por lo que todo siguió como antes.
 La propiedad interpuso dos denuncias por lo penal a cinco okupas; una por daños y otra por apropiación indebida.
 Finalmente el día 2 de octubre de 1993, a las 9:30 horas, varias dotaciones de la Policía Nacional, acompañadas por la propiedad, efetuaron por sorpresa el desalojo del antiguao colegio Rodón, dando a los y las okupas dos horas de plazo para sacar sus pertenencias. Esa misma noche los y las okupas celebraron una fiesta tras la cual comenzó una manifestación- protesta contra el desalojo y por el derecho a la vivienda, que recorrió las calles del barrio. También esa misma noche los desalojados y las desalojadas okuparon un pequeña casa para alojarse y guardar sus pertenencias.
 El día 6 de octubre, cuatro días después del desalojo de Otamendi, los y las okupas entraron en un nuevo edificio abandonado que abandonarían poco después por no cubrir las necesidades de los y las okupantes. Al día siguiente, ante la inminente necesidad de encontrar un techo para cobijarse nueve de los y las okupas de Otamendi entraron en otro edificio abandonado de la zona, propiedad del Arzobispado de Ávila. Sería aquí donde tuvieran mejor suerte en su acción.
 Aunque el Centro Social Okupado Otamendi fue desalojado, y derruido al poco tiempo, esto no paró el fenómeno de okupación en el distrito de Tetuán, sino que se multiplicó, existiendo hoy en día sólo en esta zona más de una decena de inmuebles okupados.

 ZONA DE LAVAPIÉS:

 El barrio de Lavapiés, junto con el de Estrecho, es uno de los lugares de Madrid donde se concentran mayor número de casas okupadas. Esto es debido al gran número de viviendas e inmuebles vacíos que existen en estos barrios. La mayor parte de las casas son antiguas llegando a tener algunas incluso expediente de ruina. Muchas y muchos de los vecinos y vecinas de renta antigua que viven en estos edificios, junto con los y las okupas, ven a este colectivo de jóvenes como un aliado con el que poder hacer presión para no ser desalojados y desalojadas de sus hogares por aquellos propietarios que desean tener el inmueble vacío para poder derribarlo y especular con el terreno o venderlo.
 En el caso concreto de Lavapiés, la mayoría de los edificios que existen pertenecen a la Empresa Municipal de la Vivienda.
 En mayo de 1993 un grupo de jóvenes que rondaban más de la veintena okupó alrededor de seis pisos del nº 26 de la calle Ave María. En este edificio que se encontraba en un estado bastante deteriorado, aunque habitable, vivían junto a los y las okupas nueve familias de alquiler. Fueron precisamente algunos de estos vecinos quienes advirtieron a los y las okupas de la existencia de pisos vacíos en su edificio que podían ser habitados. Con esto los y las vecinas de alquiler pretendían hacer mayor presión y evitar los intentos de desalojo que podían producirse por parte de la propiedad del inmueble.
 El número de okupas que residía en este edificio es indeterminado, debido al gran tránsito que existía, aunque de manera fija vivían unas quince personas según el grupo de okupas.
 A finales del año 94, aunque los y las okupas ya habían sido llamados a declarar ante el juez, todavía no habían recibido la orden de desalojo. Esta okupación sería parcialmente desalojada a finales del 95.
  A principios del verano de 1993 un local situado en uno  de los bajos de un edificio, situado en la calle Ave María fue okupado por un grupo de jóvenes que tras acondicionar el lugar lo convirtieron en un bar y distribuidora de material alternativo en el que se hicieron pases de vídeos relacionados con la juventud. Este local, que fue bautizado como La A, tuvo una corta pero intensa vida, siendo desalojado a principios del mes de agosto de aquel mismo año por la Policía que se presentó en el lugar junto a la propietaria. Tras dejar un tiempo para que los y las okupas sacaran sus pertenencias cerraron y colocaron un cartel de traspaso.
  En septiembre, también de 1993, un grupo de unas veinticin-co personas okupó el nº12 de la calle de Ave María. La propiedad del inmueble pertenecía conjuntamente a la Comunidad Autónoma de Madrid, al Obispado y a una inmobiliaria de la que desconocemos el nombre.
 Durante un año este edificio sirvió de vivienda a una treintena de jóvenes, aunque el número exacto es dificil de precisar debido tambiém al gran tránsito de personas que hubo.
En los bajos de este edificio se abrió un bar, el Cutrex, que abría los fines de semana y en el que se llegó a celebrar algún concierto de punk-rock.
 Este edificio apareció varias veces en la prensa por incidentes que ocurrieron en su entorno, como el ataque que sufrió el 30 de enero de 1995 por parte de dos fascistas que intentaron quemarlo con cocteles molotov, o el intento de desalojo ilegal efectuado por la Policía en la madrugada del 17 de abril de 1994 que se saldó con el arresto ,también ilegal, de tres jóvenes, uno de ellos okupa.
 También se produjeron otros incidentes con la policía. Según un informante, cierto día en que las cosas estaban un poco moviditas con la policía, los okupas se encontraban resistiendo en el interior del edificio, cuando "un secreta" (agente de policía camuflado) intentó entrar en él diciendo que era un periodista del diario "El País", los y las jóvenes sospecharon y no le dejaron pasar, al cabo de un rato, se presentó otro periodista de dicho diario, que aseguraba que sólo él cubría esta noticia, el anterior era un impostor.
 En septiembre de 1994, en medio de un fuerte dispositivo policial, una de las plantas del número 12 de la calle Ave María fue desalojada, permaneciendo el resto del edificio okupado. En 1995 ha sido desalojado en su totalidad y demolido.
 Otros edificios okupados en la zona de Lavapiés fueron: Calle de Tres Peces nº12, edificio de apartamentos que, a pesar de estar sus obras casi terminadas, llevaba sin habitarse desde hacía varios años -no se había habitado nunca. Este edificio fue okupado por unas quince personas a mediados de mayo de 1994. Tras un juicio en el que se dictó la orden de desalojo, esta se efectuó a principios de octubre de 1994.
 También en mayo de 1994 se ocupó el nº 17 de la calle del Olivar. En la calle de San Carlos tambíen hubo una okupación así como en la calle de la Sombrerería donde se okupó un edificio en septiembre de 1994. Debido a las presiones de la propiedad, de la Policía, y del estado de deterioro del propio edificio este fue abandonado unos meses después, marchando gran parte de sus habitantes a otro edificio okupado en la zona de La Latina.

