La familia, lejos de ser una institución de rasgos naturales, como en cierta medida pretendió el discurso oficial franquista y católico, que no entendía más que su definición unívoca, ha de ser estudiada siempre en tanto que “formación histórica”; es decir, como el resultado de distintos procesos sociales de largo recorrido en un momento dado. Institución social básica, tanto su forma, como las reglas que la fundan y organizan su funcionamiento en un tiempo y espacios concretos, dependen de diversos aspectos que van desde lo demográfico a lo económico, del marco legislativo que lo regula a los discursos sociales que la definen y caracterizan. La familia se constituye de este modo en un privilegiado campo de observación para el estudio de la evolución de las sociedades.[1]

Desde este punto de vista contamos ya con un abundante conjunto de estudios que hacen que la evolución del marco legislativo y del discurso social normativo respecto de la familia, nos sean bien conocidos. Por otra parte, también existen suficientes estudios demográficos que se han ocupado de la evolución reciente de la familia en España y que han puesto de manifiesto los cambios en los comportamientos familiares (nupcialidad, natalidad, formas de organización y modelos de familia) en relación con los cambios demográficos generales (transición demográfica, aumento de la esperanza de vida, crecimiento y estancamiento) en una perspectiva de largo recorrido.[2] A partir de ellos se puede concluir que en las últimas décadas la sociedad española ha asistido a un proceso de refundación radical de su base en el que, a la modernización demográfica, se ha unido la transformación de los comportamientos familiares, ya como preludio a una reforma de las leyes que la regían y que se acometerá en los años de la transición, ya como consecuencia de dicha reforma legislativa y de la apertura a la libertad que supuso el fin del régimen franquista. En este sentido, no parece descabellado en todo estudio centrado en la transición, comenzar recordando que los años de desmantelamiento del régimen franquista y de la construcción del sistema constitucional llegaron a una España que venía de experimentar un intenso crecimiento demográfico y que arrojaba en sus cifras una composición por edades en lo que lo más destacable era la juventud. La puesta en marcha del régimen constitucional y las actuaciones políticas, económicas y sociales que lo acompañaron no deberían estudiarse pues sin referencia a este condicionamiento demográfico: la necesidad de dar cabida y acomodo en el nuevo régimen a una población joven y numerosa.[3]

La transición debe ser entendida además como un punto de ruptura en lo económico en el que en España debió afrontar un doble desafío: amortiguar una crisis de causas y efectos hasta entonces desconocidos a partir de unas estructuras económicas que, a pesar del crecimiento de los años del desarrollismo permanecían lastradas por las instituciones franquistas; por otro lado iniciar el camino que llevara al pleno abandono de tales estructuras y  que permitiera la integración de España en el sistema económico occidental, lo que pronto se explicitó en el deseo de ingreso en la Comunidad Económica Europea como objetivo compartido por las fuerzas políticas mayoritarias. Este último, un camino que no consistía únicamente en engancharse de manera tardía al tren de Europa, sino además hacerlo por las nuevas vías que este recorría con la incipiente crisis del Estado de Bienestar y la fundación de un nuevo orden económico, el del capitalismo informacional.

Analizando el panorama de estudios sobre la transición parece pertinente llamar la atención sobre la falta de un análisis que incorpore la evolución que de forma paralela e interrelacionada se dio en las formas de vida familiar creando un esquema de interpretación con tres puntos básicos: transformación política, crisis y transformación económica y evolución de la familia. La introducción de este tercer elemento puede plantear cuestiones interesantes.

En lo económico, podríamos preguntarnos por el papel que jugó la familia como colchón de supervivencia para muchos trabajadores en un momento en que apareció en la escena económica española el paro masivo, papel tanto más relevante si tenemos en cuenta que por aquel entonces se carecía de los sistemas de seguridad social que en los demás países del entorno se habían desarrollado al calor del Estado del Bienestar.

En lo político podríamos indagar en el papel que fue llamada a desempeñar la familia en el nuevo sistema de libertades creado en la transición española. Independientemente de la importancia que tiene el descenso de la democracia hacia la formas de organización familiar como parámetro de análisis del desarrollo democrático en una sociedad, al estudiar un sistema político cualquiera también debe señalarse la influencia que en él adquiera la familia como institución básica y primera de socialización del individuo. Un análisis que parta de la idea de que la democracia persigue la instauración de la libertad y la garantía de igualdad  de oportunidades de los ciudadanos y que, por tanto, al examinar el papel de la familia en el sistema político creado tras el franquismo, juzgue en qué medida  tal institución contribuyó o impidió el desarrollo democrático[4]. Para así saber si el sistema político creado se dotó de los suficientes medios para contener un excesivo peso de la familia de manera que la institución familiar no se convirtiera en una institución que permitiera el predominio de los intereses privados sobre los públicos quebrando así el principio de igualdad de oportunidades. Por otro lado se podría indagar si se crearon las garantías necesarias para que los ciudadanos pudieran desarrollar su vida familiar dentro de unos ciertos márgenes de libertad frente a una tentación reguladora fuerte como la que había presidido en los cuarenta años de dictadura.

Finalmente,  este análisis a tres bandas, podría resultar también un avance en el más concreto campo de la historia de la familia española en su época más reciente y en el que se ha constatado la  asimilación en los últimos años de las conductas que imperaban en los países de nuestro entorno. Así podríamos establecer de qué forma la transición del franquismo a la democracia de una parte, y de la otra, el particular itinerario que debió recorrer la economía española desde la crisis del 73 hasta su inserción en una posición central en el nuevo orden capitalista surgido tras la crisis, contribuyeron a esta evolución de la vida familiar, y en el caso de que lo hicieran, la manera en qué influyeron en el desarrollo de características específicas y particulares que la diferencien de la institución familiar en el resto de las sociedades occidentales.

El cumplimiento de un plan de trabajo como el que se acaba de exponer desborda por supuesto la capacidad expositiva de una comunicación. Por ello, en el presente texto nos limitaremos a mostrar las posibilidades que tal plan podría ofrecernos aplicándolo a un tema concreto: la evolución en los últimos treinta años del papel de los jóvenes en una familia española en transformación y sus repercusiones en la condición social de la juventud. Un tema que como se verá a continuación resulta central para el estudio de la transición en España.

La juventud, más allá de las anecdóticas reflexiones que puede suscitar cíclicamente por su pretendido carácter de amenaza al orden social y a las buenas costumbres, se ha convertido en los últimos treinta años en un objeto de estudio relevante en las Ciencias Sociales. Su conceptualización como creación social y cultural y por lo tanto sujeta a evolución histórica y su desvinculación de definiciones estrictamente biológicas ha permitido su estudio sociológico. Se entiende por juventud en este texto el proceso que media entre la dependencia total de un individuo respecto de su familia a su integración social como individuo plenamente reconocido; un proceso que no es el de la mera emancipación a través de la inserción laboral que permite la autosuficiencia económica, sino que implica también el acceso a determinados derechos (como el del voto o el de participación política) y la asunción de determinadas responsabilidades (como la judicial o la responsabilidad fiscal).[5] Por lo tanto la juventud como algo más que un mero estado biológico depende fundamentalmente en su configuración histórica concreta (la España de fines del siglo XX, por ejemplo) del contexto social en que se inscribe, y por ello mismo puede ser un objeto de estudio que nos ayude a comprender ese mismo contexto social. El estudio de la forma concreta que adquiere la juventud en una sociedad dada nos permite aproximarnos al conocimiento en la forma en que tal sociedad busca su reproducción en muy diversos aspectos. Nos informa de la forma en que se produce su reproducción biológica al describir la creación de nuevas familias y la desintegración de las ya fundadas. De su reproducción económica, al trazar las trayectorias por las que transcurren los individuos en su paso de la dependencia económica a la autosuficiencia. De su reproducción política, en la forma en que se accede a la ciudadanía plena. Tanto más útil se muestra este estudio si lo combinamos con un estudio de la familia, porque con ello podremos evaluar en que medida la juventud, el proceso social por el que los individuos adquieren una posición concreta dentro de la sociedad, depende de su extracción social, de la pertenencia de su familia de origen a una clase social determinada. El estudio de un régimen político y una sociedad concretos para su homologación de acuerdo con parámetros democráticos deberían recurrir no sólo al análisis de los marcos normativos formales que lo organizan (por ejemplo, la Constitución) sino también a las prácticas sociales que buscan su permanencia. En este sentido el estudio de la juventud en la Transición española parece ofrecernos un tema de interés, en tanto que puede informarnos de la verdadera profundidad del cambio político, económico y social  que se produjo y permitirnos evaluar hasta qué punto se instauraron en el régimen constitucional forjado la libertad individual y la igualdad de oportunidades.

A continuación se realizará un ejercicio de evaluación de los cambios que ha sufrido la condición juvenil en los últimos treinta años en la sociedad española, cambios producidos en el contexto de transformación de la institución familiar de una parte y en el contexto de la puesta en marcha de un nuevo régimen político de la otra. Cambios que además deberán buscar relaciones con marcos más generales de interpretación, como son los derivados del análisis de la evolución del sistema capitalista hacia las nuevas formas de producción y de relación social derivadas del capitalismo informacional. Este ejercicio se plantea en tres pasos. En primer lugar se procederá a un análisis del contexto en que se ha producido esa reciente evolución de la condición social de la juventud: en clave de historia demográfica e historia de la familia, se trazarán los rasgos fundamentales de la evolución reciente de la familia española y del lugar ocupado en ella por los jóvenes, poniendo especial énfasis en las disonancias que la experiencia histórica española representa frente al modelo europeo. La parte central del ejercicio se dedicará a evaluar los distintos cambios producidos en la condición social de la juventud a través de varios indicadores sociales: la capacidad de acceso a la vivienda, las formas de participación económica en la familia y el nivel de estudios realizados. De su comparación en perspectiva diacrónica podremos establecer conclusiones sobre la forma en que ha evolucionado el “ser joven” en la sociedad española en los años de la transición y primer desarrollo democrático. Establecidas tales constataciones empíricas, finalmente se esbozará, un esquema de interpretación de las causas y el significado que ha tenido la transformación de la condición juvenil en relación con los cambios sociales, económicos, políticos y culturales en la sociedad española, atendiendo especialmente a los que se han dado en la familia, como institución básica de la organización y reproducción sociales. Un intento de determinar el verdadero peso  e influencia de la familia en la juventud española, entendida ésta como el proceso de inserción social del individuo, y cuyo conocimiento nos permitirá caracterizar mejor el régimen social y político alumbrado en la transición española atendiendo a la igualdad de oportunidades y al grado de libertad individual que ofrece a sus miembros.

