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Luis Enrique Otero Carvajal Profesor Titular de Historia Contemporánea. Universidad Complutense. Madrid. España (Spain).
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En 1833 Javier de Burgos ponía en marcha la reforma administrativa que iba dar lugar a la división provincial vigente hasta nuestros días. Con ella nacía una nueva organización administrativa del Estado, acorde con los postulados del régimen liberal. La nueva división provincial pretendía acabar con la compleja y disfuncional estructuración procedente del Antiguo Régimen, en la que la multiplicidad jurisdiccional constituía un serio obstáculo para la reorganización estatal, imprescindible para la configuración del Estado liberal. Superados los intentos fallidos del proyecto ilustrado, la revolución jurídico-administrativa desarrollada entre 1834 y 1837 sentó las bases para la articulación del nuevo Estado liberal. Con ella nació la actual provincia de Madrid, cuyos límites conforman la Comunidad Autónoma de Madrid como una región más dentro del Estado de las Autonomías sancionado por la Constitución de 1978.
LA MACROCEFALIA DE MADRID CAPITAL EN EL CONJUNTO PROVINCIAL A lo largo del siglo XIX en la provincia de Madrid se acentúa un fenómeno ya presente en el siglo XVIII, y que va a configurar de forma definitiva su estructura. Nos referimos al enorme peso específico, tanto cuantitativo como cualitativo, que la ciudad tiene en el conjunto provincial, y que va a desembocar a lo largo de la anterior centuria en un reparto preciso de funciones y en una jerarquización del territorio con centro en la capital.
El primer hecho a tener en cuenta es el incremento del predominio demográfico de Madrid capital respecto de la provincia conforme avanza el siglo. Podemos medir esta evolución a través de los censos desde 1857 hasta 1900, a pesar de su imperfección. En 1857 la población de la capital suponía el 59,10% del total provincial, cifra que se va elevando paulatinamente hasta alcanzar en 1900, el 69,65%. Es decir, en esta última fecha más de dos tercios de la población de la provincia se concentraba en la capital, cifra que se incrementaría sensiblemente si tuviésemos en cuenta dos hechos que escapan a los fríos datos censales. De una parte, los censos y empadronamientos no recogen con fiabilidad lo que podríamos denominar población clandestina, que nutre las calles de la capital con su cohorte de vagabundos, mendigos y subempleados forasteros, sólo parcialmente consignados en el censo bajo la categoría transeúnte, a la hora de una contabilización cierta su número fluctúa entre las veinte y treinta mil personas. No extrañe la magnitud del dato porque otras fuentes indirectas lo confirman. Señalemos que uno de los bandos más pertinazmente repetido por el Ayuntamiento de Madrid, al menos entre 1830 y 1880, es el que se refiere a la expulsión de mendigos y vagabundos no avecindados en la capital. El propio hecho de su repetición es demostrativo de lo insoluble del problema. Teniendo en cuenta, pues, esta población adicional que escapa a la estadística, el peso demográfico de la capital quedaría reforzado respecto de la provincia.
De otra parte, el crecimiento demográfico de la capital que indican los censos de 1897 y 1900 aparece infravalorado porque de hecho un porcentaje sustancial de los habitantes de Canillejas, Vallecas y Chamartín de La Rosa debería ser adscrito a la ciudad de Madrid, porque es aquí donde desarrollan su quehacer diario, no olvidemos que en 1900 el puente de Vallecas, Tetuán de las Victorias y las Ventas del Espíritu Santo forman parte de los municipios antedichos y sin embargo desde el punto de vista social y económico sus pobladores están integrados en la vida de la capital. Precisamente el Ensanche de Madrid planeado por el ingeniero Carlos de Castro en 1860 dio como resultado una realidad bien diferente a la teoría que alimentó el proyecto. La especulación del suelo y la carestía de los precios originó que una cantidad considerable de los emigrantes que afluían a Madrid fijaran su residencia en los extrarradios, situados más allá del foso del Ensanche, mucho antes de que éste se colmatara. Así nacieron barrios no sujetos a ninguna planificación y desprovistos de toda infraestructura básica como Prosperidad y Guindalera, que quedaron dentro del municipio de Madrid, y Tetuán, Ventas y Puente de Vallecas asimilados a otros municipios. Si en términos censales la macrocefalia de Madrid capital resulta evidente, en términos reales el fenómeno se amplifica. De aquí se desprenden unas tasas de crecimiento demográfico superiores en la capital que en la provincia.
El mayor peso específico de la ciudad de Madrid en el conjunto provincial se deriva, pues, del crecimiento demográfico de la Villa y Corte. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de este crecimiento? En primer lugar, es preciso realizar una constatación: a lo largo del siglo XIX el crecimiento vegetativo es negativo, el incremento de la población viene determinado por el aporte migratorio, sólo en parte sustentado por el resto de la provincia. Por supuesto el crecimiento poblacional madrileño no es ninguna novedad del siglo XIX; se trata de una constante histórica que hinca sus raíces en los primeros Austrias y el establecimiento de la capital en Madrid, pero también es evidente que tal fenómeno se acelera conforme avanza el siglo XIX, coetáneamente a la crisis global del andamiaje social y económico del Antiguo Régimen. Los 176.374 habitantes que recoge el censo de Godoy para la capital, en 1804, pasan a 236.000 habitantes en 1852, explicitando una primera fase de ligera aceleración demográfica, situada entre ambas fechas, que apunta una tendencia concretada en decenios posteriores. Una segunda fase se registra entre 1852 y 1860, un período de ocho años en el que la ciudad ha crecido tanto como en los cincuenta años precedentes, hasta alcanzar los 298.426 habitantes en 1860.
Después de un breve estancamiento, entre 1860 y 1869 asistimos a un salto brusco en el aporte migratorio: los 309.489 habitantes de 1869 se convierten en 397.816 en 1877 y en 470.283 en 1887. Es decir, en un intervalo de 18 años la población de la capital ha crecido más que en los cien años comprendidos entre 1750 y 1850. Esta aceleración del aporte migratorio a partir de mediados de siglo, sólo encuentra explicación en las consecuencias sociales y económicas de los sucesivos procesos desamortizadores, que fracturan la economía agraria tradicional; sobre todo con la desamortización iniciada en 1855, que al actuar sobre los bienes de Propios y Comunes desarticula las economías campesinas. Es comprensible, pues, el paralelismo que existe entre las consecuencias de la desamortización de Madoz y el aumento de la población madrileña. Puede argüirse que no hay una perfecta correspondencia cronológica entre ambos fenómenos, ya que la desamortización de Madoz localiza el grueso de sus ventas entre 1856 y 1870, mientras que el acelerón demográfico de la capital se registra a partir de 1869. La explicación reside en el papel amortiguador que cumple el ferrocarril entre 1856 y 1866, al crear millares de puestos de trabajo absorbiendo coyunturalmente los contingentes de mano de obra expulsados de las zonas agrarias. La crisis de 1866, con el consiguiente frenazo de las construcciones ferroviarias y la posterior crisis de subsistencias de 1867-68, bloquea cualquier otra salida que no pase por la emigración hacia Madrid, o hacia otros centros urbanos. Entre 1887 y 1900 la población de la capital se incrementa en otros 70.000 habitantes hasta llegar a los 539.835 que recoge el censo de ese año.
En contraste con el crecimiento demográfico de la capital el resto de la provincia permanece estancado, a lo sumo con unas ligerísimas tasas de crecimiento que convierten los 190.000 habitantes de 1800 en 194.615 a la altura de 1857, es decir en cincuenta y siete años la provincia excluida la capital sólo ha aumentado en unas cuatro mil personas, apenas un 2,37%, que pasan a 196.378 según el censo de 1877, y a 225.294 en 1897 hasta alcanzar los 235.199 en 1900. Esta ligera recuperación en los decenios finales del siglo queda contrarrestada por el crecimiento de los municipios situados en el extrarradio de la capital, todavía no anexionados a la misma. El estancamiento demográfico de la provincia resulta pues evidente. En un siglo ha crecido menos de un 19,22%, que se reduce a sólo el 6,84% si excluimos los municipios limítrofes a la capital (los 235.199 habitantes de 1900 quedarían en 203.957). Este estancamiento pone de manifiesto la absoluta subordinación de la provincia respecto de la capital, que absorbe mano de obra de un amplio hinterland, despoblando a la provincia. La desarticulación de las economías campesinas tradicionales consecuencia del proceso desamortizador coadyuvará de manera decisiva a esta situación.
En suma, el análisis demográfico ya nos ofrece la primera clave explicativa de un desarrollo desigual entre la capital y la provincia. A su vez corrobora un fenómeno puesto de manifiesto durante el Antiguo Régimen y que se reforzará a lo largo del siglo XIX: la ciudad de Madrid ensancha su población a partir de la absorción de abundantes contingentes poblacionales del resto de la provincia y del conjunto nacional. Si la ciudad de Madrid hubiera tenido que crecer demográficamente sólo a base de sus recursos internos, el estancamiento habría sido la respuesta. Parece un lugar común, fruto de la exageración y de ciertos ribetes demagógicos, hablar de ciudad de la muerte, pero esa es la definición ajustada a la realidad demográfica de la capital durante el siglo XIX. Por muy imperfectos que sean los datos estadísticos el crecimiento vegetativo hasta 1880 ofrece un saldo nulo cuando no negativo, a partir de esa fecha se perfila un cambio de tendencia cuyo colofón será el nuevo modelo demográfico en vías de consolidación durante el primer tercio del siglo XX. Las altas tasas de mortalidad en la ciudad de Madrid tienen una doble naturaleza de alcance coyuntural y estructural. Por coyuntural entendemos las inflexiones de mortalidad derivadas de las catástrofes epidémicas. Con una periodicidad próxima a los 10 años las epidemias de cólera -la peste urbana del siglo XIX- inciden negativamente en el desarrollo demográfico madrileño, como ha demostrado Antonio Fernández García. Pero la muerte epidémica por sí misma no explicaría tan desolador balance. Es la muerte estructural la que calladamente mantiene las altas tasas de mortalidad, llámese mala alimentación, ausencia de infraestructura sanitaria, hacinamiento, endemias como el tifus, la gripe y la tuberculosis, o la alteración del ecosistema urbano madrileño provocado por la crisis del Antiguo Régimen y la propia lógica de la incontrolada recepción de los inmigrantes de provincias. Todo ello configura un modelo demográfico antiguo, cuya persistencia se extiende a lo largo del siglo XIX. Aunque la muerte se enseñorea de la ciudad, y en este aspecto es interclasista, son los barrios populares -más bien las calles- los más afectados por los embates de endemias y epidemias. No obstante, dado que hasta 1880 la diferenciación social del espacio urbano no evoluciona a un ritmo vivo, estadísticamente tal hecho es muy difícil de constatar con precisión. El resto de la provincia desarrolla un comportamiento demográfico paralelo en términos cuantitativos y en lo referente a la pervivencia del modelo demográfico característico del Antiguo Régimen, sin embargo hay una diferencia cualitativa a destacar: en el Madrid rural la muerte epidémica es menos devastadora que en la capital, de ahí que el modelo demográfico este determinado por los elementos de carácter estructural, similares a los de la capital. El fenómeno demográfico aunque no sea la única variable global explicativa, si actúa como una de las claves referenciales que nos lleva a la sempiterna cuestión entre capital y provincia. En efecto, es una provincia dual, pero cuya dualidad no viene determinada sólo por motivos económicos. Existe un centro excesivamente grande en sus dimensiones demográficas, no justificado económicamente, que desarrolla en su interior una economía consuntiva basada en el hecho de la capitalidad del Estado, que genera un sector servicios en el que confluyen anacronismo y modernidad, configurando una estructura en la que se yuxtaponen servicios políticos y financieros derivados de la capitalidad, y servicios hipertrofiados en consonancia con el escaso dinamismo económico de la ciudad, cuyo ejemplo más convincente lo tenemos en el incremento desmesurado del servicio doméstico. Como contraste el resto de la provincia queda definido por su mero carácter de productor agrario para el autoconsumo y para drenar los excedentes hacia el abastecimiento de la ciudad.