 USERA:

 En la zona de Usera se okupó un antiguo colegio en la calle de Rafael Ibarra, en el verano de 1992, este edificio sirvió de hogar a unas quince personas. Los bajos del edificio sirvieron como salas de conciertos de música rock-punk. El día 4 de agosto de 1993 el colegio fue desalojado, marchando parte de sus okupantes a la próxima calle de Carrascales nº 10, tambíen en Usera, lugar donde se encontraba un centro de rehabilitación de toxicómanos abandonado, que fue utilizado como viviendas.

 BEGOÑA:

 En el año 1993 un grupo de jóvenes okupó un antiguo colegio abandonado en la calle de Juan Tornero nº 22 en el barrio de Puerta del Ángel.
 Este colegio fue destinado a albergar las viviendas de las y los okupas y, en los bajos del edificio un Centro Social Autogestionado que fue llamado Begoña.
 Durante los meses que duró este centro se celebraron varios conciertos de música y otro tipo de actividades.
 La empresa propietaria del edificio, ONCE, presentó denuncia contra los y las jóvenes okupas, según estos y estas. Finalmente, tras varios meses de okupación, el día 6 de agosto de 1993, a las 17 horas, treinta miembros de la UIP, Unidad de Intervención Policial (antidisturbios), diez miembros de la Policía Municipal, y el propietario del inmueble, procedieron al desalojo del edificio en el que, en ese momento, sólo se encontraban tres de los y las okupas. No se dio tiempo a los y las okupas a sacar sus pertenencias del edificio, las cuales fueron llevadas a un depósito del Ayuntamiento. Rápidamente el inmueble fue inhabili-tado y en sus puertas se pusieron guardias jurados para evitar una nueva okupación.
 En la tarde del 11 de agosto los y las okupas hicieron una concentración de protesta por el desalojo. Varias de estas personas desalojadas okuparon uno de los pisos vacíos que aún quedaban en la antigua imprenta okupada Minuesa, en Ronda de Toledo nº 24.
 Tras el desalojo, pasados varios días, el nº 22 de la calle de Juan Tornero fue demolido por máquinas escavadoras, dejando limpio el solar.