La Nueva Familia Española

Es un lugar común entre los especialistas dedicados al estudio de la familia en España el destacar las profundas transformaciones que ha experimentado esta institución en los últimos años. Transformaciones que sorprenden por su carácter radical como por su carácter acelerado y relativamente pacífico. Este cambio es innegable y ha permitido a la sociedad española presentarse como un miembro coherente de la sociedad occidental y participar en los mismos debates y desafíos que afrontan los europeos cuando discuten sobre familia y políticas familiares. Así es posible considerar hoy que la familia española participa de ese modelo de familia post-nuclear que ha sido postulado como típica de las sociedades de capitalismo avanzado y que se caracteriza por su carácter desregularizado, por la pluralidad de formas posibles y por la primacía de la libertad individual frente a la regulación institucional.[6] De esta manera España ya no es el país del imperio exclusivo de una familia católica entendida sobre la base de la indisolubilidad del matrimonio y en ella han proliferado nuevas formas de comportamiento y de creación familiares: con la apertura democrática han surgido (o más exactamente se han reconocido legalmente) las familias monoparentales, el divorcio y la posibilidad de disolución y reestructuración de las familias, e incluso la cohabitación sin sanción institucional o la maternidad fuera del matrimonio.

Con todos los matices y críticas que se quieran apostillar, los años de transición ofrecerán siempre un balance en el que cabe resaltar los progresos hechos en la democratización de las formas de vida familiar y en la clara contribución que el proceso político tuvo en ello. Lo que no implica que debamos concluir que esas transformaciones fueron únicamente el resultado de la acción política, sino más bien que ésta fue la sanción de prácticas sociales. Muy al contrario, para entender los cambios recientes en la familia española en toda su profundidad es preciso entenderlo a la luz de otros factores de mucho mayor calado.

El primer aspecto al que ha de atenerse el examen se vincula al radical proceso de transformación demográfica que vivía la sociedad española al iniciarse el periodo de transición. Pues tal proceso, que implicó el paso en muy poco tiempo el paso de una población excepcionalmente joven (como resultado del baby boom) a una inusitadamente envejecida (por la caída en picado de la natalidad), marcará en gran medida  los desafíos que en materia de política y reforma social vinculada a la familia se plantearán en los primeros años de democracia: en primer lugar, el desafío de integrar en el mundo laboral a las numerosas cohortes de jóvenes nacidos en el baby boom (y hacerlo además en el contexto de una crisis económica profunda en la que se habrían de replantear las formas de organización de la producción y de relación laboral); y en segundo lugar generar los mecanismos para la protección social de una tercera edad en expansión continuada (y que suponía un problema desconocido hasta entonces). Desafío social de integrar a estos grupos de edad, pero que en el caso de española, que apenas había desarrollado los mecanismos estatales de protección social propios de las economías desarrolladas occidentales, se convirtió fundamentalmente en desafío familiar. La consecuencia del aumento de la población juvenil fue el general retraso en la formación de hogares propios por parte de los jóvenes: descenso y retraso de la nupcialidad, caída de la natalidad y crecimiento de la edad del nacimiento del primer hijo (tasas, todas ellas, que en la evolución secular de España habían manifestado hasta entonces la evolución contraria)[7]. Una mayor permanencia de los hijos en el núcleo familiar de origen, que si bien en un principio, en tiempos de inestabilidad política y económica se pudo entender como una manifestación propia de una coyuntura de crisis, acabo instalándose como una de las características estructurales del ciclo vital de la familia en nuestro país.

Otro factor que condicionó de manera determinante la evolución de la familia en el periodo previo a la transición fue el crecimiento económico que experimentó la sociedad española en los años del desarrollismo. Una coyuntura económica favorable que si bien coincidió con una expansión generalizada del desarrollo en el mundo capitalista, presentó una naturaleza diametralmente opuesta al resto de las sociedades capitalistas en la manera de entender el crecimiento y el desarrollo y la forma de hacerlo llegar a la población. Frente a una Europa en que en paralelo al aumento del PIB se iba creando un estado del Bienestar, en España el régimen franquista no hizo nada por avanzar hacia un sistema en el que se valorara la protección social. De tal manera que mientras en Europa se caminaba hacia la creación de un Estado que fomentara las oportunidades del ciudadano y se liberaba a la familia de esas funciones de solidaridad económica para convertirla en un espacio para el disfrute del individuo a su libre albedrío, en España esas funciones de promoción social y de fomento de las oportunidades seguían siendo responsabilidad única de una familia, que además estaba sometida a los patrones de funcionamiento de inspiración católica que le imponía el Estado. Con lo que a diferencia de lo que sucedía en el exterior, el crecimiento económico no supuso una descarga de las funciones tradicionalmente adjudicadas a la familia, sino su refuerzo. Esta diferencia en la naturaleza del crecimiento económico español de los años sesenta y su implicación en la familia se mostrará de forma más aguda en los momentos de crisis: ante la falta del colchón que podían ofrecer los sistemas de protección social en otros países, la sociedad española deberá recurrir a la institución central de solidaridad y asistencia económica con la que contaba a la altura de 1975: la familia. Pero esta carencia de estado de Bienestar, como ha sido ya bien expuesto por Inés Alberdi también supondrá un lastre para la democratización interna de la familia, especialmente en lo relativo a la equiparación entre sexos y al reparto de labores y funciones en el matrimonio. La inexistencia de escuelas de primera infancia y de una cultura de recurso a lo público para la educación y socialización de los hijos supuso un impedimento más para la ya difícil incorporación de la mujer al mercado laboral incluso después de las reformas políticas en la transición, en opinión de esta autora.[8]

 Pero es preciso además tener en cuenta las implicaciones que el crecimiento económico y el contacto con la prosperidad de los españoles tuvo para su forma de ver y valorar la familia. Si bien el régimen sí pareció mantener inalterables sus estructuras fundamentales de organización social y, dentro de ellas, el papel fuerte que jugaba la familia entendida en una forma ultraconservadora, a lo que no se pudo oponer fue a los influjos culturales que un aumento tan elevado y acelerado del consumo produjo y que fueron calando poco a poco en la sociedad española con la misma intensidad que lo había hecho en el resto del mundo occidental. Valores que si bien podían surgir en aquella sociedad en la que la familia aún mantenía un papel central en la organización, acabarían por fomentar el cuestionamiento de esta institución e introduciendo en ella la incertidumbre sobre su continuidad. En un mundo en que se había pasado desde el imperio de la escasez al reino de la libertad de elección que ofrecía el consumo de masas, un valor como la familia, que se había predicado como garantía de la felicidad y que cifraba tal felicidad en el sacrificio cotidiano con la esperanza de verse recompensado en el futuro (con el crecimiento de los hijos, con su éxito social, en definitiva, con la acumulación patrimonial) tenía que verse tambaleado por necesidad. De igual manera que el ahorro perdía parte de su sentido en favor del consumo en un mundo en que abundaba la riqueza, la esperanza de que la felicidad se alcanzaría con el ingreso en el mundo adulto que suponía el matrimonio, también lo perdía a favor de la juventud. Juventud y consumo de masas aparecieron como fenómenos históricos paralelos, como las dos caras de un nuevo culto a lo efímero frente a la confianza de recompensa en el futuro de épocas anteriores. La juventud, como ese periodo falto de compromiso entre el abandono de la familia de origen y la creación de una propia, como ese periodo de irresponsabilidad en que el disfrute es el primer objetivo, fue adquiriendo preeminencia como valor social, lo que no podía dejar de afectar a la familia. Primero porque la valoración de la juventud implicó  la de las experiencias asociadas a ella: las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la inestabilidad y el cambio en la vida de pareja, la posibilidad de disolver los vínculos contraídos... Experiencias que se desearon perpetuar y que acabaron introduciéndose en la misma dinámica del ciclo familiar. El divorcio como capacidad de disolución de los vínculos familiares aparece como una práctica propia de esta época en que desaparece el matrimonio para toda la vida. Pero también aparece la vida en pareja sin compromiso institucional como una nueva posibilidad en el abanico del desarrollo personal. Además la opulencia y las dinámicas económicas asociadas a ella trajeron también otras consecuencias: en el reino de la abundancia, la familia, antes unidad de organización de la producción, se convirtió en unidad de redistribución del consumo, que frente al trabajo y la familia en la antigüedad, se convertía ahora en primer factor de la definición personal. La familia se juzgaría a partir de entonces no tanto en función de su utilidad para integrar socialmente al individuo, como en función de la capacidad que tuviera para satisfacer sus deseos y apetencias inmediatas. Desde ese punto de vista la estancia prolongada de los jóvenes en el hogar pudo presentarse como un fenómeno de especial buena adaptación a los nuevos tiempos: ¿por qué acelerar la salida de casa si en ella podían realizarse a través de un consumo efímero y renovado continuamente que ofrecía más garantías que ese ideal de futuro familiar que había quebrado?

Aunque en España tal cultura del consumo se presentó sólo de manera incipiente, contribuyó a generar anhelos en la población de evolucionar hacia las formas de vida de los países cercanos, anhelos entre los que estaba el de flexibilizar los comportamientos y reglas de la vida familiar. Un deseo de imitación que irá creciendo a medida que se profundice en las dinámicas económicas propias de la opulencia y la abundancia  y que pretenderá ser satisfecho en el momento en que la crisis política posibilite una reforma.

 En lo que se refiere a la creación del marco legislativo es necesario reconocer que la transición acertó a crear las bases para el desarrollo de una familia acorde con los parámetros europeos. La Constitución y las leyes posteriores que la completaban, establecieron el marco en que se hacía posible una familia, que si bien se consideraba como un elemento central de la organización social que debía ser apoyado por el Estado (art. 39)[9], en lo que a su forma y funcionamiento se refiere se convertía en un espacio para la libre elección de los individuos. En efecto, con la aprobación del matrimonio civil que desvinculaba las relaciones familiares del control de la Iglesia, antes obligatorio, con la aprobación de la ley del divorcio en 1981 que ponía fin a la indisolubilidad de los vínculos matrimoniales, la familia dejaba de ser una institución sometida a poderes externos a ella y pasaba a ser una instancia que dependía en todos los aspectos (en su formación, en su disolución) de la voluntad de los individuos que la creaban. Al mismo tiempo se reconocía la igualdad de derechos de los cónyuges ante el matrimonio y, al hacer desaparecer toda distribución de papeles y funciones de acuerdo con el género sexual, se abrían las puertas a un desarrollo de la familia en que los individuos participaban en pie de igualdad independientemente de su género. En el mismo sentido caminaba la equiparación de los derechos de los hijos independientemente de las circunstancias de su nacimiento (abolición de los derechos de primogenitura, fin de la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos) y la obligación a los padres a un trato igualitario hacia ellos. La familia sería libre siempre y cuando en ella se garantizaran la igualdad de derechos de sus individuos y se respetaran los derechos específicos de los niños. Finalmente llegaron las leyes que permitieron hacer de la maternidad un acto de elección: la legalización de los anticonceptivos en 1977 y la legalización del aborto en determinados supuestos en 1983, facilitaron las prácticas de planificación familiar y de control de natalidad más allá del único recurso a la abstinencia sexual predicado por la Iglesia católica.