LA DUALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE MADRID. ECONOMIA Y SOCIEDAD DE LA CAPITAL Y DE LA CIUDAD Hemos hablado de una dualidad entre la capital y el resto de la provincia. Sin embargo, este concepto de dualidad no se agota en la contraposición de las dos realidades geográficas antedichas. El mismo concepto cabe a la perfección para definir las dos realidades sociales y económicas que se yuxtaponen en la ciudad de Madrid, consecuencia del juego dialéctico entre pervivencia y cambio que acompaña a la crisis del Antiguo Régimen y al surgimiento de la sociedad burguesa en España. Una vez más damos al concepto un contenido estructural, aunque desde el punto de vista estrictamente social esta dualidad permanece perfectamente asentada en el desigual reparto del ingreso en la ciudad, marcado por la extrema bipolarización social. Madrid es la par capital y ciudad, en el complejo juego de tensiones y contradicciones que la difícil consolidación del sistema liberal impone en la España del siglo XIX. En otras palabras, la quiebra del sistema del Antiguo Régimen se resuelve en un proceso histórico en el que la consolidación de la sociedad de clases estructurada característica de la sociedad burguesa se dilata en el tiempo, por ello partimos del hecho de que es la época de la Restauración donde esta elite cristaliza y se homogeneiza. Sería excesivamente mecanicista plantear a la burguesía como un grupo social perfectamente conformado al compás de las transformaciones jurídicas que emergen en la era de Mendizabal y en sus alrededores cronológicos. Igualmente sería inexacto considerar a la vieja nobleza de cuna, como sumida en una situación de irreversible decadencia por las mismas fechas. La elite madrileña de mediados del siglo XIX no es enteramente burguesa, porque sus estrategias políticas y económicas no dejan de ser productos en los que confluyen anacronismos del pasado, pervivencias del Antiguo Régimen y elaboraciones clásicas de la sociedad burguesa; pero tampoco puede ser contemplada como mera ampliación del campo nobiliario, sacando fuera del contexto político la prodigalidad en la concesión de títulos nobiliarios de la que hizo gala el moderantismo español. Es decir, la elite madrileña perfectamente consolidada durante la restauración borbónica no es el fruto maduro de una continuada cooptación de nuevos elementos a las filas nobiliarias. Por eso nos apresuramos a señalar que la elite de la Restauración es el producto de la integración de grupos sociales que siguieron dinámicas diferentes pero convergentes a lo largo del siglo XIX. En segundo lugar, la definición de una elite económica madrileña topa con la especificidad de Madrid, o sea con la dualidad estructural y funcional de Madrid. Madrid es a la par capital y ciudad. Como tantas veces se ha insistido, Madrid es el centro de la toma de decisiones políticas, a pesar de que el estado actual de la cuestión permita poner límites a la capacidad centralizadora del Estado liberal del siglo XIX. De aquí se deriva una economía y una sociedad de la capital, con una naturaleza profundamente extrovertida, que se mueve más a impulsos del todo nacional que de una dinámica local. Pero la dualidad de Madrid también contempla a la ciudad, independientemente de la capitalidad, en la que predomina su carácter preindustrial. Es la ciudad de los oficios, donde junto al artesano propietario de sus medios de producción o al oficial que le acompaña en el pequeño obrador o en la manufactura más desarrollada, coexiste el comercio de estructura familiar, condicionado en su crecimiento por una estructura de la demanda aquejada de perpetuo raquitismo. De la ciudad no puede surgir una elite consistente, otra cosa será de la capital, a lo sumo se desprenderá una clase media mercantil que en función de la circunscrita expansión del comercio de lujo, asentada en la estructura del gasto de los grupos más pudientes, conseguirá desarrollarse a lo largo del siglo. En suma la ciudad, que no la capital, por lo menos hasta bien avanzada la Restauración, no es un cuerpo estructurado perfectamente en clases. Muchas veces las clases sociales quedan subsumidas en el concepto de pueblo, siendo fácil la sintonía ante determinados problemas económicos y políticos del artesano y su oficial, ambos partícipes de la ambigua ideología que Santos Juliá ha denominado como democracia artesanal; asimismo es fácil la sintonía de la clase media mercantil y sus subordinados ante situaciones muy concretas. Por eso a lo largo del siglo XIX, cuando estalla el conflicto es muy difícil una disección clasista del mismo. Y es que la ciudad es más industriosa que industrial, más rentista que burguesa, predomina más el comerciante sujeto a una estructura familiar que el empresario en sentido estricto. En resumen, por lo menos hasta los años finales del pasado siglo, la economía y la sociedad de la ciudad no responden a una estructuración predominantemente capitalista, porque los elementos de naturaleza preindustrial tienen una mayor carga definitoria que los nuevos signos de la sociedad clasista propia de las sociedades capitalistas, que apenas quedan esbozados en un núcleo urbano donde mendigos y criados son más numerosos que el obrero proletario. Incluso en los decenios finales del siglo cuando el reloj de la historia parece acelerarse, los conflictos sociales seguirán teniendo un carácter más gremial que interclasista, es decir, donde el conflicto social se encontraría más definido por su carácter de gremio contra gremio que de clase contra clase. MADRID CAPITAL DEL CAPITAL ESPAÑOL Si la economía de la ciudad se define por la quietud, en cambio la economía de la capital aglutina a los sectores y personajes más dinámicos. El mundo de los ferrocarriles, las finanzas, los servicios, la intermediación de Madrid en el mercado nacional, todo esto acumulado configura la economía de la capital, por lo general muy poco acoplada a la economía de la ciudad, y es que la economía de la capital es autónoma, cuando no independiente, de las limitaciones impuestas por la raquítica demanda procedente del mercado local. Así Madrid se constituye en capital del capital español, gracias a la confluencia de varios factores. Tradicionalmente, al menos desde que Madrid fue elevada al rango de capital de la Monarquía en época de Felipe II, la nobleza de cuna emigró al cobijo de la Corte. Si tenemos en cuenta que las bases de sustentación de las economías nobiliarias residen en la posesión de la tierra, y que este grupo social en su conjunto es el principal poseedor de tierras, tanto en forma de latifundios en Extremadura, Andalucía y La Mancha, como por acumulación de millares de fincas dispersas sitas en la Meseta Norte, deberemos de convenir que la presencia de la nobleza terrateniente en Madrid trajo consigo la canalización de un enorme caudal de rentas agrarias hacia la capital. Por ahora no nos interesa el destino final de tales rentas, sino la constatación de la importación a Madrid desde las provincias de ingentes cantidades de dinero provenientes de las rentas que pagaba el campesinado, bien a través de la tupida red de impuestos señoriales hasta 1836, o de relaciones contractuales, cada vez estipuladas en un espacio de tiempo más corto, desde 1836.
La tercera corriente de capitales encaminados hacia la capital proviene de las inversiones del capital extranjero durante la segunda mitad del siglo XIX, que engrosan las arcas del Estado, la construcción de los ferrocarriles y el sector minero. No es aquí ocasión de realizar un análisis detallado de estos flujos, ya que ha sido realizado suficientemente. Lo que sí interesa sin embargo, es señalar la vinculación de la elite madrileña al capital que viene del exterior. Esta elite jugó un papel de primer orden en la compra de títulos ferroviarios, aunque desde luego no tuvo ninguna iniciativa empresarial al respecto. Para la elite madrileña la compra de valores ferroviarios era una cuestión más especulativa que otra cosa y formaba parte de la cultura bursátil a la que tan aficionada era. También cabría indicar aquí, que parte de las inversiones exteriores en ferrocarriles, en puridad no corresponden a capitales extranjeros sino a capitales españoles que previamente habían emigrado a las bolsas de París y Londres, en busca de los codiciados títulos de renta francesa del 4 y 5% o del consolidado inglés. Igualmente otra parte del capital procedente de Francia o Inglaterra invertido en ferrocarriles o el sector minero provenía de Cuba, a través de un largo circuito que conectaba La Habana con Londres, dado que Gran Bretaña era el principal cliente europeo de azúcar cubana y que muchos comerciantes hispano-cubanos acabaran instalándose en Londres o París en el decenio de los 50 al socaire de los avances del librecambio. Un sector cualitativamente importante de la elite antillana terminará por integrarse en la elite madrileña durante la Restauración. En cuarto lugar, no puede olvidarse que uno de los instrumentos de consolidación de la elite madrileña, en lo que respecta a los grupos burgueses, es la compra masiva de tierras y bienes urbanos entre 1834 y 1880 a través de una doble vía: bien participando activamente en las desamortizaciones de Mendizabal y Madoz, o aprovechando la crisis económica de la nobleza de cuna y el consiguiente trasvase de propiedad inmobiliaria a manos burguesas. La elite madrileña de la Restauración acaba por convertirse en clase terrateniente. La resultante de este proceso es que en el Madrid de la Restauración se acentúa la concentración de rentas agrarias.