 CARABANCHEL:

 En el distrito de Carabanchel la primera okupación se remonta al año 1990, momento en el que un grupo de jóvenes okupó el antiguo centro de Formación Profesional San Roque, en la calle Matilde Hernández nº 48. Aunque se intentó crear un Centro Social Autogestionado, de momento el inmueble sólo alberga viviendas. Esta okupación es una de las más antiguas de la Comunidad Autónoma de Madrid y hoy en día todavía continúa.
 En el verano de 1993 se okupó una fábrica de peletería abandonada en la plaza de Águeda Diez. Aquí un grupo de unos dieciocho okupas instalaron sus viviendas a la vez que destinaron los bajos del edificio como sala de conciertos de música punk-rock.Esta okupación fue más conocida como la Fábrika de Oporto. Aunque la dueña de la finca interpuso una demanda contra los y las okupas durante el invierno de 1994 estos aún permanecen en el edificio apesar de las amenazas de desalojo que han sufrido.
 En marzo de 1994 hubo una okupación en la calle de Gallur nº.417, aqui se pretendió crear un nuevo Centro Social Autoges-tionado, sinembargo esta iniciativa terminó en fracaso.
 El uno de enero de 1994 se okupó un Ambulatorio abandonado de la Seguridad Social que se encontraba en la calle del General Ricardos nº.131. Por aquel entonces esta okupación se convirtió en una de las más grandes de Madrid. En este lugar encontraron vivienda 40 jóvenes. Un año después, en el invierno de 1995, el antiguo ambulatorio fue desalojado.
 
 DISTRITO DE TETUÁN:

 Tras el desalojo del antiguo colegio Rodón en la calle Otamendi nº.9 el número de okupaciones en el distrito de Tetuán se multiplicó. La primera okupación que prosperó tras este desalojo fue la de la calle de Cenicientos nº.14, el día siete de octubre de 1993. Se trataba de un colegio, que llevaba abandonado cinco años, perteneciente al Arzobispado de Ávila, según los y las okupas. En este lugar entraron nueve jóvenes, la mayoría de ellos y ellas pertenecientes al recién desalojado colegio Rodón, que habian quedado sin techo donde habitar.
 En este colegio los y las jóvenes okupas instalaron sus viviendas. Tras unas negociaciones frustradas con la propiedad del edificio el desalojo parecía inmediato, sin embargo esto no sucedió.
 Unos meses después y viendo que la situación se estabilizaba los y las okupas abrieron en los bajos del colegio un bar y local de encuentro que pudiese satisfacer las necesidades de reunión de los diferentes grupos de jóvenes del barrio. En este local se celebraron reuniones, charlas, debates y pases de vídeo de contenido social. Este bar y centro de reunión y actividades permaneció abierto desde mayo de 1994 hasta finales de noviembre del mismo año. Posteriormente el colegio volvió a albergar solamente viviendas.
 En noviembre de 1993 fueron okupadas algunas casas en la calle de Navarra donde varios y varias okupas instalaron sus hogares. En esta misma calle haciendo esquina con la calle de Goiri se okupó un local comercial abandonado instalándose en este lugar una distribuidora de material alternativo llamada la Ortiga. Esta distribuidora funcionó varios meses hasta que sus encargados decidieron abandonarla.
 En la madrugada del día 17 de diciembre de 1993 un grupo de jóvenes okupó nuevamente un colegio abandonado con la intención de crear en el un Centro Social Autogestionado. Al medio día de ese mismo diecisiete de diciembre varias dotaciones de la Unidad de Intervención Policial desalojaron a las y los tres okupas que se encontraban en ese momento en el interior del  edificio.
 En la calle de Adrián Pulido existía un edificio que era habitado por vecinos de alquiler y okupas. Este inmueble fue desalojado en abril de 1994. El edificio expropiado por el Ayuntamiento, en el que habitaban cuatro personas, había sido declarado en ruína por la Gerencia de Urbanismo en octubre de 1993. Ya anteriormente a la fecha del desalojo había existido otro intento de echar a okupas y vecinos que fue paralizado mediante un recurso judicial que interpusieron los habitantes del inmueble. Sin haberse dado una respuesta al recurso presentado se envió un certificado de la Gerencia de Urbanismo en el que se conminaba a desalojar el edificio. Aunque sus habitantes intentaron aplazar el desalojo para poder interponer otro recurso, no dispusieron de tiempo, siendo desalojados finalmente.
 A finales de mayo de 1994 varios y varias de los y las jóvenes desalojadas de la inprenta de Minuesa junto a otras personas okuparon un inmueble en la calle de Salamanca. Esta okupación fue destinada a viviendas.
 El nueve de diciembre de 1994 fue okupada una antigua panificadora situada en la calle de Villaamil nº.36. Tras las tareas de limpieza y de acondicionamiento del edificio, durante las cuales hubo que retirar grandes cantidades de combustible que se encontraban en los sótanos del edificio, se abrió al barrio de Tetuán este nuevo Centro Social Autogestionado, que sería bautizado con el nombre de David Castilla, en memoria de un jóven okupa que murio durante estos meses a causa de un infarto.
 En este Centro Social se han realizado numerosas actividades como jornadas y conferencias sobre problemática social y juvenil: Jornadas para una acción racional en materia de drogas, Mujeres encarceladas y replesaliadas en Perú, Distintos aspectos sobre trabajo social en el barrio, La situación en México...; debates y mesas redondas también sobre temática social; pases de vídeo; maratón de cine; veladas literarias y de cuentos; proyecciones de diapositivas; presentaciones de revistas; clases de flamenco; cursos de inglés; cooperativa de trabajo; fiestas y conciertos de música rock, clásica, popular, flamenco; comidas popula-res...También existen locales de ensayo, un vivero, gimnasio, teatro, biblioteca popular, juegos, rampa-skate, bar, sala de conciertos, locales de reunión, bar, comedor popular, etc.