Las reformas legislativas, aunque puedan ser susceptibles aún de reforma y mejora (el siempre vivo debate en torno al aborto o el más reciente de las parejas de hecho) supuso un giro copernicano en la familia española que afectó no poco a la vida cotidiana de los ciudadanos. La legislación descriminalizó muchas de las conductas que el franquismo había perseguido y que ahora se exteriorizaron sin complejos (ni peligros), como es el caso de las separaciones conyugales de hecho acometidas por medio de contratos privados que afloraron con la ley del divorcio para ser reguladas institucionalmente. Además este nuevo horizonte normativo abrió nuevos caminos y posibilidades para las nuevas generaciones llamadas a organizarse en familia en los años ochenta. Así se pudo asistir en la sociedad española a comportamientos antes impensables: la aparición de familias monoparentales o la mera posibilidad de reconstruir una vida familiar fracasada a través de las segundas nupcias sin tener que mediar la muerte del cónyuge. Con todo, la legislación española no representaba más que la adopción y reconocimiento de derechos y libertades que en Occidente se habían proclamado ya hacía tiempo, que en España se habían introducido durante la II República, y que resultaban fundamentales para que pudiera ser desarrollada una vida familiar de acuerdo con los valores propios de los nuevos tiempos: el sexo como un disfrute y no como mera función fisiológica, la familia como un espacio para la felicidad y no como un espacio únicamente de deberes, la mayor valoración en consecuencia de la elección del cónyuge y la aceptación social de la vida en pareja previa con carácter experimental, la posibilidad de decidir el momento de disolución de la familia por sus propios componentes a través del divorcio, la existencia en consecuencia de segundas oportunidades en el matrimonio y la familia.

Sin embargo, la mera promulgación de las leyes no se vio sucedida por un automático ejercicio de los derechos que se reconocían por parte de todos los que lo deseaban. Pues una cosa es el reconocimiento legal de determinados comportamientos y otra bien distinta la creación de condiciones que los facilitan o simplemente los hacen posibles. Cabe preguntarse por qué España, teniendo una legislación bastante semejante a la del resto de los países europeos sigue estando a la cola en determinadas tasas estadísticas como son las de los hijos fuera del matrimonio, la tasa de divorcios, la proporción de hogares unipersonales y monoparentales, la vida en pareja sin regulación institucional o la edad de independencia de los hijos. El argumento de un mayor apego de los países latinos y mediterráneos a las formas tradicionales de la familia y a los valores derivados de la doctrina católica no parece ser de suficiente peso para explicar este subdesarrollo de las nuevas formas de vida familiares. En el caso de las tasas de divorcio, las razones han quedado bien claras a través de las denuncias (aún abundantes) de los colectivos preocupados por la condición de la mujer y su situación familiar: las mujeres maltratadas en matrimonios en que fracasa la convivencia, si no acuden al divorcio, no es tanto por rechazo moral de este recurso como por la incertidumbre que provoca la reconstrucción futura de su vida familiar. Las elevadas tasas de paro femenino no invitan a la aventura de sacar una familia adelante en solitario.

Un tipo de hipótesis similar puede ser planteada para explicar el retraso en la difusión de nuevas formas de formación de familias y el aumento en su lugar de la estancia de los hijos en sus hogares de origen. Lejos de significar un rechazo al compromiso social y a la incorporación a la vida adulta, lo que motiva el cada vez más lento proceso de reproducción social se deriva de un empeoramiento relativo de las condiciones de la juventud en los últimos veinticinco años y que nos ha de hacer legítimo el planteamiento de la siguiente cuestión: si la transición política, como proceso de refundación social, no fue incapaz de crear las condiciones necesarias para la inserción social de sus jóvenes. A ello dedicaremos el siguiente apartado.

La evolución de la condición social juvenil en la transición española.

Cuando se hacen evaluaciones de la transición en nuestro país, lo normal es celebrar el gran salto que hacia el reconocimiento de libertades supuso este periodo. En este mismo texto se acaba de calificar de giro copernicano lo que la aprobación de la Constitución del 78  y su desarrollo legislativo supuso para la concepción y funcionamiento de la familia. Pero el grado de desarrollo de la libertad en una sociedad no se puede medir tan sólo por la contundencia de su declaración formal, sino que se debe tener en cuenta también si en esa sociedad se fomentan y garantizan las condiciones que hagan factible el ejercicio de esa libertad.

En este sentido el estudio de la condición social juvenil resulta fundamental para evaluar el grado de satisfacción de objetivos que alcanzó un proyecto político, el de la transición española, que había pretendido crear una organización social en la que se garantizara la libertad individual y la igualdad de oportunidades. Lo que pretendemos averiguar en ese examen combinado por análisis político, análisis económico y análisis de las características de la vida familiar, es el verdadero significado del retraso o rechazo de los jóvenes a abandonar su hogar familiar de origen. Si esta característica es tan sólo una manifestación más de un cambio en la forma de entender la familia derivada del rechazo a constituir una propia de acuerdo con una sociedad en que se privilegia lo efímero e inmediato y en la que los lazos familiares, antes de una gran solidez y rigidez institucionales, se han flexibilizado en un grado que hace temer por su continuidad en las formas tradicionales. O, por el contrario, si esta prolongación de la vida de los jóvenes en familia es un signo de desigualdad social en un sistema en el que, a pesar de que hayan desembarcado la riqueza y la abundancia, se siguen manteniendo diferencias sustanciales en las trayectorias de sus individuos no derivadas de sus distintas capacidades y esfuerzos, como cabría esperar de un régimen liberal que se quiere meritocrático, sino en virtud de la familia en que se ha nacido; o lo que es lo mismo, si en realidad esta reclusión del joven en el hogar de los padres no manifiesta un excesivo peso de la institución familiar en la organización social española en sustitución de un Estado de Bienestar, siempre aplazado en su desarrollo y jamás culminado, que fomente la inserción social de los ciudadanos.

Tal evaluación, pues, pretende terciar en el debate surgido en la Sociología de la Juventud en los últimos años entre dos posturas radicalmente opuestas en torno a la valoración de las actitudes y comportamientos juveniles contemporáneos. Entre aquellos que las valoran de una forma positiva y consideran que deben asumirse como un signo más de modernidad y de avance de la libertad; que considera  que su crítica desde parámetros “adultocráticos” que pretenden hacer de la juventud un periodo lo más corto posible y exigir la más pronta inserción laboral y asunción de responsabilidades por parte de los jóvenes no deja de ser una postura reaccionaria frente a los nuevos valores surgidos con el triunfo de la libertad y del individualismo, y entre los que la juventud, como etapa privilegiada de la experimentación, adquiere gran importancia. Y entre otros aquellos que ven en los comportamientos juveniles un síntoma más de un deterioro social que vendría impulsado por las transformaciones económicas del último capitalismo; que consideran que el enclaustramiento familiar y el demasiado prolongado proceso de inserción laboral de los individuos son una muestra de la carencia de libertades reales en nuestra sociedad y que ven en ese estancamiento en la juventud como periodo vital marcado por la incertidumbre la perfecta metáfora de una sociedad en la que inestabilidad y la falta de expectativas son crecientes, hasta el punto de poner en duda su propia capacidad de reproducción.[10]

El estudio de la juventud, como ya se anunciaba en el comienzo del texto, puede proporcionarnos algo más que un juicio valorativo de interés para el subconjunto de la población comprendido entre los 15 y 29 años, la población tradicionalmente considerada como joven. Porque la juventud, como proceso social en el que se produce la inserción del individuo en la sociedad, como periodo que va desde la dependencia y protección de la familia a la incorporación plena del ciudadano, es un campo de observación privilegiado para entender el funcionamiento de las sociedades y la forma en que éstas reproducen sus esquemas de organización e instituciones. Conocer la condición social de los jóvenes es conocer las oportunidades que se le ofrece al ciudadano para elegir su posición social en su proceso de inserción; de su capacidad de actuación y de su grado de condicionamiento social se pueden extraer conclusiones para caracterizar el grado de movilidad social y de existencia real de igualdad de oportunidades de un régimen político dado, lo que es conocer el verdadero grado de libertad de sus individuos. Así, analizar qué transformaciones se produjeron en la juventud entre mediados de los años 70 y finales del siglo XX es una labor que completará un retrato de la Transición social entendida como el periodo de cambios que alumbró en España una sociedad nueva.

Para realizar tal evaluación de la condición social de la juventud se van a examinar cuatro series estadísticas normalmente utilizadas en los estudios de juventud, como son, la de la edad de emancipación del hogar paterno, la de tasa de actividad laboral y desempleo de los jóvenes, la de contribución económica del salario de los jóvenes al  propio mantenimiento y la de nivel de estudios realizados.[11] Indicadores sociales que no sólo tienen la virtud de ser susceptibles de ser analizados en un tiempo largo y mostrar tendencias de evolución, sino que además permiten integrar en la explicación de esta evolución criterios no sólo económicos (como es el de la tasa de paro) sino otros relacionados con las nuevas formas de comportamiento familiar (como es el caso de la flexibilización de la institución familiar) o con la satisfacción de los anhelos y deseos surgidos de los valores propios de una sociedad de consumo de masas (como es la fuerte demanda de formación académica como exigencia para un desarrollo completo del individuo). Del análisis de estos indicadores sociales y de su puesta en relación obtendremos un conjunto de constataciones sobre las que esbozar un esquema de interpretación histórica de lo que ha ocurrido con la juventud en la transición española.

El primer indicador que vamos a analizar es el de la evolución de la edad de salida del hogar familiar; un tipo de dato que, aunque normalmente no se ha utilizado en los estudios demográficos preocupados por la evolución de las formas familiares (donde el indicador convencional es la nupcialidad), sí resulta especialmente conveniente para el estudio de la familia en la sociedad que nos es contemporánea. Es lógico suponer que en una sociedad en la que se ha tendido hacia la desregulación del matrimonio, en la que se ha introducido la vida en pareja antes del matrimonio y la vida en hogares unipersonales, cada vez se registren edades medias más altas de nupcialidad. Así en España (frente a lo que es común pensar) se produjo una constante caída de la edad de contracción del matrimonio hasta finales de los años setenta; en ese momento se invirtió la tendencia para aumentar progresivamente esa edad, lo que nos podría hacer pensar que se produjo un endurecimiento de las condiciones de vida juveniles que retrasó la independencia y el ingreso en el mundo adulto. Hay quien podría invocar, sin embargo, que las estadísticas de nupcialidad no son comparables antes y después de este periodo ya que las nuevas formas familiares (vida en pareja de hecho, familia unipersonal incluso maternidad en soltería), que han de ser reconocidas como formas familiares que implican el mismo acceso al mundo adulto que el matrimonio, adulteran las cifras de nupcialidad de los últimos años. Así, el único indicador que es hoy aceptable es el del abandono del hogar de origen, sea su destino el matrimonio convencional o engrosar las filas de un piso de estudiantes.