El último punto que tipifica Madrid como polo de atracción de capitales sería la recepción de capital antillano. Como en buena medida esta cuestión se ha convertido en una especie de fácil comodín explicativo, utilizado indiscriminadamente y sin suficiente base empírica, conviene efectuar alguna matización. Sobre todo situar a 1898 en su justo término. Con ello nos referimos a que el estado actual de nuestras investigaciones permite asegurar que el grueso del trasvase de capitales antillanos a España no tiene su epicentro ni mucho menos en aquel año. Y es que el año de 1898 se ha transformado en un sólido mito: no existe duda de que el golpe de la pérdida colonial amplificó el discurso arbitrista sobre los males del país, consolidando al regeneracionismo reformista, cuyas primeras formulaciones son anteriores a esta fecha. Pero desde el punto de vista del trasvase de capitales, 1898 es un lugar más de un amplio proceso temporal de transferencia de capitales a Madrid y al resto de España, cuyo máximo corresponde al período 1844-1885. En esta etapa arriban a Madrid capitales de origen antillano lubrificados por un doble fenómeno que permite establecer dos series temporales. Entre 1844 y 1870 aproximadamente, es decir desde la llegada de Juan Manuel de Manzanedo a Madrid y la intensificación de la guerra de los diez años en la colonia, la llegada de capitales cubanos corresponde fundamentalmente a beneficios y excedentes comerciales que escapan del ámbito cubano y buscan su colocación en Europa. En este sentido, ni Madrid ni el resto de España son los principales beneficiarios de una corriente dineraria salida de Cuba que más bien busca su aposento en áreas centrales del capitalismo mundial como Gran Bretaña, EE.UU. y Francia, proceso íntimamente ligado a la realización y distribución del azúcar cubano en dichos países. Todo ello era fruto del inacoplamiento económico entre el desarrollo limitado de la metrópoli y el enorme crecimiento de la economía azucarera cubana. El capital antillano transferido a España buscó acomodo preferentemente en los principales puertos de la fachada cantábrica, Barcelona, Cádiz y Madrid, dibujando dos estrategias económicas diferentes. Mientras que en las zonas portuarias la llegada de capitales estaba estrictamente ligada a las actividades comerciales y al deseo expreso de vincular tales áreas en el circuito triangular que relacionaba a Cuba con Gran Bretaña y España, con sus ramificaciones en EE.UU.. La recepción de capitales antillanos en Madrid buscaba ante todo la inversión refugio. Existe pues, una extraña conexión entre esos capitales antillanos y la economía de la capital, ya que Madrid no era ninguna pieza básica en las conexiones comerciales entre metrópoli y colonia. A partir de 1870 la transferencia de capitales antillanos a España y a Madrid es de naturaleza diferente. Ya no se trata únicamente de excedentes comerciales, sino del trasvase producido por la liquidación de patrimonios y activos de todo tipo por parte de la burguesía hispano-antillana. En este proceso tuvo especial importancia la conjunción de un elemento estructural y una coyuntura histórica muy precisa: la guerra de los diez años precipitó un trasvase que en último término venía explicado por la crisis de todo el entramado esclavista. Estos capitales se distribuyen geográficamente siguiendo la misma ruta que acabamos de exponer para el caso anterior, pero buscando aquí y allá más que nada la inversión refugio. Esa burguesía portuaria de origen español que había dominado durante decenios los resortes exteriores de la economía cubana, cuando se instale en Madrid comenzará a desarrollar unos comportamientos económicos cada vez más alejados de sus orígenes comerciales. El viejo comerciante pasa a convertirse en un burgués rentista. Por eso la presencia de capital cubano en Madrid se distribuye en un arco económico que se acomoda al máximo a las ofertas locales de inversión: Deuda Pública y adquisición de fincas urbanas son los dos principales polos de atracción de esos capitales. Por tanto, el hecho de que Madrid sea la capital del capital es causa y consecuencia a la par de lo que hemos denominado economía de la capital, que se diferencia de la economía de la ciudad por los objetivos que persigue, por los comportamientos económicos de nuevo cuño que imprime, y por los gestores y participes que la posibilitan y la conducen. La elite del Madrid de la Restauración es un producto social articulado en esta economía de la capital, que sólo está presente en la economía de la ciudad por la demanda que genera su consumo, bien de artículos corrientes o de lujo, y por la actividad inmobiliaria que desarrolla en Madrid y que posteriormente analizaremos. Esta elite reside en Madrid por ser la capital del capital español, pero también porque el fenómeno de la capitalidad genera un conjunto de expectativas y oportunidades para el ascenso social y económico. Es preciso insistir en una cuestión ya esbozada anteriormente. La línea interpretativa que hemos desarrollado sobre la dualidad de Madrid permite llenar de contenido la siempre espinosa cuestión de las relaciones que Madrid mantiene con el resto de España. Si en la capital tiende a concentrarse a lo largo del siglo XIX un porcentaje cada vez más creciente del ingreso nacional, encauzado por la elite económica que domina la economía de la capital, esto no quiere decir, ni mucho menos, que tal porción del ingreso quede esterilizada en el seno de la Villa y Corte, ni tan siquiera que la ciudad absorba estos flujos. La falta de acoplamiento entre la economía de la capital y la economía de la ciudad, ejemplificada por el hecho de que la elite económica esté escasamente vinculada a la economía de la ciudad, trae consigo una notable orfandad inversora en este último espacio económico. Madrid, pues, centraliza recursos de todo el país, pero no los absorbe en su propio desarrollo. En este aspecto cabría hablar del coste que la capitalidad tiene para la ciudad. Por otro lado, parece evidente que tampoco resulta apropiado ya para el siglo XIX continuar insistiendo en otro lugar común, el intercambio desigual que Madrid practica con el resto nacional, que si fue valido como variable explicativa aplicable al Antiguo Régimen, cualquier aproximación empírica, por epidérmica que sea, a la realidad económica y a las funciones que despliega Madrid, demuestra la inconsistencia del aserto para el siglo XIX. LA ECONOMIA DE LA CIUDAD. EL MUNDO DE LOS OFICIOS Y DEL COMERCIO DE ESTRUCTURA FAMILIAR Por todo lo dicho se comprende el raquitismo de la economía de la ciudad en contraste con la boyante situación de la economía de la capital. Si esta última reproduce como figura social hegemónica a la gran burguesía de negocios, la economía de la ciudad, en gran medida sometida a unos recursos limitados, apenas nutre a una clase media mercantil y artesanal. A lo largo del siglo XIX las actividades comerciales que desarrolla la economía de la ciudad se fragmentan en un amplio abanico de establecimientos de estructura familiar, sobre los que destacan el frágil entramado de comercios de lujo y almacenistas al por mayor. El bazar del gran comercio que empieza a tomar cuerpo en otros núcleos europeos como París o Londres, brilla por su ausencia en Madrid antes del siglo XX. Encargado de abastecer la demanda ciudadana y de asegurar las conexiones de la ciudad con el mercado interior y con el extranjero, el entramado comercial madrileño está mediatizado por la enorme bipolaridad observada en el reparto de la renta, que tiende a concentrarse en los enormes patrimonios de la elite alimentada por la economía de la capital. Tomando como base los datos proporcionados por Pascual Madoz es posible aproximarse a la estratificación del comercio madrileño, a mediados de siglo se evidencia el desproporcionado predominio del pequeño comercio de estructura familiar que representa el 51,4% del total. Los datos de la contribución industrial y de comercio de 1870 ofrecen una situación similar, perfilando una pirámide jerarquizada en tres segmentos. De un total de 6.519 contribuyentes, el 55% corresponde al pequeño comercio de estructura familiar; es decir, al clásico tendero, expendedor al por menor de los artículos de comer, beber, arder y vestir. Diseminado por todo Madrid, de hecho está integrado y forma parte de la ciudad popular a la cual abastece, compartiendo con ella las mismas penurias económicas que reducen el horizonte vital al sobrevivir de cada día. Los escalones intermedios de la pirámide agrupan al comerciante al por mayor y al comerciante al por menor de las calles más selectas; en total, el 30% aproximado de los contribuyentes. Son los propietarios de comercios estables, cuyo volumen de negocios les permite plantearse una expansión más o menos inmediata. En el vértice de la pirámide se sitúan el 15 por 100 de los contribuyentes. Son los almacenistas, corredores, agentes de negocios, prestamistas, es decir, la trabazón mercantil que asegura el ordenamiento del conjunto comercial. No olvidemos la importancia de la plaza de Madrid como punto de contacto con el resto del mercado nacional y con el exterior. A este respecto, Madrid se convirtió en una especie de escaparate de las actividades económicas nacionales, sobre todo a partir del ferrocarril. Buena muestra es la serie de exposiciones celebradas en Madrid durante la segunda mitad del siglo como la Agrícola de 1857, la de Minería y Artes Metalúrgicas de 1883 o la de Filipinas de 1887.
Si la revolución industrial del siglo XIX apenas rozó la epidermis de la economía española, qué decir de una ciudad como Madrid, en la que se acumulaban desajustes y carencias estructurales de todo tipo. Señalábamos en líneas anteriores -parafraseando a Santos Juliá- que Madrid era una urbe más industriosa que industrial. A lo largo de todo el siglo el producto industrial madrileño siempre se realizó en establecimientos artesanales, aunque a partir de 1860 sea visible la aparición en escena de algunas fábricas que merezcan tal denominación. Antes de esta fecha pretender que en Madrid surgiera cualquier embrión de despegue industrial se antoja como algo imposible. Sin recursos naturales próximos, con una inadecuada situación geográfica en un sistema ineficiente de transportes, sin agua y energía, la elite económica no promocionó ninguna iniciativa industrial en la ciudad ni en la provincia cercana, aparte la constitución de alguna sociedad industrial en el decenio de los cuarenta que no llegó a consolidarse. Por el contrario la elite económica madrileña si colaboró activamente en proyectos industriales fuera de la capital. Baste como ejemplo la participación de Pascual Madoz en la empresa catalana del textil "La España Industrial" y de Francisco de las Rivas y Ubieta, marqués de Mudela, como uno de los pioneros de la siderurgia vasca. Este segundo caso resulta todavía más significativo, si tenemos en cuenta que parte del dinero colocado en Vizcaya procedía de unas rentables operaciones inmobiliarias efectuadas en el Ensanche de Madrid. Ente 1800 y 1850, pues, el inmovilismo industrial caracteriza la trayectoria económica de Madrid. A lo sumo se denota algún incremento cuantitativo en el frágil entramado artesanal heredado del Antiguo Régimen. Rompen la norma los establecimientos bajo la protección del Estado que resuelven su producción en los niveles técnicos de la manufactura. Destaca de todos ellos la fábrica de tabacos, sin lugar a dudas la mayor concentración de mano de obra, mayoritariamente femenina, de todo el Madrid del siglo XIX.
A escala provincial la situación industrial del XIX reprodujo el esquema de la ciudad, acentuado el inmovilismo. Sin embargo, a partir de 1860 se observa la transferencia de algún establecimiento capitalino a pueblos de la provincia. Aunque a nivel cuantitativo el proceso parezca intrascendente, en el ámbito cualitativo la vida estrictamente rural de estos núcleos quedó alterada en profundidad. En el sector de la alimentación sobresalen dos grandes fábricas de chocolates: La Colonial de los franceses hermanos Meric, instalada en Pinto en los años setenta, empleaba a más de 200 obreros; la fábrica de Matías López, dotada de un moderno utillaje productivo, se trasladó a El Escorial en 1874, absorbiendo a 250 trabajadores. Las fábricas de papel de Manzanares y Morata de Tajuña completan el breve inventario de los fabricantes que abandonaron la ciudad estimulados por la menor presión fiscal, el reducido coste de la mano de obra y la ausencia de conflictividad social. En otro plano, el crecimiento urbano de la capital alentó la aparición de varios establecimientos dedicados a la producción de materiales de construcción en Alcalá de Henares y en Vallecas. Sería un craso error interpretativo analizar la estructura social de Madrid, y la conflictividad que en ella se produce, bajo parámetros válidos para núcleos industriales. Las relaciones sociales vigentes, por lo menos hasta los dos últimos decenios del siglo XIX, están determinadas por el fenómeno de la capitalidad que genera en última instancia una peculiar configuración social proclive a desarrollar tupidas redes de relaciones de clientela, de subordinación y dependencia. En Madrid se entremezclan la persistencia de formas y contenidos tradicionales de relación social procedentes del Antiguo Régimen en quiebra y la emergencia de nuevas formas características de la sociedad clasista en vías de lenta consolidación. La dualidad capital-ciudad determina en toda su extensión la estructuración del cuerpo social. En la cúspide de la pirámide toma asiento una elite económica compuesta por la nobleza de cuna y la burguesía de negocios. Se trata de un reducido grupo de 400 familias cuyo patrimonio global hemos estimado, a partir de las fuentes notariales, en 8.000 millones de reales a la altura de 1860-70; es decir, gozan de una situación económica inalcanzable para otros miembros de las burguesías españolas, ni tan siquiera la vasca o la catalana. Como ya hemos señalado es una elite afincada en Madrid por la atracción resultante de la capitalidad. La burguesía de negocios procede mayoritariamente de la fachada cantábrica y su primera presencia en la capital se detecta a finales del siglo XVIII con la llegada de los comerciantes-hidalgos, santanderinos y vascos, que desarrollaron sus actividades mercantiles en la Compañía de los Cinco Gremios Mayores y sustentaron el primer proyecto de Madrid como centro financiero a escala nacional. Durante el XIX y primer tercio del XX, nuevas oleadas de emigrantes norteños acabaron por consolidar a Madrid como capital del capital español. La nobleza de cuna, originaria de ambas mesetas y de Andalucía, dio su impronta al conjunto de la elite, aportando una serie de valores y pautas, todo un sustrato ideológico que cuadraba a la perfección con el proyecto moderado de poder en cualquiera de sus versiones. La evolución económica de la nobleza de cuna madrileña pasa por dos etapas claramente diferenciadas, separadas por la bisectriz de los años sesenta. Antes de esta fecha la situación es de crisis, y si cabe adjetivarla la denominaríamos estructural. Una espiral sin fin de deudas adquiridas a lo largo del siglo XVIII comprometen la viabilidad de los patrimonios nobiliarios durante la crisis del Antiguo Régimen, más si tenemos en cuenta las resistencias campesinas al pago de los derechos señoriales entre 1800 y 1840, y el cambio de coyuntura agraria con el descenso de los precios. Todo ello creó un bloqueo patrimonial que ayuda a explicar el apoyo de la gran nobleza a la causa liberal: no existía más alternativa de solución que la conversión de la propiedad amayorazgada en propiedad enteramente libre. Desde 1840 hasta 1860 la nobleza de cuna centró su dedicación al saneamiento de sus patrimonios, en la liquidación de las deudas. Algunas casas nobiliarias fracasaron en sus intentos, quebrando definitivamente Osuna, Salvatierra, Altamira..., otras lograron establecer un nuevo equilibrio económico, llevando a buen puerto sus políticas de saneamiento: Medinaceli, Alba..., que en lo fundamental consistieron en la enajenación de una parte de los activos patrimoniales, con la consiguiente transferencia de bienes a manos burguesas. Tal evolución ayudaría a explicar la ausencia de la nobleza de cuna en los sectores punta de la economía española a mediados de siglo. Los ferrocarriles, la Deuda Pública, el negocio bursátil o el inmobiliario no pudieron absorber capitales de la vieja nobleza, cuya intromisión económica corrió pareja al saneamiento patrimonial a través de una cuidada estrategia tendente a maximizar las rentas agrarias. Una vez saneadas las fortunas, el siguiente paso de la reconversión patrimonial llevó a la vieja nobleza a incorporar a su horizonte económico las nuevas ofertas de inversión alimentadas por la economía de la capital, incorporándose al mundo de los negocios extraagrarios desde principios del siglo XX.