 CENTRO SOCIAL KAMPAMENTO:

 El día 11 de febrero de 1994 fue okupado el colegio abandonado "Abraham Lincoln", situado en la calle de Seseña nº 5, en el distrito de Latina. Esta okupación surgió de la necesidad que tenían diferentes grupos y asociaciones de jóvenes del barrio de Campamento de lugares donde reunirse y realizar actividades.
 Tras una campaña informativa, que explicó al vecindario los motivos por los que había sido okupado el colegio abandonado y en la que se les invitaba a pasar por la okupación para dar su opinión y sugerencias, comenzaron las labores de restauración y acondicionamiento del inmueble.
 Dentro de las dependencias del colegio Abraham Lincoln se crearon viviendas para quince jóvenes okupas, así como un Centro Social Autogestionado que sirvió para solucionar las necesidades de los y las jóvenes del barrio en lo que respecta al ámbito cultural y de reunión.
 En este centro social, bautizado como Centro Social de Kampamento se realizaron talleres de serigrafía, charlas, debates, pases de vídeo, exposiciones de dibujo (como los de Rusmore), conciertos de música, reuniones de colectivos y asociaciones de jóvenes del barrio y la elaboración de una revista.
 En el verano de 1994 la empresa propietaria del colegio, Sociedad Minimerca, interpuso en el juzgado una denuncia contra los y las okupas de la calle de Seseña nº 5. La sentencia judicial fue condenatoria, sin embargo no se hizo efectiva al no cumplir la propiedad con unos trámites que se le requirieron en el plazo de 15 días. Este retraso hizo que los y las okupas pudieran permanecer en el colegio durante unos meses más. Durante este plazo de tiempo el mayor enemigo de los y las okupas fue el Concejal Presidente del distrito de Latina, Sigfrido Herráez, quien, con su acérrima oposición a los y las okupantes, impidió que realizaran algunas de las actividades que tenían previstas en el centro social, como el 21 de octubre de 1994, día en el que el Concejal Presidente impidió que se celebrase un concierto por la Okupación en el colegio Abraham Lincoln. El señor Herráez fue la figura que mayor presión ejerció para que los y las okupas fueran desalojados y desalojadas.
 El día 23 de enero de 1995, una vez que la propiedad del colegio hubo completado los trámites necesarios, la sentencia judicial condenatoria a los y las okupas se hizo efectiva, con lo cual el colegio podía ser desalojado en cualquier momento. La sentencia también condenaba a tres okupas a pagar treinta mil pesetas de multa por cambiar la cerradura de la entrada del colegio, y a pasar diez días bajo arresto domiciliario por causar daños al edificio, ya que se había pintado la fachada durante las obras de rehabilitación del edificio.
 En respuesta a la sentencia judicial los y las okupas del Centro Social de Kampamento, conjuntamente con la Koordinadora de Kasas Okupadas de Madrid, convocaron una concentración el día 22 de marzo de 1995 frente a la Junta Municipal de Latina. Una centena de jóvenes se concentraron para protestar por el desalojo del centro social y por la política especulativa, que según estos y estas, se está ejerciendo en ese distrito. La concentración terminó con el resultado de cinco jóvenes detenidos, después de que el fuerte dispositivo policial desplegado cargara para disolver la concentración. Los jóvenes presentaron denuncias contra la policía por malos tratos. Varios antidisturbios fueron reconocidos por los jóvenes maltratados en una rueda de reconocimiento.
 La noche del día 28 de marzo de 1995 se produjo un incendio en el interior del Centro Social, en circunstancias poco claras. Okupas y abogado hablan de un cortocircuito aunque la propiedad y parte del vecindario culpan de ello a los y las okupas.
 El día 29 de marzo de 1995, también en medio de un fuerte dispositivo policial, el Centro Social de Kampamento fue desalojado. Tras desalojar a los y las jóvenes que resistieron pacíficamente, se procedió a su traslado a la Comisaría de Aluche. La policía justificó los arrestos por resistencia a la autoridad, pero el titular del juzgado de instrucción nº 38, Ramón Sáez Valcárcel, ordenó investigar la posible ilegalidad de la detención, pues no tuvo indicios de que la conducta de los y las okupas constituyera el citado delito.
 El inmueble que ocupa el colegio de Abraham Lincoln quiere ser vendido por la Sociedad Minimerca, al mercado adyacente para construir una gran superficie comercial.