 

Año	Viven con la familia de origen	Viven fuera del hogar de origen
1984	69,3%	30,7%
1988	72,2%	27,8%
1996	77%	23%
2000	77%	23%

Elaboración propia. Fuente: Informes de juventud 2000, 1996 y 1988; los datos de 1984 proceden de la encuesta sobre emancipación de los hijos. 1984 y 1988, bases jóvenes de 16-29 años. 1992, jóvenes de 15-29 años

 De la serie puede concluirse que existe una tendencia a retrasar la salida del hogar por parte de los jóvenes que se ha venido reforzando en los últimos veinte años; tendencia que resulta más clara si tenemos en cuenta las distintas coyunturas en que se realizaron los distintos informes de juventud de los que han sido obtenidos los datos. El de 1984 corresponde a una época de fin de ciclo de crisis económica: en ese sentido, hubiera sido lógico que hubiera ofrecido datos inusualmente altos en la edad de abandono del hogar familiar, y en cierta medida en la época en que se realizó dicho informe aquellos datos fueron interpretados en ese sentido; si los jóvenes retrasaban su salida del hogar era por la dureza de los tiempos, cuando mejorara la coyuntura se recuperarían. Pero no. Como se puede ver, en 1988, en el contexto de una expansión económica sin precedentes y con datos macroeconómicos (tasas de paro, crecimiento del PIB) que empequeñecían los de los años del desarrollismo, no se produjo una aceleración de la salida de los jóvenes de sus hogares paternos, muy al contrario se siguió retrasando esa salida. El dato de 1996 vuelve a ser el de un año de crisis económica y el del 2000 el de un tiempo precedido por la bonanza. Si bien se puede celebrar el que pareciera que en 1996 se tocara techo y se estabilizara la proporción de los jóvenes que permanecían en sus hogares de origen, también puede ser interpretado en otra clave: ni siquiera la buena coyuntura económica (con el tan celebrado aumento del empleo) pudo invertir la tendencia, ni mucho menos recuperar los índices anteriores a la crisis (de los que sólo contamos con datos de 1988, no con los del 92), sino que tan sólo alcanzó a detener, por el momento, una profundización de ese camino.

Pero para estos años (de los que disponemos de datos más complejos) las cifras pueden ser más elocuentes si las desglosamos por edades, como se hace en la serie siguiente:

Evolución en la proporción de jóvenes que permanecen en el domicilio familiar o que viven con sus padres o familia de origen en cada edad

Años /Edad	15-17 años	18-20 años	21-23 años	24-25 años	26-29 años
1990	99%	94%	81%	59%	25%
1995	97%	90%	80%	70%	46%
1999	99%	90%	83%	70%	50%

Fuente: Injuve 2000

 Desgraciadamente no disponemos de los datos suficientes para construir una serie similar a la anterior; con todo, la que obtenemos nos aporta una información vital para caracterizar la evolución sufrida por la edad de emancipación de los jóvenes. Como se puede observar, las modificaciones estadísticas de la última década son consecuencia de un cambio de comportamiento de los estratos juveniles de más edad: mientras que los más jóvenes arrojan cifras constantes que incluso invierten la tendencia (caso de los jóvenes entre 18 y 21 años, que experimentan un relativo mayor acceso a la independencia del hogar), son los jóvenes de más de 24 años los que abanderan las violentas fluctuaciones estadísticas. De esta manera, podría decirse que la mayor tasa de permanencia en el hogar de origen de los últimos años de los jóvenes españoles se debe fundamentalmente a su retraso en la toma de decisión de abandono de ese hogar. Esta decisión llegaba antes en torno a los 24-25 años, momento a partir del cual era una situación casi generalizada el vivir en un hogar propio (en 1990, lo hacía un 75 % de los que contaban entre 26 y 29 años). Hoy ya no es así y resulta una circunstancia cada vez más habitual el franquear esa franja de edad y permanecer en el hogar familiar, con lo que se constata una conquista de la forma de vida juvenil de edades que tradicionalmente no eran las suyas. De igual manera, un relación entre los datos y los ciclos económicos en nuestro país, refuerzan la hipótesis lanzada anteriormente: la predicada bonanza de los últimos años no ha conseguido invertir la tendencia a este retraso en el abandono del hogar, sino apenas detenerla sin dejarnos sospechar que en los próximos años esto cambie. Parece como si la evolución de este indicador social tuviera poco que ver con los condicionamientos económicos y que hubiéramos de excluir en la explicación el atravesamiento de un periodo de dificultades económicas como una causa de la resistencia de los jóvenes a formar su propio hogar y a salir de su situación de dependencia familiar.

Un estudio publicado por la fundación BBV centrado en los valores de la nueva juventud española pretendió indagar en este sentido. La tesis defendida por Ruiz de Olabuénaga y sus colaboradores afirma que esta permanencia de la juventud en el hogar familiar, actitud que denominan con el término cooconing, como la querencia de los jóvenes a la búsqueda de un espacio protector que garantice su desarrollo individual y personal frente a un mundo exterior excesivamente regularizado (representado por el mundo del trabajo y de los estudios), sería parte constitutiva de sus deseos de una mayor libertad. En ello jugaría un papel importante la democratización misma de las relaciones dentro de la familia, en la que ha desaparecido la tradicional jerarquía y en la que se ha expandido la tolerancia hacia las distintas formas de organizar la vida. Así la familia se hacia más tolerante mientras que el mundo exterior se va mostrando cada vez más incapaz de ofrecer las oportunidades para el desarrollo personal (pues el mundo laboral cada vez más regulado ya no hace del trabajo una vía para ese desarrollo). En ese sentido, estos autores entienden que “Es posible afirmar en consecuencia que en ello reside el motivo de esta persistencia [de los jóvenes en casa de sus padres], esto es, en que hoy no sólo no es preciso escapar  de este entorno para lograr una personalización de la experiencia, sino que se hace incluso necesario regresar a él para asegurarla, convertido ya el ámbito familiar en punto de apoyo a través del cual el joven puede explorar y adentrarse con mayor facilidad en el cada vez más dilatado y complejo mundo social”.[12]

No les falta la razón a estos autores en cierta medida. Hoy día, como se deja traslucir en todas las encuestas disponibles [13], los jóvenes gozan de una libertad impensable en lo que se refiere a determinados aspectos de su conducta (horarios cotidianos, salidas y entradas de casa, elección de estudios y de orientaciones laborales...), con lo que se han reducido las fricciones susceptibles de ocasionar conflictos en el entorno familiar. Además, como veremos más tarde, poco a poco se ha incrementando el poder adquisitivo para el gasto de ocio de los jóvenes que residen en el hogar de sus familias de origen. Esto ha tenido por repercusión la apertura de un campo para el desarrollo personal impensable para los miembros de generaciones anteriores: el consumo propio de una sociedad de masas. Campo de desarrollo que por otra parte se muestra perfectamente coherente con los valores de una sociedad, la del capitalismo avanzado, en la que la integración ya no se hace en función de la adscripción a identidades estables y duraderas (como es la familia a la que se pertenece o se funda, una corriente política determinada, un credo religioso concreto, o una forma de concienciación particular de la clase social a la que se pertenece) sino que trata de identidades más efímeras y cambiantes. Los jóvenes así, se encuentran a fines de este siglo en una situación aparentemente ideal: un entorno familiar en el que apenas existen presiones para modelar su conducta y con el tiempo y dinero suficiente para poder generar una cultura propia y específica de su edad, a través, eso sí, de una única vía: el gasto. En este sentido es, no obstante, cuestionable la idea de una real democratización de las relaciones familiares en las que se habría caminado hacia una mayor y mejor convivencia que nos haría entender la falta de motivaciones de los jóvenes para buscar otro lugar distinto al del hogar familiar para el propio desarrollo. Pues bien podría aducirse el que en una sociedad en la que la definición personal se hace a través del consumo, la afluencia de una mayor prosperidad, como la que sin duda en términos cuantitativos goza la sociedad española en comparación con unas décadas antes, ha permitido no tanto una mayor convivencia como la posibilidad de la coexistencia pacífica. En una familia en que el consumo ya ni siquiera necesita ser negociado, en tanto que existe un caudal suficiente para que esa negociación sea irrelevante, en una familia en que ni siquiera existe la disputa por el mando del televisor, puesto que cada miembro dispone de un propio aparato receptor para hacer su elección sin consulta, lo que se ha producido no es tanto una mejora del diálogo para la llegada a soluciones comúnmente satisfactorias, como la creación de condiciones para que ese diálogo sea innecesario. No es tanto un mejor entendimiento en las relaciones familiares sino la despersonalización de tales relaciones y el triunfo de la incomprensión.

Si la explicación reducida a un cambio en los valores y expectativas de los jóvenes puede ser parcialmente satisfactoria para entender conductas concretas de los jóvenes actuales, no parece suficiente para explicar del todo ese enquistamiento de los hijos en el hogar familiar. Los mismos autores del estudio de valores al que hemos aludido, reconocen que “si bien es cierto que los jóvenes manifiestan una cierta voluntad de independizarse, ésta aparece no obstante situada en un horizonte idealizado al tiempo que separada del momento presente, de modo que en absoluto resulta contraproducente de cara a una definición de esta situación de convivencia [familiar] en términos especialmente óptimos”.[14] Que los jóvenes hayan encontrado una vía de adaptación para la reclusión familiar a la que se hayan sometidos, no significa que la consideren buena, sino que han perdido la esperanza (o la capacidad de lucha) para modificar tal situación.[15]

Cuando se ha intentado buscar una relación entre la tasa de emancipación de los jóvenes y el cambio de valores que estos han experimentado, se ha hecho sobre la hipótesis estadísticamente constatable de que pudiera no existir una relación directa entre esa tasa y las coyunturas económicas recientes. Pero este argumento tiene aún otra vuelta: podría ser que el pretendido crecimiento económico de los últimos años, sin duda satisfactorio a tenor de determinados indicadores macroeconómicos, no haya sido trasladado hasta la juventud. Cabe preguntarse, en otras palabras, si ese crecimiento no se ha hecho al margen, e incluso a costa, de esos propios jóvenes. Es lo que se intentará averiguar en el análisis de la siguiente serie estadística, la del desempleo y los ingresos de la juventud.

Si la muerte de Franco pudo ser entendida como un periodo abierto a la posibilidad de la creación política, con ella también llegó un nuevo fenómeno que marcaría intensamente la vida de los españoles: el paro, en unos volúmenes antes desconocidos. El desempleo se convertía en un componente estructural del sistema económico español, y dentro de él, cobraba especial protagonismo el paro de la juventud, que con las mujeres y los parados de larga duración eran los más directamente afectados por el fenómeno. Baste decir que mientras en 1976 había “tan sólo” 180.000 jóvenes entre 16 y 24 años registrados como parados frente a los 2.558.800 que figuraban como ocupados, en 1984 estas cifras amenazaban con invertir el predominio de los que tenían un puesto de trabajo sobre los que no: los jóvenes parados se habían convertido en 1.305.200, mientras que los privilegiados por poseer un empleo ya sólo eran 1.598.100, como se puede observar en la tabla que aportamos.