Más allá de la cuestión económica lo más significativo de la nobleza de cuna es su capacidad para impregnar con su cosmovisión al conjunto burgués. Lo nobiliario echa raíces y crea unas expectativas que determinan el quehacer de los diferentes grupos burgueses. El triunfo en la vida, el éxito social por excelencia, la culminación de la carrera económica de la burguesía, reside en la obtención del título de nobleza. En este aspecto la nobleza de cuna en la España del siglo XIX es la más abierta de todas sus homólogas europeas. Asume en su interior, sin mostrar la menor resistencia, a lo más granado de la burguesía, sin que ello suponga reconvertir, al menos hasta finales de siglo lo substancial de su escala de valores. Se trata de un proceso de ennoblecimiento desarrollado desde los años treinta hasta el final del siglo, que alcanza sus inflexiones más significativas en los reinados de Isabel II y Alfonso XII. Hasta los años sesenta son las elites políticas y militares las más beneficiadas, mientras que en los decenios finales del siglo resulta notable la irrupción de la elite económica en las filas nobiliarias. Esta apertura de la vieja nobleza encuentra su fundamento en la propia lógica de la evolución del sistema liberal durante la anterior centuria; al fin y al cabo, este grupo social era uno de los pilares de sustentación del proyecto moderado de poder, sobre todo porque el papel activo jugado por la nobleza de cuna en la instalación del Estado liberal reforzó su posterior importancia política. Por otra parte, la revitalización y el rejuvenecimiento del escalafón nobiliario a través de la sucesiva incorporación de elementos burgueses, facilitó la consolidación de una compacta elite de poder en tiempos de la Restauración, forjada por la integración de la vieja nobleza y la burguesía recién ennoblecida. Si a mediados de siglo resultaba excepcional el entronque entre las grandes familias burguesas y el vértice nobiliario, a partir de los años setenta la articulación de ambos bloques se generaliza. A este respecto las políticas matrimoniales son la infraestructura que acentúa la concentración de fortunas y mezcla actitudes, comportamientos y hábitos con una singular dialéctica de ennoblecimiento-aburguesamiento que acaba por reformar la escala de valores. EL HORIZONTE DE LAS CLASES MEDIAS Por debajo de la elite económica se sitúa el abigarrado conjunto social que ha venido en denominarse clases medias. Su procedencia es muy diversa; engloba desde los empleados públicos a la clase media mercantil y al reducido círculo de la burguesía fabril, pasando por la mayoría de los miembros de la clase política, las profesiones liberales, y los pequeños y medianos rentistas, cuyo nivel de ingresos les aleja de la elite económica. Si tomáramos al pie de la letra los imprecisos datos censales, sin someterlos a la necesaria exégesis valorativa, obtendríamos una aproximación cuantitativa totalmente sobrevalorada que alcanzaría 50.000 familias aproximadamente a la altura de 1870 y a 80.000 familias a finales de siglo. Ahora bien, si utilizamos como primer criterio de definición la distribución del ingreso, sin que ello suponga el rechazo de las variables ideológicas, mentales y políticas, podremos diseñar un cuadro más representativo y acorde con la realidad. En primer lugar, es preciso insistir en la importancia del fenómeno de la capitalidad que incide de manera directa en la composición de estos grupos sociales. Precisamente en este marco encuentra sentido la cifra de 10.000 a 15.000 empleados de la Administración Pública, estatal, provincial y local, de la segunda mitad del XIX. Por término medio sus ingresos pueden estimarse en 7.000 reales anuales. Igualmente busca cobijo en la economía de la capital la cohorte de pequeños y medianos rentistas. Según los datos de procedencia notarial estimamos su número en 3.500 a 4.000 miembros a la altura de los años ochenta. Conforman patrimonios oscilantes entre los 500.000 reales y los cinco millones aproximadamente; es decir, disfrutan de unas rentas brutas anuales que se sitúan desde los 30.000 reales a los 300.000, cifra esta última que desde luego no estaba al alcance de muchos miembros de las elites económicas de otras provincias españolas, pero que en el contexto de la capital distaba mucho de las rentas acaparadas por la nobleza de cuna o la burguesía de negocios. La clase media mercantil y fabril desarrolla su dinámica más en el marco de la ciudad que en el de la capital. En 1870 su número se elevaba a unos 3.200 comerciantes y fabricantes y a finales de siglo a 3.500 aproximadamente, según los datos de la contribución industrial y de comercio. En su conjunto las clases medias representan, en la valoración más optimista una cifra máxima de 21.000 familias en 1870 y de 28.000 a finales de siglo, con unos ingresos globales al año estimados en 550 millones de reales para 1870, es decir una renta por familia aproximada de 26.000 reales que contrasta vivamente con la renta media por familia de la nobleza de cuna y la gran burguesía de negocios, situada por encima de los 120.000 reales. El análisis de las clases medias no queda agotado en el esbozo de su cuantificación. Tan heterogéneo ensamblaje originado por situaciones tan diversas era imposible que cuajase en una respuesta política, ideológica y mental unívoca; en un discurso unidireccional. No cabe, desde luego, la respuesta fácil que atribuye a las clases medias la orfandad de un discurso propio. Es evidente, y más en el caso madrileño, que las clases medias tienden a ser miméticas con respecto a las pautas de comportamiento burguesas y nobiliarias. Sobre todo cuando se cree a pie juntillas el mito del ascenso social, que el discurso liberal expande a los cuatro vientos y lo convierte en el "leit-motiv" justificativo de su existencia. Sin embargo las frustraciones se acumulan a lo largo del siglo. Las limitaciones en el acceso al estrecho vértice de la pirámide social madrileña quedan puestas de manifiesto por el desigual reparto del ingreso al hemos hecho referencia. En realidad, es en el propio seno de la elite económica donde funciona de forma más fluida el ascenso social por el ya aludido aperturismo de la nobleza de viejo cuño. Frustraciones que favorecen el repliegue de las clases medias a la esfera privada y la extensión de lo que podríamos denominar apoliticismo, expresado sobre todo en los decenios finales del siglo, en el que subyace la implícita aprobación del régimen canovista y la íntima convicción de que la paz social está asegurada después de las turbulencias del Sexenio Democrático. De todas formas, este apoliticismo conviene circunscribirlo cronológicamente a la época de la Primera Restauración, y desde luego no a la mayor parte de la clase política; este hecho, por sí solo, invalidaría apresuradas generalizaciones, aunque también cabría plantearse hasta qué punto esa clase política no generó una autonomía excesiva, que desembocó en la utilización de determinados discursos ideológicos en función de sus propios intereses, como grupo que protege al máximo sus canales de reproducción. Por otra parte, la versión madrileña del movimiento regeneracionista y las premisas arbitristas de él emanadas calaron hondamente en diversos sectores de las clases medias madrileñas, lo que pone coto a la utilización indiscriminada del término apoliticismo. Siguiendo con las matizaciones cronológicas habrá que valorar la bisectriz de 1868-74, que marca un antes y un después. Antes de 1868 la participación en política de clases medias es más activa. A este respecto conviene tener presente la entusiasta e interesada colaboración de amplios sectores de comerciantes madrileños a la causa liberal durante la primera guerra carlista. LAS CAPAS POPULARES. EL LENTO TRANSCURRIR HACIA LA CLASE OBRERA La base de la pirámide está configurada por un amplio y heterogéneo segmento social compuesto por 70.000 individuos a la altura de 1800 y de 120.000 a 130.000 en el último decenio del siglo. En principio podemos calificar tan abigarrado conjunto bajo la indeterminada denominación de capas populares, terminología ambigua que exige mayores matizaciones. Por lo dicho hasta ahora no es preciso insistir en la naturaleza preindustrial de la Villa y Corte. En este aspecto sus capas populares responden a una caracteriología diferente a la que ofrecen otros núcleos europeos de corte industrial como Manchester, Londres, Lyon o Barcelona. Por eso cualquier análisis interpretativo que no repare en esta diversidad estará condenado a unos resultados más ideales que reales. La ciudad de Madrid responde perfectamente a la tipología que utiliza Jan de Vries para los núcleos europeos preindustriales del Antiguo Régimen. Hecho importante que nos lleva una vez más a la cuestión ya debatida de hasta que punto las persistencias del Antiguo Régimen siguen reproduciéndose en el Madrid del siglo XIX. En la dinámica evolutiva de las capas populares madrileñas continúa actuando como variable determinante la dualidad entre capital y ciudad. La capital desarrolla un sector servicios, en gran medida hipertrofiado, donde encuentra acomodo parte de este grupo social en el mundo del servicio doméstico y en sus aledaños. La escasa industrialización de una ciudad industriosa, pero en la que los embriones de una revolución industrial se resisten a germinar absorben al resto de las capas populares, cuyo norte vital se resuelve en un doble plano: el mundo de los oficios, en el que el individuo permanecerá hasta el fin de sus días, en donde la estabilidad toma cuerpo en las consecuentes relaciones de dependencia y subordinación respecto del maestro y patrón; y el mundo de los jornaleros, proclive a la provisionalidad, al desempleo y a la cultura de la pobreza, que a veces confunde al trabajador en paro con el mendigo voluntario. Por último, resta señalar a una amplia franja de población flotante, que se mueve en los cauces de la marginalidad al amparo de la beneficencia y la caridad, son los mendigos, las prostitutas, los vagos y maleantes que inundan las calles de Madrid, forjando la imagen tantas veces repetida de las gentes del mal vivir. Esta primera matización que hace referencia a la población flotante madrileña es de suma utilidad y refleja nítidamente la enorme contradicción de una ciudad que crece a base de contingentes poblacionales de provincias, pero que es remisa a la hora de conceder la carta de vecindad, generando un binomio atracción/repulsión que la diferencia de los núcleos urbanos en proceso de industrialización, siempre hambrientos de mano de obra. El vigilar, castigar, corregir en el Madrid de la anterior centuria se saldaba con la expulsión del jornalero parado, mientras que en los núcleos industriales la cuestión se resuelve insuflando el espíritu de trabajo al individuo díscolo. El espectro social de estas capas populares permanece prácticamente inalterable a lo largo y ancho del siglo XIX. Estabilidad apenas rota por la veintena de establecimientos industriales que trascienden el estadio artesanal y que dan empleo a unos 2.500 obreros aproximadamente. En 1884 estas capas populares se aglutinan, desde el punto de vista cuantitativo en tres espacios de imprecisas fronteras. El servicio doméstico, en sentido estricto, atrae a 5.866 varones y 27.913 mujeres, 2.605 porteros y a 1.793 cocheros. Los trabajadores sin cualificar quedan englobados bajo el calificativo de jornaleros, 25.574 varones y 1.619 mujeres, de raigambre campesina, pero cuyas funciones urbanas son difíciles de establecer: obreros de la construcción un día, mendigos involuntarios al siguiente; viven de jornal y limosna. El mundo de los oficios está surtido por un conglomerado de 9.241 maestros, 23.041 oficiales y 3.453 aprendices. Es el mundo laboral más estable, orgulloso del trabajo manual bien hecho, receloso del vapor, y en donde las relaciones de dependencia encuentran caldo de cultivo en la proximidad entre trabajador y patrón, en unas relaciones que huyen de lo impersonal favorecidas por el contacto diario y por la comunión de intereses y preocupaciones, en la medida en que la suerte de ambos estaba inextricablemente unida a los avatares de la coyuntura. Es en este fragmento donde el Partido Socialista echara raíces a partir de 1879, impregnándose de la conciencia gremial que caracteriza a los trabajadores del mundo de los oficios, cuya cosmovisión se trasladará miméticamente a los comportamientos y actitudes de los socialistas madrileños, encontrando traducción en la escala de valores de éstos. El resto del elemento popular se fragmenta en el ámbito comercial, cuyo eje predominante son los dependientes de comercio con 4.565 varones y 105 mujeres, generalmente vinculados por lazos familiares con los dueños de los establecimientos, en una versión más de las relaciones de subordinación. En conjunto, hemos estimado los ingresos anuales de estas capas populares a finales del siglo XIX, a partir de las diferentes realidades salariales, en unos 360 millones de reales, cantidad siempre inferior al ingreso de las 400 familias que componen la elite económica de Madrid.