 CENTRO SOCIAL OKUPADO LUCRECIA:

 A principios de Abril de 1994 la Asamblea Abierta de Estudiantes de Somosaguas okupó la antigua casa abandonada de los guardias cercana al campus universitario de Somosaguas, propiedad de la Universidad Complutense de Madrid. En este lugar tenía la intención de abrir un Centro Social Autogestionado que se llamara Lucrecia Pérez, en memoria de la inmigrante dominicana asesinada por un grupo de fascistas en la cercana discoteca abandonada "Four Rosses".
 El día 22 de abril se celebró una Junta de Gobierno de la Universidad, de carácter extraordinario, a la que asistió un representante de la asociación estudiantil ADE, vinculada al Partido Popular, el cual presionó para que el local okupado fuera desalojado, según cuentan los y las okupas. La resolución final de esta Junta fue la de derribar la antigua casa de guardias. El sábado 23 de abril, aprovechando que nadie se encontraba en el interior del inmueble, el Centro Social Lucrecia Pérez fue derribado.
 Los y las jóvenes estudiantes que apoyaban la okupación realizaron una campaña de denuncia por el derribo del local, okupando finalmente dos aulas a las que se les quitaron los cerrojos para que no pudieran ser cerradas y así pudieran ser utilizadas por los y las estudiantes como lugares de reunión y de realización de actividades.
 
 CENTRO SOCIAL OKUPADO PACISA:

 El día 17 de junio de 1994, al termino de una manifestación en protesta por el desalojo del Centro Social Minuesa y en contra de la especulación, unas 1.500 personas se dirigieron a la antigua fábrica de material de precisión y galletas Pacisa S.A., en la Ronda de Atocha nº 35, que había sido okupada horas antes por un grupo de jóvenes con la intención de crear allí un nuevo centro social que sustituyera al de Minuesa. Aquella misma noche se celebró en el recién inaugurado Centro Social Autogestionado Pacisa una fiesta Pro-okupación. A lo largo del fin de semana y de toda la semana siguiente los y las okupas llevaron a cabo las tareas de limpieza y de rehabilitación del inmueble que en el momento de ser okupado se encontraba en un avanzado estado de deterioro.
 La antigua fábrica PACISA fue adquirida, por sesenta y nueve millones de pesetas por el Instituto Nacional de Artes escénicas y de la Música (INAEM), del Ministerio de Cultura el día 31 de julio de 1986 a su antiguo propietario Federico Bonet S.A.
 En abril de 1987 la Asamblea de Okupas de Madrid okupó la fábrica abandonada, en la que tan solo se había celebrado una fiesta de Nochevieja y una obra de teatro desde que el INAEM había adquirido el inmueble. Los y las okupas querían crear allí una universidad polpular, esta okupación duró tan solo cinco días (Ver Ronda de Atocha).
 En 1987, tras la okupación, el INAEM presentó un proyecto para crear en la finca, de 7.068 metros cuadrados de superficie edificada, un centro de producciones teatrales. En 1990 también el INAEM planteó crear allí el futuro Teatro Nacional, sin embargo ninguna de las propuestas fue llevada a la práctica. Después de representarse La Orestiada de Esquilo en 1990 el inmueble quedó abandonado hasta el día 17 de junio de 1994, día en el que se volvió a okupar.
 Durante el mes que permaneció abierto el Centro Social Pacisa se crearon diferentes comisiones de trabajo para rehabili-tar el edificio, así como para crear las diferentes actividades que iban a ser ofrecidas al barrio. Algunas de las actividades que se propusieron fueron: cine de verano; clases de albañilería, mecánica, teatro y malabares; conciertos de música; charlas; debates y exposiciones. También se crearon una serie de locales abiertos a todo el público: gimnasio, bar, comedor, locales de reunión, un huerto etc. Los y las okupas llegaron a elaborar un proyecto de rehabilitación del inmueble, que llevarían a cabo a cambio de que el INAEM les permitiera autogestionar el centro.
 Sólo una parte de la finca está declarada en ruína, un bloque de seis plantas situado al fondo del patio principal. Sobre el resto del edificio no hay expediente de ruína. El edificio está protegido con el Nivel 1 (Respeto para las fachadas y volúmenes) por tratarse de un edificio insólito de Madrid.
 A petición del INAEM el juzgado nº 13 de Madrid dictó la orden de desalojo de la fábrica okupada. El desalojo se produjo la mañana del día 13 de julio de 1994, cuando cuarenta y cinco policías nacionales desalojaron a una decena de okupas que se encontraban en ese momento dentro del edificio. El desalojo transcurrió sin incidentes. Los y las okupas afirmaron que el desalojo había sido ilegal, ya que el día 8 de ese mismo mes habían presentado en el Juzgado nº 13 de Plaza de Castilla un escrito de autoinculpación firmado por treinta personas, que antes del desalojo deberían haber sido llamadas a declarar.
 Como protesta al desalojo los y las okupas se manifestaron el  día 21 de julio frente al Teatro María Guerrero, lugar donde se realizaron algunas pintadas que decían cosas como: "El INAEM desaloja la kultura popular".
 El día 25 de octubre de 1994 se debió celebrar el juicio contra diez de los y las okupas de Pacisa, sin embargo este no se llegó a realizar ya que el INAEM, denunciante, retiró los cargos de coacción a la propiedad que habían interpuesto contra los y las jóvenes okupas.
 Tras el desalojo de Pacisa los y las okupas se trasladaron a un almacen abandonado en la calle de Bernardino Obregón nº 15-17 con el fin de crear nuevamente un Centro Social en la zona de Embajadores.
 