La situación que se le abría a un joven de finales de los años 70 era muy diferente a la de los miembros de otros generaciones, especialmente a la que habían conocido los tiempos del crecimiento de los años 60. Con en ellos podían compartir las ventajas que había supuesto el acceso a la prosperidad, con el añadido de que esos jóvenes que habían nacido en el baby boom se habían visto beneficiados de aquella prosperidad en su infancia y adolescencia, en los años de formación, lo que se debería haber traducido en un mayor acceso a los estudios y una mejor preparación para la competición en el mercado laboral. Lejos de producirse una mejora proporcionada con respecto a la generación de sus padres, los jóvenes se encontraron ante un panorama de oportunidades mucho más duro ahora presidido por el recién descubierto fenómeno del desempleo masivo. La crisis económica, lejos de ser un fenómeno estrictamente coyuntural, respondía en el problema del paro además a razones de carácter estructural. Las cifras aumentaban no sólo como consecuencia de un mal ciclo económico, que lo hacía, en forma de destrucción de puestos de trabajo. Los años de la transición democrática también sirvieron para desvelar hasta qué punto aquel desarrollismo del régimen había sido más aparente que real, mostrando la relatividad del pleno empleo de los años 60. La vuelta de los emigrantes que habían aliviado el mercado laboral en los 60 y la incorporación masiva de la mujer a éste contribuyeron, junto a lo que era una característica específica de aquella generación de jóvenes de la transición, su elevado volumen demográfico, a aumentar las tasas de actividad laboral y con ello la presión de la demanda sobre la oferta, en un mercado del empleo, que por añadidura se encontraba en contracción. El significado real del desempleo que aparecía en la escena española, no era pues el de un bache momentáneo en el desarrollo, sino la explicitación del que había sido un mecanismo de una economía española que, como ya se ha apuntado, carecía de todo sistema de protección social para absorber el desempleo. Este mecanismo significaba la exclusión sistemática de una parte sustancial de la población del mercado de trabajo: las mujeres, los que se vieron obligados a emigrar. Lo único que hizo la democracia fue sacarlo a flote. Pero es que además, este subproducto del sistema adquiría nuevos tintes con la crisis económica que estaba llamada a poner en duda ese Estado de Bienestar aquí nunca ensayado. El desempleo, en las sociedades de capitalismo avanzado, pasaba a ser un enemigo social que se combatiría por medio de nuevos medios, entre los que el instrumento estrella sería la flexibilización de las relaciones laborales. España se veía obligada de esta manera a aprobar dos cursos en un único examen, recuperando el tiempo perdido en la asignatura 40 años pendiente de la creación de un sistema de protección social y poniéndose al día para alcanzar a sus compañeros europeos ante la cuestión de cómo superar los problemas que ese estado de bienestar causaba para el crecimiento económico.

Este paradójico doble objetivo de la economía española en transición marcaría fuertemente la evolución de la inserción de los jóvenes en el mercado laboral en los años siguientes. Sin pretender realizar un examen exhaustivo de las tasas de empleo juveniles de los últimos treinta años, lo que se pretende a continuación es interpretar esos datos a la luz de esta especial circunstancia de la economía española. Así se podrá explicar la forma en que la alarma social que creaba el problema del desempleo de los jóvenes entonces se ha ido canalizando hasta disolver tal alarma sin que en realidad el problema haya desaparecido. 

	Población de 16 a 19 años				Población de 20 a 24 años
	total	activos	ocupados	Parados	total	Activos	ocupados	parados
1976TIII	2366,1	1319,4	1162,1	157,3	2579,1	1519,3	1396,7	122,7
1977TIII	2402,2	1312,0	1101,7	210,4	2635,9	1531,8	1366,6	165,2
1978TIII	2437,3	1266,1	985,4	280,7	2701,9	1598,0	1362,2	235,8
1979TIII	2481,2	1228,1	897,2	330,9	2774,6	1652,3	1353,9	298,5
1980TIII	2535,4	1180,1	764,7	415,4	2849,1	1686,1	1276,3	409,8
1981TIII	2583,0	1168,4	665,7	502,8	2927,8	1738,5	1229,1	509,4
1982TIII	2605,0	1127,4	591,7	535,7	2989,8	1801,4	1198,6	602,8
1983TIII	2614,4	1086,8	541,6	545,2	3045,3	1861,9	1176,6	685,3
1984TIII	2614,3	1065,1	488,1	577,0	3092,9	1874,2	1101,0	773,2
1985TIII	2611,4	980,2	451,7	528,5	3139,7	1911,2	1070,1	841,1
1986TIII	2603,2	930,0	458,5	471,5	3172,3	1991,8	1147,5	844,2
1987TIII	2612,0	1023,9	540,6	483,2	3202,3	2133,3	1290,8	842,5
1988TIII	2634,6	990,9	546,3	444,5	3231,5	2242,4	1426,4	815,9
1989TIII	2652,2	915,6	570,1	345,5	3243,8	2178,6	1503,5	675,2
1990TIII	2657,8	887,7	565,1	322,6	3236,2	2161,8	1504,9	657,0
1991TIII	2666,9	821,2	535,9	285,4	3251,9	2161,1	1529,4	631,7
1992TIII	2660,3	813,2	490,2	323,0	3262,7	2076,7	1410,4	666,3
1993TIII	2637,8	767,8	375,3	392,5	3275,7	2084,6	1215,5	869,2
1994TIII	2598,0	721,0	341,5	379,5	3292,8	2067,6	1204,8	862,8
1995TIII	2539,5	658,2	323,2	335,0	3307,9	2045,4	1235,0	810,4
1996TIII	2463,7	629,0	312,6	316,4	3318,3	2019,7	1237,0	782,7
1997TIII	2368,9	588,1	288,2	299,9	3307,7	1985,8	1297,8	688,0
1998TIII	2268,9	579,6	329,4	250,2	3277,8	1990,0	1352,6	637,4
1999TIII	2171,4	578,1	375,1	203,1	3227,8	1989,3	1467,2	522,1
2000TIII	2078,7	588,0	397,7	190,3	3174,8	1992,6	1533,8	458,8
2001TIII	1991,9	547,7	399,9	147,8	3089,5	1885,0	1526,8	358,2
2002TIII	1911,2	512,3	360,9	151,4	2974,1	1855,4	1482,5	372,9
2003TIII	1839,4	482,8	334,6	148,2	2849,7	1831,9	1463,1	368,8

Elaboración propia a partir de la E.P.A. – I.N.E. (Inebase) (en miles)

 Si nos detenemos en la primera franja de edad que distingue la Encuesta de Población Activa en sus estadísticas, observaremos que el primer gran dato que se destaca es el de la constante reducción de la población activa en el periodo que va desde 1976 hasta nuestros días. Esta reducción no ha seguido una tendencia motivada por la  del volumen general de población comprendida entre 16 y 19 años: pues hasta 1991 estas cohortes poblacionales no dejaron de aumentar; y aunque a partir de este año comenzó su también constante reducción, esta no se produjo al mismo ritmo que la del número de jóvenes empleados. Con lo que una de las primeras consecuencias que cabe destacar de las transformaciones económicas en nuestro país sobre la población de estas edades, es la de su desplazamiento de los sectores activos de la economía. A la luz de las estadísticas, existe una gran diferencia entre los más jóvenes de 1976 y los de principios del siglo XXI; entre los de hoy hay muchos menos presentes de una manera activa en el mercado laboral. Es fácil imaginar dónde están esos jóvenes: la extensión de la educación ha permitido que cada vez se incorporen más tardíamente a la vida económicamente activa. Una extensión que es el producto de una doble circunstancia: su crecimiento real en los años ochenta en forma de mayor oferta universitaria y el retraso consciente de los jóvenes de su incorporación al mundo laboral ante la dificultad de encontrar un puesto de trabajo, que hace preferible invertir más años en la formación en busca de una garantía que permita más posibilidades de triunfo en la lucha por la vida.

Ese es el gran factor que hay que tener en cuenta al analizar los datos de la evolución del número de empleados y parados de estas edades. A primera vista ésta parece en cierta manera responder a los condicionantes de los ciclos económicos: aumento del paro y destrucción de puestos de trabajo radicalizados hasta 1984 – recuperación a mediados de los años 80 – reaparición mitigada de la crisis en los 90 – nueva recuperación a finales de los años 90. Sin embargo, si profundizamos en esos datos observaremos como la destrucción del empleo no ha sido recuperada en ningún momento de alza económica; que los niveles de 1976 jamás se volvieron a alcanzar en los 80, ni tampoco los de los 80 han sido recuperados en los 90. Lo que hace sospechar que los buenos comportamientos de los datos se han producido no sólo por los efectos coyunturales, sino también o sobre todo, por esa tendencia sostenida al abandono generalizado de la actividad económica por parte de los jóvenes de 16 a 19 años.

Los datos referidos a la población comprendida entre los 20 y 24 años parecen ajustarse más a los condicionantes económicos y demográficos. Así se observa que la especial incidencia del paro en los primeros años 80 se produjo por la doble presión que ejercían sobre el mercado laboral la mala coyuntura económica y el aumento de la actividad económica que corría paralela al aumento demográfico de las cohortes de edades de 20 a 24 años. 1985 es el año de inflexión, en el que se inicia una recuperación del empleo: sin que la población deje de aumentar, y con ella la actividad económica. Además se reduce el paro. Es interesante observar como es en estos años de bonanza económica cuando la tasa de actividad, que hasta entonces describía una trayectoria pareja a la de la evolución demográfica, se desvincula de esta en torno al año 1989 y comienza una reducción, que salvo atenuaciones coyunturales será dominante hasta nuestros días. En gran medida ello se debe, como en el caso de los jóvenes de 16 a 19 años, por el retraso de la incorporación al mundo laboral que la expansión de la oferta universitaria ofrecía: el retraso de la inserción laboral en beneficio de una formación  más cualificada aparece como una posibilidad a los jóvenes españoles de aquella época. Si en este momento el dato del descenso de la actividad parece un claro signo de prosperidad, para la evolución posterior puede resultar un indicador de una mayor gravedad de las crisis detectadas. Es el caso de los años 1991-1996, en que el crecimiento del paro resulta más crudo, pues viene acompañado de una salida de jóvenes del mercado laboral. Al tiempo, atenúa las buenas cifras de descenso del paro en términos absolutos experimentada entre 1996 y la actualidad: pues si bien se debe en parte a una recuperación del número de empleos, también es consecuencia de un descenso de la actividad económica, en esta ocasión con la diferencia respecto a 1989 de que al tiempo la población juvenil ya no crece. El número de parados de 20 a 24 años no se reduce ahora, como entonces, porque allá una posposición de la búsqueda de trabajo en beneficio de los estudios universitarios; lo hace simplemente, porque hay menos jóvenes de 20 a 24 años.