La formación de la clase dominante de la nueva sociedad burguesa no se circunscribe exclusivamente a las grandes fortunas o los grandes núcleos urbanos, centros del poder político y económico. Por el contrario, las nuevas relaciones sociales y los cambios económicos, políticos y jurídicos que afectaron al conjunto de la estructura social, ejercieron una profunda influencia en la sociedad rural decimonónica. El estudio del proceso de formación de la elite de poder en la provincia de Madrid, excluida la capital, nos revela como los cambios estructurales, en las relaciones sociales y en el modelo productivo que se producen en el ámbito estatal, atraviesan el conjunto de la estructura social modificándola profundamente. Durante los primeros decenios del siglo XIX encontramos unas elites de poder local en la provincia constreñidas por las relaciones sociales y el modelo de acumulación procedentes el Antiguo Régimen, todavía hegemónico en el agro madrileño. La vinculación de la tierra, la importancia y extensión de las propiedades de la Iglesia, la nobleza, la Corona y de los Propios y Comunes en la provincia van a actuar como una rémora importante en el despegue del proceso de formación y consolidación de las elites locales, que a la altura de los años setenta del pasado siglo van a ejercer el dominio económico, político y social en la provincia. Dos serán los principales elementos estructuradores de la elite de poder en el agro madrileño en el período comprendido entre 1837 y 1874: las desamortizaciones y la nueva configuración del poder municipal fruto de la revolución jurídica y política inaugurada en 1834 con la quiebra de la monarquía absoluta. Las razones del raquitismo de la elite de poder local a principios del siglo XIX se explican además de por las dificultades para la expansión de los patrimonios de las clases propietarias locales, debidas a la vinculación de la tierra y la permanencia de ésta fuera de los circuitos del mercado, por el serio obstáculo que suponía la extensión de las propiedades de la Iglesia y la nobleza, y en menor grado de los Propios y Comunes, así como por la existencia del señorío jurisdiccional a la hora de ejercer el poder social y político por parte de los campesinos acomodados, al sustraer de su control directo a importantes sectores de las poblaciones locales. El proceso desamortizador supuso en la provincia de Madrid una profunda alteración de la estructura y de los usos del agro madrileño. Para hacerse una idea de la magnitud de las desamortizaciones baste señalar que sólo en los municipios de Alcalá de Henares, Ajalvir, Camarma del Caño, Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Daganzo de Abajo, Meco, Paracuellos, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz fueron subastadas entre 1836 y 1873 32.500 fanegas, de las cuales 12.488 correspondieron a la desamortización de Mendizabal y 19.924 a la de Madoz. Tres grupos sociales fueron los beneficiarios en la provincia de Madrid: la burguesía urbana madrileña, los intermediarios y especuladores y, por último, aquellas personas que residiendo en el término municipal aprovecharon la compra de bienes desamortizados para crear, ampliar o consolidar sus patrimonios. Es este último grupo el que aquí nos interesa, integrado por campesinos acomodados de la localidad, pequeños y medianos propietarios e importantes arrendatarios de fincas pertenecientes a la Iglesia, la nobleza y la Corona, junto a ellos aparecen los miembros pertenecientes a las profesiones liberales y cargos públicos de cierta relevancia en la sociedad rural de la época (notarios, abogados, secretarios de Ayuntamiento, cargos administrativos de nivel medio, ...), que así afianzan su posición económica y política en sus respectivas localidades, convirtiéndose en importantes terratenientes locales y formando el núcleo de la nueva elite de poder local a la altura de los años sesenta-setenta del pasado siglo.
Si en el norte provincial la propiedad eclesiástica era reducida no ocurría lo mismo en el Este. El hecho de que Alcalá de Henares fuese sede obispal, dependiente del Arzobispado de Toledo, explica la importancia de las propiedades eclesiásticas en la zona. Entre 1836 y 1868 se subastaron 6.537 fanegas de procedencia eclesiástica sólo en el término municipal de Alcalá, la cuarta parte de la superficie total del mismo. En los municipios de Alovera, Camarma de Esteruelas, Torrejón de Ardoz y Meco, la propiedad eclesiástica rondaba, cuando no superaba, el 50% de la superficie del término, caso extremo es el de Camarma del Caño prácticamente en manos de la Iglesia alcalaína, y ya sin llegar a estos límites la propiedad eclesiástica es importante en Ajalvir, Daganzo de Arriba, Daganzo de Abajo, Fontanar, etc. Otro gran propietario de la zona es la Universidad Complutense y sus Colegios Mayores dependientes, con importantes propiedades en Ajalvir, Daganzo de Arriba, Camarma del Caño. En segundo lugar, figuraba la propiedad nobiliaria, en la que la Casa de los Mendoza ocupaba un lugar preeminente. De sus ramas destacan como propietarios la Duquesa del Infantado y de Pastrana, con propiedades en Azuqueca; la casa de los condes de Coruña, señores de Daganzo de Arriba, que además del señorío poseían la heredad del Manzanero de 940 fanegas y 148 fanegas en Camarma del Caño; el marqués de Valmediano, también de la casa de los Mendoza, era el señor jurisdiccional y territorial de todo el término de Fresno de Torote, que formaba un coto redondo de 6.846 fanegas; el marqués de Mondejar, de la misma familia, poseía en Azuqueca 1.066 fanegas y media, y los marqueses de Salinas. Otras casas nobiliarias propietarias en la zona son el duque de Medinaceli con una casa-palacio y 655 fanegas en Paracuellos; el duque de Osuna en la Alameda de Osuna; el marqués del Campo y del Valle y el vizconde de Palazuelos, en Alovera; el marqués de San Vicente, en Daganzo de Arriba; el vizconde de las Torres de Luzón, en Daganzo de Abajo; el señor de Camarma de Encina, en las Camarmas; los condes de Humanes, en Humanes, y otros nobles que no vienen al caso mencionar por la menor dimensión de sus dominios. Las propiedades reales en la zona este de la provincia resultan por el contrario de escasa entidad, en contraste con el norte madrileño, salvo en el caso de San Fernando de Henares donde los bienes de la Corona ascendían a 858 Has. Finalmente, la propiedad comunal constituía el tercer gran grupo, con porcentajes que oscilaban entre un 5 y un 20% de la superficie de los términos municipales según los casos. De los datos del Catastro de Ensenada (1751-1753), estudiados por Josefina Gómez Mendoza, se desprende que en el Este el paisaje agrario venía marcado por el predominio del cereal, alrededor del 75% de la superficie cultivada, mientras el viñedo a principios del siglo XIX ocupaba una posición muy secundaria, un 6,8% aproximadamente y el olivar y el regadío prácticamente no existían. La zona es, por tanto, un área cerealícola volcada en la producción con destino al consumo de la capital. La escasa dimensión de la superficie no cultivada en la campiña del Henares, alrededor del 17,3% del total repartida en pastos, monte bajo y yermos, indican la importancia de la agricultura en la zona. Estos mismos datos hablan por sí mismos de la preeminencia del cereal y de la posición secundaria de la ganadería en contraste con el norte provincial. Dentro de la especialización cerealícola, destaca el trigo sobre las demás especies con diferencia en cuanto a superficie cultivada, seguida de la cebada y a considerable distancia la avena y el centeno. La producción de pan destinada al consumo de la capital, Alcalá y Guadalajara es pues la que determinaba el uso del suelo. El viñedo se encontraba concentrado fundamentalmente en los municipios de Alcalá, Meco, Yunquera, Daganzo de Abajo y Torrejón. El sistema de cultivo que predominaba de forma absolutamente mayoritaria es el cultivo extensivo, en donde sólo en las tierras de primera calidad se realizaba bajo la práctica del barbecho semillado de leguminosas. Resulta evidente, pues, la importancia que tuvo la desamortización en esta zona, tanto la eclesiástica de Mendizabal como la civil de Madoz, que transformaron radicalmente la estructura agraria del Este provincial. Sobre todo en lo referente al cambio de titularidad de la propiedad de la tierra, con la irrupción de la burguesía urbana madrileña como gran propietaria agraria, y el ascenso social y económico de los campesinos acomodados y cargos públicos de la zona convertidos en importantes terratenientes locales. A ellos se unen los cambios en la extensión de la superficie cultivada y de los usos del suelo, con la ampliación del viñedo. Las transformaciones agrarias trajeron consigo la alteración del entramado social en el territorio oriental de la provincia de Madrid. En primer lugar es de destacar, tal como ocurriera con el norte provincial, la concentración de la propiedad en manos de un reducido grupo de compradores, siguiendo una tónica que es general para toda la provincia. El 12,2% de los compradores conocidos acapararon el 62% de la superficie desamortizada. La principal beneficiaria fue la burguesía urbana madrileña que se convierte en uno de los principales grupos terratenientes del país, destacan en la zona Vicente Bertran de Lis, en Alcalá (con 1.782 fanegas adquiridas entre las dos desamortizaciones); la marquesa de Castelvecchio y el marqués de Morante, en Alcalá; la familia Pignatelli, originaria de Aragón, en Torrejón; la familia Garcini en Paracuellos; José Arpa, originario de Alcalá pero residente en Madrid; Antonio Collantes, en Paracuellos con 2.731 fanegas; Ramón Pasarín y Lastra, diputado por Pastrana y propietario de 981 fanegas en esta localidad; Juan Manuel de Manzanedo en San Fernando de Henares, son algunos de los casos más sobresalientes. Como era de esperar, el segundo grupo beneficiario estaba constituido por los campesinos acomodados a los que hemos hecho referencia anteriormente, que con la desamortización se convertirán en importantes terratenientes locales. Son los casos de las familias Azaña, Casado, Caterineu, Huerta en Alcalá de Henares; los Ahijar y los Godín en Daganzo; los Sanz, los Lucas, los Larrazábal y los Alonso Gasco en Meco. Grupo social de procedencia diversa, pero que a partir de estas fechas encuentra coherencia en su papel preeminente en la sociedad rural, conformando una nueva elite de poder local, que reforzará su control mediante una política de entronque matrimonial entre las distintas familias que la componen, y el monopolio del poder municipal, donde ostentaran de manera continuada la alcaldía de sus respectivos municipios.
Por último, en este esbozo de la realidad social y económica de la provincia durante el siglo XIX, nos resta hablar del Suroeste provincial. El cultivo extensivo del cereal de secano era hegemónico en la zona. La superficie dedicada al mismo sobrepasaba el 90% del total cultivado. Conforme nos acerquemos al noroeste provincial, una vez atravesado el camino hacia Extremadura, el monte bajo será cada vez más importante, dada su proximidad al sistema montañoso de la Sierra madrileña. La mala calidad de muchas de las tierras subastadas en la zona hizo difícil su remate, quedando en muchas ocasiones "sin postor". En Getafe, Salvador Merlo, Esteban Pingarron y Francisco Villalón fueron los mayores compradores de tierras durante la desamortización de Madoz, su bajo precio en el remate nos indica tanto la escasa dimensión de las fincas subastadas como la mala calidad de las tierras en general. En Navalcarnero la desamortización de Mendizabal fue aprovechada por cuatro personas Antonio Carriles, José Velasco, Pedro García y José María Monreal. Las ventas de tierras fueron mucho más importantes en la desamortización de Madoz, en donde junto a dos intermediarios madrileños: Manuel N. Zamora y José García Biescas, que acapararon numerosas tierras subastadas, participaron activamente otros vecinos de la localidad como Carlos Grasi y Martín Ureña. Mientras en Arroyomolinos José Máximo Pérez se hacía con la mayoría de los Propios del término municipal, y en Leganés, Ildefonso Braña, Luis Fernández e Ildefonso Madrid aparecían como los mayores compradores de la localidad. En Parla las compras de bienes procedentes de la desamortización de Mendizabal fueron acaparadas por Epifanio Esteban que compra por valor de 316.000 reales, convirtiéndose en uno de los más importantes propietarios de la comarca (compra en Parla, Casarrubuelos y Cubas) y la familia Bermejo adquiere tres fincas por valor de 246.000 reales en la localidad, patrimonio rural que continuaron incrementando en época de Madoz, hasta convertirse en los principales terratenientes del municipio. Otras familias que participaron en la desamortización de Madoz son los Asenjo, los Alonso, los Bello, los Hurtado, los Sacristán y los Ocaña.