 CENTRO SOCIAL OKUPADO INTIFADA:

 Tras el desalojo de la antigua fábrica Pacisa, los y las okupas trasladaron sus proyectos a la vecina calle de Bernardino Obregón nº 15-17, donde okuparon un almacen abandonado. El inmueble pertenecía a dos propietarios que, desde hacía más de veinte años, lo tenían arrendado, con una renta antigua a Galerías Preciados. Aunque Galerías Preciados afirmó que el almacén estaba siendo utilizado como almacén secundario para guardar elementos de decoración, okupas y vecinos afirmaron que el local estaba abandonado desde hacía más de una década.
 Galerías presentó denuncia en la comisaría de Arganzuela, en la Junta Municipal de Distrito y en el Juzgado.
 El local fue okupado a finales de julio de 1994 por una decena de personas. Se limpió y habilitó para crear en él un centro social, aunque tampoco se descartó la posibilidad de acondicionar una de las plantas del edificio para crear viviendas para gente sin recursos y sin hogar. Tras las obras de acondicio-namiento fue abierto el Centro Social Autogestionado Intifada, como había sido bautizada esta okupación. A la entrada de este centro se podía leer: "Mientras exista pobreza no respetaremos la Propiedad Privada", "Deretxo a tetxo".
 En el centro social se dieron clases de fotografía, vídeo, malabares, pintura, cerámica y teatro. También se hicieron pases de vídeo, exposiciones y conciertos de música. También se ofrecían locales de reunión para grupos de jóvenes y asociacio-nes, un bar, una terraza de verano, un comedor popular y una pista de monopatín, también se proyectó abrir una consulta de homeopatía y se pretendía elaborar una revista.
 Todo este proyecto se vio truncado en  día 18 de octubre de 1994, cuando a las 9:30 horas medio centenar de policías procedieron al desalojo del inmueble, en ese momento sólo se encontraba una persona en su interior.

 CENTRO DE CULTURA POPULAR "EL BARRIO":

 El nº 325 del Paseo de Extremadura fue okupado en el año 1992 por un grupo de jóvenes para cubrir la necesidad que tenían de vivienda. Fue a mediados de 1994 cuando parte de este edificio fue habilitado para crear en el un centro social, o de Cultura Popular como así lo denominaron el grupo de okupas que lo gestiona.
 El Centro es gestionado por un colectivo de jóvenes del Paseo de Extremadura, que vieron la necesidad de abrir un espacio autogestionado en el que se realizaran actividades y ofreciera espacios para que estas fueran realizadas.
 Esta okupación, además de albergar viviendas, ofrece la posibilidad de poder participar en clases de fotografía, malabares, bajo eléctrico y autodefensa; fiestas para recaudar fondos para causas sociales; charlas; debates y pases de vídeos. También oferta la posibilidad de poder reunirse los diferentes grupos y asociaciones del barrio en el local, así como una distribuidora de material alternativo y un bar.