En realidad el análisis de los datos de la actividad económica juvenil puede resultar engañoso: lo único que indica con certeza es la inserción plena en el mundo laboral, ya en condición de trabajador ya en condición de parado. En cierta manera no es erróneo el análisis que pretenda concluir que lo que indica es un acrecentamiento del periodo dedicado a la formación en los jóvenes españoles desde la transición hasta hoy. Ese alargamiento de la vida estudiante habría incidido con más fuerza en los más jóvenes como producto de la casi universalización de los estudios secundarios, de hecho ya casi alcanzada en los primeros 90, de derecho instaurada con la LOGSE que establece la edad obligatoria de estudios hasta los 16 años y que la extiende como práctica habitual hasta el acceso al bachillerato, incluso más allá. Los jóvenes de 20 a 24 años se habrían visto menos afectados por este alargamiento de la vida estudiante y además lo habrían experimentado de forma más tardía: sólo a partir de finales de los años 80, cuando la recuperación definitiva de la economía habría permitido a los gobiernos socialistas la creación de una oferta universitaria que se fue haciendo accesible a estratos sociales cada vez más amplios. Esta suposición viene además corroborada por las estadísticas que sobre el nivel de estudios cursados retratan a la sociedad española en los últimos años:

 

	Año	Sin Estudios	Primarios	Medios	Superiores
Total	1976	17,2	62,6	17,6	2,6
	1987	11,6	44,7	39,0	4,7
	1997	6,5	26,8	43,9	22,8
Jóvenes (16/29)	1976	4,9	64,0	29,2	1,9
	1987	2,6	26,5	67,0	3,9
	1997	1,2	11,3	62,4	25,1
Adultos	1976	23,3	61,9	11,8	3,0
	1987	16,7	55,0	23,1	5,2
	1996	8,8	33,7	35,7	21,8

Fuente: Lorenzo Cachón (dir.): Juventudes y empleos: perspectivas comparadas. Injuve, Madrid, 2000, pág. 139

 Su análisis no deja lugar a dudas; España ha experimentado desde el inicio de la transición un contundente aumento del nivel de los estudios cursados por su juventud. No sólo los estudios secundarios se han generalizado sino que el aumento espectacular de los jóvenes que han cursado estudios superiores ha repercutido de una manera radical en las cifras, ya no relativas a la juventud, sino en las que se refieren a los adultos. Esto ha producido necesariamente una transformación de las características del mercado de trabajo: si en 1976 entre la población activa había tan sólo un 3,0 % que hubiera estudiado en la universidad, hoy ese porcentaje supera ya el 21,8 %. Por un lado tales cifras deben ser interpretadas como la expresión de un indudable aumento del nivel de vida experimentado por la sociedad española; tal crecimiento es el reflejo de la recuperación del tiempo perdido en la creación de un Estado de bienestar que el franquismo no desarrolló. Por otro lado debe ser entendido como el efecto de un cambio de mentalidad surgido al calor de las transformaciones económicas y sociales de los últimos cuarenta años. Es lógico que el contacto con la prosperidad y el aumento generalizado de los recursos disponibles en cada familia hiciera surgir la aspiración entre los españoles de que las nuevas generaciones tuvieran más oportunidades de formación que las precedentes. Los estudios universitarios comenzaron a ser patrimonio accesible de clases sociales cada vez más extensas, sobre todo de las constituidas por aquellos españoles que si bien se habían beneficiado de un aumento de status social considerable en la buena coyuntura de los años 60, no habían tenido la posibilidad de acceder al prestigio que los estudios superiores conferían. Desde ese punto de vista, realizar ciertos sacrificios para que los hijos no comenzaran a trabajar tan pronto y alargaran su vida familiar fue una actitud que se generalizó en los tiempos democráticos. Además las transformaciones que experimentaba el mercado laboral reforzaron la conveniencia estratégica de tal actitud hasta convertirla en una exigencia: en el contexto de paro masivo y de un recrudecimiento de la competencia por los puestos de trabajo, parecía conveniente invertir más intensamente en la formación para garantizar una inserción en el mercado laboral que fuese satisfactoria. Desde el convencimiento de que los estudios prometían una cierta seguridad en el acceso al trabajo que el sistema no parecía ofrecer, los jóvenes de los años 80 fueron retrasando, cada vez más, su inserción en la vida económica activa en beneficio de una juventud que se alargaba en la Universidad y en los centros de enseñanza superior.

Podríamos pensar que nos encontramos ante un signo inequívoco de una mejora de la condición social de la juventud; el alargamiento de esta etapa vital no sería pues una condena a la espera de poder acceder al mundo adulto, sino más bien la necesaria consecuencia de un cambio en la calidad de ese acceso. Los jóvenes se benefician de que la prosperidad generalizada permite que no deban buscar trabajo nada más alcanzar la mayoría de edad y que inviertan en cambio ese tiempo en estudios que les aseguren estabilidad y ascenso social en el futuro. En este sentido, la reducción de la actividad económica de los jóvenes, es una de las expresiones de ese aumento de su bienestar.

Sin embargo, como ya advertíamos, la actividad económica, como criterio de clasificación de la población por su relación con el mercado de trabajo, es engañosa. Primero porque no contempla todas aquellas actividades que responden a las diversas formas de trabajo sumergido. Segundo, porque presupone la diferencia entre población pasiva y población en paro, bajo la no muy adecuada idea de que existe una completa distinción entre la figura del estudiante y la del trabajador: no es cierto que todos los estudiantes sean individuos económicamente inactivos (pues muchos trabajan a la vez que estudian), pero sí es muy habitual que los que lo sean no puedan figurar en las listas del paro, pues resulta incompatible el alistamiento con la prosecución de unos estudios superiores. De hecho lo más habitual es que los jóvenes estudiantes realicen trabajos esporádicos, temporales o de jornada reducida y que una vez los abandonen, se den de baja en la Seguridad Social y no vuelvan a figurar en ella hasta que obtengan un nuevo contrato.

Si acudimos a otros indicadores que no sean los de la EPA, podremos comprobar que la extensión de la educación más allá de los 16 y 18 años no ha tenido en realidad un paralelo retraso en el acceso al mundo laboral, sino más bien una modificación en la forma de dicho acceso, que además poco tiene que ver con el aumento de calidad.

Un indicador que puede resultar útil en este sentido son las encuestas que a propósito de la contribución económica al propio mantenimiento ha ido haciendo el Instituto de la Juventud en sus diferentes informes. En estos informes se ha incluido siempre un apartado que se interesaba por saber en qué proporción los jóvenes españoles se pagaban sus propios gastos de mantenimiento. Con ello se pretendía evaluar el grado de dependencia con relación a la familia de origen de la juventud española y la forma en que se realizaba el proceso de emancipación económica al final del que se adquiere la madurez. En estos informes se distinguen cuatro estadios en la juventud según la proporción de los gastos que sea capaz de subvencionarse el individuo: la dependencia total (aquellos cuyos recursos les son proporcionados en su totalidad por la familia), dependencia mitigada (los principales recursos de subsistencia son proporcionados por la familia, él satisface gastos superfluos), independencia autosuficiente (aquel que siendo prácticamente independiente recibe ayudas regulares) e independencia total (con capacidad de mantenerse por los propios medios).

  

Año	Independencia total	Independencia insuficiente	Dependencia mitigada	Dependencia Total
1984-1985	27,0	8,9	15,3	48,6
1988	26,0	9,9	17,5	46,5
1992	20,1	26,3	14,3	39,4
1996	16	16	19	49
2000	18	19	21	41

Población comprendida entre 15 y 29 años.

 De un primer análisis se desprende que en los últimos quince años se han reducido las situaciones juveniles en que se produce una situación extrema: ya de dependencia o independencia total, y por el contrario han aumentado aquellas en las que existe algún grado de dependencia. Es notable que el contingente de jóvenes que puede satisfacer todos sus gastos se ha reducido a un 18 %; porcentaje que representa a los jóvenes en disposición de llevar a cabo una emancipación de su hogar familiar con un mínimo de garantías. Según estos indicadores  podría no haberse reducido la actividad económica en número de trabajadores, sino más bien haber aumentado. Lo que se habría reducido son los empleos fijos y a tiempo completo y en cambio haber proliferado los empleos esporádicos e incluso los que se insertaran en economías informales no reguladas y por lo tanto no computables en las estadísticas oficiales.

Si en el análisis además tenemos en cuenta las variaciones que deberían haberse dado de acuerdo con las coyunturas económicas y los periodos de expansión de empleo, llama la atención que exista una relación directa únicamente en el caso de la dependencia total. En 1988 se nota una ligera variación respecto a 1984-5, que se acrecienta en 1992 y que podría ser la consecuencia de aquella recuperación de la segunda mitad de los años ochenta; sería un efecto beneficioso del crecimiento económico y un signo de la superación de la crisis: más empleos consiguieron que una parte de los jóvenes salieran de la situación de total carencia de recursos propios en la que vivían. Paradójicamente esa misma situación de crecimiento coyuntural no se tradujo en un aumento de la proporción de jóvenes que disponía de recursos para ser autosuficientes, sino en su reducción. En compensación aumentaban los jóvenes que se acercaban al umbral de la autosuficiencia económica pero no conseguían traspasarlo y necesitaban de ayudas regulares de su familia para mantenerse.

Como en el análisis de la emancipación del hogar y en la evaluación del empleo se hace sin embargo necesario un análisis que tenga las diferencias por edades para evitar conclusiones groseras.

 Porcentajes de jóvenes en relación a su contribución al propio sostenimiento: desglose por edades

Año	Independencia total				Independencia insuficiente				Dependencia mitigada				Dependencia total
	15/19		20/24	25/29	15/19		20/24	25/29	15/19		20/24	25/29	15/19		20/24	25/29
1984-1985	12,2			64,1	7,8			11,9	17,3			10,5	62,6			13,4
1988	13,4			59,9	9,0			12,2	19,2			12,9	58,3			15,1
1992	1		15	50	11		36	33	15		19	8	73		29	9
1996*	1	5	17	32	3	10	20	26	13	23	22	17	83	62	40	24
2000*	1	9	19	34	3	14	22	29	13	26	25	19	81	51	33	18

Elaboración propia a partir de los informes de Juventud

* En las cifras ofrecidas en los informes de Juventud de 1996 y 2000 se alteran las divisiones por edades; en vez de utilizar los segmentos 15/19 – 20/24 – 25/29 se utilizan 15/17 – 18/20 – 21/24 y 25/29

 A pesar de las variaciones en los criterios de elaboración de las encuestas, las series históricas nos ofrecen algunos datos comparables. En el que quizá merezca más la pena fijarse es en el de la evolución de la capacidad económica de los jóvenes comprendidos entre 25 y 29 años. Los jóvenes que se encuentran en total carencia de recursos ha ido aumentado erráticamente, aunque de forma más pronunciada en la última década en la que tras la crisis se alcanzó un 24% de personas que vivían en un régimen total de dependencia respecto de su familia. Lo que importa destacar de este dato es su relación inversa con respecto a la evolución general: si los jóvenes en su conjunto han ido saliendo de la dependencia económica total entre 1984 y 2000, en cambio los de edades más altas han ido engrosando esta categoría. Esto parece indicar que se ha producido una pauperización de los jóvenes de mayor edad, impresión que se confirma de manera clara si nos fijamos en la categoría de los jóvenes que disfrutan de los medios suficientes para su independencia: en 1984 un 64,% de los jóvenes entre 25 y 29 años disponían de los medios para independizarse, en 2000 este porcentaje se había reducido a un 34%. De igual manera que ocurría con los datos generales, esta evolución viene  compensada por un aumento proporcional de los jóvenes en esta franja de edad que alcanzan a satisfacer la mayor parte de sus gastos pero sin conseguir librarse de un apoyo familiar regular.