Las transformaciones en la estructura de la propiedad de la tierra y en estructura social del campo madrileño acaecidas entre 1834 y 1876 se mantendrán constantes a lo largo de la Restauración, sobrepasando la divisoria de los años treinta, y adentrándose en los primeros lustros de la dictadura franquista hasta el desarrollo industrial registrado por Madrid a partir del Plan de Estabilización de 1959. Sólo en aquellos municipios próximos a la capital como Barajas, Canillas, Canillejas, Carabanchel Alto y Bajo, Chamartín, Fuencarral, Hortaleza, Vallecas, Vicálvaro o Villaverde, la situación experimentó transformaciones sustanciales antes de esa fecha. Las razones de estas alteraciones vienen determinadas por el propio hecho de su proximidad a Madrid, el crecimiento de la capital terminó por incorporarlos al extrarradio de la misma, lugar de expansión del crecimiento de la población y de localización industrial, durante el primer despegue fabril de Madrid registrado en el primer tercio del siglo XX. Las expectativas creadas por un próximo cambio de usos del suelo condujeron a sus propietarios a abandonar el cultivo de la tierra en espera de su conversión en suelo edificable o industrial. En el caso de Villaverde su posición estratégica en los primeros tendidos ferroviarios de Madrid, el ferrocarril Madrid-Aranjuez y el Madrid-Extremadura, favoreció la pronta instalación de industrias metalúrgicas ligadas al mismo, tales como los talleres de reparación de la Sociedad de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y a Portugal y del Oeste de España. Por otra parte, el tendido ferroviario hizo que se transformasen en fábricas antiguos tejares como la cerámica Norah y la María Paz-nueva cerámica, amén de la ubicación de otras manufacturas: tres constructoras de carros, dos fábricas de harinas, cuatro herrerías y una fábrica de electricidad, todas ellas antes de que finalizase el siglo. MADRID, POLO DE ATRACCIÓN DE LA INTELECTUALIDAD ESPAÑOLA
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Podría argumentarse que la dualidad
que acabamos de perfilar no es un hecho exclusivo de la provincia de Madrid. Sin embargo,
en el caso que nos ocupa tal dualidad no viene explicada por la lógica de un nacimiento
desigual capitalista de la ciudad y su entorno. No es el caso de una ciudad en proceso de
industrialización que obliga a su hinterland más o menos próximo a especializarse
económica y socialmente, pero siempre recibiendo abundantes estímulos del núcleo
central. Con ello no queremos repetir para el siglo XIX el esquema que hemos sacado a
colación para el Antiguo Régimen. Es visible que durante el siglo XIX la ciudad de
Madrid ralentiza esa especie de absoluto intercambio desigual que había practicado
durante los siglos XVII y XVIII. A lo largo del siglo XIX la capital se convierte en una
pieza básica en la conformación del mercado nacional, modernizando sus funciones
financieras y acentuando su papel de centro intermediario. Así Madrid establece un
intercambio de recursos más equilibrado con el contexto nacional, situación muchas veces
relacionada con la procedencia geográfica de la elite económica madrileña, que dirige
parte de sus excedentes hacia sus lugares de origen o hacia aquellas zonas en las que se
presentan sustanciosas oportunidades de inversión. Es el caso, por poner un ejemplo del
marqués de Mudela cuyos excedentes agrarios obtenidos del vino manchego se dirigen hacia
los seguros valores bursátiles o el negocio inmobiliario madrileño, que posteriormente
son canalizados hacia la industria siderúrgica vasca. Madrid actúa, pues, durante el
siglo XIX como el centro racionalizador y redistribuidor de gran parte del excedente
nacional, y de este esquema el resto de la provincia de Madrid apenas participa. Es muy
limitado el drenaje de recursos desde Madrid a su provincia. 
Si algún individuo caracterizado
de la elite madrileña como el marqués de Manzanedo participa activamente en la
explotación agraria del valle del Jarama, es más la excepción que la regla y no
compensa la absorción de recursos que la ciudad realiza en su entorno más o menos
próximo. Puede decirse que desde Madrid se proyecta hacia la provincia un doble haz de
estímulos, positivos y negativos. El estímulo positivo residiría en el sector agrario.
El crecimiento demográfico de la ciudad posibilita un crecimiento agrario, más efectivo
a partir de las desamortizaciones, en función del abastecimiento de la gran urbe, que sin
embargo tiende a aprovisionarse de regiones situadas más allá de su provincia. Se trata
de un crecimiento agrario de corte extensivo que no excluye el cambio de cultivo, buscando
una especialización más definida, baste como ejemplo por ahora el caso de la campiña
del Henares con la relativa extensión del viñedo, o el impulso de este último cultivo
en las zonas de Vicálvaro, Arganda y Chinchón. Desde el punto de vista social el mayor
crecimiento agrario tiene su contrapartida en la expulsión de población hacia la
capital, causa y efecto del estancamiento demográfico, fruto del nuevo marco de
relaciones que establecen las desamortizaciones, especialmente la de Madoz con la venta de
Propios y Comunes. El principal estímulo negativo que la ciudad de Madrid proyecta a lo
largo y ancho de la provincia radica en el propio hecho de la capitalidad. La
especificidad del tipo de servicios que se desarrollan en la capital da lugar a la
castración de todo posible desenvolvimiento funcional de la provincia más allá del
aspecto agrario. Los núcleos urbanos que tuvieron un cierto desarrollo en siglos
anteriores, como es el caso de Alcalá de Henares, verán cortado de raíz todo posible
desarrollo urbano. Subordinados respecto de la capital acabarán por perder
definitivamente en el siglo XIX su crecimiento autónomo, funciones que antes les eran
propias serán absorbidas por Madrid, es el caso de la Universidad Complutense trasladada
en 1836 desde Alcalá de Henares hacia Madrid, quedando inmersas en un proceso de
ruralización y estancamiento del que no saldrán hasta bien avanzado el siglo XX, en el
que su desarrollo urbano, industrial y demográfico estará en función del desmesurado
crecimiento del área urbana madrileña. Podría utilizarse un argumento excesivamente
simple fundamentado en un análisis meramente cuantitativo basado en la epidermis de lo
hasta aquí explicado: si existe estancamiento demográfico en la provincia y
paralelamente se da un incremento agrario, aunque sea de naturaleza extensiva, el
resultado será un incremento del ingreso per cápita. De este fácil silogismo
cuantitativo puede desprenderse la idea de un rápido crecimiento del resto provincial con
respecto de la capital, invirtiendo el orden de factores con que nosotros hemos elaborado
nuestra interpretación. Sin embargo, la realidad no hace sino hablar del estancamiento
del resto provincial, la razón estriba en que el incremento agrario resultante del
proceso desamortizador fue capitalizado fundamentalmente por la burguesía madrileña, o
en su defecto por los sectores más pujantes de las elites locales de la provincia que
trasladarán su domicilio a la capital conforme su nivel de fortuna se lo permita, de esta
manera los excedentes agrarios extraídos serán dirigidos a la capital y no encontrarán
traducción en la economía provincial, acentuando el proceso de estancamiento.
Además, en Madrid funciona la
Bolsa desde 1831. Fenómeno que posibilita la recepción en la capital de una corriente de
dinero que busca acomodo en los valores bursátiles, utilizando precisamente como
intermediarios a individuos de la elite madrileña, muchos de los cuales desarrollan la
actividad de "comerciantes capitalistas". Por lo menos hasta bien
entrada la Restauración el título más negociado en la Bolsa de Madrid era el papel de
la Deuda Pública. En este sentido, la crisis secular de la Hacienda estatal nutre a la
Bolsa, y a quienes buscan colocación en ella para su dinero. No nos extrañe que un
porcentaje, más o menos variable según la coyuntura temporal pero siempre apreciable, de
los patrimonios de la elite madrileña esté compuesto por títulos de la Deuda Pública
en su variada gama. Así, la crisis hacendística juega un papel que no debe ser reducido
a la simple explicación catastrofista de que el limitado crecimiento español del siglo
XIX estuvo determinado por los enormes recursos que absorbía el Estado, en función de la
lógica de su espiral deudora, detrayéndolos de la iniciativa privada que supuestamente
habría realizado una utilización más productiva de esos recursos. Habría que
considerar, también, la intervención económica del Estado financiando obras públicas,
léase carreteras o subvenciones ferroviarias. En suma, aunque aceptemos, en el caso
extremo, que el Estado esteriliza recursos por la dinámica de su endeudamiento, no cabe
duda alguna de que la Deuda Pública y su entorno, constituyó uno de los principales
factores de consolidación económica de la elite madrileña. Esto no debe presuponer que
apliquemos apresuradamente el calificativo de improductiva o inmóvil a la elite
madrileña, forjada en la economía de la capital, por su afición a los valores seguros,
a los valores refugio, en vez del riesgo empresarial; ante todo la elite económica de la
capital se guiaba por las expectativas de rentabilidad procedentes de una estructura
limitada en su crecimiento. Es decir, se adecuaba a las ofertas de inversión
predominantes en el mercado.
En definitiva, la comparación de los datos fiscales de 1847 y 1870
demuestran la quietud de la economía de la ciudad. El pequeño comercio continúa inmerso
en estructuras minifundistas, en consonancia con la fragilidad de la demanda de las capas
populares, cuyos reducidos ingresos per capita tienden a perpetuarse por lo menos hasta
1880, momento a partir del cual se detecta un ligero despegue que ira consolidándose en
decenios posteriores. Sin embargo, otros segmentos comerciales inician un proceso de
renovación al amparo del ferrocarril, que posibilita la expansión más allá del mercado
local para los comerciantes más dinámicos. A finales de siglo la estructura comercial de
la ciudad se nos presenta bifurcada en dos conjuntos claramente diferenciados que
responden a realidades sociales y económicas diferentes.
En la segunda mitad del siglo la
llegada del ferrocarril y el aumento demográfico impulsan el nacimiento de los primeros
establecimientos que van más allá del estadio artesanal, por el número de trabajadores
que absorben y por los nuevos criterios de división del trabajo. De todas formas, son
casos aislados que salpican diversos sectores caracterizados por la baja tecnología y la
producción destinada al gran consumo, o aquellos sectores tributarios del mundo de la
construcción o del editorial. Estos embriones de modernización industrial son promovidos
por individuos de la pequeña burguesía local, generalmente de origen vasco, catalán y
francés, sin apenas vinculación con el sistema artesanal anterior. Baste señalar que
sólo dos industriales del Madrid de la centuria pasada lograron alcanzar un patrimonio
similar en cuantía a los de la elite burguesa de negocios: Matías López, fabricante de
chocolates, ennoblecido con el título de Casa-López, y Abelardo López Almansa,
propietario de la gran imprenta del Paseo de San Vicente, ambos con una fortuna superior a
los veinte millones de reales. Insuficiente tejido industrial para una ciudad que en las
proximidades de los años ochenta superaba los 400.000 habitantes. El producto fabril
local se elevó a cotas más estimables, sin que ello pudiera compensar el enorme déficit
industrial de una ciudad que básicamente intercambiaba en el mercado nacional servicios
mercantiles y políticos a cambio de productos industriales y alimentos. En 1885
funcionaban en Madrid solamente 106 máquinas movidas por el vapor y el gas, que
desarrollaban una fuerza de 1.120 caballos, sin contar la maquinaria de los talleres del
ferrocarril del Mediodía, donde trabajaban 700 obreros. En suma, en los decenios finales
del siglo, la producción industrial seguía inmersa en las estructuras artesanales; es el
mundo de los oficios que en 1884 alimentaban a 9.193 maestros y 22.556 oficiales, es
decir, 2,45 oficiales por maestro. No obstante, por aquellas fechas ya se dejaba entrever
en el horizonte el cambio de rumbo industrial. La aparición de las primeras empresas
eléctricas, todavía ajenas al capital financiero, y con un alcance muy limitado,
anuncian el despegue del primer tercio del siglo XX.