 CENTRO SOCIAL OKUPADO SIENA:

 El día 11 de noviembre de 1994 un grupo de okupas, pertene-cientes a dos colectivos del barrio de Quintana, okuparon una antigua vaquería situada en el nº 40 de la calle de Siena. Tras la visita de la Policía Municipal los y las okupas comenzaron con las tareas de limpieza y habilitación del local.
 El día 3 de diciembre se inauguró el Centro Social Siena, en el que, durante sus cuatro meses de vida, se celebraron representaciones teatrales, exposiciones de fotografía, fiestas, charlas, debates, reuniones etc.
 El propietario de la vaquería, la empresa Liber 2.000 -según los y las okupas-, interpuso una denuncia contra el grupo de okupas que fue archivada por el juzgado. Sin embargo, aprovechan-do que tenía una licencia de derribo expedida por el Ayuntamien-to, el día 6 de marzo, cuando no se encontraba nadie dentro del edificio, se procedió al derribo de este. Aunque algunas personas vinculadas al Centro Social, enteradas del derribo, pidieron que se las dejase entrar en la vaquería para sacar sus pertenéncias, su petición fue denegada. Razón por la cual presentaron una denuncia contra el propietario por coacciones y derribo ilegal.
 
 OTRAS OKUPACIONES EN EL MUNICIPIO DE MADRID:

 Otras de las okupaciones que han existido durante el período del 91 al 94 han sido la de la calle de Valderribas en Vallecas, okupación utilizada como viviendas y que fue desalojada el día 19 de abril de 1992.
 También en la zona del Puente de Vallecas se encontraban las viviendas okupadas de la calle de California, todavía continua alguna de estas, gracias a la resolución de un juez, quien frente a la denuncia de un propietario primó en el juicio el derecho a la vivienda sobre el de propiedad, al no ser esta utilizada.
 En el Kilómetro 9 de la Carretera de Andalucía, en el distrito de Villaverde, se encuentra una de las okupaciones más grandes de Madrid, la de la antigua fábrica Boeticher, que alberga en su interior locales para más de ochenta y seis personas y viviendas. Esta okupación funciona como Centro Social Autogestionado y en ella se realizan diferentes actividades.
 También existe una okupación en el barrio de La Elipa, en la calle de Luis Piernas nº 24,lugar donde vive un grupo de jóvenes okupas en una casa de dos plantas.
 En las calles del Ángel y de San Isidro Labrador, en el barrio de La Latina existen otras dos okupaciones, la primera, una corrala okupada por parte de los y las okupantes de Sombrere-ría, y la segunda es un edificio okupado por parte de las personas que okuparon en Ave María nº 12.
 En la actualidad (finales de 1994) el número de casas okupadas en la Comunidad de Madrid supera la treintena, encon-trándose la mayor parte de ellas en la capital.

 MÓSTOLES:

 El 9 de marzo de 1992 seis personas okuparon un edificio
vacío en la Av. de la Constitución. Pese a las presiones de la propiedad el edificio que constaba de quince pisos fue paulatina-mente okupado hasta su totalidad.
 En mayo de 1994 un grupo de jóvenes pertenecientes a un colectivo de Móstoles okuparon un edificio en la zona del Cuartel Huertas. En este inmueble, perteneciente a una inmobiliaria y que había sido expropiado por el Ayuntamiento para la remodelación urbanística de la zona, los y las jóvenes okupas abrieron el Centro Social Autogestionado Huertax.
 A finales de 1994 los y las okupas recibieron la sentencia judicial que ordenaba el desalojo del inmueble okupado. El 14 de febrero de 1995 a las 11:00 hs de la mañana efectivos de la Policía Local de Móstoles y de la Unidad de Intervención Policial procedieron al desalojo de diez okupas que se encontraban dentro del inmueble. El desalojo fué tranquilo en el interior del edificio, los y las jóvenes okupas, que hicieron una resistencia pacífica, fueron puestos y puestas en libertad tras su identifi-cación. En el exterior, la Policía cargó contra un grupo de simpatizantes de la okupación que se habían concentrado frente al edificio para demostrar su rechazo al desalojo.
 El 29 de mayo de 1995 se celebró el juicio contra los y las okupas del Centro Social Huertax en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles acusándoles de ocupación de vivienda y coacciones.