Los análisis podrían aún multiplicarse, pero en definitiva las conclusiones nos dirigen a un mismo punto. Existen pruebas en general de una mayor actividad económica de los jóvenes españoles; una experiencia que quizá no sea la del trabajo de contrato fijo renumerado computado en las encuestas de población activa, pero cuyo resultado ha sido la implicación de una mayor proporción de los jóvenes en el mercado laboral. En paralelo a esta expansión de la actividad se ha producido una relativa pauperización de la capacidad económica de los jóvenes en la que la influencia de las coyunturas económicas no ha sido determinante: el descenso de la proporción de los jóvenes económicamente autosuficientes ha sido constante de igual manera que el aumento de los que conocían una independencia insuficiente y una dependencia económica familiar mitigada por sus propios recursos. En los datos destaca la especial incidencia de este proceso en los jóvenes de más de 25 años, que en las últimas dos décadas han visto como su condiciones de vida pasaban, de representar una notable diferencia respecto al resto de la juventud, a presentar rasgos homogéneos. Igual que sucedía con la edad de acceso a la independencia, las formas de vida juvenil salen de sus demarcaciones de edad clásicas para conquistar otras franjas. La juventud se extiende.

Se proyectan sombras sobre las posibles visiones optimistas de la evolución de la juventud española, pues al tiempo que se puede haber producido un beneficioso alargamiento del periodo de formación y una extensión del acceso a estudios superiores, parece que lo mismo ha hecho el igualmente periodo típicamente juvenil de la precariedad y la inestabilidad laboral. Lo que se ha producido en la sociedad española no es un mero alargamiento del periodo de inserción en el mercado laboral que habría estirado el periodo de la juventud, primero por la crisis coyuntural de los años 80 y después por ese aumento de bienestar y de expectativas que habría hecho que los jóvenes prefirieran estudiar más para poder ascender a mejores puestos en el futuro. No es así porque el atragantamiento que pudo producir la crisis de los 70 en combinación con el ingreso del baby boom en el mercado laboral queda demasiado lejos para seguir justificando las condiciones tan duras de competición en el mercado laboral. Los estudios como vía alternativa se pueden poner en duda ya que las estadísticas también han demostrado la fuerte relación que existe entre contracción del mercado laboral y expansión de la demanda educativa: la gente estudia porque no hay empleo con el cada vez más tenue convencimiento de que en las aulas aumentan la posibilidad de encontrarlo. La realidad es que la juventud, a pesar de estar cada día mejor preparada y ver reducido su número, sigue teniendo ante sí el problema del paro masivo: el fenómeno, lejos de ser coyuntural, se ha convertido en estructural. No se puede entender la manera en que se ha producido el gran acceso a mayores niveles de formación en nuestro país sin referencia a las modificaciones radicales que en paralelo se han producido en el marco de regulación del mercado de trabajo.

Tales modificaciones no representan un hecho diferencial de nuestro país respecto del resto de sociedades de capitalismo avanzado o postindustrial: es el común denominador de los últimos veinte años en Europa caminar hacia una progresiva desregularización de las relaciones laborales en busca de un mercado laboral más flexible. Bajo la bandera de la búsqueda de soluciones excepcionales para una crisis coyuntural se han ido quebrando los principios sobre los que se había construido un sistema económico en que se combinaba la libertad de iniciativa empresarial con el control y la garantía de la seguridad social de los trabajadores por parte del Estado. En España tal proceso viene jalonado por la aprobación de las distintas reformas laborales que desde los Pactos de la Moncloa, pasando por las de los gobiernos del PSOE y la del PP, han introducido las diferentes figuras de la temporalidad, del trabajo flexible y del bajo coste de contratación y despido por parte de las empresas. Como ha destacado Luis Enrique Alonso una de las consecuencias que han producido estas reformas ha sido la completa redefinición del proceso de inserción laboral de los jóvenes hasta una formulación coherente con las nuevas características del capitalismo: “El modelo de trayectoria lineal “tipo fordista” –mayor nivel educativo garantizaba mejor posición en la jerarquía laboral a la vez que suponía un período juvenil más extendido y su ausencia producía los resultados inversos simétricos- se descompone en trayectorias muy personalizadas donde los títulos académicos se consideran muchas veces condición necesaria, pero en ningún caso suficiente ni garante de trabajo o carrera profesional y donde en todo caso la ralentización y dificultad de esas trayectorias hace que un gran grupo de los efectivos juveniles –los que no tienen capital relacional familiar- pasen a ser parte del sector más débil y sumergido (o semisumergido) de la sociedad del riesgo”.[16] En este sentido, la juventud, como ese periodo excepcional marcado por la inestabilidad y la incertidumbre se ha convertido en el especial foco de proliferación de formas laborales de un sistema capitalista que a su vez se define por la inestabilidad y la incertidumbre, el riesgo. Una juventud que además se convierte en el discurso en la imagen de lo socialmente deseable: una etapa vital que busca alargarse hasta el infinito en el consumo de lo efímero y en el rechazo de los compromisos duraderos.

Si este proceso es general en el conjunto de las sociedades de capitalismo desarrollado, en España se ha producido por una vía particular de transición económica a la que ya hemos hecho referencia. La sociedad española se vio obligada a la paradójica misión tras la crisis de los 70 de alcanzar un desarrollo mínimamente aceptable del Estado de Bienestar al tiempo que reducía sus efectos sobre el sistema económico en plena reestructuración. Los jóvenes vieron como al tiempo se les ofrecía con una mano el paraíso de la prosperidad (en forma de escuelas, centros deportivos y actividades culturales varias, consumo adolescente proporcionado por pequeños trabajos temporales) y con la otra se les privaba de los derechos de protección del trabajo que sus predecesores europeos habían conocido (precariedad, temporalidad, fomento de un capitalismo del riesgo y un mercado laboral más condicionado por el azar bursátil que por una pretendida justicia meritocrática del currículum). En este contexto es comprensible la reclusión de los jóvenes en los hogares familiares de origen que se fue configurando como una útil “red protectora del azar del mercado”. Por una parte, la democratización y despersonalización de las formas de vida familiar propiciada por una evolución de los valores en los que se asentaban tradicionalmente hizo disminuir las presiones que antes habían sido causa del deseo más o menos inmediato del abandono del entorno familiar. La familia dejaba de ser ese sistema coercitivo de modelación de la conducta del individuo para ser sustituido por el reino de la tolerancia más o menos desinteresada. Esta liberación de la presión de la familia se hizo más patente con la progresiva profundización en los nuevos valores y prácticas que dirigen el proceso de creación de identidades y de desarrollo personal en las sociedades de capitalismo avanzado, especialmente en lo que se refiere a la juventud: el consumo masificado que busca más la satisfacción de placeres inmediatos que la adquisición de compromisos duraderos que cifren la felicidad a largo plazo. Los jóvenes dejaron de sentir la necesidad de encontrar un trabajo con el que convertirse en adultos como un algo inmediato e imprescindible para la realización personal; en sustitución disponían de un amplio repertorio de objetos de consumo ofrecidos por los medios de comunicación de masas con los que ir recreando constantemente una imagen personal. El trabajo fijo y deseado se fue postergando como un proyecto ideal, para el que se podía seguir estudiando gracias a la subvención de la familia. El trabajo temporal, precario y disperso, muchas veces falto de protección social venía en sustitución, como una solución temporal, de carácter instrumental que proporcionara el dinero suficiente para mantener esa forma de vida adaptada al hogar familiar hasta el día que se presentara la gran ocasión. Si se presentaba.

La jaula dorada: una juventud cada vez más larga en una familia cada vez más flexible

Un estudio profundo de las condiciones sociales en las que se desarrolla la juventud en España nos impide ser demasiado triunfalistas a la hora de proclamar el desarrollo de la libertad que la transición política ha traído a nuestro país. Cuando comparamos las diferencias entre el contexto en que se desarrollaba la juventud hace treinta años y el que marca hoy su existencia encontramos razones tanto para el optimismo como para el pesimismo. Por un lado es indudable que los jóvenes, con el correr de los tiempos se han beneficiado de mayores niveles de prosperidad, como indica su mayor grado de estudios y su claro aumento en el consumo. Que al tiempo, una modificación en los valores sobre los que se fundamenta la familia y la sociedad les ha permitido desarrollarse en un contexto de mayor tolerancia hacia las formas de comportamiento y a las actitudes que les son propias: el joven de la España actual ya no se encuentra cuando vive en familia con las presiones coercitivas y actitudes de censura de las que podían quejarse las generaciones anteriores. En este sentido se han producido cambios fundamentales en las relaciones que se establecen entre los jóvenes y sus padres que han modificado el significado de la convivencia familiar. El hogar ha dejado de ser ese ambiente irrespirable para convertirse en un lugar más confortable y seguro desde el que esperar la llegada al mundo adulto.

Pero estos beneficios no le han llegado a la juventud como un privilegio gratuito derivado de haber nacido en tiempos más prósperos: para su consecución ha sido necesaria la renuncia a otros privilegios. La posibilidad de estudiar más tiempo no ha supuesto el retraso del contacto con el mundo laboral sino la definitiva desaparición de la disyuntiva entre estudio y trabajo: hoy trabajan más jóvenes aunque lo hacen generalmente de una forma más parcial y temporal, en muchos casos combinándolo con la frecuentación del aula con la esperanza de que más estudios le hagan salir de esa situación de precariedad. En este sentido el trabajo está perdiendo la capacidad de inserción en el mundo adulto que antes tenía: un contrato significa cada día menos la salida de la juventud, porque en un marco laboral en que prima la temporalidad y el empleo parcial para los jóvenes, se ha demostrado que se han reducido de forma drástica los jóvenes que están en disposición de ser autosuficientes económicamente y de esa manera independizarse de sus familias de origen para fundar un hogar propio. El trabajo, por lo limitado de los recursos que ofrece al joven, ya no es un resorte para la entrada en el mundo adulto; sin embargo sí permite la subvención eterna de la forma de vida juvenil, pues proporciona el caudal suficiente para sostener un nivel de consumo alto, siempre y cuando se permanezca en la vivienda familiar.

¿Está amenazada la capacidad de reproducción social en la sociedad española?. Esta conclusión podría parecer exageradamente alarmista: los jóvenes siguen casándose y fundando nuevas familias, quizá simplemente a un ritmo más lento que antiguamente. La misma fortaleza de la familia parece garantizar esa reproducción, pues hoy el peso de la ayuda que los jóvenes reciben de sus padres se ha acrecentado respecto a otros tiempos. En última instancia, las parejas que quieren casarse son siempre apoyadas y reciben una no despreciable ayuda de todos los miembros de la familia que acuden en su auxilio el día de la celebración. Las dificultades para la total autosuficiencia económica de los individuos, que hemos visto reducirse, son fácilmente salvables por medio de la relación familiar; si uno no es capaz de mantenerse, sí parece más sencillo que lo hagan dos, máxime con las mejoras, por débiles que sean, que ha experimentado la inserción femenina en el mercado laboral. Basta con que se cree entre esas dos personas un vínculo estable: el matrimonio. Ante las dificultades que impone la flexibilidad del nuevo marco económico, conviene reforzar la familia e invocarla para que cumpla sus funciones en el proceso de inserción social del individuo. Dos elementos de un discurso, el neoliberalismo en lo económico y el conservador en las costumbres, que no nos resulta excesivamente ajeno en España.