Si bien hemos hablado de la
ambigüedad del término capas populares, como hemos tenido ocasión de ver es el concepto
más apropiado para referirse a la base de la pirámide social. En los dos primeros
tercios del siglo XIX las relaciones de subordinación y dependencia que hemos mencionado
se constituyen en el elemento mediatizador de las relaciones sociales del Madrid de la
época. Conviene explicar lo que entendemos por relaciones de subordinación, con ello nos
referimos a los vínculos de clientelismo, dependencia y prácticas paternalistas que la
Corona, la nobleza, el clero y la elite burguesa ejercieron a lo largo del siglo,
configurando un código de conducta rígido en el que cada elemento del cuerpo social
ocupa su lugar establecido de antemano. La estabilidad social sólo se rompe en
ocasiones límites, alterando coyunturalmente su regular funcionamiento, hasta que la
misma dinámica de esas relaciones de subordinación restablece el equilibrio. Sin
embargo, estas relaciones de subordinación procedentes del Antiguo Régimen, aunque son
dominantes en la primera mitad del siglo entran en lenta decadencia irreversible en la
segunda mitad del mismo. El continuado incremento demográfico madrileño acabó por
cuartear los fundamentos de este tipo de relaciones. Las espitas de la beneficencia y la
caridad, que habían actuado como diques de contención del conflicto social, no darán a
vasto para asegurar la estabilidad social, se multiplican las bocas a alimentar y los
recursos permanecen estancados. La crisis del Antiguo Régimen había traído consigo el
desmoronamiento de la vieja estructura de la Beneficencia clásica, su sustitución por un
nuevo tipo de Beneficencia ligada al Estado y al poder municipal pretendió reproducir el
esquema indefinidamente, pero las nuevas condiciones sociales de la ciudad lo hacían
inviable a medio plazo. 
En definitiva, unas capas populares integradas por un compacto
conjunto de grupos sociales, que en su vértice llega a incorporar al pequeño artesano y
al tendero. Su comportamiento político quedó circunscrito en un largo período de tiempo
bajo el concepto de pueblo. Antes del Sexenio Democrático el conflicto social en
Madrid se dirime en un ámbito externo al enfrentamiento capital-trabajo. Son el motín de
subsistencias o la oposición a las quintas las dos formas más repetidas de rebeldía
popular. En el plano estrictamente político, un sector de estas capas populares tiende a
engrosar las filas de las corrientes democráticas del progresismo español, siendo los
protagonistas efectivos del fenómeno social de las barricadas madrileñas. En 1854 el
censo de los participes en el movimiento popular que acompañó a la Vicalvarada, y que en
gran medida condicionó el triunfo del pronunciamiento, muestra la presencia activa del
mundo de los oficios en las calles de la ciudad. Pero la inmensa mayoría de estas capas
populares sujetas todavía a las relaciones de subordinación antes comentadas permanecen
en un estado de pasividad, sólo alterado cuando el precio del pan se dispara.
Consideramos a 1866 como una falla estructural en el proceso de la toma de conciencia.
Quizás por primera vez en la historia madrileña los vivas a la República
resonaron en las estrechas e irregulares calles y callejuelas de los barrios del sur de
Madrid. Era importante el desmoronamiento del mito del buen monarca, que
paternalmente escucha las lamentaciones de sus súbditos populares. Mito que tan bien
había ejemplificado Isabel II tan apegada a este tipo de mensajes paternalistas, y a
mostrar pautas de comportamiento que sectores de las capas populares reconocían como
propias. A lo largo del Sexenio Democrático el ideal republicano comienza a tomar cuerpo
en el ambiente popular madrileño, calando con mayor intensidad que los principios
programáticos de la recién llegada Internacional. Al fin y al cabo el republicanismo
federal en Madrid trajo consigo el primer ensayo organizativo del mundo de los oficios
sobre la base de un mensaje proclive a sobrevalorar un universo social compuesto por
pequeños productores, ideal que encuentra un campo abonado en las condiciones
estructurales de la ciudad para su rápida expansión en la base de la pirámide social
madrileña. Los 15.000 republicanos de enero de 1869 se transformarán en 25.000 a la
altura de 1873, pero todavía una enorme muchedumbre de criados en sus variadas
vertientes, de dependientes de comercio, del servicio doméstico y de pobres más o menos
involuntarios, continuaron fuera de esta esfera política. El papel jugado por los
republicanos es, pues, fundamental en el lento caminar de toma de consciencia de las
clases trabajadoras madrileñas hacia el estadio de clase obrera. Precisamente los
embriones de la Primera Internacional en Madrid, desde 1869 en adelante, estuvieron
protagonizados por antiguos republicanos. El propio Pablo Iglesias procedía de este
entorno ideológico, y hasta bien entrado el siglo XX las formulaciones republicanas
continuarán disputando la primacía a los socialistas, cuyos orígenes entroncan en uno
de los primeros casos de asociacionismo obrero del Madrid de la anterior centuria, nos
referimos a la Asociación del Arte de Imprimir, que englobaba a una parte de los
trabajadores de uno de los sectores punta de la industria madrileña: las artes gráficas.
Aprovechando la nueva ambientación democrática, nacida del 68, la Asociación del
Arte de Imprimir consolidó sus cimientos, en 1874 alquiló una habitación en la
calle del Salitre, en un momento en que sus afiliados se aproximaban a los doscientos,
cifra incrementada a 977 en 1882 según las estimaciones de Santiago Castillo.
La fundación del Partido
Socialista en 1879 en la taberna Labra de la calle Tetuán fue seguida de una lenta pero
segura incidencia en el mundo de los oficios madrileños, que no tuvo su contrapartida en
el ámbito electoral desde 1890 con la reinstauración del sufragio universal, hasta por
lo menos el segundo decenio del siglo XX. A finales del XIX los efectivos madrileños de
la UGT, constituida en 1888 en Mataró, se elevaban a 6.349 miembros, equivalentes al
41,5% del total español. En 1900 un nuevo salto cuantitativo situó la afiliación en
10.310 obreros, el 69,9% del total nacional, que alcanzaron los 28.115 en noviembre de
1909. Si interesantes son las cifras, más aún es la cuestión de la extracción social
de los miembros de la UGT y del Partido Socialista. En efecto, en los últimos años del
pasado siglo la presencia de la UGT entre los trabajadores madrileños se circunscribe al
entramado artesanal, dejando fuera de su órbita al servicio doméstico y a los
trabajadores subalternos del comercio, sobre todo, al amplio núcleo de los jornaleros y a
la más importante concentración obrera de Madrid: las cigarreras. Por otra parte, la
organización interna de la UGT reproduce la estructura gremial, así las asociaciones
obreras de la UGT se denominan y agrupan siguiendo la estratificación del mundo
artesanal. De esta manera, el conflicto social se desenvuelve dentro de estos parámetros,
en las huelgas de oficiales peluqueros de 1875, de tipógrafos en 1882, de ferroviarios o
de obreros jornaleros en 1895 y 1897 no se produce una respuesta unitaria del conjunto de
la clase obrera organizada. El conflicto enfrenta a la sociedad obrera específica del
ramo con el gremio mercantil o fabril correspondiente por parte empresarial, sin que se
traspasen estos límites. Existe una gremialización del conflicto social que refleja a la
perfección una estructura donde todavía es predominante el mundo de los oficios y de los
pequeños servicios.
El agro madrileño se caracterizaba en lo que respecta a los usos del
suelo por el predominio del cultivo extensivo del cereal, en el que alternaban los pastos
naturales y el bosque en la sierra, donde la ganadería trashumante mantiene una fuerte
presencia, que se remonta a la época medieval; el viñedo en el Sureste provincial, con
especial presencia en las comarcas de Chinchón y Arganda, y la huerta en Aranjuez y las
riberas de los ríos Manzanares, Jarama, Henares y Tajuña. El proceso desamortizador
provocó un incremento de las superficies cultivadas, en detrimento de los eriales,
pastizales naturales y bajo monte, consecuencia de la venta de Propios y Comunes con la
desamortización de Madoz. Esta inicial expansión de la superficie cultivada se verá
parcialmente cercenada por la mala calidad de las nuevas tierras roturadas, que serán
posteriormente dedicadas a otros usos agrícolas. En cualquier caso, la desamortización
provocó, además de una transferencia masiva en la titularidad de la propiedad, el cambio
de los usos del suelo de importantes superficies agrarias, no sólo de los eriales y
pastizales antes mencionados sino también por la sustitución del cereal por viñedo, en
particular en la campiña del Henares y las comarcas de Arganda y Chinchón. 
Por otra parte, el proceso
desamortizador generó en el norte provincial la desarticulación de la tradicional
ganadería trashumante, debido a la desaparición de los pastizales comunales y de Propios
y al cerramiento de las fincas desamortizadas, que alteraron hasta hacer
desaparecer las cañadas y rutas ganaderas, poniendo en peligro la propia pervivencia de
la ganadería tradicional al resquebrajar el particular ecosistema sobre el que se
sustentaba. La ampliación de la superficie cultivada en la provincia durante el siglo XIX
estuvo impulsada por un doble factor: el "hambre de tierras" que la
desamortización puso en marcha y la cercanía de un gran mercado consumidor, como era la
capital en continuo crecimiento demográfico; ambos factores coadyuvaron a que los
propietarios de fincas desamortizadas cercaran y sembraran sus predios. El abastecimiento
de Madrid empujó la roturación de tierras de escasa calidad que pronto fueron agotadas y
tuvieron que volver a sus usos primitivos. En cualquier caso, la expansión agraria no fue
uniforme en la provincia. 
En el norte provincial fue la
desamortización de Madoz la que puso en circulación un mayor volumen de tierras y de
manera localizada la desamortización del Patrimonio Real ocurrida durante el Sexenio
democrático, circunscrita a los municipios de El Escorial y San Lorenzo. En esta zona de
la provincia de Madrid la estructura de la propiedad agraria a principios del siglo XIX,
procedente del Antiguo Régimen, estaba determinada por la importancia de la propiedad
real, señorial y comunal, mientras que las posesiones de la Iglesia ocupaban una
posición secundaria salvo en San Lorenzo y El Escorial por las concesiones realizadas por
Felipe II al Monasterio de El Escorial en el siglo XVI, de ahí la escasa importancia de
la desamortización eclesiástica en la zona. Las tierras de realengo eran importantes,
como hemos tenido ocasión de ver, por las disputas seculares en la baja Edad Media entre
los concejos de Madrid y Segovia por la colonización de la sierra madrileña, destacando
la propiedad real de El Pardo que se remonta a los Trastámara. La propiedad señorial es
si cabe todavía más notable, con la existencia de numerosos mayorazgos, como los de Villafranca
del Castillo, en manos de los marqueses de Sotomayor hasta 1868, fecha de su venta a
Juan de Echegaray, hasta terminar en 1883 en manos de la condesa de la Vega del Pozo, con
más de 1.500 Has. dedicadas al cultivo del cereal y a la ganadería, situado en las
orillas río Guadarrama; el coto redondo de Romanillos, entre Boadilla y
Majadahonda, de origen desconocido y que a mediados de siglo es propiedad de los condes de
Montijo, que pasaría por la fusión del título a la Casa de Alba, situado en las
proximidades del río Guadarrama era una gran propiedad con un palacio, varias casas para
los empleados y una iglesia, es decir, mantenía la estructura de las grandes propiedades
del Antiguo Régimen, dedicada al cultivo del cereal. El monte de Boadilla era otro de los
grandes mayorazgos nobiliarios de esta zona de la provincia, propiedad de los condes de
Chinchón. Otro tanto ocurre con la posesión de Somosaguas, perteneciente hasta
1787 a los condes de Clavijo, y en manos del marqués de Valdecorzana en el siglo XIX.