 LEGANÉS:

 Fue en esta localidad del sur de Madrid donde más temprana-mente comenzó el fenómeno de okupación fuera de la capital - en noviembre de 1985 se okupó el número 6 de la calle del Alhelí, desde este momento el "fenómeno okupa" ha seguido desarrollándose en Leganés.
 El día 19 de marzo de 1993 la Asamblea de Okupas de Leganés okupó una fábrica abandonada en uno de los polígonos industriales de esta localidad. La intención de los y las veintiseis jóvenes okupas era la de crear en este inmueble un centro de reunión autogestionado en el que se realizasen diversas actividades culturales y de interés social. Por orden del juez esta okupación fue desalojada meses más tarde.
 En julio de 1993, tras ser desalojados los y las okupas de la fábrica, estos y estas intentaron entrar nuevamente en otros inmuebles abandonados. Intentaron okupar tres casas, pero acabaron en fracaso. Finalmente, al cuarto intento, entraron en unas antiguas dependencias de un centro psiquiátrico, propiedad de la Comunidad Autónoma de Madrid, situado en la calle de Aragón s/n, que llevaba abandonado desde 1976.
 Varios días pasaron los y las okupas realizando trabajos de desescombro y limpieza del edificio, para poder hacer de él su hogar y un centro social autogestionado, en el que pudieran desarrollar actividades y tratar temas de interés social.
 A los pocos días de la okupación el conserje de las antiguas dependencias psiquiátricas demandó a los y las okupas por allanamiento de morada. En ese mismo mes de julio los y las okupas fueron a declarar al juzgado.
 Las personas que okupaban la Kasa Okupada del Cerro, como así fue bautizado el inmueble, se entrevistaron con el director del hospital psiquiátrico, que les aconsejó legalizar cualquier tipo de asociación y que le hiciesen llegar los proyectos que pensaban poner en marcha, según nos cuentan los y las okupas.
 También se entrevistaron con el Alcalde de Leganés, quien, según los y las okupas, les mostró su apoyo y aseguró que intercedería a su favor ante la propiedad.
 Durante los dos años que viene funcionando esta okupación ya se han realizado numerosas actividades: Charlas, debates, pases de vídeo, horno de pan y de cerámica, taller de serigrafía, conciertos de música... También se han habilitado gran número de estancias que albergan un bar-distribuidora de material alterna-tivo, locales de ensayo, comedor popular vegetariano, una sala de conciertos, locales de reunión, un huerto y viviendas.

 TORREJÓN DE ARDOZ:

 En la madrugada del día 19 de marzo de 1994 un grupo de jóvenes de Torrejón de Ardoz okuparon un local abandonado en la calle de Roma nº 8, con la intención de crear allí un centro social autogestionado, al que se llamaría C.S.A. Mateo Morral. El Proyecto de centro social se vería frustrado una semana después cuando la okupación fue desalojada.

 COSLADA:

 A finales de 1994 fue okupada una antigua cafetería de las Piscinas Municipales de Coslada, en este local residió un grupo de okupas hasta que fueron desalojados y desalojadas el 17 de enero de 1995. Según nos cuentan las personas implicadas en la okupación, el desalojo se produjo a las 10:30 horas por dos agentes de la Policía Municipal, quienes, de una manera violenta y sin ninguna orden judicial, procedieron al desalojo de la okupación, que iba a ser derribada. Los y las okupas intentaron llegar a un acuerdo con la Policía para que les dieran unas horas antes de derribar el edificio para sacar sus pertenencias, ya que no habían recibido un aviso previo sobre el derribo. Ante la negativa de los agentes municipales a dar tal plazo, los y las okupas decidieron protestar haciendo una sentada, razón por la qe fueron desalojados en pocos minutos con gran violencia.
 Cuatro jóvenes de Coslada intentaron hablar con el Alcalde, que no se encontraba en esos momentos en el Ayuntamiento, por lo que fueron recibidos por el Jefe de Seguridad y por un concejal, quienes, tras un rato de diálogo, también se negaron a retrasar el derribo. Mientras tanto un grupo de unos cuarenta jóvenes partidarios de la okupación se concentraron frente a la antigua cafetería okupada para protestar por el desalojo y derribo del local.
 Al medio día, cuando el número de concentrados disminuyó, se procedió al derribo del edificio. Por la noche la protesta fue trasladada a la Comisaría de la Policía Nacional de Coslada. Durante esta jornada de protesta fueron detenidas cinco personas partidarias de la okupación, a las que el juez liberaría un día después en espera de juicio.
 En los días posteriores al desalojo y a las detenciones se convocaron diferentes actos de protesta, como la cacerolada del día 20 de enero.
 El 22 de enero los y las okupas convocaron una reunión en la que informaron de la intimidación a la que estaban siendo sometidos y sometidas por diferentes agentes de policía de la localidad.
 

 Hoy en día se siguen produciendo okupaciones en las ciudades y pueblos de nuestra comunidad autónoma como es el caso de Pinto donde desde el día 24 de enero de 1995 está funcionando un Centro Social Autogestionado.