Como se ha pretendido demostrar en este texto la sociedad que crearon los españoles en la transición hace aún depender demasiado de la familia el proceso de reproducción social. Cargar la familia de responsabilidades fue la solución a la transición económica específica que se debió afrontar desde un modelo de crecimiento anómalo que había prescindido de los sistemas de protección social en las nuevas formas de organización económica que buscaban reducir el peso de esos sistemas de bienestar social. Un mayor peso de las familias en este aspecto de la organización social no conduce más que a una mayor injusticia social: aceptar amablemente como una fatalidad que sean los padres los que mantengan a los hijos hasta que encuentren su trabajo, que sean los que les doten del colchón de seguridad para que puedan seguir estudiando y así competir con más garantías en el mercado de trabajo, es renunciar a la igualdad de oportunidades. Porque la duración de la juventud, como época de dependencia económica familiar y de dedicación a los estudios no dependerá en realidad de los méritos del individuo sino de las posibilidades económicas de la familia.

Al mismo tiempo ese gran peso de la familia se ha traducido en España en el refuerzo de las viejas formas de organización familiar en las que lo corriente era la estructura nuclear y rígida sancionada institucionalmente. A pesar de que como se vio anteriormente la reforma legislativa trajo una transformación radical de las posibilidades a la hora de formar una familia según los criterios libremente elegidos por sus miembros, eso no se ha visto confirmado en la práctica social, especialmente en lo que atañe a la juventud. La emancipación del hogar familiar de un joven para adquirir una vivienda propia en la que vivir en soltería, con la propia pareja o en la que establecer vínculos conyugales flexibles sigue siendo una estampa ideal que si bien puede ser deseada, sólo puede ser disfrutada por los jóvenes españoles por medio de su contemplación en la televisión. Las condiciones en las que se desarrolla su vida (precariedad laboral, ingresos insuficientes para la autonomía) hacen imposible llevarlo a la práctica sin el apoyo familiar. Mientras en el resto de las sociedades de capitalismo avanzado, aunque se camina en la misma dirección de flexibilización del mercado laboral y desmantelamiento del Estado de Bienestar, los jóvenes mantienen algunos despojos de lo que fue una vez un ideal: proporcionar a los individuos resortes para su desarrollo personal en función de su esfuerzo y con independencia de la posición social en que hubieran nacido.

Vuelve a ser el itinerario diferente por la evolución económica y política reciente lo que marca la diferencia de los jóvenes españoles frente a los europeos. Si en nuestro país podemos celebrar nuestra mayor integración en Europa observando los parecidos niveles de bienestar de nuestros hijos y de los del resto de las sociedades desarrolladas, hay que resaltar que este bienestar se manifiesta de diferente manera. La juventud es más libre en su comportamiento, más rica en su consumo pero tiene en nuestro país más dificultades para salir de esa condición de juventud. La reclusión familiar se ha reforzado aunque las condiciones de vida en ella hayan mejorado: el joven español actual sigue viviendo en parecida jaula al de los principios de los años 70, si bien la de entonces era de latón y la de ahora es dorada.

Con todo, la evolución es positiva, se podría concluir. Como nos sugiere por ejemplo Ruiz de Olabuénaga el cambio ha supuesto en realidad un aumento de libertad de la juventud que ha pasado de una situación de esclavitud ha adquirir la condición de liberto, aumentado sus posibilidades de desarrollo personal con la adquisición de un amplio espacio para el ejercicio de la libertad: el consumo. Un consumo que se manifiesta claramente en la vida en el hogar familiar en forma de jaula dorada y que los jóvenes han aceptado con cierto entusiasmo. En gran medida, son los propios jóvenes y no tan solo las presiones de un sistema socioeconómico con vida propia, los que han contribuido a construir esa jaula de la que resulta hoy por hoy tan difícil escapar: ellos contribuyen económicamente con las aportaciones que sus trabajos temporales les permiten, pero lo que es más decisivo, es a través de su comportamiento cotidiano en que se muestra una clara preferencia por la satisfacción de placeres inmediatos y efímeros que por el de verdaderas conquistas de calidad de vida de carácter duradero. En definitiva, prefieren olvidar las carencias reales de autonomía y libertad que les privan de una participación social real a favor de un ilusorio paraíso de la satisfacción a través del consumo que les pone en contacto con las masas sin salir del hogar en que nacieron. Este avance en los niveles de consumo podría, lejos de suponer, un beneficio haberse constituido en una verdadera trampa cultural: el recurso cada vez mayor a la búsqueda de la autonomía y el desarrollo personal en satisfacciones presentes y efímeras y el abandono de la esperanza de una realización en logros más definitivos y duraderos como podrían ser la propia carrera profesional o la fundación de un hogar (independientemente de la forma de familia que lo acompañe), pueden ocasionar la pérdida no sólo la esperanza de una vida mejor, sino directamente la conciencia de que exista. El problema no es por tanto sólo las dificultades para escapar de la jaula de oro que es la familia y encontrar los materiales para construir la propia, sino directamente la posibilidad de que desaparezca la conciencia de que existe un mundo fuera de esa jaula.

Notas

[1] Para una visión general de la familia como sujeto y objeto de transformación histórica, en el caso español sigue siendo fundamental el libro de REHER, David S.: La familia en España. Pasado y presente. Alianza Editorial, Madrid, 1996

[2] Para una primera aproximación de carácter histórico y en un marco temporal amplio (el siglo XX) resulta especialmente útil el texto de MOLL, Isabel: “La evolución de las formas de vida familiar” en MORALES MOYA, Antonio (coord.): La modernización española. Vol. 5 de “Las claves de la España del siglo XX” España Nuevo Milenio, Madrid, 2001. Desde el punto de vista demográfico la obra fundamental es la ya extensa de Salustiano del Campo entre las que destacamos DEL CAMPO, Salustiano: La “nueva” familia española. Eudema, Madrid, 1991. DEL CAMPO, Salustiano: Familias: Sociología y políticas. Editorial Complutense, Madrid, 1995. Igualmente fundamentales resultan las de Flaquer, Ll: El destino de la familia, Barcelona Ariel 1997; Flaquer y Soler: Permanencia y cambio en la familia española. Madrid, CIS, 1990; Iglesias de Ussel, J. La familia y el cambio político en España. Madrid, Tecnos, 1998. Finalmente, especial recomendable es la de Alberdi, Inés: La nueva familia española, Taurus, Madrid, 1999, por combinar los puntos de vista estrictamente demográficos con la sociología sin prescindir del juicio ético y político.

[3] Los jóvenes españoles, es decir, la población comprendida entre 15 y 29 años eran en 1975 8.144.925 personas, lo que representaba un 22,62 % del total de la población. En 1988 la cifra ascendía a 9.715.160, lo que representaba ya el 36,80% del total.

[4] Acerca del carácter híbrido de la familia entre lo público y lo privado y la doble cara de la “solidaridad social” como posible fuente de cohesión social al tiempo que como actitud asocial o nepotismo, atiéndase a las observaciones hechas por Inés Alberdi en La nueva familia española, Taurus, Madrid, 1999, pp. 35-38.

[5] En lo que a la conceptualización y el planteamiento de la juventud como problema sociológico se refiere aquí se sigue los que hiciera hace ya tiempo y referidos al caso español ZÁRRAGA, José Luis de (dir): Informe Juventud en España. La inserción de los jóvenes en la sociedad. Ministerio de Cultura – Instituto de la Juventud, Madrid, 1985. pp. 3-33. En ella se encuentra un desarrollo teórico sobre los conceptos de la juventud como condición social y proceso social de inserción.

[6] Acerca de la familia postnuclear , su carácter flexible y la modificación de su ciclo vital DEL CAMPO: op. cit.. pág. 28 y ss. Acerca de la democratización de la familia y las relaciones entre su pretendida crisis y la introducción en ella de mayores exigencias éticas, el capítulo I: “el valor ético de la familia actual” ALBERDI: op. cit.  pág. 29 y ss.  Ambos autores se apoyan en gran medida en las ideas introducidas por ROUSSELL, Ll: La famille incertaine, París, Odile Jacob, 1989.

[7] En 1960 la edad media de las mujeres al contraer matrimonio era de 26,4 años, tasa que se había reducido hasta los 23,9 años en 1975; en esta fecha cambia la tendencia y experimenta un crecimiento progresivo hasta alcanzar la cifra de 26,8 en 1990. Véase DELGADO, M.”Cambios recientes en el proceso de formación de las familias”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 64, 1993, p.141-143

[8] ALBERDI: op. cit. Pp. 150-153.

[9]        1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

[10] Un resumen de este debate en CASAL, Joaquín: “Capitalismo informacional, trayectorias sociales de los jóvenes y políticas de juventud” en CACHÓN, Lorenzo (dir.): Juventudes y empleos: perspectivas comparadas. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales – Injuve, Madrid, 2000.

[11] Estas series estadísticas han sido construidas a partir de los datos de las encuestas sobre los que se han redactado los distintos Informes Juventud en España que con una periodicidad de 5 años ha venido publicando el instituto de la Juventud. En ellos, a pesar de las variaciones metodológicas y los cambios en los enfoques que se han producido en virtud de los distintos autores encargados de cada proyecto se ha mantenido una coherencia que nos permite la comparación. Zárraga, José Luis de (dir.): Informe juventud en España. La inserción de los jóvenes en la sociedad. Ministerio de Cultura, Instituto de la Juventud. Madrid 1985. Zárraga, José Luis de (dir.): Informe juventud en España 1988 Ministerio de Asuntos Sociales – Instituto de la Juventud, Madrid, 1989. NAVARRO LÓPEZ, Manuel y MATEO RIVAS, María José: Informe Juventud en España 1992.  Ministerio de Asuntos Sociales – Instituto de la Juventud, Madrid, 1993.MARTÍN SERRANO, Manuel y VELARDE HERMIDA, Olivia: Informe Juventud en España 1996, Injuve, Madrid, 1997.MARTÍN SERRANO, Manuel y VELARDE HERMIDA, Olivia: Informe Juventud 2000, Injuve, Madrid, 2001

[12] RUIZ DE OLABUÉNAGA, José I.: La juventud liberta. Género y estilos de vida de la juventud urbana española. Fundación BBV, Bilbao, 1998 pág. 110

[13] En estos aspectos se han fijado especialmente las encuestas e informes que, a los valores de la juventud española ha consagrado la fundación Santa María.

[14] RUIZ DE OLABUÉNAGA: op. cit 101

[15] En el Informe Juventud en España 2000 dirigido por Martín Serrano la muestra seleccionada respondía en su mayoría desear vivir en una casa independiente (66%); entre los que no lo hacían la razón más frecuente era la de carencia de medios para acceder a esa independencia.

[16] ALONSO, Luis Enrique: “El marco social del empleo juvenil: hacia una reconstrucción del lugar de trabajo en las sociedades complejas” en CACHÓN: Juventudes y empleos: perspectivas comparadas. Injuve, Madrid, 2000, pág. 35.