Finalmente, es de destacar las propiedades de la Casa de los Mendoza en la zona, sin lugar
a dudas los mayores propietarios nobiliarios de tierras en la provincia de Madrid, la casa
ducal del Infantado detentaba el señorío jurisdiccional así como importantes posesiones
en el Estado del Real y Condado de Manzanares, amén de las propiedades que poseía
en la Tierra de Buitrago y en la campiña del Henares. 
En tercer lugar, se situaría la
propiedad comunal de notable importancia en la sierra madrileña, en la que los bienes de
Propios y Comunes constituían la base de sustentación de la economía tradicional
articulada en torno a la ganadería trashumante desde su colonización en la época
bajomedieval. Sobre ella actuaría de manera implacable la desamortización de Madoz. La
desamortización de los bienes de Propios y Comunes desató una fuerte oposición entre la
población rural que veía en ella la desaparición de los montes y tierras de uso común
básicas para el mantenimiento del sistema de ganadería tradicional. Esta oposición se
canalizó a través de maniobras dilatorias por parte de los municipios, que se negaron a
facilitar datos sobre las propiedades comunales y de Propios, en muchos casos confusamente
delimitadas. Para su subasta resultaba imprescindible la colaboración municipal, o
mediante el recurso a expedientes de excepción por la que los alcaldes podían
interrumpir las diligencias de la Comisión Provincial de Ventas. Si bien estas maniobras
no consiguieron paralizar el proceso desamortizador al menos lo debilitaron y, en muchas
ocasiones, lograron aplazarlo hasta fechas tan tardías como 1901 en el caso de
Collado-Villalba. Esta oposición municipal consiguió que el grueso de las ventas se
retrasase hasta fecha tan tardía como 1874, cuando la desamortización de Madoz
prácticamente había concluido el grueso de las ventas a escala nacional. Es a partir de
esta fecha el momento en el que se subastan las fincas más extensas de la Mancomunidad
General de Pastos, situadas en los términos de Manzanares, Hoyo y Moralzarzal. En el caso
de Manzanares el Real se vendieron 3.277 Has. (el 26% de su término municipal), pero más
significativo aún de la destrucción del sistema de ganadería tradicional que hemos
comentado es el acaecido en Moralzarzal. En efecto, el municipio de Moralzarzal presentó
un expediente sobre las fincas Ladera de Matarrubia, Ladera de las Suertes, La Navata,
Serrejón y Berrocal, que sumaban más de 2.000 Has. de superficie. Si bien los
aprovechamientos de estas tierras eran muy pobres: pastos extensivos, piedra, carboneo,
constituían la base sobre la que se edificaba la economía rural del término. Claro
está que los principales beneficiarios eran los propietarios de rebaños, los de
caballerías mayores y de los acarreadores que transportaban leña, carbón o piedra a
Madrid; de ahí la oposición, finalmente frustrada, del municipio. 
Con la privatización de las
tierras comunales y de Propios la ganadería trashumante característica de la Sierra
madrileña fue herida de muerte, pues aunque su explotación por los nuevos propietarios
solía reducirse a los pastos extensivos, la leña o la caza en las fincas mayores, y los
pequeños prados y terrenos de cultivo o pasto en las menores, el cerramiento
subsecuente rompió el particular ecosistema sobre el que se asentaba la ganadería
tradicional, al desarticular las cañadas y rutas ganaderas y reducir considerablemente
las superficies de pastos libres donde pacían los rebaños. El resultado final en el
norte provincial fue la concentración de la propiedad en manos de una minoría de
compradores que adquirieron grandes fincas, por suertes o completas según los casos,
compraron varias fincas colindantes en busca de la constitución del coto redondo, o
terminaron por fusionar a sus ya extensas propiedades otras fincas vecinas. En general los
remates se hicieron por fincas completas, siendo minoritaria la división en lotes o
suertes, en donde un solo comprador se hacía con la propiedad de numerosas fincas. Así
pues, el proceso de concentración de la propiedad rústica se acentuó a lo largo del
siglo XIX, consolidándose la gran propiedad. Conforme descendemos de la Sierra y nos
acercamos a la capital, en la denominada Tierra de Madrid (Boadilla del Monte,
Húmera, Pozuelo de Alarcón y Las Rozas) la gran propiedad aumenta y predomina el cereal.
Los principales
beneficiarios de la desamortización en el norte provincial fueron en primer lugar la
burguesía urbana madrileña, recién ennoblecida, de mediados de siglo como el marqués
de Remisa (que compró en El Plantío), la marquesa de Somosancho (Las Pueblas, en
Colmenar), el conde de Heredia Spinola (el monte de Pozuelo), a los que se unieron algunos
políticos de renombre como O'Donnell (que compró en Somosaguas); el conde de Romanones
(en Los Barrancos, Las Rozas). En segundo lugar, fueron los campesinos acomodados,
pequeños y medianos propietarios que aprovecharon la desamortización para acrecentar sus
patrimonios rústicos, y los cargos públicos ligados a la administración municipal y al
proceso desamortizador (abogados, peritos, notarios, etc.), así como los administradores
y encargados de la propiedad señorial, que terminaron por constituir una nueva elite que
detentó el poder económico, político y social hasta bien entrado el siglo XX en sus
respectivos municipios. Las grandes fincas adquiridas por al burguesía urbana madrileña
fueron pronto dedicadas a la caza y al recreo, a la par que los terratenientes locales
destinaban sus nuevas posesiones a la ganadería extensiva, generalmente menor (ovino) y
secundariamente al bovino. En la desamortización se encuentra el origen de las
ganaderías bravas de la zona, como Campillo y Monasterio, el Congosto, Navalcaide, etc.
El Sureste del territorio, que
comprende los municipios de Arganda, Chinchón, Campo Real, Colmenar de la Oreja, Morata
de Tajuña, Perales de Tajuña, San Martín de la Vega, Valdelaguna y Villaconejos,
situados en la vega del Tajuña, se caracterizaba por ser la principal zona vitivinícola
de la provincia. La producción de vino común destinada al consumo de la capital va a
definir el paisaje agrario de la zona, en la que no faltan el cereal y el olivar, así
como la huerta en virtud de la abundancia de agua. La propiedad eclesiástica era
considerable, debido a la enorme expansión del patrimonio del Arzobispado de Toledo. La
propiedad nobiliaria encontraba en Chinchón su máximo exponente, en donde los condes de
Chinchón tenían sus más importantes propiedades en la provincia. La propiedad comunal
tenía en la zona notable importancia, rondando entre el 10 y el 25% de la superficie. Por
consiguiente, también aquí el proceso desamortizador alteró sustancialmente el tejido
social y económico. En el caso de Arganda del Rey la desamortización de Mendizabal
alcanzó importantes dimensiones. La venta de nueve fincas por un valor nominal de
2.506.000 reales, de las cuales ocho contenían 184.150 cepas de vid, 2.397 olivos y
14.008 marras, además de varias casas de labor y eras es prueba de ello. Sus compradores
fueron personas ajenas a la localidad, miembros de la burguesía urbana madrileña y sólo
en un lugar muy secundario campesinos acomodados del término, incapaces de pujar por las
grandes fincas subastadas, viéndose obligados a esperar a la desamortización de Madoz
para incrementar sus propiedades y transformarse así en una auténtica elite de poder
local. En Chinchón una familia, los Ortiz de Zárate, hidalgos originarios de Navarra,
gozaban de una posición de privilegio en la comarca desde finales del siglo XVIII,
posición que no harán sino reforzar a lo largo de la centuria anterior, ejerciendo el
control del poder político en la zona como demuestra el hecho de la presentación de
Joaquín Ortiz de Zárate a diputado provincial en las elecciones de 1865 y la presencia
de varios miembros de la familia como secretarios escrutadores de la Junta Electoral de la
zona, poniendo de manifiesto el control político y social de esta elite de carácter
comarcal, en este caso no sería simplemente local, en función de su posición de
importantes terratenientes agrarios. En la misma localidad los Carretero, campesinos
acomodados a principios del siglo se sirvieron de las desamortizaciones de Mendizabal y
Madoz para convertirse en los más importantes terratenientes locales a continuación de
los Ortiz de Zárate, su continuada presencia en la corporación municipal a lo largo del
siglo no hace sino confirmar su ascenso social en la localidad y el control del poder
político y social.
Conviene realizar una
apreciación sobre el sistema agrario dominante en la zona. El hecho de que fuese la
médula vitivínicola de la provincia y su cercanía al gran mercado consumidor de la
capital, explica el acentuado interés de la burguesía urbana madrileña por la compra de
bienes nacionales en la zona, hasta el punto de acaparar las subastas en Arganda dedicadas
al viñedo. La adquisición de varias casas-bodega junto a las fincas nos informan de la
constitución de un sistema vitivinícola, que además de la producción propia tiende a
controlar la comercialización del vino en la zona, combinando la producción directa con
el arrendamiento de sus tierras y la compra de las cosechas a los vecinos de la localidad;
su capacidad de almacenaje y de elaboración del vino, así como el dominio de las espitas
del crédito rural, en esta época exclusivamente articulado en torno al préstamo
privado, garantizaban su hegemonía en la comercialización de la producción de vino de
la comarca, realizándose importantes plusvalías a partir de la segunda mitad del siglo;
además de constituirse en un excelente mecanismo de influencia social y control
político, este último básico en las relaciones sociales que toman asiento en el campo
español durante el siglo XIX, nos referimos, por supuesto, al fenómeno del caciquismo. 
Recapitulando sobre lo
escrito, podríamos concluir que durante el siglo XIX se asiste a una profunda
transformación de la estructura agraria de la provincia. El proceso desamortizador
supuso, además del cambio de titularidad en la propiedad de la tierra de miles de
hectáreas, la desarticulación de las economías rurales tradicionales procedentes del
Antiguo Régimen y la formación de una nueva elite de poder local, sustentada en los
terratenientes locales forjados al calor de las ventas de bienes nacionales. En efecto, la
venta de los bienes de la Iglesia, la identificación del señorío jurisdiccional con la
propiedad de la tierra y, sobre todo, la venta de los bienes de Propios y Comunes, así
como los procedentes de la Beneficencia resquebrajaron la base sobre la que se sustentaba
la economía rural en la provincia. Los nuevos propietarios optaron por la explotación
directa de las tierras mediante jornaleros, o por el arrendamiento de las fincas a corto
plazo con una mayor presión sobre el arrendatario en la búsqueda de una renta creciente,
a través del pago en metálico o en especie si controlaban los circuitos de
comercialización. De esta forma, la presión sobre el campesinado no propietario se
incrementó notablemente durante el siglo XIX. La transformación del señorío en
propiedad provocó no sólo la expropiación de la tierra al campesinado afectado, sino
también la elevación de las cargas que tenían que satisfacer a los antiguos señores.
En el caso de los nuevos propietarios de las fincas desamortizadas, la burguesía urbana
madrileña debió elevar considerablemente la presión sobre el campesinado al buscar una
segura renta agraria; mientras que los terratenientes locales o bien optaron por explotar
directamente sus nuevas propiedades, transformando a los campesinos en simples jornaleros,
o incrementaron sustancialmente las contratas de arrendamiento al ejercer un control
directo sobre sus propiedades. Finalmente, la venta de los bienes de Propios y Comunes
privó al campesinado no propietario de una fuente complementaria de ingresos esencial
para sus frágiles economías de subsistencia. Se explica así el estancamiento de la
población en la provincia, en franco contraste con el crecimiento demográfico continuado
de la capital durante el siglo. El campesinado no propietario, transformado ahora en
jornalero o simple arrendatario, cortadas sus fuentes tradicionales de ingresos
suplementarios, vio empeorar su situación o simple y llanamente se vio obligado a emigrar
a la capital en busca de un mísero sustento, engrosando las filas de los jornaleros
urbanos o de los mendigos y demás gentes del mal vivir que poblaban las calles de
la Villa y Corte.
